Las constructoras de políticos o financistas electorales ganan hegemonía en la contratación de obra pública

Las carreteras y puentes en Guatemala se construyen con cemento, concreto y asfalto mezclados a su punto con la corrupción y la retribución del favor político. Hacen falta apenas días para los comicios del 25 de junio cuando los guatemaltecos elegirán al próximo presidente del país. Es la época electoral y la historia reciente de procesos anticorrupción muestran cómo detrás del escenario de los mítines, campañas, foros y debates políticos corren millones de dólares de constructores que pretenden asegurar su ascendencia sobre los candidatos mediante el financiamiento a sus campañas, a cambio de un lugar en las líneas de negocios de obra pública en los próximos cuatro años.

Este reportaje es una revisión a las adjudicaciones que el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) cerró durante la gestión del ministro Javier Maldonado, todos los contratos son publicados en Guatecompras, el portal de negocios del Estado. Los datos que el lector verá corresponden a adjudicaciones documentadas en dicho registro, el cual es una fuente preliminar, pues registra los contratos en el papel, los cuales en la práctica, por la dinámica de la contratación, ejecución o pago de la obra pública, pueden cambiar desde no ejecutarse hasta duplicarse o triplicarse su valor vía ampliaciones.

Esta información reunida, ordenada y organizada en una base de datos elaborada por estos reporteros apuntan, primero, a una conclusión consabida: el constructor que financia políticos, es el gran ganador en contratos para levantar la obra pública. Una segunda revelación emerge a partir de esos datos: aún cuando es la fuente primaria o básica de las contrataciones, los negocios revelan que se consolida un patrón en el mercado de la compra de infraestructura: a partir de la acometida de los juicios anticorrupción a antiguos constructores, durante gobierno del expresidente Jimmy Morales emergió una nueva generación de empresas constructoras vinculadas de una u otra forma a políticos, las cuales consolidaron su hegemonía en la gestión de Alejandro Giammattei.

¿Cómo lo lograron? Un sistema que opera bajo la dinámica dando-dando, un ministro adaptable a dichas formas y la garantía de que los órganos de control no alterarán ese orden.

Otra «ave de paso»

En julio de 2021, Javier Maldonado, a sus 44 años, se convirtió en ministro de Comunicaciones. Sus antecedentes eran poco conocidos para el perfil del puesto que asumió. El personal del ministerio cuestionó, para empezar, su formación académica: el currículum compartido por la oficina de Comunicación Social revelaba que poseía estudios en áreas de administración pública en dos universidades, pero no era claro sobre la titulación del nuevo ministro. Aún ahora, la oficina de voceros evade la respuesta sobre la profesión de grado del funcionario. Hay que recurrir a una petición legal para obtener su currículo.

En términos de experiencia, la información era más accesible pues Maldonado ya había  dirigido una de las oficinas del CIV: en 2017, el expresidente Jimmy Morales lo recomendó para su primer puesto como jefe de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, una oficina que administra menos del 5% del presupuesto del ministerio y una suma que le fue imposible gestionar a Maldonado.

En su primer año, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) sancionó su gestión por irregularidades en la contratación de personal y apuntó a su pobre gestión presupuestaria con menos del 10% ejecutado y sin obras nuevas en 12 meses. El diputado Orlando Blanco, disidente del partido UNE, reprochó su ineficiencia en responder a la demanda para arreglar o mantener escuelas: apenas 150 de 1,000 solicitudes.

El primer jefe de Maldonado era el entonces viceministro José Luis Benito. Una figura clave en la transición de gobierno de Morales a Giammattei pues resultó señalado, en su capacidad de ministro, de facilitar para Giammattei sobornos para su campaña electoral a cambio de permanecer en el puesto durante la nueva administración. En 2019, en el marco de la transición entre uno y otro gobierno, de hecho, la información apuntaba a que Benito era el candidato con más peso para continuar al mando de la cartera. Ese extremo aún hoy es confirmado por dos políticos consultados para este reportaje, quienes afirmaron incluso que Maldonado disputaba la plaza con Benito. Aunque la idea de prolongar a Benito en el puesto fue calificada solo como un rumor por el primer vocero de Giammattei.

