La expansión del «zar de la basura» en el norte de Centroamérica
La expansión del «zar de la basura» en el norte de Centroamérica
William Vélez Sierra ha logrado congeniar con los sectores políticos de poder, sin importar su ideología. En Honduras está ligado a la red empresarial de Nasry Asfura, actual precandidato del Partido Nacional, quien se libró recientemente de un proceso legal por una estela de delitos relacionados a la corrupción. En el pasado amarró contratos con funcionarios del Partido Nacional (derecha) y en el presente ha continuado con el Partido Libertad y Refundación (Libre) (izquierda). Además opera en El Salvador, antes con Arena y ahora con Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele.
Conocido en su natal Colombia como el «zar de la basura», William Vélez Sierra, expandió sus nexos comerciales a los países del norte de Centroamérica, al abrir sucursales de sus empresas en Honduras, El Salvador y Guatemala en donde ha instalado sus negocios en los rubros de la energía eléctrica y servicios de desechos sólidos.
Este empresario tiene fama de ser el «súper contratista del Estado». Su Grupo Ethuss, está inmerso, entre otras actividades, en energía eléctrica, comunicaciones, minería y servicios de desechos sólidos, con presencia en Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Aruba, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y México, siendo su fuerte el manejo de desechos sólidos a través del también Grupo Interaseo, con operaciones en Colombia, Honduras, El Salvador, Panamá, Chile y Perú.
El ingreso de William Vélez Sierra comenzó, en 2009, en Guatemala con la empresa Edemtec, S. A. de C. V. en alianza con el Grupo Energía de Bogotá (GEB), consorcio EEB-EDEMTEC PROYECTO GUATEMALA, con la firma de un contrato de obras de conexión eléctrica de más de 850 kilómetros de extensión con una inversión de USD 370 millones.
En marzo de 2022, la justicia guatemalteca condenó por el delito de cohecho activo a cuatro funcionarios de Edemtec, luego de haberse comprobado que pagaron sobornos al exministro de Energía, Erick Archila Dehesa.
Los funcionarios fueron condenados a cinco años de prisión conmutables, más el pago de una multa de Q200 mil (USD 25,760 al precio actual del dólar) y como pena accesoria se le prohibió a la empresa colombiana celebrar contratos con el Estado de Guatemala durante un periodo de cinco años.
En El Salvador, el grupo empresarial colombiano, se introdujo a partir de 2018 a través de la empresa Teclaseo en el municipio de Santa Tecla, ahora Distrito Santa Tecla, con un contrato para la recolección de basura de al menos 20 años, extendiéndose en 2022 a la capital con Aseo Técnico de San Salvador (Atessa).
Una dinámica que resalta los negocios de William Vélez Sierra es que logra congeniar con los sectores políticos de poder, sin importar su ideología. Prueba de ello es que en El Salvador ha amarrado contratos con funcionarios de Arena y que se mantienen ahora con administraciones de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. Y, en Honduras, en el pasado con el Partido Nacional (derecha) y ahora con el Partido Libertad y Refundación (Libre) (izquierda).
Probablemente sea Honduras, el país centroamericano con mayor presencia del empresario colombiano, ya que sus negocios han «tocado» las puertas del gobierno central con la creación y contratación de la Empresa Energía Honduras (EEH)—contrato aprobado en 2014 y puesto en marcha en 2016—, y de las dos alcaldías más importantes: San Pedro Sula, zona norte, con la inmersión de la empresa Sulambiente-Interaseo en 2016 y en el Distrito Central, integrado por las ciudades gemelas Tegucigalpa y Comayagüela (la capital) en la zona centro, con Interaseo S.A.S. E.S.P en 2023.
Los vínculos de William Vélez con la red empresarial de Nasry Asfura
William Vélez Sierra es un empresario sagaz y habilidoso que ha sabido acercarse al poder político en Honduras para lograr sus objetivos empresariales y obtener millonarias ganancias.
