Aceros de Guatemala, el primer “pez gordo”

Las más de 90 mil escuchas telefónicas que sirvieron al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigar el caso La Línea, siguen dando golpes. A partir de éstas, las autoridades identificaron otra de las operaciones criminales de esta estructura, y llegaron hasta el primer pez gordo del caso: la empresa Aceros de Guatemala S.A., (AG) compañía líder en el sector de hierro para construcción, a la cual acusan de defraudación tributaria por Q255,612,266.82 y la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores (un pago del Estado a la empresa) por Q11.8 millones. Todo esto empleando a agentes externos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a los propios altos cargos de la institución, como el Superintendente y los intendentes  de los departamentos Jurídico y de Fiscalización.

Los antecedentes de este caso se remontan al periodo entre enero de 2006 y enero de 2009, lapso en el cual la SAT, en una denuncia presentada en 2012, acusa a Aceros de Guatemala S.A. de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria al detectar anomalías en sus reportes fiscales. Aceros de Guatemala S.A. (AG) fue inscrita definitivamente el 3 de julio de 1981 con un capital de Q3.5 millones con José Luis Gabriel Abularach como administrador único. Su  capital creció exponencialmente en septiembre de 2001 cuando en asamblea de accionistas este se amplió en Q300 millones; en agosto de 2007 la empresa aprobó otro incremento para sumar Q600 millones de capital; y en diciembre de 2013 sumó Q200 millones más, para alcanzar un capital total de Q800 millones.

La compañía es una de las dos únicas que produce varillas para la construcción en Guatemala, producto que exporta a Centroamérica. Opera con los nombres comerciales de Distun, Despensa Ferretera y Ferretería Ferrominera, y entre 2010 y 2015 fue beneficiaria de 47 contratos con diferentes dependencias del Estado, por un total de Q42.367.913, según los registros del portal Guatecompras.

Por este caso fue detenido el último  representante legal de AG registrado, Pedro José Raúl Paiz Valdez, así como los representantes y mandatarios de la empresa Tres Puertos: Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc. Según la hipótesis del MP y la CICIG, Tres Puertos habría sido contratada por AG para solventar sus denuncias ante la SAT de forma anómala. Esa empresa fue inscrita de forma definitiva en noviembre de 2001, y tiene entre los objetivos de su creación “prestaciones de servicios, gestiones ante la dirección general de aduanas…”, según consta en el reporte de sociedades del Registro Mercantil.

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Estas investigaciones siguen el rastro de las indagaciones del MP y de la CICIG del año pasado sobre la forma de operar de una estructura interna en la SAT en paralelo con una estructura externa que se beneficiaba en la reducción de las pólizas de importaciones. El nexo entre los casos de 2015 y éste es una figura clave: Geovani Marroquín Navas.

Los topos dentro de la SAT

Marroquín Navas fue intermediario entre la dirigencia de la SAT y operadores externos de La Línea. Una figura recurrente en el despacho del Superintendente de Administración Tributaria, al menos desde la época de Carlos Muñoz Roldán (2014), y luego con su sustituto Álvaro Omar Franco Chacón, antiguo intendente de recaudación.

Según la fiscal general del MP, Thelma Aldana, Tres Puertos contacta a Marroquín para que éste opere dentro de la SAT a favor de AG y altere  los dictámenes emitidos en su contra y la devolución del crédito fiscal. En esa operación, según Aldana, también participarían Frank Trujillo, abogado de AG; así como Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc, ejecutivos de Tres Puertos.

El caso en contra del AG inició el 14 de marzo de 2012, cuando la SAT denunció a esa empresa por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación (expedientes C1079-12-124, C1079-12034 y C1079-12-310). En agosto de ese año, la defensa de AG  logró que un tribunal desestimara el caso, pero la apelación de la Fiscalía de Delitos Económicos del MP en marzo de 2013 permitió la continuación de las investigaciones. Sin embargo, en octubre de 2014, la defensa de AG logró detener de nuevo el proceso, y convenció al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal para que pidiera a la SAT revisar los documentos de prueba presentados en contra de la empresa. Es en esa fase donde interviene Marroquín, quien utiliza sus influencias en la SAT para que los dictámenes que responsabilizaban a AG fueran modificados a su favor. El MP y la CICIG se enteraron de esos movimientos, gracias a las intervenciones telefónicas.

Mientras se gestaba la caída de Muñoz, y el ascenso de Franco, el siempre proactivo Marroquín mantenía contacto con el abogado de AG, Frank Trujillo. Una escucha del 20 de diciembre de 2014 entre Marroquín y Trujillo muestra el acceso de Marroquín a los documentos internos de la SAT en los que se buscaba exculpar a AG.

