Solórzano Foppa: En 2017 habrá “casos más grandes y contundentes” contra evasores fiscales

En marzo de 2016 ese nivel fue remodelado, y en el despacho que antes ocuparon superintendentes que hoy guardan prisión (condenados o procesados por defraudar al Estado, como Marco Tulio Abadío, Omar Franco y Carlos Muñoz Roldán), ahora se planifican las estrategias para sanear la institución, perseguir a los evasores fiscales, incrementar los ingresos tributarios y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Juan Francisco Solórzano Foppa, un abogado de 33 años, especialista en análisis estratégicos y política criminal, lidera el equipo de profesionales que se han fijado esas metas. En esta entrevista, explica los retos más importantes que se ha fijado la SAT para 2017, como la implementación de la factura electrónica, la aplicación de la reforma de la normativa de secreto bancario y la puesta en marcha de la gerencia de Asuntos Internos para continuar con el proceso de depuración de la institución.

El Plan Operativo Anual de la SAT para 2017 incluye como factores a considerar para cumplir sus metas, una legislación tributaria que los respalde y el establecimiento de “alianzas estratégicas”. ¿Cómo buscarán estos apoyos?

Le añadiría a estos factores un apoyo del poder Legislativo que estuvo muy activo con las reformas a la Ley Orgánica de la SAT (decreto 37-2016), y que este año tiene grandes retos como nuevas normativas que están siendo discutidas en el Congreso y donde nosotros esperamos tener respaldo. Hemos tenido apoyo del Congreso y del Ejecutivo y es fundamental seguir teniéndolo; estamos convencidos de que así va a hacer. De igual forma lo esperamos del Directorio de la SAT.

¿Qué alianzas estratégicas buscarían?

La SAT es una institución que debería estar aliada con todo el mundo, pero estratégicamente vamos a seguir trabajando con el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con quienes hemos trabajado muchos casos y obtenido buenos resultados. También vamos a fortalecer y crear nuevas alianzas con sectores privados que nos han funcionado en 2016, y algunas que nos pueden reforzar en 2017.

¿De qué forma quieren establecer este vínculo con el sector privado?

Vamos por varios ejercicios donde será importante la participación del sector privado, uno de éstos es a través del Coincon (Consejo Interinstitucional de Combate al Contrabando). Allí estamos teniendo unas primeras pláticas con el sector privado organizado. La Cámara de Industria está como un invitado cuasi permanente, y estamos buscando a otras cámaras. Vamos a presentar un plan de combate al contrabando; primero una política general y luego el plan para este año.

El combate al contrabando es bien visto por una parte del sector privado, pero en el tema de la devolución del crédito fiscal aparecen los roces y desencuentros.

En el tema de devolución del crédito fiscal hemos sido bien transparentes: buscamos a los involucrados e hicimos público en la página de la SAT el listado de devolución. Estamos mejorando un módulo dentro de la agencia virtual para que cada uno sepa en qué estatus está su expediente, qué funcionario lo tiene para que puedan darle un seguimiento. Somos conscientes de que tenemos una presa bastante grande (entre cuatro y cinco años en el listado); los estamos buscando para ser más eficientes en la devolución del crédito fiscal, pero también es conocido que heredamos una situación bastante caótica en los expedientes.

¿Han sentido la presión desde el sector privado por la labores de fiscalización?

Pagar impuestos siempre es algo difícil, no hay nadie a quien le guste, pero en ese sentido somos conscientes, como equipo de trabajo, de que las decisiones que tomamos no son basadas en popularidad o en si van a afectar a una persona o grupo determinado. Primero, son decisiones basadas en ley; segundo, son decisiones que se toman como parte del día a día; y tercero, en las decisiones que tomamos como equipo de trabajo buscamos beneficiar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, si hay personas que se sienten agraviadas, molestas, afectadas por nuestras decisiones o por los casos que hemos trabajado, son gajes del oficio.

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Entidades y empresas con capacidad de influencia política han manifestado animadversión por esas decisiones. ¿Considera a estos sectores como adversarios poderosos de la SAT?

