Acoso y derribo a la justicia en Guatemala

Pero la sentencia del Tribunal A de Mayor Impacto sobre la muerte de don Andrés Pedro Miguel supone una bofetada mucho mayor a la justicia y puede tener consecuencias aun impredecibles. 

“Qué pocas palabras tengo,

y las que os digo están tan gastadas.

Habrá que buscar nuevos caminos

en los que no hagan falta las palabras”

          Lluis Llach, El jorn dels miserables

La “justicia” en Barillas

El caso de Santa Cruz Barillas ha sido una muestra del uso de la ley por parte de autoridades y empresas para criminalizar la defensa de las comunidades por sus territorios. Como ya dijimos en su momento, el Estado de sitio que se decretó el 1 de mayo de 2012 no se pensó para reponer la calma social amenazada tras el asesinato de Andrés Pedro Miguel; sino para otorgar un escenario para desmovilizar a la población organizada a través del terror y la detención de sus líderes.[1] De hecho, ése fue el único producto efectivo de esos 18 días: nueve personas detenidas y muchas más huidas, escondidas como habían hecho 30 años antes, todas ellas líderes de la resistencia.

Estas detenciones convirtieron a Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velazquez López, Pedro Vicente Nuñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Amado Pedro Miguel y  Marcos Pedro Miguel en presos políticos, que ha sido una de las formas con que los últimos gobiernos han  respondido las movilizaciones y protestas contra las políticas de despojo que se vienen implementando.[2]

Los delitos que se imputaba a estos líderes fueron tan evidentemente construidos y tan improbables, que en los dos casos judiciales puestos en marcha, sendos jueces tuvieron que liberar a los detenidos y terminar diciendo al MP que las pruebas aportadas no permitían probar los delitos por los que se les detuvo.[3] También el Procurador de Derechos Humanos tuvo que llamar la atención a cuatro de los jueces involucrados en los procesos,[4] y el Grupo contra Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas se pronunció al respecto.[5]

Pero para entonces, estas personas ya habían pasado ocho meses injustamente encarcelados, con violación de todos sus derechos, sufriendo vejámenes y amenazas; mientras sus familias eran hostigadas en Barillas y debían de mantenerse y hacer gastos extras por la situación de los presos. Pese a todo esto, no se ha dicho nada de resarcirles por este tratamiento injusto. Y además, el suplicio no ha terminado para ellos, pues pese a los plazos impuestos, los casos no se han cerrado y estas personas aun viven con miedo de volver a ser detenidos y  algunos no han podido recuperar sus trabajos.[6]

Una nueva farsa

Y tenían razón en tener miedo, porque la maquinaria de la represión por la vía legal continuó  convirtiendo a los opositores en criminales. El día 27 de agosto, cuando estas personas llegaron a la capital para cerrar el caso por fin, dos de ellos fueron nuevamente detenidos. Dando una vuelta más a la tuerca de la impunidad y forzando una vez más la verdad, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velázquez López fueron acusados de participar en un linchamiento ocurrido en noviembre de 2011.[7]

No importó que casualmente sólo fueran acusados ellos dos, no importó que dijeran –y sus allegados certificaran− que ellos no estuvieron presentes en los hechos. No importó tampoco que en el momento de la audiencia en Santa Eulalia, el 4 de septiembre, la acusación se refiriera a un linchamiento distinto, ocurrido éste en agosto de 2010.[8] De nuevo, todo esto dio igual, la verdad no contaba, y los dos fueron ligados a un proceso preparado ex profeso para ellos. ¿Por qué? Por haber formado parte de la oposición a Hidro Santa Cruz desde su puestos de liderazgo comunitario. Es la única línea que une toda esta historia.

“Indignación, rabia y desconcierto” [9]

El último episodio de esta cadena de burlas a la justica y la razón, ocurrió este miércoles 11 de septiembre, en el final del caso 118/2012 que el Tribunal A de Mayo Riesgo seguía contra Ricardo Arturo García López y Oscar Armando Ortiz Solares por la muerte de Andrés Pedro Miguel y heridas a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé en Poza Verde el día 1 de mayo de 2012.

En este caso había esperanzas de que se hiciera justicia. A pesar del retraso en hacerlo, las dos personas que todo el mundo en Barillas señalaba como responsables del asesinato, fueron detenidos y presentados el 27 de junio de 2012 por el mismo Ministro de Interior en persona y el Fiscal General, quien recalcó que  “investigará si de parte de la hidroeléctrica se pudo haber dado la orden o los guardias actuaron por su cuenta”, pues la hipótesis que se maneja por ahora es “la conflictividad entre la comunidad y la hidroeléctrica Santa Cruz”.[10] La empresa negó siempre cualquier vinculación con ellos, pero se encontraron pruebas jurídicas de que Ricardo Arturo García López era jefe de seguridad de Hidro Santa Cruz en Barillas.[11]  