Mientras la suerte de Benito se definía, ese mismo año la trayectoria de Maldonado en el ministerio se interrumpió por un breve interludio electoral: buscó sin éxito una curul en el Congreso de la República por el departamento de Suchitepéquez, de donde es originario, con el partido Movimiento Reformador. Esta agrupación —según documentos judiciales en juicios de corrupción en construcciones de obra pública— la compró el exministro Alejandro Sinibaldi, titular del CIV de 2012 a 2014, señalado de manejar una intrincada red de sobornos durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Ese exministro, cuando se  entregó ante las autoridades en 2020, fue contundente al apuntar con el dedo a los constructores como los autores intelectuales de la corrupción en el CIV. «Los ministros son aves de paso»,  subrayó Sinibaldi a la prensa para explicar que el sistema de contrataciones estaba afianzado en la corrupción y, a pesar de ello, su funcionamiento gozaba de estabilidad. Los ministros eran solo una pieza del engranaje.

Las aves de paso que siguieron a Sinibaldi estaban listas, como en línea, para suceder en su vuelo a una detrás de la otra: primero fue Edmundo Lemus, diputado oficialista por Quiché, quien dirigió la cartera entre 2020 y 2021.  Mientras Maldonado, al no resultar electo diputado, regresó al CIV como asesor y luego ascendió a viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública. Ese puesto le abrió el paso cuando le tocó su turno de vuelo.

Maldonado no era un extraño en el entorno de Giammattei. Y todo indica que formaba parte del círculo de confianza del nuevo mandatario, pues en noviembre del 2019, asistió como parte de su equipo a reuniones en República Dominicana donde el propio Giammattei sostuvo reuniones con Alexis Medina, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina. Hoy esas sesiones son objeto de sospecha de la fiscalía del país caribeño.

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Hasta ahora es desconocido el avance de la fiscalía dominicana en sus averiguaciones sobre los supuestos negocios ilícitos en Guatemala. Y, sin embargo, las fotografías del viaje y de las reuniones proveen suficiente información:  en las sesiones participaron Jorge Baldizón Vargas, hijo de Manuel Baldizón Méndez, socio de Alexis Medina en Guatemala. Baldizón Méndez, expresidenciable guatemalteco, fue condenado en Estados Unidos por lavar dinero proveniente del narcotráfico.

A pesar de su aparente neutralización por la justicia estadounidense, los negocios marcharon intactos. En 2021, una constructora llamada Arehu, vinculada a Baldizón y Medina, recibió tres contratos públicos en Guatemala —dos con el CIV y el tercero con el municipio de Santa Catarina Pinula—. Las adjudicaciones están valoradas en Q20 millones (US$2.5 millones) según Guatecompras. Uno de estos, lo ejecutó la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, justo en la época en que Maldonado asesoraba ese departamento; y, el segundo, salió desde el Fondo Social de Solidaridad ya cuando Maldonado fungía como ministro.

En casi 24 meses de gestión, Maldonado ha asignado Q16.9 millardos (US$2.16 millardos) a proyectos de obra pública porque ha gozado de condiciones únicas como ministro: el oficialismo articuló una alianza que le permitió el dominio del Organismo Legislativo, la cual aseguró un presupuesto récord para la cartera a medida que se acercaban las elecciones. Ese mismo dominio se extendió hacia los órganos de control que debían garantizar un gasto transparente y cualitativo, pero tanto la Contraloría General de Cuentas (CGC) como el Ministerio Público (MP) no repararon en contrataciones opacas e irregulares con constructoras marcadas por la corrupción en el pasado.

Más dinero: exprés y expedito

La gestión del ministro Maldonado fue de gasto abultado y fiscalización reducida. Solo en el año preelectoral, las arcas se ensancharon cuando el Congreso de la República autorizó al CIV una ampliación sobre el presupuesto originalmente aprobado de Q5.4 millardos (US$692.3 millones).

