Los militares, las mineras y el derecho a comunicar: algunas lecciones del caso Silas.

“Que le corten la mano al hueco éste”

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el día 22 de noviembre del año 2012 en el lugar conocido como La Puya, donde las comunidades de San José El Golfo y San Pedro Ayampuc instalaron un plantón pacífico en marzo de ese año para oponerse a las intenciones de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KC&A- Exmingua de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).[1]

Luego de una semana completa de hostigamiento, el día en cuestión, nuevamente “los mineros” –supuestamente vecinos favorables a las actividades de KC&A- y contratados por la empresa, uniformados y portando cascos industriales se acercaron a hostigar a las personas instaladas en el plantón. El hombre que les dirigía, claramente distinguible por su casco amarillo y el altavoz que usaba para gritar sus órdenes y consignas; se acercó a un grupo de comunicadores que desde hacía días cubrían y documentaban la actividad, les amenazó y les increpó:

 “…vamos a demostrar que somos gente que no se deja arrastrar por esos malditos, y que no les tenemos miedo, y que sus cámaras y sus pendejadas no les tenemos miedo…. Respetamos los derechos humanos pero nos encontramos a estos malditos insultándonos con sus cámaras… Partida de maricones, huecos… Los (no se entiende) los vamos a respetar, pero a estos maricones, jamás. Más a este peludo, a éste (no se entiende) arrastrado, no lo vamos a respetar. Que le corten la mano al hueco éste, porque si sigue grabando va a ser el provocador de que toda esta mierda estalle y estalle ahorita”.[2]

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Este hombre era Pablo Silas Orozco, teniente retirado y gerente de operaciones de la empresa KC&A. En su prepotencia seguramente no pensó que los comunicadores agredidos conocían bien su trabajo, y las imágenes que tomaron circularon por la red inmediatamente. Y menos aún que se comportarían como ciudadanos que defienden sus derechos, y les acusarían ante la justicia como lo han hecho.

La condena no es muy alta, y finalmente, los acusados podrán librarse de ella abonando una cantidad menor. Pero no deja de ser muy importante que en este país unos comunicadores independientes, sin el apoyo de los medios corporativos, logren una sentencia a favor de la libertad de expresión.[3] Y más aún, que logren poner contra las cuerdas a la alianza entre militares y empresas extractivas que están imponiendo sus intereses en nuestro país.

Los hechos del 22 de noviembre de 2012 y la actuación de Pablo Silas, nos muestran algunos aspectos que ilustran de las estrategias que desarrollan las empresas y el Estado cuando encuentran oposición a sus actividades en las comunidades a las que llegan, como ha ocurrido en muchos lugares en Guatemala.

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El poder militar

Lo primero a tener en cuenta es que la figura del teniente retirado Pablo Silas como empleado de la minera KC&A Exmingua no es algo aislado. Responde a una de las formas en que el poder militar de Guatemala mantiene su influencia en la sociedad de posguerra. Desde los años del conflicto, los militares como corporación y como casta fueron extendiendo sus ramas en diversos espacios sociales y políticos; y después de la firma de la paz, el ejército como institución es sólo una de sus bases.

Una de las formas más habituales de esta presencia indirecta pero efectiva de los militares es a través de las empresas de seguridad (hay más guaridas privados que policías nacionales). En su mayoría son propiedad y son dirigidas por oficiales en retiro y prestan sus servicios a clientes variados, entre los que están las empresas mineras o similares que llegan a las comunidades. Es lo que podríamos llamar la “militarización privatizada”,[4] una forma muy chapina de neoliberalismo, al mismo tiempo que una forma indirecta de los militares para mantener su poder.

Pero la vinculación con las mineras puede ser mayor. La presencia del teniente retirado Silas Orozco en KC&A no se puede entender sin saber que otros militares, como los coroneles José Vicente Arias Méndez y Mario Ricardo Figueroa Archila también se mueven en la órbita de esta empresa, este último en calidad de gerente de Exmingua.[5] Que además forme parte de la junta directiva de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala –AVEMILGUA– nos da más detalles de esta relación.

Y en esta empresa, la actividad del teniente retirado Silas Orozco como gerente de operaciones muestra una faceta un tanto más compleja y sofisticada que la mera seguridad: con su Maestría en Recursos Humanos,[6] su papel no parece ser simplemente el de brindar seguridad a la empresa, sino facilitar su presencia local, servir de “enlace” con “la comunidad”.

