La historia del capo de un cartel político-militar

Durante el proceso electoral del año 2011, Enrique Naveda escribió que Otto Pérez estaba “a punto de comenzar a escribir el colofón de su historia, el elemento que permita interpretar retrospectivamente sus pasos y quizá, ayudar a comprender al personaje.”

El país estaba a la expectativa del futuro gobierno patriota, y el 14 de enero de 2012, -en un ambiente más pomposo que solemne, Otto Pérez Molina pronunció su primer discurso como presidente de la República: “Iniciamos hoy un nuevo mandato presidencial con muchos problemas y con desafíos enormes para toda la sociedad, pero con muy buenos auspicios. El voto ciudadano que nos eligió (…) representa un claro respaldo de la gente para este gobierno (…) Ante Dios y con la Constitución Política de la República en la mano, hoy comenzamos a cumplir esa palabra y ese compromiso con los cambios necesarios e impostergables que necesita nuestro país (…) Y todo ello, con un esfuerzo general de transparencia y desempeño por resultados concretos para rescatar a las instituciones públicas del desorden y la corrupción que las tiene infectadas (…) ¡En todo ello, les di mi palabra!”

Las metas estaban planteadas. Hubo, en aquel momento y en palabras propias del presidente, un “sentimiento amplio y entusiasta de las grandes expectativas que la gente tiene sobre los cambios que todos deseamos…”

Hoy, casi cuatro años después, el entusiasmo continúa: miles y miles de personas exigen la renuncia inmediata de OPM. El hashtag #RenunciaYa resume un amplio sentimiento de indignación y la esperanza de transformar una nación, que, según Pérez Molina, estaba “al borde de la quiebra económica y moral” cuando asumió la presidencia.

La ciudadanía ha hecho retrospectiva, y se siente defraudada. Enn las calles ya no se trata sólo del general (r) Otto Pérez Molina; se está interpretando retrospectivamente a todo un sistema. El cinismo evidenciado está llevando a la quiebra moral y política (pero aparentemente no económica) a OPM en representación de un sistema político, económico y social, cuyas instituciones, redes y articulaciones se han moldeado y sostenido mutuamente en la exclusión, la corrupción, la criminalidad, la reciprocidad, la complicidad, la manipulación y el consentimiento.

La formación militar y la guerra

No se trata de una reseña biográfica de Otto Pérez Molina (para ello se hará referencia a otros artículos), sino de su pasado militar y político, del cual “se pueden exhumar (…) en buena medida su círculo de lealtades y también su cauda de odios y antagonismos…”, como escribió Naveda. – En ese sentido, la historia es una de las bisagras para analizar el origen y desarrollo del Partido Patriota (PP), la conformación de los círculos de confianza y poder en el actual gobierno, así como la articulación y evolución de las redes criminales y paralelas.

Su paso por la Escuela Politécnica, como parte de la promoción 73 del año 1969, y su amplia formación como kaibil y soldado de elite, así como su paso como comandante por el destacamento militar de Nebaj en el departamento de Quiché en la década de 1980, constituyen hechos que determinarían el curso temprano de ese oficial castrense.

Aunque se considera que el fenómeno de las tandas, esas-que son lealtades horizontales entre oficiales de la misma promoción, no es común en el   Ejército de Guatemala, alrededor de la 73 se ha conformado el llamado Sindicato, hecho que “se atribuye en buena parte al liderazgo del general Otto Pérez Molina.“ En todo caso, compartir esa etapa de formación militar con Roberto Letona Hora, Mario López Serrano, Eduardo Arévalo Lacs, y Edgar Godoy Samayoa, entre otros, continuará influyendo en la composición del circulo de confianza de OPM hasta la actualidad.

Según el reportaje El ascenso del general, de Asier Andrés, esa promoción 73 emerge en 1982,  “como factor político en el   Ejército”. Aunque sin mucho éxito, pues los oficiales (aún de bajo rango) del Sindicato fueron ubicados en zonas de guerra por el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, y los lideres Letona Hora, López Serrano y Pérez Molina fueron arrestados por su oposición vana ante la orden emitida. Sin duda, ese episodio forjó antagonismos que marcarán el futuro.

Continúa el reportaje diciendo que “Otto Pérez Molina tenía 32 años, en su uniforme estaban cosidos los distintivos de kaibil y paracaidista, y era el comandante al mando de Nebaj; aunque era conocido más por su nombre de guerra: el mayor 'Tito Arias'. Pérez había llegado a este pueblo de Quiché como jefe del destacamento militar en julio de 1982 (…) Solamente entre agosto y diciembre de 1982 (…) la CEH recoge 17 ejecuciones extrajudiciales, 6 desapariciones forzadas y 4 masacres en las que fueron asesinadas 107 personas.” Al parecer, Tito estuvo hasta abril de 1983 en la zona; Naveda añade que “el REHMI registra al menos seis masacres en Nebaj en ese lapso: los casos 272, 275, 300, 304, 307 y 317, en las aldeas de Salquil, Palob, Sumal, Chuatuj, Chortiz, y en Nebaj”. Y por su parte, la sentencia por genocidio, emitida el 10 de mayo de 2013, hace referencia a 29 mil personas desplazadas de al menos 54 comunidades del grupo étnico maya ixil entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Otro comando contrainsurgente fue la Fuerza de Tarea de El Quiché (FTQ), cuyo jefe fue Luis Enrique Mendoza García (ahora prófugo de la justicia) entre el 01 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1985. Durante el gobierno de Jorge Serrano Elías fue ministro de la Defensa y fue vinculado por documentos desclasificados a un grupo militar, denominado Los Operativos, del cual forman parte también José García Samayoa, Mario Enríquez, José Quilo, Carlos Pineda, Carlos Santizo y Otto Pérez Molina.

