Las anomalías que mantuvieron con vida al partido Prosperidad Ciudadana de Carlos Pineda
Las anomalías que mantuvieron con vida al partido Prosperidad Ciudadana de Carlos Pineda
El partido Prosperidad Ciudadana (PC) debió desaparecer del mapa político en 2022 después de que mantuvo desintegrado por más de un año su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero una cuestionada acción legal emitida el año pasado lo mantuvo con vida. Ahora, aliados del presidente Giammattei lo usan para postularse. La anomalía pasó desapercibida hasta ahora, cuando Carlos Pineda, presidenciable por este partido, ranquea en el primer lugar de las encuestas. Manuel Baldizón, declarado su enemigo, abandera las acciones legales para tumbar al partido.
La historia de Prosperidad Ciudadana, desde sus inicios, se cuenta junto a la de políticos vinculados con el crimen organizado.
El partido es considerado por oponentes como un «satélite» del oficialismo debido a los candidatos que lo dirigen y ocupan las principales casillas de postulación. Pasó por tres dirigencias: la fundacional, una que concluyó tras la revelación de un caso de corrupción por 30 millones de quetzales en el Insivumeh; y la actual. En los trámites del último cambio de mando incumplieron requisitos, es ese error el que ahora el partido Cambio, de la familia Baldizón, utiliza para presentar un amparo que pone en riesgo la sorpresiva candidatura de Carlos Pineda y el partido político.
Fundado en 2016, PC se presentó a elecciones en 2019 con el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, como presidenciable. Entre los candidatos se encontraba Ottoniel Lima Recinos, exalcalde de Nueva Concepción, Escuintla, condenado por narcotráfico en el 2021. Otros aspirantes con pasado cuestionado también fueron parte de ese partido. Escobar sostiene que después de la elección se desentendió del PC, el cual quedó en manos del diputado Jorge de Jesús García Silva.
La segunda etapa, la de García Silva, tuvo un quiebre a finales de 2020, cuando se registró la compra supuestamente sobrevalorada de estaciones de monitoreo, adjudicadas por el Insivumeh a Outsourcing Total, S.A. con un valor de 30 millones de quetzales. La empresa contratista está vinculada a García Silva. El caso conocido como «Clima, corrupción y poder» provocó el rompimiento a lo interno del partido, entonces controlado por el legislador y por su asesora, Sabrina Véliz Castañeda. Ambos eran integrantes del Comité Ejecutivo del partido, al cual renunciaron tiempo después.
El 15 de diciembre de 2021, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de cancelación contra el partido por tener desintegrado el CEN, su órgano de decisión.
Cinco meses después se inició la tercera etapa del partido. El 27 de mayo de 2022, PC pidió al tribunal electoral, por medio de la entonces secretaria Dami Anita Kristensson Sales, que se le ampliara el plazo para realizar de nuevo asambleas y de esa forma integrar la organización, pero su petición fue denegada.
El 16 de junio de 2022, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional, el cual permitió al partido realizar las asambleas, aunque la agrupación no las realizó.
La Sala Quinta ha sido la clave
La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo fue protagonista en varias de las decisiones importantes en los últimos años. Por ejemplo, en 2021 suspendió el nombramiento de Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), y el año pasado un fallo de esta misma judicatura abrió la puerta para que el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) eligiera, sin competencia y de manera anómala, a Walter Mazariegos como rector.
El 25 de octubre de 2022 la Sala permitió al partido convocar de nuevo para realizar las asambleas, aunque esta vez el fallo fue dividido.
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Dos de los tres magistrados que la integran, Giovanni Soto Santos y Miguel Catalán Orellana avalaron la decisión a favor de PC. Pero Guillermo Demetrio España Mérida emitió un voto razonado: aseguró que el amparo no debió otorgarse porque el partido, previo a recurrir a la Sala, debió agotar el procedimiento de impugnación en el TSE.
«El acto que se reclama lo constituye la resolución del 27 de mayo de 2022, la que debe ser impugnada por medio de los recursos que regula la Lepp. En consecuencia, la acción constitucional de amparo, no procede en virtud que no se agotaron los recursos previstos en la ley», señaló España Mérida en su razonamiento. En el mismo sentido, opinó la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público (MP), que fue parte interesada en ese amparo.
Pese a esos argumentos legales, los votos de Soto y Catalán avalaron la siguiente decisión que contiene la sentencia: «(...) lo que deviene observar en el presente caso, es la inexistencia de otro procedimiento o forma, para que se garanticen los derechos y condiciones de participación política, debiendo buscar siempre el respeto a una democracia participativa y representativa, de esta forma consolidar el Estado de Derecho, por lo que debe de otorgarse la protección constitucional para que sea posible el ejercicio de los derechos constitucionales».
PC recibió a los aliados de Vamos
Tras la resolución de la Sala Quinta, el 20 de noviembre de 2022 el partido PC celebró una nueva asamblea. Como secretario general fue electo Antonio Malouf, exministro de Economía de Alejandro Giammattei, y como secretaria adjunta, la diputada electa en 2019 con la Unidad Nacional de la Esperanza (Une), Lilian Piedad García Contreras. Ella integró el grupo de legisladores de la Une leales a la candidata Sandra Torres, y votó a favor de las iniciativas promovidas por Giammattei.