En ese sentido, su papel es muy similar al papel que otro exoficial del ejército de Guatemala, el capitán retirado Juan Roberto Garrido Pérez, cumple en Santa Cruz Barillas. Con un pasado que ameritó una investigación por parte de la CICG, es un hombre clave, “el encargado del área social” de Hidro Santa Cruz.[7] Como es sobradamente conocido en Barillas, se dedica tanto a amenazar como a ofrecer, a acompañar como a amedrentar, depende a quién.

“Esposas de algunos de los campesinos que están en prisión acusados por los disturbios del 1 de mayo indicaron que Garrido les ofreció pagar los servicios de defensor para sus maridos. ‘Dice que si no aceptamos, ellos no van a salir nunca de la cárcel’, refirió Carmelia Mérida, la compañera de Antonio Rogelio Velásquez”.[8] 

“Que esta empresa que se retire así como entró, queremos agregarle algo a Juan Garrido que por favor ya deje las amenazas que aquí nadie le está haciendo nada, estamos peleando por un pueblo que nos corresponde, que por favor nos dejen en paz, que se vayan aquí en Barillas…”.[9]

Es decir, el caso de KC&A, como el de la española Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz–, muestran la vinculación y papel de los militares que participan en el modelo de explotación económica ligado a la minería; y cómo las empresas transnacionales buscan a militares para ser sus personeros en Guatemala. Es una faceta más del modelo capitalista neoliberal vinculado al poder militar que con claridad parece querer fortalecerse en Guatemala.

Intereses comunes entre gobiernos y empresas   

Las amenazas desplegadas por el teniente retirado Pablo Silas ocurrieron días antes del intento de desalojo ilegal por parte del pelotón antimotines de la PNC el 7 de diciembre.[10] Este operativo ilegal fue comandado por el actual director de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez García, que ha dirigido personalmente desalojos violentos realizados contra comunidades, especialmente indígenas.

Si unimos estas dos acciones con el atentado sufrido por Yolanda Oquelí, lideresa de La Puya,[11] vemos un patrón en que las acciones de los sicarios ligados a la empresa se dan de forma combinada a las de las fuerzas de orden público, creando las condiciones para lograr acabar con la resistencia. Así ocurrió en Barillas donde el asesinato de Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo de 2012 creó el escenario para un Estado de sitio y la detención de nueve líderes.[12]

De la misma manera, en San Rafael Las Flores, el extraño episodio del secuestro del Presidente del Parlamento Xinka de Guatemala, Roberto González Ucelo y la muerte de Exaltación Marcos Ucelo, directivo del Pueblo Xinka de Santa María Xalapan el 17 de marzo de 2013;[13] y el atentado contra miembros la resistencia Pacifica “El Escobal” el 27 de abril del 2013[14] antecedieron la proclamación del Estado de sitio y la persecución penal de los líderes.[15]

Esto no es casual: autoridades gubernamentales y gerentes empresariales trabajan mano a mano, de forma complementaria en logar lo que para ellos es un objetivo común. Con total impunidad, los gobiernos actúan para proteger los intereses de las empresas en vez de para hacer valer la legalidad y los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas. Comparten una misma versión de “orden público” y de “intereses nacionales”, que no son nada “públicos” ni nada “nacionales”, sino más bien privados y transnacionales.

Autoritarismo y terror

Escuchando con un poco de atención los videos, observaremos cómo el vocabulario con el que el teniente retirado Silas Orozco se dirige a sus “seguidores” y a los comunicadores, es una muestra de los estereotipos contrainsurgentes, y los más bajos, machistas y homofóbicos de la cultura guatemalteca. El discurso de criminalización de las luchas populares se nutre de los aspectos más excluyentes y retrógrados de la cultura autoritaria y violenta del discurso social de nuestro país.

En este sentido, podemos decir que más que de lo aprendido en la Maestría en Recursos Humanos, el teniente retirado hace uso de su pasado en el ejército como fuente para su “acción social”. Esta institución representa y mantiene estos valores machistas y homofóbicos como parte de su ser, y con este tipo de actuaciones de sus “egresados”, se reproducen de forma autoritaria.      