Camarillas militares y democracia

Según Héctor Rosada, la conformación de camarillas militares correspondió a una contradicción en relación a la estrategia militar y llevó a la conformación de “dos grupos de pensamiento al interior del   Ejército; unos anticomunistas, guerreros y tácticos, otro prodemocrático, soldados y estratégicos”, en referencia a La Cofradía y Los Operativos respectivamente.

Aquello de Los Operativos se traslapa temporal y también orgánicamente con un fenómeno castrense que se conocería como Los Gramajistas. De acuerdo a dos investigaciones de Asier Andrés, Alejandro Gramajo se erigió en mentor de algunos oficiales destacados desde la década de 1970, y “cuando Gramajo ascendió, en 1987, a la cúpula del   Ejército, el Ministerio de la Defensa, Pérez Molina se convirtió en el jefe de su Estado Mayor personal. Gramajo como ministro también se rodeó de otros oficiales con los que Pérez mantendría una estrecha relación: Mauricio López Bonilla, José Luis Fernández Ligorría y Mario Mérida entre otros.”En el escenario del gramajismo coinciden también Ricardo Bustamente, Ulises Noé Anzueto y Juan Antonio Lemus Guzmán, de la alta oficialidad; así como con los civiles José María Argueta, Julio Godoy Anleu y Antonio Arenales Forno, entre otros. De esos entornos (Quiché, camarillas, Gramajistas), surge la vinculación de militares de alto rango, (Pérez Molina y López Bonilla, entre ellos), con una generación más joven de oficiales, graduados en la promoción 108 de la Escuela Politécnica: Estuardo Galdámez (yerno del exministro Mendoza García), Byron Lima, Edwin Cermeño y Edy Fisher Arbizú, entre otros. Así como con los militares Luis Mendoza Rodríguez (hijo del exministro Mendoza García) y Juan de Dios Rodríguez.

El informe de REMHI enfatiza que todos estos círculos militares “reflejan un fenómeno difícil de entender como agrupaciones estables, menos aún en términos de esquemas ideológicos. Se trata de grupos unidos por fidelidades variables, surgidas a lo largo de una carrera en la que la competencia y la lealtad entre compañeros de promoción se entremezclan y cambiaban según las oportunidades que les ofrecía la coyuntura. “En todo caso, en El ascenso del general se relata que “aquel periodo, como recuerda López Bonilla, sería definitivo en el nacimiento a la política” del futuro presidente OPM. “La democracia acababa de inventarse y Pérez Molina vivió la transición desde el centro de poder…”.

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Y así, los vaivenes de la transición democrática desafiarían, y aparentemente también dividirían, a la alta oficialidad castrense. El primer gobierno civil de la DCG había enfrentado múltiples rumores y al menos dos intentos concretos de golpe de Estado, gestados desde las entrañas del ala más conservadora del   Ejército y el empresariado, y en los cuales “se vio implicado (Mario David) García Velásquez junto a otros civiles, como Lionel Sisniega Otero, Luis Mendizábal y Danilo Roca...”De acuerdo con Luis Solano, el noticiero dirigido por Mario David García, Aquí el Mundo, “cerró en junio de 1988 tras el intento del golpe de Estado contra el gobierno de Vinicio Cerezo un mes antes”. Quien “desempeñó los cargos de encargada de la información internacional, de los corresponsales y Gerente de Ventas desde principios de la década de 1980 hasta 1988” en este programa noticioso, fue la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Durante el segundo gobierno civil se produjo una crisis política aún más compleja para el   Ejército: el 25 de mayo de 1993, el presidente Jorge Serrano Elías decidió dar un autogolpe. Las camarillas militares fueron piezas claves en esta coyuntura, y “es ahí en donde aparecen públicamente tanto la figura de Ortega Menaldo como la de Pérez Molina…” En el Ascenso del general se afirma que “emergió, entonces, de manera evidente un factor que siempre estuvo presente en el golpe: la lucha de poder interna en el   Ejército. La caída de Serrano era también la de su cúpula militar y la oportunidad esperada por quienes aguardaban en segunda fila el acceso al poder.”

Jorge Perussina y Francisco Ortega Menaldo, identificados como integrantes de La Cofradía,  conformaban junto a otros oficiales el alto mando militar y apostaron por su continuidad en un gobierno que encabezaba el entonces vicepresidente Gustavo Espina. Les faltó olfato y se colocaron del lado equivocado.