En Honduras, ha incursionado en rubros como la energía eléctrica y la recolección de residuos. Sus negocios con políticos hondureños no distinguen colores o ideologías, pues incluye al Partido Nacional y ahora al Partido Libertad y Refundación, van desde un contrato de 258 millones de dólares en la fallida concesión otorgada a la Empresa Energía de Honduras (EEH), una subsidiaria de Eléctrica de Medellín Ingeniería, que prometía reducir las pérdidas en el sector energético, hasta un reciente contrato para la construcción y mantenimiento del relleno sanitario de la capital, una obra que supera los 135 millones de dólares y que durará 15 años.
En 2013, William Vélez Sierra llegó a Honduras con una estrategia promovida por el conservador Partido Nacional cuando el Gobierno de Porfirio Pepe Lobo Sosa (2010-2013) aprobó el contrato con el consorcio de capital colombiano y entró en vigor hasta en 2016, en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, con proceso abierto por corrupción en Honduras y a la espera de una sentencia por narcotráfico en Estados Unidos. Dicha estrategia privatizó la distribución y facturación de energía eléctrica con la constitución de EEH, en el marco de una alianza público-privada.
Ese mismo año, cuando el Gobierno hondureño pactó el contrato, medios colombianos informaron que la Fiscalía había abierto una línea de investigación contra Vélez Sierra por presuntos vínculos con el paramilitarismo a través de sus empresas de servicios públicos. Según documentos del 2005, encontrados por la Fiscalía en el computador personal del exjefe paramilitar Jorge 40, el empresario antioqueño hizo un pacto con los paramilitares para manejar los negocios de la concesión de aseo en Santa Marta, Barranquilla y Soledad.
La acusación fue negada posteriormente por Vélez Sierra al asegurar que sus empresas no tienen trato con grupos ilegales y tampoco pagan extorsión. También dijo que las supuestas pruebas encontradas en el computador fueron obra de personas infiltradas.
Los integrantes del consorcio de EEH fueron Eléctrica de Medellín Ingeniería, del Grupo Ethuss, y Servicios, Unión Eléctrica S.A. y Enterprise Consulting.
Aunque pareciera que los tentáculos de William Vélez Sierra se limitaban a su millonario negocio con el Gobierno de Juan Orlando Hernández, su estrategia para incrustarse en el país fue visionaria. El 11 de octubre de 2016, otra de sus empresas, Interaseo S.A.S. E.S.P, se hizo acreedora del 49.6% de las acciones de Sulambiente S.A. de C.V., empresa que a partir del 29 de noviembre de 2016 comenzó a encargarse de la recolección de desechos en San Pedro Sula, la segunda ciudad más poblada de Honduras.
William Vélez Sierra ha sido claro en su estrategia de aliarse con cuestionados empresarios locales que han controlado durante las últimas décadas la recolección de desechos sólidos en el Distrito Central y San Pedro Sula.
Las conexiones del colombiano se extienden más allá de las fronteras empresariales, alcanzando incluso a figuras políticas como Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central, y una de las piezas clave en su entramado de intereses. Aunque no está directamente asociado con Asfura, sí lo hace con su red empresarial, encabezada por Johnny Kafati.
Según el análisis de escrituras públicas efectuado por Criterio.hn, Asfura, junto con su red empresarial, ha facilitado el camino de Vélez Sierra en Honduras al menos desde 2016, estableciendo relaciones que han permitido sortear obstáculos legales y políticos en el camino hacia el dominio del sector de gestión de residuos tanto en San Pedro Sula como en el Distrito Central.
Actualmente, la colombiana Interaseo S.A.S. posee el 49.6% de Sulambiente S.A. de C.V., mientras que AGAC de Centroamérica S.A. de C.V., propiedad de Johnny Kafati y de la cual Nasry Asfura fue socio hasta el 2016, posee el 50.4%.
Pero para que Sulambiente S.A. de C.V. se convirtiera en la empresa encargada de recolectar los desechos sólidos de San Pedro Sula, tuvo que transitar un camino tumultuoso en el que Nasry Asfura jugó un papel crucial, pues entre el 3 de septiembre de 2005 y el 1 de septiembre de 2016 él fue el principal accionista de AGAC de Centroamérica S.A. de C.V. a través de otra de sus empresas.