García, la actual secretaria general del partido, tiene varios cuestionamientos.
La congresista por Alta Verapaz tiene como asesora en el Congreso a la abogada Karin Fabiola Landaverry, quien fue capturada en septiembre de 2021, sindicada de usurpación de atribuciones por hechos durante su paso como funcionaria del Ministerio de Energía y Minas en el gobierno de Jimmy Morales, informó la Policía Nacional Civil (PNC). Landaverry, además, figura como notaria de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Izabal, fundada por el argentino Federico Andrés Machado, sindicado por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
Con PC también busca su reelección otro integrante de la alianza oficial, el actual diputado de Visión con Valores (Viva), Rudy Wostbelí González Cardona, en la primera casilla del Distrito de Guatemala, a quien en marzo del año pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad por posible tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y asociación ilícita.
El secretario de González fue detenido en 2020, acusado de cobrar comisiones ilegales a personas contratadas en el Fondo Social de Solidaridad (FSS), dependencia del Ministerio de Comunicaciones.
Plaza Pública también identificó otros candidatos actuales de PC que trabajan en el gobierno, entre ellos la abogada Jennifer Isabel Chávez Rivera, postulada en la quinta casilla de la Lista Nacional de candidatos a diputados, quien presta servicios profesionales en el Ministerio de Gobernación y anteriormente estuvo contratada en el Congreso.
Otro ejemplo de los vínculos de personas del actual gobierno con el partido PC es el de Samuel Nenroth Hernández Orantes, candidato a alcalde en Chiquimulilla, Santa Rosa. Hernández fue nombrado como representante de los trabajadores ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), pese a que enfrenta un proceso de supuesta falsificación de firmas en el anterior proceso de elección en ese instituto. El suplente de Hernández en el Consejo del Inde, Walter José Pérez Castellanos, es también su candidato a concejal I.
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El 20 de noviembre del año pasado, cuando PC eligió al nuevo Comité Ejecutivo, en Hotel Conquistador de la capital, se presentaron tres planillas para integrar la nueva dirigencia. La lista perdedora fue la conformada por antiguos fundadores del partido como el alcalde de Iztapa, Escuintla, Mario Mejía Alfaro, y su síndico I, Walfre Ottoniel Minera Monzón. Esa planilla obtuvo 24 votos de los delegados, mientras que la ganadora logró 52. La tercera opción no capitalizó ningún voto.
Un antiguo dirigente del partido, quien pidió no ser identificado en esta nota, aseguró a Plaza Pública que el exministro Antonio Malouf se perfilaba para ser candidato presidencial de PC con la llegada del nuevo Comité Ejecutivo.
Sin embargo, con la llegada del candidato Carlos Pineda, exintegrante del partido Cambio —del excandidato presidencial Manuel Baldizón y su familia—, Malouf fue desplazado. Ahora este último es asesor de otro candidato presidencial, Francisco Arredondo, del partido Creo.
De acuerdo con la fuente, quienes tomaron el control de la organización fueron la diputada García y el partido Vamos, por medio del exdirector del Centro de Gobierno y hombre de confianza del presidente Giammattei, Miguel Martínez, con la idea de impulsar en las primeras casillas de elección, a legisladores aliados.
El secretario general de Vamos, Víctor Valenzuela, respondió a este medio: «No tenemos ninguna relación con el partido PC, somos respetuosos de las decisiones que cada ciudadano tome de participar en los distintos partidos políticos». Por medio de Valenzuela no fue posible contactar a Martínez para cuestionarlo al respecto.
Anomalías que se recuerdan en campaña
El 5 de diciembre de 2022, el jefe del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, Sergio Escobar Antillón, emitió un dictamen en el que señala las irregularidades que los delegados del tribunal observaron en la asamblea de PC en la que se eligió al nuevo CEN.
«Que la celebración de la segunda asamblea nacional ordinaria por parte del partido PC incumplió con requisitos que regulan la celebración de la asamblea nacional, tales como se omitió presentar los informes económicos, listado de firmas de los delegados presentes en la asamblea nacional y se incumplió con la representación de minorías, que determina la norma», se lee en dictamen DOP-D-95-2022. Escobar Antillón dejó a criterio del director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz Jordán, aceptar o rechazar la inscripción de la asamblea.
Sin embargo, pese a esas anomalías, Muñoz Jordán fue del criterio que el partido político cumplió con los requisitos, de acuerdo con la resolución SRC-R-1395-2022 RJMJ.
Según el medio Con Criterio, Minera Monzón —cofundador de PC— impugnó la asamblea del 20 de noviembre de 2022 y la integración del Comité Ejecutivo, acción que fue rechazada en el TSE y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero se encuentra pendiente de resolver en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Minera Monzón, actual síndico de la Municipalidad de Iztapa e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Futbol, fue ligado a proceso en 2020 por casos especiales de estafa. La Fiscalía Contra la Corrupción lo acusó de trabajar como secretario del Organismo Judicial de Iztapa y, al mismo tiempo, como juez de Asuntos Municipales en la misma localidad. Minera está inscrito como candidato a concejal I de Iztapa con la Une. Mario Mejía también busca la reelección con el partido de Sandra Torres.