Fue en marzo de 2022. Los diputados del oficialismo y sus aliados —incluida la fracción de la UNE liderada por la ahora presidenciable Sandra Torres— aprobaron una ampliación de Q3.1 millardos (US$397.4 millones) y así alcanzó un presupuesto récord de Q8.6 millardos (US$1,1 millardos). Firmaron la iniciativa de ley el 1 de marzo. Ese mismo día fue entregada a la Comisión de Finanzas, un plazo inusualmente breve. Y el Congreso la aprobó dos semanas después, con base en fondos no adjudicados en 2021.

Nadie ha querido quedarse con el crédito del diseño del aumento. Otto Callejas, diputado de Todos y miembro de la Comisión de Finanzas, afirmó que los ministros de Finanzas y Comunicaciones debían aclarar sus intenciones para la ampliación. Maldonado, a su vez, afirmó que la iniciativa vino «exclusivamente» del Congreso.

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La iniciativa encontró resistencia inmediata. El Consejo Nacional Empresarial (CNE), una asociación creada en 2021 para aglutinar a pequeños y medianos empresarios que se separan del sector privado tradicional, criticó que «la clase política parece más preocupada por repartirse el erario como botín que por construir una infraestructura productiva». El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió de una posible «sobrevaloración» en contratos para carreteras. Román Castellanos, un congresista del partido de oposición Semilla acusó a la alianza oficialista de ejecutar «una estrategia con fines electorales».

El presidente Giammattei salió al paso para defender esa ampliación como un esfuerzo para «recuperar importantes puentes que se quedaron tirados por las tormentas Eta e Iota». Y los diputados aliados hicieron eco: un congresista del partido Todos dijo que la aprobación rápida era necesaria por la época seca, pues cuando llegara la temporada de lluvias en mayo, sería más difícil poner asfalto.

Pero cinco meses después, para agosto 2022, el ministro reportó una baja ejecución del presupuesto en el primer semestre del año: «Ahorita es el momento donde vamos a empezar a ver la transformación del país, en todo el tema de la red vial», dijo Maldonado.

Al final del año, el ministerio no había ejecutado el 10 por ciento del dinero y quedó entre las carteras con tasas de ejecución más bajas. Pero ello no disuadió a Maldonado de volver a pedir un aumento a finales de abril de este año. El 30 de abril, durante la campaña electoral, el ministro se quejó de que los Q5.7 millardos (US$730.7 millones) asignados para 2023, según él, “no alcanzan” para mantener los más de 8 mil kilómetros de carretera del país.

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Las favoritas

El ministro Maldonado ha concentrado buena parte de su presupuesto en manos de constructoras vinculadas al oficialismo y financistas del actual y pasado gobierno. Una revisión a varios contratos relevantes refleja la generalidad que marcó la política de compra:

• Por ejemplo, Maldonado adjudicó Q322.4 millones (unos US$41.2 millones) en contratos a Juan Pablo Mansilla Morales, representante legal de Coamco, ubicada entre los top 10 proveedores de su gestión. Esta constructora fue señalada de financiamiento ilícito a la campaña del presidente Giammattei cuando un integrante del equipo de recaudación de fondos para su campaña presidencial declaró al MP en 2021 que, como candidato en 2019, el presidente negoció la entrega de Q20 millones ($2.6 millones USD) en sobornos de parte de constructoras seducidas por la promesa de contratos durante su administración. La promesa parece estar cumplida. Mansilla, cuestionado por El Faro en febrero de 2022 sobre estas acusaciones, respondió que eran falsas, pero Juan Pablo Monzón Woc, representante de otra constructora llamada Progeyco, S.A. quien trabaja en conjunto con Coamco,  admitió a Plaza Pública que Giammattei los ha invitado a giras de obra pública. Por algunos años, Monzón pagó cuotas del Seguro Social en Coamco y en octubre de 2020, el presidente agradeció a Coamco por donar asfalto para la construcción de un hospital en Escuintla. Monzón dio la cara en esa ocasión en nombre de Coamco.
• Entre julio de 2021 y abril de 2023, el top cinco de las empresas más contratadas captaron el 38 por ciento del presupuesto. La mayoría de estos contratos corresponden al mantenimiento de carreteras, construcción de puentes, remozamientos de edificios y protección a ríos. «Con contadas excepciones, los grandes contratos son adjudicados a empresas ligadas a funcionarios públicos», dijo a ConCriterio en 2019 Hugo Leonel Guerra Machón, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción.