En ese momento, Asfura transfirió todas las acciones de DECOESA en Sulambiente S.A. de C.V. a Alquileres y Ventas de Honduras, S.A. de C.V. (ALVEHSA), propiedad de Johnny Kafati.
Pero seis días después, el 7 de septiembre de ese año, ALVEHSA transfirió el 44% de las acciones sobre AGAC de Centroamérica S.A. de C.V. a Constructora de Desarrollos Nacionales, S.A (CODENA), otra empresa vinculada a Asfura.
En teoría, a partir de este momento, Nasry Asfura no puede ser involucrado comercialmente con AGAC de Centroamérica S.A. de C.V. y Sulambiente S.A. de C.V. Sin embargo, ¿qué tienen en común AGAC, DECOESA y CODENA? En algún momento todas fueron propiedad de Asfura, siendo luego transferidas sus acciones a personas de sus círculos de confianza empresarial y política.
CODENA, que hasta hace unas semanas era una de las empresas propietarias de Sulambiente S.A. de C.V., fue fundada por Nasry Asfura y su hermana Mary Asfura. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2011, solo once días después de anunciar que correría como precandidato a la Alcaldía del Distrito Central, Nasry vendió su parte social en esta empresa a Richard Emilio Bennett Díaz, convirtiéndolo en su socio en esta empresa. Bennett Díaz fundó AGAC de Centroamérica S.A. de C.V., de la cual Asfura fue gerente general entre 2005 y 2014.
Apenas el 30 de abril de 2024, CODENA, empresa que estaría a cargo de prestanombres de Nasry Asfura, se despojó de sus acciones sobre AGAC de Centroamérica S.A. de C.V, y por consiguiente Sulambiente S.A. de C.V., y se las transfirió nuevamente a ALVEHSA.
La estrategia de Nasry Asfura para utilizar a terceros y así lograr sus objetivos ha sido desenmascarada incluso por autoridades. Otro ejemplo claro es Óscar Rolando Uriarte Romero, quien, en su condición de gerente general de DECOESA, fue beneficiado entre 2017 y 2018 con cheques que contenían fondos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, cuando Asfura fungió como alcalde de la A.M.D.C. Esto se generó en el marco de una red de corrupción, liderada por Asfura y, que, según la Fiscalía, desvió cerca de 29.4 millones de lempiras.
Mientras Uriarte Romero cobraba esos cheques, Asfura fungía también como presidente del Consejo de Administración de DECOESA.
En la historia de Sulambiente S.A. de C.V. e Interaseo S.A.S. E.S.P, 2005 y 2016 fueron años clave. Solo dos meses después de haberse constituido, el 9 de noviembre de 2005, AGAC de Centroamérica S.A. de C.V. absorbió a la empresa AGAC y Otros S.A. de C.V., que era integrada por cuatro sociedades mercantiles italianas.
La adquisición de Sulambiente S.A. de C.V. el 9 de noviembre de 2005 por parte de AGAC de Centroamérica S.A. de C.V. se dio meses después de que el 25 de enero de 2005, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula ordenara a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula otorgar un contrato de servicios de limpieza vial, recolección, transporte y tratamiento de desechos sólidos a favor de Sulambiente S.A. de C.V., y además pagarle una indemnización de USD 6,615,794.00.
Un líder de sociedad civil, radicado en San Pedro Sula, que ha seguido de cerca la red empresarial detrás de Sulambiente S.A. de C.V., quien optó por el anonimato ante el temor a represalias por parte de la red empresarial y política ligada al tema, declaró a Criterio.hn que ese grupo de empresarios ha sabido aprovechar coyunturas, como el referido fallo judicial, con el propósito de obtener recursos y concesiones a costa del Estado hondureño.
«Si uno analiza todas las escrituras públicas, rápidamente identifica que siempre han sido los mismos socios los que han estado detrás de estas empresas. El mismo grupo de empresarios que se adueñó de la basura en San Pedro Sula, que cobró una millonaria suma sin haber recolectado una sola basura, lo ha hecho en La Ceiba, en una ciudad del centro del país, y lo están haciendo ahora en Tegucigalpa», manifestó la fuente.
