Caso B410: el método de la constructora que ganó contratos millonarios sin oponentes
Caso B410: el método de la constructora que ganó contratos millonarios sin oponentes
Es una empresa que tiene ocho trabajadores, más de 20 años de existir y halló la fórmula para asegurar contratos millonarios con el Estado, al que le vende reparaciones de calles, arreglos de pozos y hasta semillas, fertilizantes y juguetes. De enero de 2018 a agosto 2024, PCS Constructores cerró negocios públicos por 136 millones de quetzales con patrones similares: escasa competencia, mayoría de clientes en municipalidades y con requisitos que dificultan la participación de oferentes. La SAT vincula a la compañía con una supuesta red criminal que habría cometido la evasión tributaria más grande en la historia reciente de Guatemala.
PCS Constructores, S.A., propiedad del excandidato a diputado Carlos René Ayala Morales, alcanzó su temporada más próspera mientras hacía negocios con integrantes de una presunta red criminal. Los tres años en los que la firma devengó más dinero por contratos estatales son 2021, 2022 y 2023, el mismo período en el que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) detectó que la compañía estuvo vinculada con un grupo de empresas señaladas de evadir impuestos.
En ese lapso, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, la constructora embolsó 88 millones 119 mil quetzales, el 43% de los 203 millones 542 mil quetzales que captó de las arcas públicas desde 2005 ―el primer año de su historial en el portal Guatecompras― hasta el 13 de agosto de 2024.
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Para cumplir con una porción de los contratos de 2021 a 2023, Ayala Morales no trabajó solo. Alquiló maquinaria y compró materiales de construcción por 2 millones 208 mil quetzales a dos sociedades anónimas que, según la investigación del fisco, carecen de activos para vender: Tierra a la Vista y Grupo Cenizo. Esa fue la bandera roja que identificaron los recaudadores de impuestos.
De acuerdo con la SAT, estas últimas pertenecen a la estructura conocida como B410, un entramado de 410 compañías ―muchas de fachada y con sede en la colonia Banvi II en la zona 7 capitalina― que en los últimos tres años de la gestión de Giammattei hicieron perder al Estado al menos 300 millones de quetzales en impuestos.
La red, que el superintendente Marco Livio Díaz develó en una conferencia de prensa el 14 de agosto, habría orquestado «el mayor fraude fiscal de nuestra historia», según afirmó el propio presidente Bernardo Arévalo días después.
La Superintendencia denunció a PCS Constructores porque sospecha que pudo estar coludida con el entramado. Intuye que la empresa, al comprarle a Tierra a la Vista y Grupo Cenizo, obtuvo facturas falsas para aminorar lo que debía entregar en impuestos. Por eso no dio por válido el abono tributario que la firma hizo en los tres años.
«Usaron la estructura B410 para apropiarse del IVA y no pagar ISR», reveló Díaz en la conferencia.
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En una entrevista con Plaza Pública, Ayala Morales negó esa acusación. Desde su oficina, aseguró que desconocía que sus proveedores integraban la presunta estructura de evasión fiscal, y que se arrepiente de haberse abastecido de ellos para terminar algunos proyectos.
«Son compras lícitas, pero en la investigación la SAT halló que (los miembros de B410) no tenían soporte y se rechaza (el aporte tributario)», dijo.
A mediados de septiembre, casi un mes después de la divulgación del caso, el constructor saldó la deuda que tenía con el fisco: alrededor de 800,000 quetzales de impuestos pendientes y un millón de quetzales de multa e intereses.
El abono llegó después de un mes sin actividad económica. Entre la segunda semana de agosto y la tercera de septiembre, PCS fue inhabilitada para facturar y mercadear con oficinas públicas por figurar en la denuncia. Ahora puede volver a percibir fondos, pero no eludir al Ministerio Público (MP). El vocero de la entidad, Juan Luis Pantaleón, confirmó a este medio que la compañía sigue bajo investigación sin importar que resuelva su adeudo.
Quedarse sin cobrar es un golpe económico para un constructor como Ayala Morales. Plaza Pública analizó los contratos que ganó de enero de 2018 a agosto de 2024, los cuales le permitieron percibir 136 millones 245 mil quetzales. En ese período ―que incluye tres años en los que funcionó la estructura B410 y tres en los que no―, tres características dominan en sus negocios, hoy bajo la lupa de las autoridades: ganar sin competir, contratos con sospechas de amaño y alcaldes como clientes estrella.
1. Ganar sin competir
Cuando PCS Constructores, S.A. obtiene un contrato público, no es por presentar la mejor oferta, sino porque es la única.
De enero de 2018 a agosto de 2024, la empresa cerró 142 ventas con instituciones, de las cuales 107 se hicieron a través de un concurso. En este procedimiento, el Estado espera que varios proveedores compitan por la contratación. Del total de concursos que ganó, la constructora fue la única oferente en 88, es decir, en ocho de cada diez contendió sola.
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Según Heizel Padilla, gerente para Guatemala de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Infraestructura Pública (CoST, por sus siglas en inglés), para que un evento sea competitivo debería involucrar a al menos tres empresas interesadas. Así no son la mayoría de los concursos que PCS conquista: solo en seis ocasiones se enfrentó a dos o más compañías y en 13 veces ofertó al lado de una.