Por su parte, Mario Enríquez y Otto Pérez, quienes habían forjado alianzas también con el sector privado, ascendieron tras el nombramiento de Ramiro de León Carpio en la presidencia a las jefaturas del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Presidencial (EMP) respectivamente. Otros cercanos compartieron el destino: Ricardo Bustamante asumió en El Archivo, mientras Mario Mérida sucedió a OPM en la D2.

Sin duda, este fue otro episodio que forjó antagonismos y acercamientos que marcarían el futuro.

Pero el Serranazo también tuvo implicaciones profundas para el proyecto político contrainsurgente y el   Ejército en su conjunto.

En su libro Democracias de posguerra en Centroamérica: Política, pobreza y desigualdad en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Ricardo Sáenz de Tejada, afirma que las fuerzas armadas “por primera vez tuvieron que subordinarse al poder civil...” y esa pérdida de poder político del   Ejército se dio “a favor de las élites económicas industriales y modernizantes que se fortalecieron en este proceso. Fue, para describirlo de alguna manera, una transferencia de recursos políticos entre las elites...”. En Guatemala “se había viabilizado la firma de la paz firme y duradera en diciembre de 1996, y la contradicción fundamental en el sistema político se modificó. La dicotomía autoritarismo-democracia dio paso al desafío de la consolidación del sistema democrático...“

Pero “quizá en la medida que disminuyó la capacidad de veto de los militares sobre la institucionalidad civil, aumentó la influencia extra institucional del poder militar en los ámbitos lícitos e ilícitos de la vida nacional…” Al menos desde los “inicios de la década de 1990, el narcotráfico se había convertido en un fenómeno de importancia estructural en la región y en Guatemala. No por último, la confluencia de fenómenos macro del flujo sur-norte de la droga y de las redes político-militares de la contrainsurgencia y del anticomunismo centroamericanos (asociados íntimamente a las conspiraciones que se develaron parcialmente en el marco de lo que se conoció como el escandalo Irán-Contra), había contribuido desde la década pasada a la creación y consolidación de organizaciones del tráfico de drogas (ODT) en Guatemala. La clave consiste en constatar que Guatemala se enfrentó a la herencia de estructuras de poder crecidas a la luz (y sombra) de la conspiración, represión, contrabando, corrupción, drogas, guerras e intrigas. El fenómeno de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) se había arraigado en el país.”

Los ámbitos de disputa cambian

Parafraseando a Edelberto Torres-Rivas en Revoluciones sin cambios revolucionarios, se desmilitarizó el gobierno, pero se militarizó el poder de redes y estructuras dentro y, sobre todo, fuera de la institucionalidad castrense. El ocultamiento del poder militar se profundiza, y en ese proceso se fragmenta, se privatiza y se politiza.

Un camino que también OPM tomaría tarde o temprano. En otras palabras, la disputa por el poder se traslada de lo político-militar a lo político-partidario.

Tras unos años de auge, durante el gobierno de Ramiro de León y los inicios del gobierno de Álvaro Arzú, y una siempre resaltada participación en el proceso de paz, Pérez Molina sería desterrado de los círculos de mando de la institución castrense. Roberto Letona Hora y José Luis Fernández Ligorría,  correrían una suerte similar tras su vinculación a la Red Moreno.

Finalmente, el gobierno del FRG también le vetaría la posibilidad de ascender al puesto de Ministro de la Defensa. Los generales, entre éstos también Pérez Molina, pasaron a situación de disponibilidad; y finalmente optaría por el retiro voluntario en el año 2000. Su sueño militar quedó truncado, y casi inmediatamente se conviertió en una ambición política.

El proyecto político del general retirado empezó a concretarse en noviembre del año 2000 con la conformación del grupo promotor del Partido Patriota (PP), y el 13 de junio de 2002 fue inscrito formalmente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Se constituyó un partido personalista alrededor de su liderazgo principal y figura pública, Otto Pérez Molina, acompañado por un círculo de confianza que integró el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido. Claro, como escribí en Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca, “este circulo inicial, cofundador del partido político, se modifica con el desarrollo propio de la institución, integrando a nuevos actores que suman capacidades organizativas y financieras, al tiempo que se expulsan a otros cuyo nivel de influencia disminuye.”

Todo comienzo es difícil: no hay mucho poder que se pueda repartir. Hay aspiraciones. También hay metas, órdenes y tareas. Se necesita disciplina. Se necesita un militar. Pero, también se requiere apertura para organizar, crecer y acumular. Se precisa pragmatismo político.

Probablemente esa apertura y el pragmatismo político explican parcialmente la integración del primer CEN de los patriotas; de lo contrario resaltarían a primera vista contradicciones históricas que en teoría llevarían a un atolladero sin remedio.

Allí se congregaron el ex secretario de un político retornado del exilio en la década de 1980; el sobreviviente de un ataque mortal contra un líder político en 1994; un economista, consultor de Naciones Unidas y funcionario de carrera; la ex secretaria de comunicación del presidente autogolpista; un médico-político capitalino; un empresario de aparentemente poca monta; y el controversial general que de alguna manera se había cruzado en sus vidas y carreras políticas durante las dos décadas pasadas.