Nosotros no miramos esas situaciones, y tampoco podemos ver el tamaño del adversario, como usted le dice, o del contribuyente, o si ese contribuyente tiene o no la capacidad de influir o hacer otra situación, no son factores determinantes. Creemos que si jurídicamente procede hacerles un ajuste, hacerles un cobro o una intervención, lo hacemos sin medir todas estas cuestiones. Porque en el momento en que nos pongamos a medir todos estos aspectos, de verdad vamos a caer en una fiscalización selectiva, que no es lo que queremos hacer.

La fiscalización selectiva es justo el principal argumento que los empresarios esgrimen contra la SAT y su gestión.

Así es. Pero para nosotros la generalidad tiene que seguir siendo la regla y no la excepción.

¿Tiene previsto incrementar la recaudación por vía de procesos judiciales en 2017?

Se vienen casos más grandes, lo que no necesariamente significa que se vaya a incrementar la recaudación por esa vía. La recaudación en términos judiciales es muy variante, porque depende de muchos factores externos que nosotros no podemos controlar, como el ritmo de la investigación, los plazos judiciales, o la voluntad o no de pagar. Para nosotros es importante dar buenos casos y contundentes en 2017, y hacia eso vamos. Ahora bien que tanto vaya a aumentar o disminuir la recaudación es difícil estimarlo, estamos apostando mucho más a la recaudación como un cumplimiento voluntario y general de los contribuyentes.

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Cumplida con creces la meta de recaudar más de Q53,680 millones para 2016, los números parecen avalar a Solórzano Foppa. Su designación, en marzo del año pasado, con un perfil de fiscal al frente de la Unidad de Análisis Criminal del Ministerio Público, respondió a la coyuntura de un inexperto Ejecutivo que se veía con el agua al cuello con el riesgo de no lograr financiar al gobierno en su primer año de gestión.

La SAT requiere cambios en procesos internos y de personal, ¿por qué ha sido tan difícil reemplazar empleados en las Aduanas, por ejemplo?

Cuando sacamos la convocatoria pública, en mayo del año pasado, era muy pronto; empezábamos en la administración y la institución viene arrastrando cierta reputación que, lamentablemente se la ganó con el mal actuar de muchos de sus funcionarios anteriores y eso también hizo que mucha gente dentro de la institución se quisiera salir, y que mucho talento no haya querido ingresar. Sin embargo, la convocatoria para plazas tuvo buena acogida, buenos perfiles: hubo 35,150 solicitudes. Hay algunas áreas donde nos vamos a quedar cortos de personal. El área de Aduanas es siempre la más difícil de encontrar gente por las condiciones de trabajo, la lejanía de los lugares, la ubicación, en algunos casos por la seguridad e infraestructura. Estamos trabajando para mejorar estas condiciones, pero va a llevar tiempo.

Y es también el área más vulnerable de la institución, principalmente en lo relacionado con el contrabando y la defraudación aduanera.

Sin duda alguna. Y no sólo eso: también hay un cansancio del personal que ha estado y que le ha tocado quedarse cubriendo extensas jornadas de trabajo. Acaban de ingresar 94 nuevos técnicos de aduanas, como parte de un plan de adiestramiento, con esto empezamos a solventar las vacantes, pero también ya se había ido gente. La mayoría de plazas que están ingresando sólo han servido para reemplazar los que se han ido, eso no nos ha permitido dar un salto cuantitativo en las personas que tenemos y se refleja en los atrasos de algunos procesos que llevamos.

¿Se ha saneado la institución?

Para nada, yo lo he dicho siempre: eso es un proceso continuo, cíclico, imparable. Necesitamos estar siempre en constante saneamiento. Lamentablemente todavía hay muchas áreas de discrecionalidad donde los funcionarios públicos pueden decidir o incidir, no todo lo fundado que debería ser. Y en la medida en que no automaticemos los procesos y utilicemos tecnologías de información para ayudarnos, esta situación se puede mantener.

Esto será tarea de la nueva Gerencia de Asuntos Internos. ¿Cómo funcionará?

Seguimos nombrando gente, estas primeras semanas del mes van a empezar a trabajar 15 personas nuevas, nos va a permitir llegar a 25. Estamos ya con la capacidad de tener ciertos equipos de trabajo, ciertas funciones, estoy convencido de que vamos a comenzar a ver casos a lo interno de la institución desde lo administrativo hasta procesos penales, en los cuales tenemos que tomar decisiones contundentes, y que van a servir al saneamiento de la institución.