El conflicto que rodea a la empresa que limpia las calles y recoge los desechos sólidos de San Pedro Sula data desde su creación, el 19 de octubre de 2001. De manera irregular, la Alcaldía sampedrana, en ese momento, a cargo del liberal Roberto Larios, otorgó a Sulambiente S.A. de C.V. un contrato para que se encargara de la limpieza vial, recolección, transporte y tratamiento de desechos sólidos en San Pedro Sula, pese a que esta sociedad mercantil acababa de ser constituida.
Las cuatro sociedades italianas a las que se hizo mención, que acreditaron experiencia en recolección de desechos en ese país europeo, participaron en la licitación pública internacional para permitir que Sulambiente S.A. de C.V., que ni siquiera estaba constituida al momento de la licitación, pudiera ganar el contrato frente a otras empresas con mayor bagaje.
El problema radicó en que la adjudicación se hizo el 28 de septiembre de 2001 a favor de AGAC y Otros S.A. de C.V., es decir, cuando Sulambiente S.A. de C.V. no estaba constituida, situación que llevó a que otra de las empresas que participó como oferente en la licitación pública internacional, la chilena RESITER-EMCE, impugnará el proceso, argumentando que la licitación fue otorgada a una empresa que no estaba constituida cuando se licitó el contrato.
El 21 de febrero de 2003, la Alcaldía de San Pedro Sula, ahora bajo el nacionalista Óscar Kilgore, anuló todo el proceso de licitación, lo que ocasionó que ese año la empresa retornara a su denominación social de AGAC y Otros S.A. de C.V. y presentara una demanda contra la Alcaldía ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula el 23 de febrero de 2005, que, como se indicó, falló a favor de Sulambiente S.A. de C.V. pese a que no había recolectado ni un tan solo metro cúbico de basura.
Tras la negativa de ejecutar el contrato por parte de las administraciones edilicias anteriores, encabezadas por los liberales Rodolfo Padilla Sunseri y Juan Carlos Zúniga, en 2014 la llegada del nacionalista Armando Calidonio, aliado político de Nasry Asfura, marcó un punto de inflexión a favor de los intereses de Asfura y su red empresarial. De esa forma, el 22 de octubre de 2014, la Alcaldía sampedrana firmó el contrato de servicios con Sulambiente S.A. de C.V., y el 7 de mayo de 2015, el Congreso Nacional lo aprobó.
Tras anunciarse que el contrato comenzaría a ejecutarse a partir del 14 de noviembre de 2016, y viendo una oportunidad de negocio grande y un camino allanado, AGAC de Centroamérica S.A. de C.V. vendió, un mes antes, el 11 de octubre de ese año, el 50% de sus acciones sobre Sulambiente S.A. de C.V. a la colombiana Interaseo S.A.S. E.S.P., y adquirió todas las acciones de ETERNA S.A., empresa propiedad de Alberto Díaz Lobo, quien fue designado presidencial del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006). En Honduras, existen tres designados presidenciales, elegidos en la misma fórmula que el presidente bajo sufragio directo, pero su única función es suplir las ausencias temporales o definitivas del presidente.
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El contrato entre la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula y Sulambiente S.A. de C.V. tiene una vigencia de 14 años. Criterio.hn accedió a informes de la tesorería municipal de esa comuna y conoció que entre 2016 y 2024, es decir, los primeros ochos años del contrato, los sampedranos han pagado L2,853,110,184.25 (USD 116,813,558.76) por la concesión de recolección, transporte y tratamiento de desechos sólidos otorgada a esta empresa.