Se trata de Carlos Valentín Gramajo Maldonado, Mario Arturo López Arrivillaga, Pavel Vinicio Centeno López, Ingrid Roxana Baldetti Elías, Alejandro Giammattei Falla, Christian Michael Ross Acevedo y el propio Otto Pérez Molina. El militar se rodeó de civiles.

Pero “es más fácil militarizar un civil, que civilizar un militar". Esas palabras de Luis Cardoza y Aragón muestran sagacidad y mantienen su filo irremediable. El presente lo confirma.

Ciertamente, el PP logró insertarse en un momento clave del ciclo democrático, cuando la segunda generación de partidos políticos, el PAN y el FRG, se autodestruyeron en una dinámica de disputas internas, corrupción y desgaste político en interrelación con la volatilidad, fluidez y fragmentación del sistema político guatemalteco. Coincidentemente, se cerró el paréntesis de mayor democraticidad, que había surgido alrededor del proceso de paz y la pluralidad política de esos años.

Como escribí en Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca, “la complejidad propia de la composición de las fuerzas del statu quo no permitió la consolidación de la segunda generación de partidos como instrumentos de estabilidad política, sino la dinámica de disputa por el poder llevó a la creación de una tercera generación de partidos (…) Lo sui generis del momento se caracteriza por tanto por un sistema democrático unipolar fraccionado, integrado por múltiples fuerzas particulares y coyunturales (la tercera generación de partidos), que se disputan el predominio político de manera paralela o al margen de poderes extrapartidarios, los cuales operan de facto desde lo legal-formal hasta lo ilegal-informal.”

Acumulando poder

En ese contexto y recién legalizado, el Partido Patriota se transformó en un actor clave. “En junio de 2003 la organización formó una coalición con los partidos Movimiento Reformador (MR) y el Partido Solidaridad Nacional (PSN) con la que apoyaron a Oscar Berger...” La alianza PP-PSN-MR (denominada Gran Alianza Nacional, GANA) alcanzó la victoria frente a la candidatura del ex general Efraín Ríos Montt del FRG, y a partir de enero de 2004, el partido de Pérez Molina se convirtió en una de las fuerzas políticas co-gobernantes y una bancada legislativa que ocupaba 10 curules.

Naveda relata que “para la gente de su partido pidió poco más que tres puestos gerenciales que siempre fueron clave para los militares: migración, aduanas y la portuaria. Que para sí mismo obtuvo la Comisión Presidencial de Seguridad...” El informe sobre financiamiento político de CICIG continúua el relato: “La coalición GANA se desintegró en el primer año de gobierno del presidente Óscar Berger (2004-2008): el MR pasó a un estado de hibernación, el PSN se convirtió en el Partido GANA, y el PP pasó a ser oposición.”

El PP se colocó en el escenario nacional como una opción confiable para sectores de la elite económica. Pero no fue el único logro durante esos años.

Ciertamente, el PP también logró iniciarse en el reparto de poder en el plano formal-institucional, y las aduanas fueron pieza indispensable. Hoy se sabe con más claridad también del reparto oculto-ilícito, tratándose de un asunto de más larga data y de “la capacidad de compartir el botín del Estado, no necesariamente rivalizar”, según el analista David Martínez Amador. “Desde el entorno del comportamiento paralelo, hubo una 'democratización' del acceso al botín del Estado. Hay suficiente para todos. Diferentes estructuras tuvieron diferentes operadores.”

Y “en lo que respecta a la composición de su bloque legislativo, este sufrió varias transformaciones. Por un lado, perdió a 4 diputados, el 40% de sus integrantes originales, pero por otro logró atraer a su seno a 11 legisladores procedentes de varias bancadas, con lo que al 30 de junio 2007 contaba con 17 integrantes, siendo el cuarto bloque del Congreso por su número de miembros.”

Por tanto, el partido de Pérez Molina logró además convertirse en fuerza de gravedad que atrae a diputaciones, especialmente aquellas en camino de consolidarse en “lo que la prensa ha denominado como «señores feudales» o «caciques»”, y que “constituyen redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter regional.” En este sentido, el PP es partícipe y corresponsable en la dinámica de perpetuación de legisladores tránsfugas-mercantiles-clientelares, que negocian su (re)elección con los partidos de tercera generación.

En resumen, el PP consiguió agenciarse de cierto beneplácito de la elite económica, insertarse con éxito en el reparto de poder institucional y grisáceo, y consolidar organización política en alianza con feudos regionales y legislativaos.

A partir de 2005, Pérez Molina, Baldetti y Gramajo, junto a Alejando Sinibaldi, se consolidaron en el círculo interno de poder del Partido Patriota, mientras Giammattei se quedó con el partido GANA. Entre mayo de 2006 y junio de 2007, el partido aumentó el número de personas afiliadas de 24 mil a poco más de 40 mil, y en las elecciones generales de ese año se postularon Otto Pérez Molina y Ricardo Castillo Sinibaldi para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. El gasto de campaña, pese al límite de Q.42.2 millones, fijado por el TSE, fue estimado en más de Q117 millones. Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas denuncianel incremento patrimonial de la cúpula patriota desde aquellos años.