Marroquín le lee a Trujillo parte de la resolución:

“Con base en la información analizada se concluye que probablemente los que cometieron los ilícitos fueron los proveedores de la primera línea de la entidad contribuyente tal, y los proveedores de la segunda línea no fueron localizados, y otros indicaron que no realizaron ventas, y otros no inscritos ante la entidad y otros fallecidos, siendo los siguientes los proveedores de primera línea: Luis Alberto no sé qué… segunda línea Luis Fernando no sé qué…”.

Trujillo: “Ya sólo faltó que dijeran que el otro no tiene responsabilidad, pero ahí se entiende que así es”.

Marroquín: “Cabalmente, lo estoy poniendo al día a usted,  para que no lo agarren de sorpresa”.

La estrategia, detalla la fiscal general, era librar de responsabilidad a AG, haciendo responsable de la defraudación a empresas intermediarias de cartón. Algunas con direcciones falsas y otros  inscritas a nombre de personas ya fallecidas.

Pero esta información era aún insuficiente para librar a AG de la persecución judicial. Marroquín se queja con una mujer desconocida, en una escucha del 30 de diciembre de 2014, por la redacción del texto: “Habían dicho que iban a poner un párrafo que yo ya había dado y eso era lo que satisfacía, pero al final no venía, no satisface el informe”, reclama. Para asegurar que la redacción final del dictamen de la SAT exculpe a AG, Marroquín se reúne el 7 de enero de 2015 con Alfonzo Romeo Castillo Castro, intendente Jurídico, y con Ariel Guerra, intendente de Fiscalización de la SAT, según consta en las llamadas interceptadas.

El abogado de AG, Trujillo, señala las deficiencias del documento  de la SAT, en conversación con Marroquín intervenida ese mismo día: “Le comento que no está dada la respuesta que pidió el juez, en sentido de la competencia, y específicamente es que ellos informen a nosotros si cumplieron o no con las obligaciones tributarias y en su caso quiénes son los responsable.  Y la obligación de la SAT es informar sobre las obligaciones y dar con los responsables es obligación del MP”.

El 13 de enero, Marroquín le lee a Trujillo la nueva redacción del dictamen que emitirá la SAT:  “Indicó que en la entidad requerida cumplió con sus obligaciones tributarias” —dice el intermediador — “memorándum  para la licda, Evelyn Julissa Natareno Gómez, jefe de departamento de verificaciones, intendencia de asuntos jurídicos, de Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes”.  El dictamen fue emitido al día siguiente, y el 19 de enero, en audiencia ante el juez, la representante de la SAT, Alicia López Paiz no se opone  la solicitud de la defensa de AG de “desestimación parcial” del caso contra la empresa por Q255.6 millones por defraudación.

MP gana tiempo y AG va por más

El revés sufrido por la fiscalía de Delitos Económicos al enfrentarse a un nuevo dictamen adverso y la pasividad de la SAT, es paliado en la siguiente audiencia el 23 de julio de 2015. El MP aduce que aún hace falta analizar información contable provista por bancos, y logra reprogramar para una audiencia el 9 de octubre de 2015. Lo que desconocía entonces la defensa de AG es que también ellos, así como los representantes de Tres Puertos ya habían sido escuchados en intervenciones a raíz del caso La Línea. Así como que en el teléfono celular que le fue incautado a Marroquín, en abril de 2015, se había encontrado un documento donde se detallaba la forma en que se repartirían los Q11,8 millones de la devolución del crédito fiscal que había logrado de manera anómala a favor de AG.

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Ya aplacada temporalmente la denuncia contra AG por defraudación fiscal, en enero de 2015, Marroquín activó la red criminal que operaba en la SAT para conseguir la devolución de un crédito fiscal por Q11.8 millones a favor de AG. El crédito fiscal es el monto pagado por una empresa al adquirir un producto y que puede ser deducido ante el Estado. El 20 de enero, en otra escucha telefónica, Marroquín presume de tener conocimiento de la devolución de los Q11.8 millones para AG por confirmación de SAT y trámite del Banco de Guatemala. Y el 27 de enero el dinero es cobrado.  En una comunicación previa, Marroquín detalla que percibirá un 11.5% de lo entregado a AG, de lo cual una tercera parte será usado para pagar a las autoridades de la SAT. Sin embargo, no detalla cuál será su comisión final o si además tendrá que remitir una cuota a autoridades superiores.

El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, recordó el rol de Marroquín en el caso La Línea: servía de enlace con figuras superiores como Juan Carlos Monzón Rojas (secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti) y de Salvador Estuardo González, alias “Eco” (quien ha admitido llevar asuntos comercial para el expresidente Otto Pérez Molina).

La información que el MP y la CICIG han logrado recabar sobre los actos de corrupción que esta estructura criminal realizaba en la SAT podría involucrar a otros “peces gordos”. Las investigaciones continúan, aseguró Velásquez.