Capítulo 17. Cuatro sindicalistas y un rector. Bernardo, Ángel Antonio, Paulina y Rubén Daniel, 25 de julio de 1984
Capítulo 17. Cuatro sindicalistas y un rector. Bernardo, Ángel Antonio, Paulina y Rubén Daniel, 25 de julio de 1984
Como un enredadera de tallo nudoso, la guerra se entrelazó con la vida. Algunos murieron asfixiados por ella. Otros supieron trepar. Esta es la historia de dos hombres, la Universidad de San Carlos y un crimen. Las vidas de Vitalino Girón, un expolicía jutiapaneco que acabó siendo uno de los últimos intelectuales del partido comunista, y del rector Eduardo Meyer se entrecruzaron en 1984, cuando el Ejército aún decidía quién podía vivir en Guatemala y quién no. Documentos inéditos hallados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional permiten comprender la lógica de una de las últimas campañas de “control social” contra el movimiento sindical ejecutadas por la dictadura militar antes del comienzo del actual periodo democrático.
El primero en hablar fue Meyer.
En la sesión del Consejo Superior Universitario de ese miércoles, el rector comenzó relatando cómo se habían desarrollado los acontecimientos de la semana anterior. Meyer recordó que había sido “secuestrado” durante once horas por los sindicalistas y que, a pesar de su voluntad de diálogo, se profirieron insultos en su contra y se lanzaron “productos químicos” dentro de la rectoría.
Después hizo entrar a los sindicalistas.
Allí se presentaron Bernardo Rosales, Paulina Pineda, Ángel Antonio Vázquez y Rubén Daniel Mejía, un compañero contador que dominaba los asuntos financieros.
Bernardo Rosales, el secretario general, explicó que ellos no habían querido utilizar medidas de presión, pero que llevaban cuatro meses esperando una respuesta a sus demandas y que el Consejo las había desoído. Después enumeró, de nuevo, las peticiones de los trabajadores.
Paulina Pineda, la secretaria de actas, remarcó que, si se analizaba el presupuesto, era evidente que había despilfarro. La negativa a dar un aumento, como siempre, no era un problema financiero sino de voluntad política.
Rubén Daniel Mejía había sido designado por el sindicato para formar parte de la comisión establecida para estudiar la petición de incremento salarial. Rubén Daniel repartió a todos los miembros del Consejo un documento que establecía de qué partidas del presupuesto se podían extraer los fondos para otorgar la subida a los trabajadores. El documento iba a dirigido a Vitalino Girón, coordinador de la comisión del salario.
El director financiero de la Usac, Alfredo Morales Taracena, analizó la propuesta que le habían puesto en las manos. Probablemente se sorprendió al ver que el sindicato tenía datos muy precisos.
Rubén Daniel Mejía comenzó a reclamarle. Ante el resto de miembros del Consejo, el sindicalista afirmó que el director financiero se había comprometido a entregarle el pasado 8 de junio los presupuestos completos del periodo 1980-1984, y el listado total de empleados. Pero sólo había recibido una parte de la información, y con casi veinte días de retraso. Faltaban además dos documentos fundamentales: la planilla de trabajadores y el presupuesto de ingresos de 1984. El sindicalista denunció que Morales Taracena estaba bloqueando el trabajo de la comisión del salario, de la que él mismo formaba parte.
Rubén Daniel Mejía no tenía militancia política, ni si quiera era parte del comité ejecutivo del sindicato. Los compañeros le había designado sólo por una razón: estudiaba contaduría, y por su trabajo tenía acceso a la información tanto de contabilidad como de auditoría de la Usac. El sindicato sabía que allí estaban los secretos mejor guardados; la prueba de que sí había dinero. Pero en aquella ocasión, había sido Vitalino Girón quien les había filtrado la información más importante.
Alfredo Morales Taracena era contador público y auditor; la clase de persona que protegía la caja del dinero con fiereza de sus enemigos. No por casualidad ocuparía el cargo de director financiero durante las siguientes dos rectorías.
Era el brazo derecho de Meyer, y no sólo por su cargo. Morales Taracena, apodado Pashama, estaba bien situado. Su hermano, Ricardo, había sido asesor jurídico de la jefatura de Estado durante todo el gobierno del general Ríos Montt y gran parte de la administración del general Mejía Víctores. Era un cuadro importante del ejército para asuntos legales, más aún en un momento en el que el país estaba inmerso en un retorno a la legalidad constitucional.