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• Uno de los favoritos cuyas contrataciones superan las 9 cifras es el Grupo Muratori: sus adjudicaciones ascendieron a Q2.4 millardos (US$307 millones). Su representante legal, según la información del Registro Mercantil, es Mynor Fernando Caravantes Velásquez, asesor de la Policía Nacional Civil (PNC) desde 2021. La empresa ha recibido contratos para remozar o construir puentes en Escuintla, Alta Verapaz y El Progreso. Aunque su contrato más fuerte es la construcción del Puente Belice II, en la ciudad de Guatemala, con Q1.7 millardos (US$217 millones). Solo Muratori presentó oferta, la entregó un día después de abierta la plica y recibió la adjudicación cuatro días después. Hasta la fecha la ejecución del proyecto permanece estancada.
• La segunda empresa con más adjudicaciones del CIV bajo la gestión de Maldonado es Opción Técnica, representada por Nicolás de Jesús Acevedo Sandoval y Juan Francisco Fagiani Yaquian, ambos asesores en el ministerio de Agricultura hace una década. Esta empresa recibió cinco contratos por Q1.3 millardos (US$166 millones), incluidos la construcción de un libramiento y el hospital de San Benito, en Petén. En 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señalaron a la empresa y a Acevedo Sandoval de crear un esquema de sobornos a cambio de obtener contratos de construcción con el ministerio de Salud durante el gobierno de Otto Pérez Molina. El hospital de San Benito es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica —cuestionado por financiar a los gobiernos autoritarios con una débil supervisión—. Apenas una semana atrás, la contratación de la empresa supervisora de este proyecto fue punto de controversia al extremo de  que la Contraloría General de Cuentas emprendió una auditoría.
• Solo dos contratos bastaron para que el empresario Francisco Alejandro Córdova Molina, dueño de la Constructora y Transportes San Francisco, se convirtiera en el tercer proveedor de Maldonado. El ministerio adjudicó a Córdova Molina, bajo su propio nombre, dos proyectos de la carretera Cuatro Carriles: primero, una ampliación desde Sansare, El Progreso, por Q664.5 millones (US$85.1 millones); segundo, el diseño y construcción de un tramo en Alta Verapaz por Q501.5 millones (US$64.2 millones). Córdova Molina proviene de una influyente familia política al norte del país. Su hermano es el exdiputado Édgar Tomás “Mashico” Córdova Molina, elegido con el partido FCN-Nación que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. Ahora Córdova corre como candidato al Congreso por Alta Verapaz con el partido Cabal, que postula al presidenciable Edmond Mulet. Su hermano Jorge Aroldo fue alcalde de Cobán.

Ayer señalados por entregar sobornos, hoy contratistas del millón

Los dirigentes de las empresas más adjudicadas durante la gestión de Maldonado han sido o enjuiciados por corrupción en Guatemala o sancionados por Estados Unidos bajo el señalamiento de pagar sobornos a cambio de adquirir contratos.