En la actualidad, el Consejo de Administración de Sulambiente S.A. de C.V. lo conforman Augusto Montanari (estadounidense), Salomón Andrés Kafati, Johnny Kafati, Felipe Fernando Kafati Chapa, y Roy Morales, quienes representan a la red empresarial de Nasry Asfura, pues también forman parte o han formado parte de AGAC de Centroamérica S.A. de C.V., empresa de la cual Asfura fue gerente general de 2005 a 2014 y accionista hasta 2016, y también de AMAHSA, junto con Alexa María Soto Turcios; los colombianos Juan Manuel Gómez Mejía, Jorge Gómez Mejía y Eliana Margarita Campo, que representan a William Vélez Sierra.
Juan Manuel Gómez Mejía figura como secretario de Interaseo S.A.S. E.S.P y Eliana Margarita Campo Valverde es representante de la sucursal hondureña de esta empresa.
¿Están aliados William Vélez, el ‘zar de la basura’ de Colombia, con Nasry Asfura, ‘el papi de la basura’ de Honduras? Sus asociaciones empresariales sugieren que sí.
Un hecho real sobre Nasry Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional en las elecciones generales de 2021 y actual precandidato presidencial por ese partido, es que en 2021 fue incluido en la investigación Pandora Papers del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), como accionista mayoritario en Panamá de una sociedad offshore llamada Karlane, una firma constituida mientras se desempeñaba como alcalde de la capital hondureña.
En el pasado reciente, el 26 de octubre de 2020, la Fiscalía buscó someter a Asfura a un antejuicio luego de ser señalado como sospechoso de diversos delitos, entre ellos abuso de autoridad, uso de documentos falsificados, malversación de fondos públicos, fraude y lavado de activos, debido al desvío de 29.4 millones de lempiras (equivalentes a más de USD 1 millón) de las arcas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, donde se desempeñó como alcalde desde 2014 hasta 2022.
Sin embargo, el 26 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió una acción de amparo con suspensión del acto reclamado a favor de Nasry Asfura, impidiendo así al Ministerio Público, específicamente a la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), promover la acción penal en su contra.
Más recientemente, el 28 de febrero de 2024, Nasry Asfura fue señalado de haber negociado impunidad con el oficialismo a cambio de que el Partido Nacional prestará sus votos para elegir a Johel Zelaya, candidato del Partido Libertad y Refundación (Libre), como fiscal general del Ministerio Público para los próximos años.
En un análisis detallado de Criterio.hn sobre las escrituras públicas de las sociedades mercantiles que pertenecen o han pertenecido a Asfura, se descubrió que la notaría del actual fiscal general, Johel Zelaya, incluye en su portafolio de poderosos clientes a Nasry Asfura y Johnny Kafati.
Mientras Johel Zelaya consiguió el codiciado cargo de fiscal general de Honduras, al jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, y quien lideró la acción penal contra Asfura, se le impidió avanzar en el proceso de elección del fiscal general por haber omitido, en su postulación, que tenía una demanda laboral en contra del Estado hondureño.
Criterio.hn contactó a Nasry Asfura para conocer su versión. En primera instancia respondió la llamada, pero esta se desconectó, supuestamente por mal servicio del internet, luego se siguió insistiendo en días diferentes, sin embargo, hasta la fecha de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Interaseo beneficiada con multimillonario contrato en el distrito central
El cambio de gobierno y pese a haber transitado de la derecha a través del Partido Nacional a la supuesta izquierda con el Partido Libertad y Refundación (Libre), no fue un obstáculo para que las empresas de William Vélez Sierra siguieran en ascenso en Honduras. Tampoco fue un tropiezo que una de las compañías de este grupo inversor, Empresa Energía Honduras (EEH), hubiese sido denunciada ante el Ministerio Público por presunta corrupción en la adjudicación del contrato.
En medio de los cuestionamientos Interaseo S.A.S. E.S.P. logró dos contratos con la Alcaldía del Distrito Central (A.M.D.C.), uno para la construcción de un relleno sanitario a un costo de 276,726,563.87 de lempiras (USD 11,202,807.27) y otro para la operación y mantenimiento de la misma obra y la recolección de 5,000,000 de toneladas de basura por 3,061,550,000 lempiras (USD 123,358,942.30) para hacer un total de 3,338,276,563.87 lempiras (USD 135,144,485.00).