El saldo de los comicios de 2007: segundo lugar a nivel presidencial, 29 diputaciones y 39 alcaldías. Pese a no haber alcanzado la meta, el PP continuó por la senda de la acumulación política. Esa lógica de reacomodo de poder es, según el informe mencionado de CICIG, “una nueva distribución de las posiciones de poder que posibilitan, justamente, la persistencia del sistema. En conjunto, esto ha dado como resultado la continuidad del statu quo económico y social.”

El reacomodo favoreció a Otto Pérez Molina, quien desde 2009 fue proclamado Máximo Líder Nacional de Cambio, mientras Baldetti Elías asumió la secretaría general del partido. Ambos ocuparon las principales candidaturas en 2011. El número de afiliadas y afiliados superó los 48 mil, y se estructuró una organización de células a nivel nacional.

Para julio de 2011, la bancada patriota ya contó con 39 legisladores, y los órganos directivos del Partido Patriota (Comité Ejecutivo Nacional, Tribunal de Honor, Comité de Fiscalización Financiera, y el Comando de Campaña) reflejan el complejo entramado de reparto de poder.

Composición de los órganos directivos

Distintas fuentes periodísticas y académicas relatan diversas interpretaciones de afinidades y adversidades a lo interno del Partido Patriota. En todo caso, no se puede hablar de líneas nítidas de separación, ya que éstas se traslapan de múltiples maneras y también se modifican con el curso del tiempo. En este sentido, el esquema sobre la composición de los órganos directivos del PP, más que individualizar afinidades hacia quienes integran el núcleo de poder, refleja la confluencia de “lo militar”, “lo legislativo”, “lo empresarial” y “lo diverso” en un partido político. Es decir, alrededor de la política se aglutinan otros intereses.

En los 10 años de vida del partido patriota se han consolidado los liderazgos internos de OPM y Baldetti, cuyos círculos de confianza y poder encuentran también expresión en los órganos directivos. No obstante, el mayor crecimiento de influencia política corresponde a “lo militar” y “lo legislativo”.

La participación de (ex)militares o personas cercanas a círculos militares/contrainsurgentes es el antecedente de la injerencia que adquiriría ese “sector” en el futuro gabinete. Sin duda, Mauricio López Bonilla, ya parte del comando de campaña en 2011, se convertirá en figura clave.

En relación a “lo legislativo” se ha incrementado constantemente la capacidad de injerencia del PP en el Congreso, y, según ASIES, “importantes liderazgos que pertenecían al FRG, como Arístides Crespo, Iván Arévalo [y su hermano Edgar Leonel Arévalo] y los hermanos Eduardo y Haroldo Quej, se incorporaron al PP, contribuyendo, además, a fortalecer las estructuras departamentales del partido en Escuintla, Totonicapán, Alta Verapaz, entre otros.” En ese sentido, existe “una marcada línea de continuidad entre dos proyectos políticos cuyas figuras principales surgieron del ámbito militar: Efraín Ríos Montt (FRG) y Otto Pérez Molina (PP). Durante los últimos 20 años han sido principio y cobijo de GdPR [Grupos de Poder Regional], y ambos proyectos políticos son vinculados con estructuras clandestinas…”, como escribí en Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Un partido en auge, -en ese caso el Partido Patriota-, se encuentra en la mejor posición de negociación con las redes político-económicas ilícitas regionales.

En los órganos directivos del PP participaron al menos 12 personas que eran legisladores en 2011 y/o se eligieron o reeligieron en las elecciones de ese año para ocupar una curul en el Congreso. Allí confluyeron tanto dirigentes nacionales del PP (p.e. Valentín Gramajo y Anabella de León), como representantes de redes locales y regionales de poder (p.e. Haroldo Quej, Antonio Coro, José Guillermo Samayoa y Marco Antonio Lemus Salguero).

Otras figuras importantes tienen antecedentes, afinidades y motivaciones “diversas”, y su participación en los órganos directivos corresponde a estrategias electorales y/o aspiraciones gubernamentales. No todas han sido o se convirtieron en dirigentes propios del PP, sino su rol fundamental se reconocería en la negociación del reparto de puestos en el Ejecutivo a partir de enero de 2012.

Por su parte, “lo empresarial” también tiene cabida en los órganos directivos del PP, especialmente alrededor de las figuras de Alejandro Sinibaldi, Mario Leal y Rodrigo Vielman. Se mantuvo la cercanía y la negociación con las elites, en especial de cara las candidaturas legislativas y la integración del gabinete económico del gobierno de OPM. Sin embargo, el circulo político-militar interno del PP descartó en 2011, -en contraposición a las elecciones anteriores-, una candidatura (vice)presidencial de una figura que representa directamente esa elite económica.

Con todo ello, el partido se preparó para ganar. Tras una inversión, de acuerdo a estimaciones de Acción Ciudadana, que supera los Q. 215 millones durante la campaña electoral de 2011, el PP obtuvo la victoria presidencial con más de 2.3 millones de votos en segunda vuelta. Asimismo, alcanzaron 57 diputaciones y 168 alcaldías.

El gobierno patriota

El 14 de enero de 2012 fueron juramentados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y el partido, creado para funcionar como maquinaria electoral, se convirtió en ese momento en estructura gobernante. Los y las integrantes partidarios accedieron a cargos claves de la institucionalidad de los organismos ejecutivo y legislativo, sumándose también otros cuadros políticos y actores extra-partidarios al equipo gubernamental.