• Un ejemplo emblemático de esa afirmación es la cuarta empresa con más adjudicaciones, Construcciones Integrales Avanzadas (Ciansa), una constructora fundada por un antiguo ejecutivo en el negocio de medicamentos: Josué Méndez socio de  Gustavo Alejos, exfinancista de la UNE y exsecretario privado del presidente Álvaro Colom. Méndez afirma que ahora es el único propietario de la compañía, mientras Alejos está  enjuiciado en múltiples casos de corrupción como Negociantes de la Salud. El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a Alejos bajo múltiples estatutos federales que apoyan la lucha global contra la corrupción: está incluido en la «lista Engel»  y fue sancionado con la Ley Magnitsky. Ciansa comenzó a ser una de las empresas que más adjudicaciones recibió del  CIV en 2017 y desde entonces ha ganado repetidos contratos sin competencia real. Durante la administración de Maldonado le fueron asignados tres proyectos por un total de Q830.4 millones (US$106.4 millones): ampliar la carretera en Escuintla, por Q590.2 millones (US$75.6 millones); mejorar un tramo en San Marcos, por Q191.1 millones (US$24.5 millones); y la construcción de un puente en Suchitepéquez, por Q49 millones (US$6.2 millones). La familia de Maldonado es originaria de este último departamento, Suchitepéquez.  El hermano del ministro, Ricardo Maldonado, es candidato a la reelección en la alcaldía de Chicacao, el municipio donde se adjudicó la construcción del puente y la reposición de otra carretera otorgada a una empresa distinta.
• La empresa hermana de Ciansa, 4 Carriles, ya fue cuestionada por un contrato similar en 2020 bajo la administración del antecesor de Maldonado, Edmundo Lemus, otro político influyente del departamento de Quiché. El CIV la contrató para construir una carretera por Q58.9 millones (US$7.5 millones) que atraviesa la propiedad de la familia del presidente Giammattei en Sacatepéquez.
• A la lista se suma la constructora Asfaltos y Petróleos, también conocida como Aspetro, cuyos propietarios, padre e hijo con el mismo nombre —Mauricio López—, fueron incluidos en la «lista Engel» de Estados Unidos por acusaciones de “pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno”. La empresa de los López ha recibido cinco adjudicaciones por un total de Q744.3 millones, entre ellas la rehabilitación de tramos en Chimaltenango y Sololá.

¿Dónde está el dinero?

Esa es la pregunta que más ha perseguido a la administración de Alejandro Giammattei desde 2020. En términos de inversión en obra pública, la recolección de información muestra que las 20 constructoras más contratadas durante la gestión de Maldonado recibieron 91 proyectos, con mayor concentración en Guatemala, Escuintla y Petén. Estos tres departamentos suman Q5.4 millardos en adjudicaciones (US$6.9 millardos), el 38 por ciento del monto total evaluado.

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• En el departamento de Guatemala fueron adjudicadas 10 obras por un total de Q2.52 millardos (US$323 millones), pero  los Q1.7 millardos (US$217.9 millones)  del Puente Belice II, encargado al Grupo Muratori, explican por qué la capital  capta la mayor cantidad. Entre otros proyectos en la ciudad de Guatemala, Guillermo Efraín Gutiérrez Samayoa, dueño de la Constructora Congusa, recibió  Q199.68 millones (US$25.6 millones) del Fondo Social de Solidaridad para ampliar un sistema de aguas pluviales en la zona 3. La obra fue adjudicada el 17 de agosto de 2022 a la oferta más cara de dos participantes, que superaba por Q10 millones (US$1.2 millones)  a la competencia. Diez meses después, la obra sigue en ejecución.

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• En Escuintla —el departamento donde nació Miguel Martínez, el hombre de máxima confianza de Giammattei— fueron adjudicadas 8 obras a las 20 constructoras favoritas. La inversión alcanza los Q1.27 millardos (US$162.8 millones). El proyecto más costoso es una ampliación de 17.2 kilómetros y la colocación de puentes necesarios para el paso de corrientes de agua, alcantarillado y nueva señalización a la carretera de Cuatro Carriles. El costo asciende a Q590 millones (US$75.6 millones)  y la empresa ganadora fue Ciansa. El segundo proyecto más importante es la ampliación de 2 mil 300 metros de pista de aterrizaje de un aeródromo en San José, Escuintla, valorada en Q522.984 millones (US$66.9 millones).
• Petén, el departamento con mayor extensión territorial en Guatemala, concentra siete de las obras adjudicadas a las 20 empresas privilegiadas y capta Q1,7 millardos (US$217.9 millones). El proyecto principal es el libramiento de Sayaxché, un tramo de 16 kilómetros que unirá la Franja Transversal del Norte con la zona norteña de Petén. Dos oferentes plantearon sus propuestas y la obra fue adjudicada a Opción Técnica, la más cara, por Q668 millones (US$85.6 millones). Su oferta superaba por Q42.4 millones (US$5.4 millones) a la de Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa Consultoría y Constructora del Kyrios. Otra obra relevante es el hospital en San Benito, Petén, adjudicada a la misma empresa.