¿Una gerencia así hubiera podido detectar el pago ilegal para agilizar la devolución del crédito fiscal, como el que se presume se dio en el caso Aceros de Guatemala?

Creemos que en un futuro podremos estar en condiciones de detectar ese tipo de actividades. Siempre vamos a necesitar el apoyo de la ciudadanía, la denuncia y la auditoria social; confiamos en que en la medida de que seamos más transparentes vamos a ir ganando su confianza y ellos se irán acercando y denunciando este tipo de actos ilegales.

¿Qué capacidades tiene la Gerencia de Asuntos Internos para esta labor?

Tienen facultad para hacer investigación y acceso a nuestros sistemas de información, están trabajando de la mano con Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación para mejorar las capacidades de investigación técnica y científica. Esperamos dejar muchos de estos avances en buenas prácticas que se queden en la institución.

La implementación de secreto bancario —la consulta de registros bancarios con fines de fiscalización tributaria— se implementará en febrero. ¿Están listos para ello?

Nos estamos preparando, no podemos decir que ya estamos listos, pero para finales de febrero cuando tengamos la facultad, estaremos más avanzados, trabajamos con instituciones aliadas que nos han dado tips y formas de operatividad todo esto. Para mí es muy importante, en la etapa en la que estamos, comenzar a tener comunicación con los bancos, entablar relación con ellos, explorar las maneras más adecuadas para compartir información y las vías para hacerlo.

Los grandes casos de evasión fiscal a los que se refería antes, ¿dependerán del uso de secreto bancario?

Vamos a lanzar un proceso de fiscalización específico y corto para el tema de secreto bancario, que nos sirva para empezar con la experiencia sobre qué podemos hacer y cómo podemos manejar la información derivada de éste. Vamos apostar a un plan piloto para medir resultados.

¿Cómo será ese plan?

La lógica será pedir información bancaria sobre casos de defraudación muy puntuales que hemos detectado. Lo vamos a ir trabajando a finales de este mes y principios de febrero. Es un reto para nosotros, estamos creando la Gerencia de Investigación Fiscal, que es una entidad nueva donde se trabajará el tema de acceso a la información bancaria, donde estará concentrada la información más sensible y nos permitirá cruzar la información bancaria con información de los impuestos y declaraciones de los contribuyentes.

Eso generará temores en el sector privado.

Va a ser un tema complejo, pero perfectamente legal; tenemos la facultad y nos va a servir en ambas vías. La información de los bancos nos va a servir para corroborar la información de terceros, que de otra forma no podíamos obtener.

Eso  remite, otra vez, a casos como los de Aceros de Guatemala. ¿Ese tipo de información hará más sólidos los casos?

Son casos montados con mucha información contable. Buscamos casos como esos, para, en un futuro, hacer muestras que nos permitan determinar mejor, y no tener que trabajar todo el caso para saber qué está pasando. Trabajaremos técnicas sobre el procesamiento de la información a lo interno de la gerencia de Investigación Fiscal, y sacaremos una campaña sobre el uso de secreto bancario.

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Con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la SAT se crearon nuevas instancias para sanear la institución, pero persisten procesos burocráticos y carencias en sus servicios. Los trabajadores se quejan de una acumulación kafkiana de documentos que los arrinconan y sepultan  entre cajas y cajas de papeles. Esta obsolescencia tiene por resultado espacios de discrecionalidad, errores e ineficiencia.

Una de las principales críticas contra la SAT es el retraso burocrático y tecnológico. ¿Cuentan con recursos para modernizar la institución?

Afortunadamente tenemos recursos; hemos hecho un plan de inversión pensando en cuatro años, que contempla un mínimo de Q800 millones y un máximo de Q1,200 millones. El margen es tan amplio porque hay un préstamo de US$50 millones del Banco Mundial, que esperamos sea aprobado este año por el Congreso. Vamos a poner Q800 millones de fondos propios para inversión, de éstos un gran componente es para tecnología. Yo he sido el primer crítico en aceptar que tenemos deficiencias en nuestros sistemas, algunas son de fondo, y nos va a llevar varios años en solventar.

