La ONG estadunidense Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), y el Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), de la Iglesia Católica guatemalteca, acusan a Tahoe de ocultar información clave a sus inversionistas sobre los conflictos con las comunidades que rodean a la mina.
Según las organizaciones, el rechazo social a la minería podría obstaculizar o detener los planes de expansión de la minera San Rafael. Cinco municipios aledaños —Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, Casillas, Mataquecuintla y Jalapa—, dijeron no a la minería en sus respectivas consultas comunitarias. Según la denuncia, el hecho de no haber informado a los inversionistas sobre estas consultas impidió que estos últimos midieran bien el riesgo que conlleva comprar acciones de Tahoe.
En un informe brindado por Tahoe Resources a la SEC el 9 de agosto 2016, se lee que la empresa no seguirá explorando áreas fuera de la concesión de El Escobal “mientras no haya obtenido acuerdos adicionales con las comunidades locales y no haya recibido la aprobación del gobierno”.
Las organizaciones sociales argumentan que la empresa tampoco comunicó acertadamente sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas por la presencia del proyecto minero. Entre otros casos, en abril 2013, siete campesinos fueron baleados por guardias de seguridad de la mina El Escobal. Por este hecho, fue capturado el jefe de seguridad de la mina, el peruano Alberto Rotondo. Este logró fugarse, pero fue recapturado en Perú en enero 2016.
Según NISGUA y CODIDESNA, haber escondido esta información pone en riesgo a quienes confíen su dinero a Tahoe. Como ejemplo, citan el caso del poderoso fondo de pensiones de Noruega que prefirió desvincularse de Tahoe porque esta inversión constituía un “riesgo inaceptable de contribuir a violaciones a los derechos humanos”.
Sin embargo, Tahoe afirma haber tomado medidas después de estos hechos. En un informe de 2015, la transnacional explica que, tras los “problemas de seguridad” que culminaron en abril 2013, el 100% de su personal de seguridad recibió un curso sobre derechos humanos y capacitación para “evitar la escalada de tensiones y tratar los problemas de seguridad de manera pacífica”.
Según Becky Kaump, coordinadora de programas de NISGUA, lo que buscan con esta demanda es que la SEC realice una investigación sobre estos hechos. La SEC puede multar a las empresas o a sus directivos si se detecta que estas proporcionan información falsa. Otro de los objetivos de esta demanda, explica Kaump, es “dar a conocer violaciones a los derechos humanos” que han ocurrido en torno a este emprendimiento. Además, esperan que los inversionistas sepan que las comunidades en donde se encuentra la mina se oponen al proyecto. “Tenemos la esperanza que la empresa y los inversionistas respeten la decisión de las comunidades”, concluye Kaump.
Contactada por Plaza Pública, la Minera San Rafael declinó dar declaraciones y remitió a la casa matriz, Tahoe Resources, puesto que ellos son objeto de la demanda. Se intentó hablar con Mark Utting, vicepresidente de Tahoe y encargado de las relaciones con los inversionistas, pero no contestó a las llamadas a su celular.