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Con sus constructoras, la clase política cobró autonomía del poder económico

Los números reflejan un patrón en cuanto a las empresas más contratadas y el carácter de la obra adjudicada. Pero existe además un efecto político y electoral detrás y delante de la dinámica de compra de infraestructura.

Karin Slowing fue secretaria general de la  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) entre 2008 y 2012 y critica que desde hace cuatro décadas  la administración pública construye y contrata obra pública sin un criterio organizado: «En los ochenta cambia el modelo de Estado, comenzaron los fideicomisos para reajustar los fondos de inversión pública», dice. «Estos mecanismos abrieron la brecha para lo que tenemos ahora, a pesar de que se instauraron aconsejados por el sector privado para agilizar la ejecución y ahorrarse ciertos procesos. Eso permitió que todo el procedimiento fuera más laxo».

Gobierno tras gobierno, estos mecanismos se consolidaron: «El diseño, la planificación y costos de una obra los determina la unidad ejecutora y la Segeplan sólo evalúa el expediente formal, pues debe confiar que la parte técnica fue elaborada de manera profesional porque la entidad no cuenta con el recurso humano para evaluar los miles de expedientes que llegan», explica.   

La exfuncionaria señala que en Guatemala hace falta una ley de inversión estatal que pueda especificar los mecanismos idóneos para planificar la obra pública. Sobre la dinámica actual, concluye: «la obra pública es la manera en que la clase política logró independizarse del gran poder económico».

Una reciente auditoría de Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, a la ampliación del presupuesto del CIV en 2022 refuerza esta idea. AC estableció que el 55 por ciento de las empresas favorecidas con adjudicaciones a partir de dicho aumento, están vinculadas a la política. Antes del actual gobierno, según la auditoría, varias de ellas solo recibían contratos menores.

La exploración de AC sobre los negocios de obra pública fue hecha por la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad (Rednac-TP), quienes enfatizan:  «la obra pública fue cooptada por actores políticos, lo cual ha permitido la adjudicación de proyectos a empresas vinculadas tanto a legisladores como a candidatos y otros actores políticos». Los vínculos «son evidentes», señala la red: los dueños o representantes legales de las constructoras o son empleados, o exempleados o familiares cercanos de políticos.

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Rednac-TP resalta además en el reporte que, a pesar de que los vínculos de estas constructoras  con candidaturas o funcionarios públicos ya han sido evidenciados por medio de publicaciones de prensa desde hace tiempo, «(ni) el Ministerio Público (ni) la Contraloría General de Cuentas hacen algo al respecto».

En 2019, Hugo Guerra, ahora expresidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC), que agrupa empresas dedicadas a la construcción, afirmó que «salvo excepciones» el Ejecutivo contrataba para la construcción de infraestructura a empresas de políticos. En 2023 la misma organización ya habla de una «cooptación del sistema de infraestructura nacional».

Jorge Adrover, actual presidente de la AGCC, condena esta práctica e insiste en que el país está urgido de un enfoque estratégico: «Desde hace varios años, en la AGCC hemos señalado que la ineficiencia, la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses son algunos de los elementos más importantes por los que el sistema de infraestructura es obsoleto y ha colapsado», dice.  «El país se quedó atrás», afirma, «solo la modernización estatal, la transparencia y la planificación estratégica a largo plazo cambiarían la dinámica de construcción y desarrollo».

Adrover reconoce que para llegar allí, «es necesaria la voluntad política».

Pero ¿cómo encontrarla? Si antes un candidato buscaba a los constructores para financiar sus campañas y, ahora, con su propia constructora puede autofinanciarse.

Texto escrito por Pavel Vega, Roman Gressier, Jeanelly Vásquez y Dulce Rivera. Con edición de Claudia Méndez Arriaza

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Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Elecciones.