La concesión otorgada a Interaseo S.A.S. E.S.P., del Grupo Interaseo, surgió en un año particularmente convulso, coincidiendo con una denuncia presentada el 19 de enero de 2023 por el secretario de Energía y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, por presunta corrupción en la contratación de EEH, perteneciente al Grupo Ethuss. Las acusaciones de corrupción han proyectado una sombra sobre el proceso de concesión del relleno sanitario capitalino. Criterio.hn consultó al Ministerio Público si ya se inició una investigación en respuesta a la denuncia, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta oficial.
Sin embargo, mientras se esperaban líneas de investigación por parte de la Fiscalía en lo referente al contrato de la EEH, el Gobierno de Xiomara Castro sorprendió a la ciudadanía cuando, en agosto de 2023, contrató a Germán García Valenzuela, exgerente general de EEH. En un video divulgado en redes sociales, García Valenzuela, se identificó como representante legal de la Unidad Técnica de Distribución de la ENEE.
Dicho dato fue constatado por Criterio.hn mediante una petición de información, pero la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la ENEE, refirió que García Valenzuela ocupa el cargo de asesor técnico del fideicomiso de distribución en esa institución.
Criterio.hn se trasladó al relleno sanitario, localizado a siete kilómetros de la capital en la carretera que conduce al noroccidental departamento de Olancho y encontró que varios empleados y maquinaria de Interaseo trabajaban en el tratamiento de desechos sólidos y la construcción de la obra en su primera etapa, que hasta el 9 de mayo de 2024 representaba un desembolso de 41,508,894.58 lempiras (USD 1,691,268.29), según una respuesta a una solicitud de información realizada por Criterio.hn a la alcaldía capitalina.
De acuerdo al contrato, la construcción del relleno sanitario está diseñada para un plazo de 18 meses, mientras que la operación y mantenimiento y la recolección de 5,000,000 de toneladas de basura para 180 meses, es decir, 15 años, y se ejecutará en dos fases.
La Ley de Contratación del Estado estipula que los contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requieren de la aprobación del Congreso Nacional. Este mismo requisito se aplica a aquellos contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno, lo que implica que el contrato para el mantenimiento de la obra debió ser aprobado en el Poder Legislativo, cosa que no ocurrió.
Emilio Medina, gerente de aseo de la municipalidad capitalina, aceptó en una entrevista con Criterio.hn que el contrato debió ser aprobado en el Congreso Nacional, pero argumentó que este proceso será retomado en la próxima administración (2026-2030), presagiando una reelección del actual edil, Jorge Aldana.
¿Hubo proceso de licitación?
Para la obra de construcción del relleno sanitario capitalino, cuyo periodo es de 18 meses, en julio de 2023, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) publicó la Licitación Pública (LPuNO-008-AMDC-095-2023) para que las empresas especializadas en construcción de rellenos sanitarios presentarán sus ofertas.
Según documentos publicados en los portales de Honducompras de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y Datos Abiertos del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), solo la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. ofertó. No obstante, el gerente de aseo de la AMDC, Emilio Medina, aseguró a este medio digital que fueron cinco las ofertas.
En el proceso “participaron al menos dos empresas internacionales y al menos tres nacionales”, dijo el representante de la comuna capitalina, contradiciendo los datos oficiales.
Al consultar cuál era el nombre de las otras empresas que ofertaron, Medina se limitó a decir que “no está autorizado” para dar esos detalles y que esa información se podía solicitar por medio de la Oficina de Transparencia de la AMDC.
De igual manera, explicó que antes de la adjudicación del contrato se realizó una matriz de evaluación a las empresas licitantes, para ver cuál era la más capacitada y con la experiencia que se requiere en el mantenimiento y construcción de rellenos sanitarios.
Una variable a resaltar es que, en los procesos de licitación, tanto para construcción del relleno sanitario como para la operación y mantenimiento solo se presentó la oferta de Interaseo S.A.S. E.S.P. a quien se le confirieron los contratos.