En la fase de juicio, que se desarrolló durante casi un mes en la Torre de Tribunales, los sobrevivientes y testigos desgranaron sus recuerdos de aquel momento atroz ante los jueces Patricia Bustamante, Pablo Xitimul y Eugenia Castellanos.  La defensa mantenía la tesis de la defensa propia ante un ataque de los agredidos, pero se presentaron pruebas que parecían suficientes para mostrar la culpabilidad de los acusados. Incluso en Barillas, el presidente Otto Pérez había dicho “el viernes se espera sentencia en el caso del juicio, hay pruebas contundentes y que se dé la sentencia, no queremos impunidad y no importa quien sea, yo estoy para respetar la ley”.[12]

Por eso, el veredicto no pudo ser más demoledor para los familiares de don Andrés,  para Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, y para quienes estaban allá. Sólo se condenaba a 5 años –conmutables-, a Ricardo García López por haber herido a Pablo Antonio Pablo. A pesar de las pruebas de balística, de la coincidencia entre las armas y la bala encontrada en el cuerpo, el Tribunal A de Mayor Riesgo determinó que no se podía demostrar fehacientemente la culpabilidad de ninguno de los dos acusados en la muerte de Andrés Pedro. Por ello, solicita al MP que continúe buscando al responsable.[13]  Extraño todo esto ¿no? 

Más allá, dándole la vuelta a toda la noción de verdad jurídica, se montaba toda la sentencia sobre la supuesta existencia de un arma en manos de Pablo Antonio Pablo, de la que no hay ninguna prueba ni testimonio, pero que habría provocado la reacción en defensa propia  de los acusados.

¿Qué más contar? A pesar de las continuas menciones a lo largo del proceso, y de las pruebas de las vinculaciones laborales, Hidro Santa Cruz no aparece en ningún momento en la sentencia; salvo para una conclusión que se sale totalmente de las atribuciones de un Tribunal:  ordenó instituir una mesa de diálogo en Barillas “entre el Estado, los personeros de la hidroeléctrica Santa Cruz y tres líderes comunitarios (sic) del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a efectos de establecer la utilidad y necesidad de la hidroeléctrica en el lugar atendiendo la diversidad y necesidades culturales de la región fijándoles como plazo de tres meses“ (subrayado mío).[14] 

Derribo a la verdad

A unos días de tan tremenda burla a la justicia y el sentido común, las cosas se ven peor que antes. Por un lado, y a pesar de ser simple y burda, la estrategia de criminalización de la lucha de Barillas se consolida y se refuerza. Después de la nueva prisión de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, llega el triple salto mortal de la ley: si el Tribunal ha ordenado buscar a un culpable de la muere de Andrés Pedro, es probable que Pablo Antonio Pablo, víctima de un atentado por ser un luchador por la vida en Barillas, acabe siendo acusado del asesinato de su paisano, en base a una argumentación sin base, pero que ya quedó asentada en esta sentencia.

Además de Barillas y su lucha, todos los guatemaltecos salimos perdiendo con esa sentencia. La impunidad como arma para la implantación de actividades empresariales recibe un nuevo espaldarazo del sistema. A cambio, el respeto a la justicia y la noción de verdad –sea lo que sea que signifique− se nos sigue escapando cada vez más de las manos. ¿Quién puede llegar a decir lo que pasó aquel día? ¿Se convertirá en verdad la suposición interesada que construyeron Patricia Bustamante, Pablo Xitimul y Eugenia Castellanos? ¿Qué efectos tiene crear una verdad pervirtiendo la autoridad otorgada por la sociedad a quien ejerce de juez?[15]

¿Quién juzga a los jueces? Ésta es la pregunta que cada vez se oye más en las calles de Guatemala. Ante comportamientos como el de la Corte de Constitucionalidad en el caso de genocidio, el de Santa Eulalia con Saul y Rogelio, el del Tribunal A de Mayor Riesgo con este caso… ¿Qué se puede hacer? ¿Quién puede poner coto a ese poder absoluto sobre la vida de las gentes y la verdad de los hechos? ¿Cómo se puede acabar con la impunidad judicial?

Pero no queda ahí la cosa ¿Quién informa sobre los informadores? Si se intenta seguir lo narrado acá en la prensa escrita de mayor circulación, sólo se encontrarán retazos parciales de informaciones sesgadas. ¿Es casualidad que en la nota sobre la sentencia en Prensa Libre, Jerson Ramos afirme que “el disparo fue por la espalda”, algo que no se dijo en el tribunal?[16]  ¿O será que forma parte de esa verdad que ya se está construyendo respecto a estos hechos? ¿Cómo se puede informar a la sociedad de todo esto si los medios de información son parte y tienen intereses propios en lo que narran? 

A quienes estamos siguiendo los hechos alrededor de  la oposición comunitaria a las empresas extractivas, no nos queda ninguna duda de que todo esto forma parte de una estrategia de las empresas apoyada por el Estados, que no sólo se da en Guatemala, y que ha sido estudiada y sistematizada con el nombre de “criminalización de la lucha social”.[17] Pero somos nosotros los que vamos dejando que ocurra. Si no fuimos capaces de saltar ante el asesinato de dos niños por un sicario, si no somos capaces de defender la noción de Justicia –con mayúscula−, la verdad se nos está yendo de las manos y a cambio, las masacres están volviendo a ser parte de la vida nuestra de cada día.