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¿Qué tipo de deficiencias de fondo?

No podemos seguir mejorando software si el hardware es muy malo, y ya no tenemos capacidad de almacenamiento, necesitamos una red eficiente. El concepto de nuestro sistema es antiguo: el diseño del RTU (Registro Tributario Único), por ejemplo, tiene más de 19 años de estar funcionando como tal, y la SAT no se había planteado el recambio de este tipo de sistemas.

¿Implementar la factura electrónica de segunda generación dependerá de esa modernización tecnológica?

Tiene que depender de esto. Hoy por hoy no tenemos la capacidad tecnológica para implementarla; de hecho nos vamos a brincar de una vez a la factura electrónica de tercera generación, decidimos dar un paso más grande y tirarnos a facturación electrónica con validación, en tiempo real.

¿Qué ventajas tendrá esto para la recaudación?

Múltiples, y no solo para la recaudación y combatir la evasión fiscal, si no también para el contribuyente. La facturación electrónica pura hace que todo sea en formato digital y la transmisión con la validación en tiempo real nos obliga a estar conectados con todos los comercios, para que absolutamente todas las personas que emitan facturas validen su información en los servidores de la SAT. Esto es un reto tecnológico muy grande, significa que absolutamente todas las transacciones comerciales del país van a estar registrándose en tiempo real en la SAT.

¿En cuánto tiempo la implementarán?

Lo queremos implementar para septiembre de este año. Es uno de los grandes proyectos, probablemente el más grande viendo a futuro y, probablemente, el que va a representar el cambio más de fondo en la institución. Porque va a cambiar la forma en que la gente hace negocios, la forma en que declaramos, la forma en que devolvemos el crédito fiscal.

Una de las principales críticas de los usuarios es justamente lo complicado que resulta pagarle a la SAT.

Buscamos minimizar los trámites que se tienen que hacer. Presentar su declaración anual será tan fácil como cuatro clics, y tiene que estar precargada en el sistema. Estos son estándares que se han alcanzado en otros países, en México se está devolviendo crédito fiscal a las empresas grandes en 15 o 20 días hábiles, y a un contribuyente normal en dos o tres días hábiles. Esos son plazos que para nosotros deberían ser la meta a alcanzar y no tener las presas de cuatro o cinco años que tenemos actualmente en la devolución del crédito fiscal; por eso señalo que habrá un beneficio muy grande para el contribuyente al momento de que implementemos la facturación electrónica pura con validación en tiempo real. Para nosotros este es el proyecto más desafiante, y ha implicado buscar nuevas tecnologías como servicios en la nube.

¿Modelos de que países usarán en la implementación de esto?

Hay básicamente tres modelos que hemos experimentado: el brasileño, chileno y el mexicano. Cada modelo ha dejado lecciones aprendidas. Estamos trabajando con grandes firmas de tecnología, y eso dependerá de la decisión que tome el Directorio (a quién se contratará), pero lo más seguro es que vamos a explorar servicios en la nube, con servidores de este tipo para que nos permitan transmitir información cifrada en tiempo real, y que el cliente sepa que nuestros servicios no se van a caer, que si hay una contingencia hay alguna entidad reconocida internacionalmente que responderá.

¿Y de parte del usuario, qué cambios requerirá para un pequeño comercio?

De parte del usuario, no requiere mayores transformaciones, la mayoría están conectados, pero vamos a simplificar. Por ejemplo, los pequeños contribuyentes, a través de una aplicación de teléfono, van a poder facturar.

¿Qué figura utilizarán para esa contratación?

Eso ya es parte de la estrategia que vamos a discutir con el Directorio de la SAT. En realidad no hay tantas empresas que se dediquen a esto con la capacidad, estamos hablando de tres proveedores grandes en el mundo: Microsoft, Amazon, IBM; con esas empresas nos vamos a ir.

¿Cuánto costará?

Todavía lo estamos explorando, ya estamos haciendo pruebas piloto y explorando otras posibilidades, o un modelo hibrido que incluya tecnología nuestra y la de un proveedor, y el tema de costos lo tendremos que ver con el Directorio. Además, estamos en una etapa de negociación donde revelar los montos podría influir negativamente en la oferta de esos servicios.