En cuanto a la supervisión de las obras, Criterio.hn encontró que la alcaldía capitalina licitó en julio de 2023, durante la gestión del alcalde, Jorge Aldana, dicho proceso, favoreciendo a la empresa colombiana Hidrosuelos S.A.S., la única oferente en la licitación, según datos publicados en el portal de Honducompras de la ONCAE.
Para la supervisión de la operación y el mantenimiento, etapa que se extenderá durante 15 años, la alcaldía pactó el pago de 409,638,406.65 de lempiras (USD 16,587,975.88). Mientras que para la supervisión de la construcción de la etapa I del nuevo relleno sanitario se acordó el precio de 30,391,427.43 de lempiras.
Otro hallazgo de esta investigación, es que, en octubre de 2021, durante la gestión del exalcalde capitalino, Nasry Asfura Zablah, Hidrosuelos S.A.S. fue contratada para realizar el estudio y diseño de la nueva etapa del relleno sanitario por un valor de 2,524,784.35 lempiras (USD 102,835.35).
Al igual que en las contrataciones de Interaseo S.A.S. E.S.P., Hidrosuelos S.A.S., resalta también por ser la única oferente de las obras, según documentos
publicados en el portal Honducompras de la ONCAE.
Lo anterior sugiere que tanto el alcalde anterior Nasry Asfura como el actual Jorge Aldana han tenido un punto de encuentro en cuanto a la contratación de las empresas colombianas. Asimismo, con los mismos escenarios, pues ambas han ganado las licitaciones al ser las únicas oferentes. Aldana, quien estará al frente de la comuna capitalina hasta 25 de enero de 2026, fue anteriormente regidor municipal durante la gestión de Nasry Asfura (2018-2022).
¿Quién es Hidrosuelos s.a.s.?
Criterio.hn encontró que las empresas colombianas, Hidrosuelos S.A.S. e Interaseo S.A.S. E.S.P., trabajaron, en al menos dos ocasiones, de manera mancomunada siempre en la supervisión y construcción y mantenimiento de rellenos sanitarios.
En Riohacha, La Guajira en Colombia, la empresa Hidrosuelos S.A.S., realizó un informe de caracterización de residuos que posteriormente se otorgaría el servicio de aseo de esa ciudad a Interaseo S.A.S. E.S.P.
Lo anterior deja al descubierto cómo ambas empresas trabajan de manera conjunta para ganar y ejecutar millonarios contratos en la recolección y tratamiento de desechos sólidos en Colombia y Honduras.
El gerente de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico), Silvio Larios, dijo a Criterio.hn que este tipo de prácticas es común, ya que en un principio las empresas licitan por separado para que la licitación no se declare fracasada.
Agregó que cuando una de las empresas gana, la otra se presenta en el otro proceso de licitación, “gane quien gane ambas van”. De igual manera, explicó que, pese a que la ley no prohíbe estas prácticas, “no es algo ético”.
Hidrosuelos S.A.S., es un consorcio internacional de compañías dedicado al desarrollo de proyectos ambientales y geocientíficos, con presencia en varios países de América del Sur y Honduras.
En Honduras, su representante es Juan Carlos Castañeda Sánchez, y fue inscrita ante la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) en marzo de 2023.
Criterio.hn también consultó al jefe de aseo de la alcaldía capitalina, Emilio Medina por qué se le otorgó un millonario contrato a la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P, pese a ser parte de un grupo empresarial que fue denunciado ante el Ministerio Público por supuesta corrupción en la concesión de un contrato de energía, a lo que el funcionario se limitó a responder: “tenemos la mejor empresa, y la que nos presentó la mejor oferta”.
Añadió que otro aspecto que se tomó en cuenta es la experiencia de Interaseo en la recolección de desechos, la construcción y mantenimiento de rellenos sanitarios en varios países.
En cambio, una rápida búsqueda en internet revela las cuestionadas prácticas de Interaseo S.A.S. en las diferentes ciudades de países en los que brinda sus servicios. Estos incluyen longevos contratos, repetitivas interrupciones en los servicios de recolección de los desechos sólidos, millonarias demandas, incrementos de tarifas y hasta acusaciones por daños ambientales.
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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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