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Vista aérea del incendio en el vertedero de AMSA en dirección de Villa Nueva hacia Amatitlán. Foto/ Edgar Sacayón, Pro-Photomedia

El incendio en AMSA, una muestra más de las deficiencias en normativas y servicios públicos

El incendio recién vivido, revela deficiencias en la operación de uno de los servicios públicos más críticos para la salud de las personas y el medio ambiente: el manejo de desechos sólidos.
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El incendio en AMSA, una muestra más de las deficiencias en normativas y servicios públicos

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«¡Qué terrible el incendio en AMSA!»

«Eso es lo que siempre ha pasado en los basureros de Guate, y va a seguir pasando hasta que no tengamos un buen manejo de desechos»

La acumulación de desechos sólidos genera gases de efecto invernadero como metano y anhídrido carbónico (Universidad Rafael Landívar, 2003) que además de tóxicos son inflamables. El departamento de Guatemala reporta la mayor cantidad de incendios no forestales[1] del país en el período 2022-2023, sumando un total de 45 eventos (Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, 2023), de los cuales al menos ocho se asocian a incendios en basureros (CONRED, 2023).

La Dra. Enma Díaz, Directora de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el lago de Amatitlán (AMSA) dijo en una conferencia que el vertedero, diseñado para recibir los desechos de 14 municipios, recibe hoy en día residuos de hasta 35 municipios del país, incluso de municipios tan lejanos como de los departamentos de Petén y Zacapa. Estos datos muestran la magnitud de lo que en cuestiones de manejo e infraestructura se ha delegado a AMSA.

El incendio recién vivido, revela deficiencias en la operación de uno de los servicios públicos más críticos para la salud de las personas y el medio ambiente: el manejo de desechos sólidos. Existe un conjunto de marcos legales dispersos en leyes de la Constitución Política, el Código de Salud, el Código Municipal, la Ley de Medio Ambiente y reglamentos como de Limpieza y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Guatemala, pero no se percibe una política pública que integre instituciones, establezca regulaciones, o sancione las faltas en esta cuestión ambiental. 


Entre sus competencias, las municipalidades deben encargarse de la recolección, tratamiento de los desechos y residuos sólidos hasta su disposición final. El código municipal refiere que el Alcalde y el Concejo Municipal son los encargados de dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos y otras obras municipales. Sin embargo, para 2018 menos del 8 % de los municipios del país contaban con una planta de clasificación de residuos y/o de compostaje operando (SEGEPLAN, 2018). Así, la mayor parte de desechos generados termina en vertederos o basureros clandestinos.

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La basura es un concepto que existe solo para algunas sociedades, y es que todo lo que nosotros acumulamos en vertederos, son recursos que no llegan al final de su ciclo de vida. Países como Costa Rica, Colombia, Japón, Taiwán, Noruega, entre muchos otros, poseen procesos de reciclaje, incineración para la producción de energía y compostaje para la creación de fertilizantes orgánicos. En última instancia, lo que definitivamente ya no puede reutilizarse, debe disponerse en rellenos sanitarios controlados, que no produzcan gases, incendios, ni lixiviados (líquidos que se escurren hacia el subsuelo contaminando el agua subterránea). Realmente, lo que conocemos como basura son recursos que los guatemaltecos estamos desperdiciando.

En AMSA se ha estimado que de las 1600 toneladas de basura que se reciben diariamente, más del 90 % podrían utilizarse para la generación de hasta 0.035 GWh de electricidad (Curruchich, 2021). El Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA), estima que en el departamento de Guatemala se generan entre 700 mil y 900 mil toneladas de desechos sólidos domiciliares anualmente, siendo así, estos permitirían la generación de al menos 15 GWh. Estos suplirían parte de los 4 872 GWh que consume el departamento de Guatemala anualmente (Administrador del Mercado Mayorista (AMM), 2023). Aunque la cifra que los desechos pudieran aportar a suplir la demanda parece poco significativa, generaría trabajos y disminuiría la contaminación del aire, agua y suelos.


La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica al material particulado (PM2.5 y PM10) como uno de los contaminantes que sirven de indicadores para medir la calidad del aire. Esta misma organización determinó que el límite de PM2.5 permisible en el aire es de 5 μg/m3 (Greenstone & Hasenkopf, 2023). Sin embargo, muchas ciudades del país exceden los límites de contaminación permisibles, el cuadro uno presenta algunos de los casos.

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La estación de la de Radio Sonora, coincide con Villa Nueva, lo que muestra que los niveles de contaminación en el área son de por sí elevados, y con el incendio, en los últimos días se han alcanzado niveles críticos que superaron incluso 700 PM10 µg/m3 y 600 PM2.5 µg/m3 dentro del departamento de Guatemala. Esto tiene serias repercusiones en la salud humana a corto y largo plazo, e implica un aumento de costos para el sistema de salud (Índice Mundial de Calidad del Aire, 2024).

Los dos sitios en donde se deponen más desechos en el país contaminan dos de las cuencas más importantes, estos son: el vertedero de la zona 3, que contamina la cuenca del río Las Vacas, un afluente del río Motagua y en el caso de AMSA, la cuenca del río Villalobos, un río que se conduce hacia el lago de Amatitlán, que en la actualidad se encuentra en proceso serio de contaminación y que en el mediano plazo tiende a desaparecer.

El tema de los desechos sólidos responde a etapas que deben considerarse con mucha atención y seriedad: la recolección, el transporte, la clasificación (idealmente en casa, comercio o industria), la deposición en infraestructura segura y el manejo de esta, la reutilización o el reciclaje correspondiente.


El servicio público de recolección de basura no es cualquier servicio, debe ser visto como un bien público que, si no se estructura bien, bajo una política pública articulada y multiinstitucional provoca serios daños a la salud humana derivada de la contaminación del aire, fuera de los daños en las cuencas de los ríos y en la contaminación de los cuerpos de agua involucrados.

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