5272: una ley hipócrita y atentatoria contra los derechos

Políticamente, ¿qué significa? La aprobación es una muestra de la voluntad reaccionaria y conservadora del poder político. Representa parte de una agenda de derecha más extensa, que se dirige contra aspiraciones de mayor igualdad, libertad, goce de derechos y realización de identidades diversas. Específicamente se dirige contra la agenda del movimiento feminista y de la diversidad sexual, así como lo que representan.

Sin embargo, también se debe reconocer que no se podría haber aprobado sin la existencia de un fondo social conservador y mojigato de la sociedad guatemalteca. Además de la apatía de sectores amplios e importantes de la población frente a este hecho, se debe considerar que la influencia de posiciones religiosas y políticas conservadoras es muy fuerte y habrá sectores que también estén de acuerdo con los planteamientos que expresa la ley.

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Además, es una ley hipócrita y atentatoria contra los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Es hipócrita porque dice defender la vida y la familia, pero en realidad lo que hace es estrechar y ajustar las definiciones a posiciones conservadoras. Si el Estado guatemalteco se interesara realmente en la vida de las y los ciudadanos no habría tantas muertes por COVID-19 y habría mejores condiciones de salud, educación y trabajo para la población. No se interesa por la vida de las mujeres ni de niñas y niños que viven en la miseria o son objeto de abusos y todo tipo de violencias. No se interesa por la defensa de la familia, sino de una concepción estrecha de familia, de tintes religiosos. Más allá de declaraciones hipócritas, no se observan acciones acordes a los supuestos objetivos que plantea la dichosa ley

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Restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto (es más, lo penaliza), de promover visiones distintas a las visiones conservadoras y religiosas de la sexualidad e identidad (que tienen estudios e investigaciones detrás) y de las personas de la diversidad a formar familia. Esta puede ser su mayor debilidad porque debería ser declarada inconstitucional. Lo que debería lograrse si existen acciones de presión social y legales que busquen su derogación. En este sentido, también las universidades (las privadas y la estatal) deberían pronunciarse en contra de la ley y ofrecer una discusión y acción educativa basadas en argumentos racionales, científicos y filosóficos.[1]

A estas alturas del siglo veintiuno, una ley hipócrita y atentatoria contra los derechos como la 5272 no debería existir. Pero su existencia debe ser una oportunidad para discutir y promover acciones favorables al respeto de los derechos humanos, de la educación sexual laica y de la diversidad sexual. Se trata de aprender a respetarnos y convivir con nuestras diferencias.