Estructura gobernante del PP (2012-2015)

Nota: La gráfica no refleja un momento específico durante el gobierno patriota, sino representa una selección de instituciones y personas que han ocupado puestos clave entre 2011 y 2015.

La composición de la estructura gobernante solo es comprensible a la luz de las confluencias en la etapa de acumulación de poder, y una de las piedras angulares es el respaldo político y financiero de algunos sectores de las fuerzas del statu quo. Los partidos políticos de tercera generación, ya sea en su expresión personalista y/o de franquicia, son entidades coyunturales que se disputan el predominio político de manera paralela a poderes extrapartidarios, los cuales operan de facto desde lo legal-formal hasta lo ilegal-informal. No se trata de una disputa simplificada entre tradicionales y emergentes, que a la vez serían sinónimo de buenos y malos, sino de matices que desdibujan el límite entre la legalidad y la ilegalidad.

En este marco, la participación de “lo empresarial” y “lo militar” ha sido notoria en el gobierno patriota, y mientras los primeros concentraron su influencia en el gabinete económico, los segundos predominaron en los círculos de las secretarías (vice)presidenciales y el gabinete de seguridad.

Pero probablemente el fenómeno más interesante es el (re)encuentro en la política y en la institucionalidad estatal de dos mundos que se fueron diferenciando en las décadas pasadas en el marco de la democracia y la paz: los ámbitos institucional y extra institucional del poder militar.

Uno de los retos principales de la etapa democrática consistió en la desmilitarización del aparato estatal, y en general, en la región centroamericana se lograron significativos avances, pues, los posibles anhelos de restituir el “poder militar”, como se conoció antes de 1980, se chocan ante el hecho concreto de la existencia de una institucionalidad castrense transformada en la actualidad. Es decir, las fuerzas armadas, pese a todos los vaivenes de poder en la época democrática, no ha roto las reglas de sucesión de los poderes institucionales creadas por los regímenes civiles de las décadas pasadas. Eso no significa que el   Ejército como institución haya desaparecido del mapa de poder en Guatemala. En todo caso, el   Ejército nacional sigue siendo un factor clave en Guatemala; ya no por ser la fuerza política gobernante, sino por su propia naturaleza legal-institucional, su posición doctrinal y su predominio en el ámbito de las fuerzas de seguridad guatemaltecas.

Por otra parte, se complejiza el panorama ante el poder militar extra institucional que ha dado origen a nuevos núcleos de dominio, oscuros y multisectoriales, consolidándose como CIACS y redes político-económicas ilícitas alrededor de militares en situación de retiro.

En este sentido, lo sui generis del gobierno patriota consiste en el reencuentro institucional de estos dos ámbitos del poder militar, creando una situación peculiar que no corresponde a una lógica tradicional de militarización. El carácter político-militar no proviene de la restitución de la institución armada como fuerza gobernante, sino de la interacción formal-informal entre redes de poder en amplias zonas grises dentro del aparato estatal, y cuyas finalidades estarían caracterizadas por la acumulación indebida de poder y riqueza. En esas interacciones participarían actores de los dos ámbitos.

De esta manera se conforma una estructura vertical, incrustada en la institucionalidad estatal, que reúne complejas redes ilícitas que se han articulado desde lo militar y lo político-partidista, en confluencia con poderes de facto que operan desde lo económico y lo regional.

Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se encontraban en la cima.

La complejidad de las redes ilícitas es descrita por el comisionado Iván Velásquez como “un fenómeno ilícito de actividad mixta político-económica, de carácter formal e ilegal, que subyace y materializa en las capas inferiores de la realidad guatemalteca (…) Son grupos de poder real para el enriquecimiento ilícito y la impunidad. No son una entidad gubernamental, ni son una entidad estrictamente privada. Son entidades adaptativas mixtas, y por ello, eminentemente transicionales, desplazándose entre lo público y lo privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo formal y lo informal, que en lo referente a las acciones típicas cometidas son de múltiples formas: espiar, cohechar, coludir, confabular, captar, transportar, contrabandear, corromper, lavar activos, asesinar, etcétera (…) Estas estructuras no solo están compuestas por agentes abiertamente criminales, sino hay una zona (…) entre lo legal y lo ilegal; esa zona opaca o gris, integrada por empresarios, juristas, bancos, etcétera, que es necesario también identificar para lograr efectivamente la desvertebración de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad…”

En efecto, durante los últimos meses se han conocido una serie de casos, denuncias y noticias sobre la actuación de estas redes ilícitas, en especial de la red denominada “La Línea” que ha conducido a procesos judiciales contra Pérez Molina y Baldetti Elías.

De acuerdo a la CICIG, La Línea “es una estructura compleja y flexible que se ha mantenido con roles específicos en cuanto al trámite de documentos, al cobro de las “colas” o sobornos, a la custodia de la mercadería y a la coordinación entre funcionarios de SAT.” Para ello se articularon redes internas y externas a la Superintendencia de Administración Tributaria, dirigidas a lo interno por los ex superintendentes Carlos Muñoz y Omar Franco. Asimismo, las investigaciones de CICIG y MP han destapado que Otto Pérez y Roxana Baldetti dirigían La Línea, a través de Juan Carlos Monzón, Estuardo González y Luis Mendizábal.