«Esa es una primera bandera roja porque las entidades no tienen margen para escoger, entre opciones, al mejor proveedor que ofrezca precio razonable», explicó Marvin Flores, consultor en adquisiciones públicas.
PCS ofrece una amplia gama de servicios dentro del sector de la infraestructura. En seis años sus mayores ganancias provinieron de obras viales, que sumaron el 39% de los ingresos. Los proyectos hidráulicos ―como construcciones de pozos o sistemas de agua potable― representaron el 36% del importe.
Pero Ayala Morales no quedó satisfecho con este tipo de actividades. En los últimos seis años, su compañía también le vendió al Estado juguetes, cámaras de seguridad, pipas de agua, trabajos de reacondicionamiento de desechos y productos agrícolas, como semillas e insecticidas. Estos contratos, 27 en total, contabilizaron 932,806 quetzales.
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A criterio de Irene Flores, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), no es «normal» que una constructora ofrezca este tipo de productos que «no tienen nada que ver» con el sector de la infraestructura.
«En el mundo ideal, una empresa no puede ser experta en vender carreteras y al mismo tiempo fertilizantes porque son especialidades distintas. Para construir carreteras, necesitas a personas expertas en eso, como ingenieros. Para lo demás requieres otros perfiles», recalcó.
Ayala Morales formó PCS Constructores en el año 2000 junto con otro socio. En la firma, con sede en la zona 1 capitalina, trabajan ocho personas, entre personal administrativo, ingenieros y arquitectos.
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En entrevista con este medio, el constructor justificó todos los contratos que funcionarios le adjudicaron, incluso los lejanos al sector de la infraestructura. Explicó que en ocasiones consigue productos de otros proveedores para después venderlos como distribuidor.
«Uno se hace sentir pechudo, que yo las puedo todas. Uno trata de hacer su mejor esfuerzo (para vender)», afirmó.
Los archivos públicos permiten que PCS Constructores, S.A sea una empresa «todóloga». La patente inscrita en el Registro Mercantil le autoriza a comercializar «todo tipo de productos y bienes».
En el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), la constructora está facultada para vender a oficinas públicas bienes y servicios de 27 rubros distintos, incluyendo plástico, químicos agropecuarios, muebles, sistemas de distribución de agua y equipo doméstico.
2. Contratos con sospechas de amaño
Para lograr una adjudicación del Estado, la constructora de Ayala Morales parece superar cualquier obstáculo, incluso plazos ajustados para reunir la documentación necesaria.
De los concursos que ganó, en el 83% la institución contratante, como parte de las condiciones del evento, solicitó a los oferentes visitar el sitio de la obra en una fecha y hora determinada.
Este requisito, en teoría, permite a los competidores conocer el terreno del proyecto, calcular costos y preparar mejores propuestas. Héctor González, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), sostiene que las citas deberían programarse al menos tres días después de la publicación del concurso en Guatecompras ―que permite a las empresas enterarse de las adquisiciones―.
Ese no fue el caso de los contratos que requirieron una visita y que ganó PCS. En seis de cada diez, la inspección fue programada para el día siguiente de que se divulgara el evento, menos de 24 horas después.
Según la revisión de adjudicaciones que Plaza Pública hizo para este reportaje, algunos de los concursos que ganó la constructora fueron publicados a las 18:00 horas y exigían una visita estipulada para las 8:30 horas de la jornada siguiente. Otros fueron colgados en el portal Guatecompras a las 20:00 horas y ordenaban el encuentro para las 9:00.
«Parecen manipulaciones para que gane el que los funcionarios quieren que gane. Son síntomas de comportamientos amañados y adjudicaciones a dedo», señaló Flores, del Cien.
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«La visita al lugar es un requisito fundamental que estipulan las bases del contrato, y si no lo lleva la empresa es fácil que boten la oferta. Es una forma olímpica de cometer fraude. [...] Aquí parece contubernio y compadre hablado», agregó el consultor Flores.
El propio Ayala Morales reconoció que algunos funcionarios reducen los plazos de las visitas de campo para impedir que ciertas compañías compitan por una contratación. Sin embargo, negó que sus clientes hayan buscado favorecerlo.
«Somos campeones. Dejamos el seguimiento y vamos a hacer la visita. Eso es lo que nos toca», manifestó.
El empresario argumentó que en su equipo hay una persona dedicada a revisar las publicaciones en Guatecompras de forma continua, y que por eso puede asistir a los sitios de las obras a tiempo. Añadió que, cuando las citas son fuera del departamento de Guatemala, delega a un representante en la localidad.
A Marvin Flores no le convenció la explicación: «A eso se puede deber que participen solo ellos porque podrían saber de antemano cuándo se publica el concurso y cuándo es la visita para estar listos».
3. Alcaldes, los clientes estrella
La mayor parte de las facturas que firma PCS Constructores están a nombre de municipalidades. De enero de 2018 a agosto de 2024, la compañía acordó ventas con 33 entidades que manejan fondos públicos, de las cuales 29 son alcaldías.
