Especialmente en Guatemala —donde se han develado y judicializado diversos casos de corrupción, tráfico de influencia, asociación ilícita, etcétera, desde abril de 2015— se pueden observar extensas redes que se mueven y diluyen indistintamente entre la legalidad y la ilegalidad para «espiar, cohechar, coludir, confabular, captar, transportar, contrabandear, corromper, lavar activos, asesinar, etcétera».
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Especialmente en Guatemala —donde se han develado y judicializado diversos casos de corrupción, tráfico de influencia, asociación ilícita, etcétera, desde abril de 2015— se pueden observar extensas redes que se mueven y diluyen indistintamente entre la legalidad y la ilegalidad para «espiar, cohechar, coludir, confabular, captar, transportar, contrabandear, corromper, lavar activos, asesinar, etcétera».
En la etapa posconflicto, Guatemala ha enfrentado un desafío complejo en relación con la continuidad de estructuras represivas, en específico de fuerzas especiales, aparatos de inteligencia y cuerpos paramilitares. Manolo Vela afirma que «impunidad, corrupción y secreto fueron tres piezas de poder que en el pasado estuvieron en manos de las fuerzas armadas» y al mismo tiempo se pregunta «cuánto de aquello queda y cuánto se ha superado».
Ante esta realidad, en 2006 se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato establece que «se deberá entender por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs) a aquellos grupos que reúnan las siguientes características: i) cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y ii) estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas».
En la actualidad, los ciacs ya no se circunscriben exclusivamente a lo (ex)militar y a la violencia política. Estas redes tienen movilidad entre múltiples esferas de poder y traspasan de manera indiferente los límites de la estatalidad para conformar complejas zonas grises que se componen de operaciones en lo legal-formal, lo alegal-informal o lo abiertamente ilegal. El concepto de redes político-económicas ilícitas (RPEI) —aportado por la Cicig a principios de 2015— da cuenta de esas complejidades y mutaciones: «Se trata de verdaderas redes de poder, entendidas como un fenómeno ilícito de actividad mixta político-económica, de carácter formal e ilegal, que subyacen y se materializan en las capas inferiores de la realidad guatemalteca. Esto es, los ciacs predominantes en la coyuntura de Guatemala pueden entenderse como redes político-económico ilícitas […] Puede afirmarse entonces que los ciacs actualmente son redes, es decir, grupos de personas que se interrelacionen, ya sea de manera oculta o semioculta, con el fin de ejercer el control político y generar negocios redituables».
Los múltiples procesos judiciales y denuncias penales alrededor de FCN-Nación y del presidente Jimmy Morales son expresión de ello.
El exmilitar, dirigente de FCN-Nación, exdiputado y ahora prófugo de la justicia Édgar Faustino Ovalle Maldonado fue denunciado y perdió su inmunidad por haber sido responsable y ejecutor de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en el caso denominado Creompaz. Él, junto con otros exmilitares, constituye el núcleo fundador del proyecto político-militar de FCN-Nación, que se organizó en función de copar el Estado con finalidades que reproducen el esquema de otro proyecto político-militar: el Partido Patriota (PP).
Ello ya se refleja en las denuncias penales por corrupción en el círculo más cercano al presidente Jimmy Morales y ahora también en el caso de financiamiento político ilícito que ha generado un trámite de antejuicio contra él.
En ese proceso, FCN-Nación ha engrosado sus filas en el Congreso de la República con tránsfugas de los ahora cancelados partidos políticos Líder y PP. De tal manera, en el seno del Legislativo también se dibuja una marcada línea de continuidad de estructuras de ciacs y de redes ilícitas de carácter regional —incluso con vínculos al crimen organizado— que desemboca en las bancadas predominantes de la actualidad.
Al resultar infiltrado el Congreso por estas redes ilícitas se afecta «la legitimidad de una institución fundamental para el Estado de derecho por ser la rama encargada de promulgar las leyes de la república. Este fenómeno llevó […] a una situación paradójica y problemática para la consolidación democrática de un Estado: la legitimidad de ciertas leyes puede incluso ponerse en duda porque su cumplimiento puede llegar a favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho». Esta situación se denomina paradoja del Estado cooptado.
Haber declarado no grato al comisionado Iván Velásquez es expresión de esa paradoja: un poder del Estado infiltrado por la ilegalidad, la criminalidad y los ciacs declara, en nombre del «Estado de derecho», una medida visiblemente dirigida a sostener la impunidad en el país.
#NonGrato @jimmymorales declaró no grato a @ivan_velasquez. Un amparo presentado anoche puede restarle validez. https://t.co/iOjtnqId7Y pic.twitter.com/696C7URxZY
— Plaza Pública (@PlazaPublicaGT), 27 de agosto de 2017.
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