No obstante, La Línea no es el único caso que revela conexiones opacas y grises de las redes incrustadas en la institucionalidad estatal y cuyos vasos comunicantes atraviesan el entramado político-militar gobernante.

“El llamado 'Caso Redes' que la CICIG y el MP investigan, y en el que está implicado Gustavo Martínez, exsecretario General de la Presidencia, y yerno de Otto Pérez Molina, apunta ahora a una transnacional clave dentro del sector eléctrico: Jaguar Energy”, escribe Luis Solano. De acuerdo a la CICIG también la empresa Z-Gas, el juez José Luis Patán Piché y el ex superintendente tributario Carlos Muñoz están implicados, mientras “el centro de esta red sería César Augusto Medina Farfán, un personaje relacionado con muchas personas influyentes de alto nivel y descrito como “gestor con influencias”.

Juan de Dios Rodríguez López fue capturado en mayo del presente año por aprobar y avalar, según la Cicig, el contrato irregular suscrito con la droguería PISA de Guatemala S.A. para proporcionar servicios de diálisis peritoneal. Entre otras personas, también Otto Fernando Molina Stalling, Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, Edgar René de la Peña Archila, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Arturo Adolfo Castellanos Poou son vinculados al llamado “Caso IGSS-Pisa”.

Durante la administración de Mauricio López Bonilla, en el Ministerio de Gobernación (MINGOB),  se organizaron redes ilícitas en la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP):

“A pesar de haber sido condenado, Lima Oliva logró continuar con sus actividades criminales y hacer uso de sus contactos en el  Ejército y el gobierno. Durante los 13 años que lleva recluido, ha logrado construir un poderoso y lucrativo imperio desde prisión y con la protección del sistema penitenciario (...) En setiembre de 2014, su imperio se vio finalmente truncado. Tras más de un año de investigaciones, la CICIG logró desmantelar la presunta red de corrupción que dirigía Byron Lima desde la cárcel, la cual llegaba hasta las más altas esferas del sistema penitenciario. Junto con él fueron detenidos el director del Sistema Penitenciario, Édgar Josué Camargo, el ex-sub-director del Sistema Penitenciario, Edy Fisher, y 12 personas más.”, señala un informe de WOLA.

En junio de 2015, según la Cicig,  se capturó al ex Subdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Florentino Rodríguez Heredia, además de ex jefes, ex asesores y particulares, sindicados de defraudar el presupuesto de la institución.

El ex ministro López Bonilla, añade Phillip Chicola, también “es investigado por anomalías en el contrato de cámaras de video-vigilancia y por los privilegios que gozaba Jairo Orellana en prisión".

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Por otra parte, la BBC reporta sobre una investigación de un caso de corrupción que involucra a Alejandro Sinibaldi, a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) entre 2012 y 2014, así como a 108 diputados del Congreso de la República. Según la BBC, se trata de un entramado de soborno para aprobar de manera irregular el contrato de la carretera CA-2 Occidente a favor de Constructora Norberto Odebrecht en 2012. Breves anotaciones hechas a mano relatan la amplitud de ese entramado.

De acuerdo con la BBC, “el papel está escrito a mano, con el título "GUAT". Arriba tiene el nombre del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, luego el de su exministro y precandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, y el de un estratega electoral. Debajo, hay un cálculo de dinero. "20 x US$50.000 => US$1.000", dice. (…) La Policía Federal brasileña, que halló el documento investigando el caso, sospecha que las cifras aluden a donaciones por US$1 millón a la campaña de Sinibaldi (…) En los documentos sobre Guatemala incautados al director de OAS también aparece escrito a mano algo que según los investigadores brasileños podría aludir pagos a congresistas: "Congr. = 40 x 105 => 4.000 = 25%. 75% pos". En otras palabras, unos 40 mil dólares para cada diputado guatemalteco que vote a favor del financiamiento de esa obra.

El ámbito privatizado de la obra pública es un asunto complejo que genera “disputa entre los contratistas por capturar las asignaciones presupuestarias destinadas al pago de los contratos“, según el libro Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas . “Para resultar ganador de esta contienda se requiere una cuota de poder político suficientemente fuerte como para permitir varias situaciones. Primero, se requiere influir o controlar la decisión de los diputados para que aprueben las asignaciones requeridas en el presupuesto, además de influir o controlar a los funcionarios del CIV para que realicen los pagos. Como tercer punto, es muy importante lograr que las asignaciones presupuestarias no se manipulen o desvíen hacia otros contratistas (políticamente afines).“

Igualmente complejo es el entramado de la obra pública en lo regional, donde se han consolidado redes ilícitas alrededor de diputaciones distritales, “cuyos hilos de poder”, como escribí en un artículo ya citado, “traspasan 21 departamentos y se han constituido en un fenómeno de importancia nacional con la capacidad sostenida de influir, negociar, definir y operar en la institucionalidad democrática central, regional y local. En especial, la adjudicación descentralizada de contratos públicos constituye el terreno natural de influencia y poder de los diputados distritales. Su posición privilegiada en el Congreso permite control y manipulación de las ejecuciones gubernamentales a través del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, -conocido como Listado Geográfico de Obras-, cuyos presupuestos aprobados oscilaron anualmente entre 10.9 y 14.6 mil millones de Quetzales desde el 2006.” Esa obra regional es ejecutada a través del Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE) y es dirigido a nivel nacional a través de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