También es evidente que el teniente retirado Silas Orozco hace uso de su formación militar en la tarea de sembrar el terror como medio de acabar con la resistencia en La Puya. Eso es lo que hace con los comunicadores y con la lideresa a la que también increpa: les muestra el tamaño de su odio y el poder para ejercerlo.

La actitud que mantiene es la de una persona que no va a dudar en hacer daño y pasar por encima de ellos porque no les considera dignos de derecho alguno. Es capaz de derramar sobre ellos el odio de una persona que tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Lo hace con total impunidad porque se sabe de parte de los que tienen el poder, y cree que esas amenazas no le van a acarrear ninguna consecuencia.

Eso es terror y no se aprende en muchos lugares. Pero sí se aprende en un ejército que hizo del enemigo interno y de las prácticas genocidas su razón de ser durante muchas décadas.

La división comunitaria

Finalmente, la actuación del teniente retirado Silas Orozco muestra cómo se lleva a cabo otra de las estrategias que utilizan muchas de las empresas para contrarrestar la oposición a su actividades, que es dividiendo a la población local. Estas empresas siempre aducen buscar el diálogo y el “desarrollo” para los lugares donde se instalan. Pero una de las quejas más repetidas por parte de las comunidades en resistencia es precisamente que la llegada de las empresas a sus territorios ha traído la división de la comunidad.

Silas Orozco, altavoz en mano y con su casco amarillo, lo muestra muy bien. Su función en la comunidad no parece muy integradora: dirige al grupo de gente que apoya la presencia de la empresa KC& A, pero no en forma de “mediación”, sino provocando el enfrentamiento. Es evidente que eso es lo que busca cuando avanza, increpa y grita en actitud ofensiva hacia quienes mantienen el plantón pacífico en La Puya.

Dando la razón a las denuncias de los comunitarios, el personero de KC&A promueve un enfrentamiento abierto entre ellos, les provoca y llega a saltarse las medidas de contención que habían sido acordadas con la PDH días antes.[16]

La actitud de la gente que le sigue, toda uniformada con sus cascos azules, coreando consignas y riendo las bromas homofóbicas, es una triste muestra de los efectos del autoritarismo en la sociedad guatemalteca. El gregarismo, la violencia arropada por el colectivo y el miedo a la autoridad dan mucho qué pensar sobre lo que nos queda por delante como sociedad.

La fuerza de la calma justa

Frente a esta actitud de “los mineros” y de quien les dirige, llama la atención y se refuerza el valor de la respuesta serena y valiente de quienes mantienen el plantón. Es evidente la diferencia entre los gritos desaforados del teniente retirado y los cánticos religiosos de las mujeres en resistencia pacífica, entre los movimientos nerviosos de los agresores y la calma pacífica de los resistentes.

Estas imágenes reflejan muy bien el contraste entre la actitud de las empresas y el gobierno –prepotentes, violentos–, y de las comunidades –tranquilas, con la seguridad de quien tiene la razón y la ley de su parte. Como dijo en su momento Yolanda Oquelí:

“La táctica del Gobierno, como lo han hecho en Barillas, como lo han hecho en Toto, es hacernos caer en provocación a la población y después acusarnos de que es un pueblo violento y que por eso los han sometido al orden. Entonces creo que con nosotros no van a poder, porque una vez más hemos demostrado que somos totalmente pacíficos”.[17]  

Así es como están respondiendo las comunidades de Guatemala ante las agresiones de las empresas y de los gobiernos: exigiendo que se les escuche y que se cumpla ley.

Es la misma actitud que mantuvieron los comunicadores ante la agresión de Pablo Silas Orozco. No cayeron en la burda provocación de este militar retirado, no le respondieron gritando ni insultando. Pero tampoco se quedaron callados: procedieron a actuar conforme la ley, con la seguridad y la calma de quien sabe que tiene la razón. Y con esta valentía, lograron que un militar retirado, que trabajaba impunemente para una empresa minera en contra de la población, fuera condenado por las agresiones que realizó.

Por eso, tenemos que agradecer a Nelton, Ricard, Gustavo y los demás comunicadores, haber puesto su grano de arena en la difícil lucha contra la impunidad; y contra la alianza entre militares y empresas transnacionales que pretenden imponer sus intereses por encima de la voluntad de los pueblos. 

Gracias.

http://comunitariapress.wordpress.com/2013/10/20/sobre-militares-mineras-y-el-derecho-a-comunicar-las-lecciones-del-caso-silas-orozco/