Autoritarismo a la Tortrix

¿Cómo es posible, entonces, que operen la democracia y el autoritarismo de forma conjunta si son contradictorios?

La clave pasó por controlar aquellos espacios que le permiten a la democracia guatemalteca sobrevivir, con instituciones autónomas (las cortes, el PDH, el MP, el TSE, la Contraloría y ahora la SAT) como el plato fuerte para maniatar a cualquier sociedad civil que se precie de robusta. Sin instituciones garantes y partidos representantes, la agenda empezó a pactarse a control remoto desde los cacicazgos, las mafias, el clientelismo y el nacionalismo.

Los partidos fuertes desaparecieron. Los partidos pequeños y sin bases se convirtieron en controladores de la agenda política. Cuentan con financistas y redes informales. La oposición y el chantaje político fueron dando paso a un hilo conductor en el cual convergen y cuidan el statu quo, el autoritarismo a la chapina, para lo cual desprestigian, controlan y apartan a quién no se alinea a la corrupción.

Nuestra democracia pasó a ser la unión entre lo político formal y el crimen organizado mediante el uso y la complicidad de la institucionalidad para funcionar como redes mafiosas y corruptas. Por simple que parezca, el barniz democrático ha viabilizado su funcionamiento a través de elecciones.

El año 1999 fue simbólico en términos del estancamiento funcional de los acuerdos de paz y del secuestro de la institucionalidad pública como parte del control democrático de los pesos y contrapesos dentro de un Estado. Esencialmente, las élites y la desmovilización criminal entendieron que las elecciones y los partidos eran solo el medio formal. Vieron en las distintas clases de comisiones de postulación el botín de guerra en tiempos de paz.

Desde la aparición de la Cicig y de los casos paradigmáticos, la institucionalidad secuestrada comenzó a edificarse a partir de mutaciones peligrosas:

• La limpieza social como política de Estado dio paso al control de territorios liderados por grupos criminales dispuestos a generar ingobernabilidad, caos y presión sobre la institucionalidad renqueante.
• El clientelismo y la corrupción son la norma general de la política pública en el abastecimiento y la extensión de los servicios públicos.
• Los actores emergentes controlaron los medios independientes mediante el financiamiento electoral ilícito. Sus pautas y tiempos de publicidad son el mecanismo de extorsión y control del sistema de partidos.
• El control de los colegios profesionales y la incorporación de nuevas universidades al mercado de la educación contribuyeron a la extensión de redes y satélites que sirvieran para filtrar candidatos e incorporar a los alfiles dispuestos a limpiar el trabajo sucio del crimen organizado.
• El objetivo continuo ha sido controlar el financiamiento, los liderazgos y la movilización social a través de leyes que pretenden elevar la percepción del derecho a la manifestación y a la movilización como acción terrorista bajo el discurso del miedo sobreviviente del mito ideológico.
• Las reformas a la Ley Electoral han sido para la continuidad de las elecciones, no para garantizar la independencia en el financiamiento, la autonomía del TSE y el fortalecimiento y la democratización de los partidos políticos.
• El aislamiento internacional para romper un acuerdo de cooperación con Naciones Unidas a través de la Cicig ha servido como recurso cohesionador entre una élite que se siente perseguida, los grupos religiosos y el discurso nacionalista que arremete contra la injerencia internacional.
• La intromisión contra la independencia y la autonomía de las instituciones a través del Ejecutivo y el Legislativo mediante políticas y decretos ley sirve para favorecer a grupos específicos y acuerpar el lazo de impunidad entre el legislador, el partido y su representación. Los cambios impulsados desde el Congreso y la CSJ para reformar a su conveniencia son resultados de ello.

La democracia es la fuente que permite la consecución de derechos, pero estos solo pueden lograrse a través de instituciones fuertes, independientes y autónomas. Los partidos políticos ya no son representantes. En regímenes híbridos (autoritarios-democráticos), solo unida la sociedad civil puede recuperar la institucionalidad. El escenario eleccionario del 2019 se presta para ello: sin la cooperación de los sectores democráticos, dispuestos a una agenda y reforma unificada, la democracia seguirá a la deriva una vez más. Claro, esto requiere de una agenda y de madurez política: depuración de la institucionalidad, así como reconocimiento, reparación y garantías de no repetición de la corrupción.