Si la asamblea de noviembre del año pasado se anula en la CC, ocurriría lo mismo con la asamblea del 5 de febrero de 2023 en la que se postuló a Carlos Pineda como presidenciable de PC, así como a los candidatos a diputados por Lista Nacional, al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y los distritales donde el partido no tiene representación.
Los Baldizón de nuevo a la carga
El pasado 5 de mayo, el secretario general del partido Cambio, Edwin Eduardo Flores Pérez, presentó en el Juzgado de Turno un amparo que busca dejar sin efecto la asamblea del partido PC del 20 de noviembre del año pasado. La acción legal fue asignada a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si este amparo prospera, la asamblea de postulación de Prosperidad Ciudadana quedaría sin efecto.
Lo que pretende Cambio, dirigido por la familia Baldizón, es lo siguiente según el amparo: «Que se suspenda la participación del partido Prosperidad Ciudadana (PC) en las elecciones generales y al Parlamento Centroamericano a celebrarse el 25 de junio de 2023 en Guatemala, y de todos los candidatos a los distintos cargos de elección popular, sin que su segunda asamblea nacional ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2022 en la ciudad de Guatemala, cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y su respectivo reglamento».
Esta batalla legal del partido Cambio se produce después de que Carlos Pineda intentó ser el candidato presidencial de ese partido que ayudó a conformar, según sus propias declaraciones en redes sociales.
Este es el segundo intento de Cambio por botar la candidatura de Carlos Pineda. El primero fue en febrero pasado, cuando la agrupación política de la familia Baldizón planteó, en el TSE, un recurso de nulidad contra la asamblea de postulación de PC. Pero este fue rechazado por «extemporáneo». La asamblea quedó en firme y no se planteó un amparo contra la resolución de los magistrados del tribunal electoral, por eso el partido Cambio ahora acude a una sala de apelaciones para señalar, de nuevo, las anomalías del partido con el que se postula Pineda.
Además, Manuel Baldizón Méndez, condenado en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero y quien intenta ser candidato a diputado con Cambio, denunció a Carlos Pineda en el MP por supuestamente difamarlo a él, y a los magistrados de la CC. Baldizón aseguró que la denuncia también está dirigida a periodistas «que han reproducido lo que él (Carlos Pineda) públicamente ha hecho a través de una tarima, son responsables penalmente».
Baldizón fue deportado tras admitir, en Estados Unidos, que aceptó contribuciones del narcotráfico para su campaña política. En Guatemala, la Sala Tercera de Apelaciones confirmó la falta de mérito por asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado que se le sindicaban en el caso por financiamiento ilícito al partido Lider, que según la acusación de la Feci, también se realizaba con fondos del Transurbano. Ahora solo será investigado por financiamiento electoral ilícito.
Además, para el próximo 24 de mayo está programada la audiencia en la que la Feci pedirá que se revoque el arresto domiciliario otorgado a Baldizón en el caso Odebrecht.
La pregunta que PC no quiso responder
Carlos Pineda trató de mostrarse sereno la tarde del 10 de mayo, cuando ofreció una conferencia de prensa acompañado de la diputada Lilian García y del fiscal nacional del partido PC, Manuel González. Una actitud diametralmente opuesta a la mostrada en otros escenarios como cuando lo entrevistó la periodista Dina Fernández, y se exaltó o cuando participó en el desfile hípico de Palencia, Guatemala, rodeado de una docena de hombres armados, como lo documentó Plaza Pública.
Pineda, incluso, lloró ante las cámaras de televisión y dijo «la prensa participó mucho en atacarme y creo que no es justo». Lo cierto es que el presidenciable del partido PC no es abierto con la prensa y a los cuestionamientos de los medios les llama «ataques».
Sin embargo, ni Pineda ni González explicaron sobre el dictamen del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE que señala que el partido PC incumplió requisitos al momento de realizar la asamblea del 20 de noviembre de 2022.
«Cuando nosotros inscribimos la segunda asamblea, lo que nos hizo llegar fue la inscripción y no presentaron en su momento ninguna acción. No le puedo dar información de ese tema», dijo González. Inmediatamente Pineda interrumpió las declaraciones del fiscal y sentenció «pero no hay nada pendiente». Sin embargo, no presentó ninguna prueba de que los errores en la asamblea de noviembre pasado se hayan subsanado.
Al momento que un periodista insistió con otra pregunta sobre el dictamen del TSE, el candidato presidencial dijo «no existe tal dictamen».
El partido PC, con Pineda como su figura más prominente, ahora cuestiona que el amparo que pone en peligro las candidaturas del binomio presidencial y a diputados es anómalo, porque antes no se agotó el procedimiento en el TSE. Sin embargo, Prosperidad Ciudadana hizo la misma jugada legal, en octubre del año pasado, cuando acudió directamente a una sala de apelaciones para evitar la cancelación, sin antes terminar el procedimiento en el tribunal electoral.
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