Estas redes político-económicas ilícitas regionales son piedra angular del financiamiento político en Guatemala, realizando “la recaudación, informando o no a las estructuras nacionales de los partidos (…) [De esa manera,] en torno a muchos de los líderes políticos distritales y municipales se han construido auténticas estructuras de corrupción que a través del control de la obra pública posibilitan el enriquecimiento ilícito de los políticos, el funcionamiento de las estructuras territoriales de intermediación, y el financiamiento de las campañas electorales.”

Y por último, otro papelito, encontrado en el marco de las investigaciones de La Línea, permite vislumbrar la magnitud orgánica y financiera de estas redes.

Lo encontrado “durante los allanamientos a las propiedades de Estuardo González, uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera La Línea, reveló cómo se habría adquirido el helicóptero Bell 407 que le regalaron al presidente Otto Pérez Molina (…) Según el “papelito”, los exfuncionarios que aportaron para la compra del helicóptero fueron: Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación; Manuel López Ambrosio, exministro de Defensa; Erick Archila, exministro de Energía y Minas; y Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS.” El valor del regalo: más de 3 millones de dólares.

Sin duda, los casos relatados son una muestra selectiva y no constituyen la totalidad de redes ilícitoas que operaron a la sombra de OPM en y alrededor del Estado guatemalteco. Sin embargo, permiten un ordenamiento inicial que deja entrever una imagen preliminar:

Otto Pérez Molina enfrentará un proceso judicial por su vinculación con La Línea. Allí se tiene que individualizar y comprobar la comisión de delitos. Allí se decidirá sobre su futuro.

Otro aspecto es el significado societal de ese conjunto de poderes y redes para el futuro de Guatemala. Es una reflexión aún inacabada.

Las zonas grises

En este sentido, las zonas grises merecen especial atención. Son grises porque no permiten una categorización simplificada, sino constituyen complejas esferas de poder (militar extrainstitucional, empresarial y criminal) que se traslapan entre sí, que funcionan dentro o fuera del sistema político y que intervienen sobre la institucionalidad estatal desde su interior o exterior, e incluso de manera paralela y oculta.

Grises son también los actores. Las redes ilícitas “no son una entidad gubernamental, ni son una entidad estrictamente privada; son entidades adaptativas mixtas, y por ello, eminentemente transicionales. Estas se desplazan entre lo público y privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito y entre lo formal y lo informal, y tienen por finalidades lograr: a) poder indebido (político y/o económico), b) influencia indebida (política y/o económica), c) impunidad para sus acciones ilícitas y d) enriquecimiento indebido.”

En este sentido, la complejidad del momento consiste en actores opacos y flexibles que han desarrollado la capacidad moverse en y entre múltiples esferas de poder y entre ellas. En el caso de las redes que operan en el gobierno patriota se observa una interacción de estructuras internas y externas.- Es decir, traspasan de manera indiferente los límites de la estatalidad. Sin embargo, en esa interacción interna-externa no rigen únicamente lo legal-formal, sino la finalidad de esas redes requiere también de operaciones en lo alegal-informal y/o lo abiertamente ilegal. Muchas veces, esas formas de acción también se traslapan y se vuelen grises, encubriendo lo ilegal en las formalidades de la legalidad.

Por todo eso, se reafirma lo que ya dije en otro artículo: que las elites económicas, las redes criminales, los poderes (ex)militares y la clase política, entre otros, convivieron y consintieron conscientemente estas zonas grises, y por ende, son corresponsables de su origen y continuidad.

En efecto, las redes ilícitas y los poderes de facto han demostrado su capacidad de adaptación y permanencia en una realidad cambiante.

Por ejemplo, La Línea es descrita como la continuidad de las redes de defraudación aduanera que surgieron a la sombra de los gobiernos militares de la década de 1970. Los CIACS son un fenómeno crecido en los vaivenes de las estructuras contrainsurgentes de las décadas pasadas, reconocido en el Acuerdo de Global de Derechos Humanos en 1994 y retomado a principios de este milenio ante la evidencia de la continuidad de estas redes ilícitas. Las elites económicas se sostienen sobre las asimetrías sociales de un sistema arraigo de desigualdades e injusticias. Las estructuras criminales, especialmente del narcotráfico, han surgido de las zonas grises de la década de 1980; y también las redes político-económicas ilícitas de carácter regional e incrustadas en el Congreso son un fenómeno con capacidad de reelección y perpetuidad.

En otras palabras, la flexibilidad y capacidad de adaptación de las redes ilícitas ha sobrepasado los ciclos de cambio; y también los cambios de gobierno.

Por ahora, Otto Pérez Molina está en la cárcel.

Pero al mismo tiempo, las redes de poder y los partidos de tercera generación se disputan su puesto.