Alfredo Morales Taracena era temido. Aunque nadie tenía ninguna prueba más que la coincidencia de apellidos, muchos pensaban que era pariente del general Marco Antonio González Taracena, un oficial que, en 1984, era jefe de la unidad de inteligencia del Estado Mayor Presidencial y que después dirigiría La Dos.
En todo caso, y aun siendo una persona que se mantenía en un segundo plano, el director financiero de la universidad actuaba como una persona poderosa. Edgar Portillo, sucesor de Vitalino Girón como decano de Económicas, recuerda cómo Pashama lo acusó en una reunión del CSU de ser un “comanche”, un comunista.
Morales Taracena venía de la Facultad de Económicas, había sido miembro de la junta directiva durante la decanatura de Alfonso Velásquez, y los conocía a todos. Sabía bien quiénes integraron la camarilla de Saúl Osorio, y aún estaban enquistados en la Facultad. Probablemente sabía que Vitalino Girón era, si no un comanche, sí un protegido de los pieles rojas.
Al leer el análisis que aquel día le entregó Rubén Daniel Mejía, Morales Taracena posiblemente se preguntó de dónde había salido la información financiera que tenía el sindicato. Morales Taracena es hoy un hombre anciano, con el que no es posible hablar después de que sufriera un accidente cerebro vascular.
El informe presentado por Rubén Daniel Mejía era claro. Para cumplir con la subida salarial solicitada, se podían desviar Q621,000 del plan de inversión física para 1984, cuya ejecución podría trasladarse en parte al presupuesto 1985. El dinero faltante podía obtenerse restándole un tres por ciento al presupuesto de funcionamiento de todas las unidades de la Usac. Este porcentaje no representaría recortes de personal, solo implicaba mayor austeridad en viáticos, papel, etcétera.
Si se seguía el plan del sindicato, con estas medidas se obtendría un total de Q1.3 millones con los que satisfacer a los trabajadores. En su intervención ante el Consejo, Rubén Daniel Mejía propuso que con estos fondos se podrían aumentar seis escalas de salario desde ese mismo mes de julio: Q48 mensuales. También remarcó que esta nueva propuesta implicaba una concesión por parte del sindicato. Bajaban dos escalas, aunque el incremento salarial más justo hubiera sido el de ocho escalas: Q64 mensuales. Menos de Q48 no era digno.
Cuando los sindicalistas se marcharon, Meyer exhortó a los miembros del Consejo a tratar el problema con ecuanimidad, “buscando la supervivencia de la universidad con el propósito de que siga cumpliendo sus objetivos como son la docencia y la investigación”.
El Consejo Superior Universitario entró a resolver cada una de las peticiones planteadas por los trabajadores. Sobre el incremento salarial se decidió que, en vista de que aún no se había recibido el informe final de la comisión que dirigía Vitalino Girón y que ahora existía un nuevo planteamiento por parte del sindicato, debía reunirse primero la información que faltaba, y sólo entonces se pronunciaría. El Consejo llegó a esa misma conclusión en todas y cada una de las demandas presentadas. En todas ellas se esperarían los informes pertinentes, y se resolvería en futuras sesiones.
El último en hablar fue Meyer.
Antes de dar por finalizada la sesión, el rector informó a los miembros del Consejo de un hecho grave. Esa misma mañana, cuando ingresaba a las oficinas de la rectoría, el señor Víctor Alfredo Castañeda Castillo, que era el encargado de atender la puerta de entrada, se comportó de manera inadecuada, ya que cuando el señor rector le preguntó por qué no lo saludaba, el trabajador le contestó que debía ser él quien lo saludara primero. Meyer explicó como entonces lo invitó a entrar a su despacho para hablarle, a lo que el señor Castañeda le contestó que si quería hablarle que lo hiciera allí mismo. Meyer indicó que de todo habían sido testigos las secretarias de la rectoría, y que ordenó que se levantara un acta, haciendo constar los hechos al Director de Asuntos Jurídicos y al Jefe de la Administración de Personal de la universidad. El rector añadió que a pesar de lo sucedido, y pudiéndose ya no renovarle el contrato, el señor Víctor Alfredo Castañeda continuaría trabajando pero en otra dependencia, y que iba a iniciar las acciones para que se le impusiera una sanción de suspensión de labores.
Tras escuchar el relato de Meyer, el Consejo se pronunció oficialmente resaltando que la actitud del empleado había constituido una “grave falta de respeto”.
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