A un año de la crisis política y las movilizaciones de octubre 2023

Pero en 2024, octubre tiene también una significación más inmediata: estamos a un año de la crisis política desencadenada por el pacto de corruptos, encabezados por el Ministerio Público de Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, del juez Fredy Orellana y el presidente Alejandro Giammatei (entre los más conspicuos) y sus intentos de revertir los resultados de las votaciones generales de 2023 e impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Fue, como señalaron varios analistas, un golpe de Estado en cámara lenta.

Ya se habían hecho esfuerzos para oponerse a esta consolidación de lo que Carlos Figueroa Ibarra llamara una dictadura delincuencial, pero la gota que rebalsó el vaso fue el secuestro de las actas de votaciones por el fiscal Curruchiche. Ante ello, se produce una movilización popular encabezada por las autoridades indígenas (cuya figura más visible, pero no única, fue la de los 48 Cantones) que llegó a constituirse como un desafío inmanejable de las autoridades corruptas y frustraron su intento de golpe de Estado.

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Las autoridades indígenas lograron convocar a miles de personas en sus respectivas localidades, pero también supieron canalizar el hartazgo de otros sectores como las capas medias y urbano populares de la capital del país. Hay imágenes de las protestas que quedan para el recuerdo de la resistencia: los representantes ladinos aceptando el liderazgo de las autoridades indígenas, la «carga de caballería» de las motos de la colonia Bethania frente a la policía o los bailes y las actividades lúdicas que se realizaron en distintos calles y carreteras del país.

La combinación de cierta presión internacional, la fuerte movilización popular y algunas acciones institucionales (como la posición que asumió el Tribunal Supremo Electoral), permitió frenar al pacto de corruptos, que se respetaran los resultados y que las autoridades electas tomaran posesión (en forma sufrida) en enero de 2024.

Aunque de muy baja calidad y sin poder resolver los problemas estructurales del país, estuvimos a punto de perder las formas democráticas. Se debe hacer toda la valoración crítica al gobierno de Semilla, pero es claro que estaríamos mucho peor si el pacto de corruptos hubiera ganado la crisis pasada.

La disputa por el Estado no ha terminado, como se observa en el estira y encoge de las elecciones a cortes y en muchos otros aspectos de la gestión estatal. El gobierno de Arévalo y Semilla no tiene fácil el camino: no ha logrado concitar el apoyo popular que le permitió llegar al gobierno y no ha logrado enfrentar cabalmente al pacto de corruptos.

Hay contradicciones demasiado profundas para resolverse por la vía estatal. Pero hay aspectos posibles y necesarios como vencer al pacto de corruptos. Esta disputa sigue abierta.