Estas están esparcidas por todo el territorio nacional: el grupo más grande radica en Escuintla ―ocho en total―, seguido de Sacatepéquez ―con cinco―, Izabal y Chimaltenango ―ambas con tres―. Tierra a la Vista y Grupo Cenizo, los dos proveedores de PCS denunciados por la SAT, también están domiciliados en Escuintla.
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A lo largo de su trayectoria, a Ayala Morales no solo le ha interesado venderle al poder local, también le ha tentado la idea de ejercerlo. En 2015 y 2019, además de competir por contratos estatales, también luchó por una curul distrital en el Congreso de la República.
En el primer proceso electoral, se postuló para ser diputado de Zacapa en la segunda casilla del listado del partido Viva, que en ese entonces propuso a Zury Ríos como candidata presidencial.
Cuatro años después, el constructor migró a Fuerza, la extinta agrupación de Mauricio Radford, quien fue miembro directivo del Registro Nacional de las Personas (Renap). Ayala Morales se inscribió en la primera casilla de la nómina de posibles congresistas por Alta Verapaz.
En esas elecciones, Radford no compitió por la Presidencia debido a que estaba ligado a un proceso judicial por abuso de autoridad. Fuerza es el mismo partido que lanzó la campaña política de Alejandro Giammattei en 2015.
Aparte de las municipalidades, PCS Constructores pactó negocios con los ministerios de Comunicaciones y Salud ―en la gestión de Giammattei―, así como el Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo de Villa Nueva y la cooperativa Desafío del Jumay.
A esta última, en 2020 le vendió semillas, insecticidas y otros bienes agrícolas que sumaron 373,000 quetzales. La entidad, de acuerdo con su escritura pública, se dedica a cultivar y comercializar hortalizas.
En ese año, el presidente del consejo de administración de la cooperativa era Melkin Amílcar Escobar Palma, un abogado que, según una publicación del diario La Hora, intentó sin éxito postergar el proceso de renovación de cortes de 2024.
En la actualidad, la cooperativa es presidida y representada legalmente por César Estuardo Rivera Ruano, un ingeniero agrónomo que en dos ocasiones ha sido hallado culpable de dos delitos: en 2009, fue condenado por haber cometido apropiación indebida de tributos ―una forma de defraudación fiscal, el delito que la SAT señala a la red B410― y en 2013, por estafa mediante cheque.
Consultado por este medio, Ayala Morales negó conocer a ambas personas. Plaza Pública intentó contactar a la cooperativa por medio del número que registra en Guatecompras, pero este no existe en la red de telefonía nacional.
En octubre de 2019, meses antes de iniciar sus compras a PCS, la organización agrícola, basada en Jalapa, recibió 702,152 quetzales no reembolsables del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro), que financia proyectos del sector.
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El representante legal de PCS Constructores contó a Plaza Pública que conoció a representantes de Tierra a la Vista y Grupo Cenizo en reuniones sociales en Escuintla, a través de amistades en común. Aunque la SAT apunta que comercializó con ellos de 2021 a 2023, Ayala Morales solo recuerda compras de los primeros dos años.
El empresario no quiso revelar los nombres de las personas con las que habló de ambas empresas para evitar conflictos personales con ellas.
«Estamos preocupados porque la situación es incómoda para mis amigos y la gente que trabaja conmigo. [...] Uno no puede ver si las personas son malas o buenas», justificó.
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Además, reiteró que no vio ninguna alerta que le hiciera dudar de la transparencia de sus proveedores. La SAT sí lo hizo. Las dos firmas reportan la misma dirección en la colonia Banvi II en la zona 7 capitalina, pero el fisco encontró que carecen de activos para comerciar, que el domicilio no existe y que dicha área está custodiada por cámaras de seguridad y vigilantes que impiden visitas.
Así como PCS, hay otras cuatro constructoras que en los últimos tres años del gobierno del expresidente Giammattei recibieron contratos estatales al mismo tiempo que compraron suministros a la supuesta estructura criminal B410: Alba Luz Duque Girón, V&T, Constructora y Transportes J.P. y Sistemas y Servicios de Ingeniería.
En este período, las cinco firmas facturaron al Estado 517 millones de quetzales. Tierra a la Vista y Grupo Cenizo le vendieron al grupo bienes y servicios que contabilizan 64.8 millones de quetzales.
Cada uno de estos quetzales está bajo investigación, pero no ha despertado mayores acciones de la fiscal general Consuelo Porras, quien es acusada por la comunidad internacional de obstruir investigaciones de manera arbitraria. Hasta la cuarta semana de septiembre, ningún implicado en la red había sido capturado a pesar de que los fiscales coordinaron una docena de allanamientos.
Después del cierre de este reportaje, el 23 de septiembre, PCS Constructores cobró otros 4 millones 497 mil quetzales del Estado. Las municipalidades de Los Amates y Santa Cruz Balanyá, en Izabal y Chimaltenango respectivamente, le adjudicaron contratos para ampliar escuelas y un sistema de alcantarillado. El monto no fue contemplado en el análisis de Plaza Pública.
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