Capítulo 7. Meyer y el síndrome de Méndez Montenegro, 1982-1983

Pro­bablemente ellos estuvieron allí desde el principio, ob­servándole. Tratando de descifrarle. Estaba al frente de una institución que era considerada nido y cantera de la subversión de izquierda, así que Eduardo Meyer de­bía de ser un sujeto de máximo interés para los ofi­ciales de inteligencia de la Policía Nacional y el Ejército.

No hay ninguna prueba documental o testimonio que lo ratifique, pero sí una sucesión de hechos que no fueron casuales. Que no pudieron serlo. No en un tiem­po en el que los muchachos de La Dos, ya fuese en la Policía o en el Estado Mayor de la Defensa, lo veían todo, tomaban nota, analizaban, elaboraban el gran mapa.

Meyer debía de ser un enigma para la Inteligencia. Su hoja de vida decía que había sido alto funcionario del rector Roberto Valdeavellano, un odontólogo que si bien no era un comunista se había rodeado de ellos y les había abierto las puertas. También que Meyer ha­bía apoyado y trabajado para la candidatura a rector de un comunista, Bernardo Lemus. Sin embargo, él insistía en considerarse un demócrata nacionalista, y la izquierda lo consideraba un sujeto marginal, no li­gado a ninguna organización política. Incluso, po­drían llegar a eliminarlo en un determinado momen­to, tal y como habían hecho con Mario Dary y Leonel Ca­rrillo.

Probablemente analizaron su discurso. Y era igual de desconcertante. Meyer solía repetir este esquema: el conflicto que se vivía en Guatemala era una im­posición de la Guerra Fría que nadie deseaba. “Los re­presentantes del capitalismo y el socialismo solo buscan aumentar su área de influencia estratégica y su beneficio económico, sin tener en cuenta los legí­timos intereses nacionales”, diría el rector en un dis­curso de 1983. Esto era aceptable, confluía con las ideas de un sector mayoritario del Ejército: la guerra no tenía causas internas, y la intervención que efectuaba el gobierno de Reagan en Nicaragua y El Salvador era in­deseable. Pero al mismo tiempo, Meyer siempre ha­blaba con sospechosa nostalgia de la Revolución de 1944; conocía todos los detalles de lo que ocurrió y a sus protagonistas. Su padre, el coronel Pedro Me­yer, fue uno de los pocos comandantes del Ejército que defendió al gobierno de Arbenz.

Era un tipo ambiguo. Su debilidad: el poder. Su prin­cipal enemigo: la izquierda. Probablemente, sobre ello comenzaron a trabajar.

En su primer día como rector, Eduardo Meyer se en­contraba en su despacho cuando su secretaria, Es­peranza, le advirtió de que había tres hombres que que­rían hablarle.

–Doctor, fíjese que yo los veo algo sospechosos, es­tán en mangas de camisa –dijo Esperanza.

–No se preocupe, hágalos pasar.

Los tres hombres le presentaron un documento. Con­tenía los nombres de las personas que, según le ex­plicaron, debían ser nombradas para los más altos cargos de la universidad, director financiero, director ad­ministrativo y secretario general.

–Esos cargos ya han sido nombrados –dijo Meyer.

–No importa, destitúyalos.

–¿Quiénes son ustedes?

–Somos el sector intelectual del pgt.

Meyer les pidió que se fuesen. Ellos salieron, pero le advirtieron de que se arrepentiría de no hacerles caso.

Parecía evidente que aquellos hombres no eran del Partido y que su intención no consistía en lograr es­pacios en la cúpula de la universidad. Eran proba­blemente agentes del Estado buscando amenazar y desorientar al nuevo rector. Pero quizás para Eduardo Me­yer no resultaba tan evidente. Aquella fue la primera advertencia.

Algunas semanas después, en julio de 1982, el jefe de Estado, el general Efraín Ríos Montt, solicitó una reunión con el rector. Desayunarían en la Casa Pre­sidencial. Aquella mañana, Meyer se disponía a sa­lir de su casa, en la Colonia Mirador, en la zona 11 de la ciudad, cuando una caravana de vehículos se es­ta­cionó frente su puerta. Era la clásica comitiva de un alto funcionario del Estado, suburbans blindadas de vidrios polarizados, acompañados de una legión de tipos con subfusiles y lentes de sol. Se trataba del mi­nistro de Gobernación, el coronel Ricardo Méndez Ruiz.

–Por seguridad, usted se viene conmigo a la re­unión con el jefe de Estado –le dijo el ministro.

En la charla, Ríos Montt le habló del futuro, de có­mo su gobierno tenía el objetivo de acabar con la co­rrupción, los fraudes electorales y encaminar al país ha­cia un verdadero sistema democrático. El general le expuso al rector la necesidad de crear un organismo pa­ra organizar elecciones de confianza, y le dijo que para integrar esa institución necesitaría de hombres co­mo él.

Antes de irse, abordaron el tema de la seguridad.

–Su vida corre peligro –le dijo el jefe de Estado–, he­mos conocido de complots en la universidad para ase­sinarlo. Usted necesita protección.

Meyer asegura que Ríos Montt le ofreció 14 hom­bres para cuidarle a él y a toda su familia. Pero que él rechazó la oferta por no poder dar de comer y man­tener en su casa a toda esa gente. Esa es la versión que ofreció en 2011, y que sostuvo también en su autobiografía.

Pero en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, el AHPN, existen varias copias de un oficio fechado el 19 de julio de 1982, en el que el teniente coronel de la Policía Nacional Mónico Antonio Cano Pérez so­licita a varios subalternos que se le proporcione a Me­yer dos pilotos y dos agentes para su seguridad. El documento indica que la solicitud provino del pro­pio rector, y que fue autorizada por el director general de la Policía. Tanto los pilotos como los agentes de­bían vestir de civil.

Otros documentos hallados en el Archivo prueban que Meyer siempre estuvo preocupado por que no se le viese rodeado de guardaespaldas en la universidad. Por ello, es probable que no accediese a ser acompaña­do por catorce hombres, pero sí de cuatro en turnos de dos.

El teniente coronel que realizó la solicitud de es­colta, Mónico Antonio Cano Pérez, no era cualquier oficial. Era el jefe del Centro de Operaciones Conjun­tas, el coc, la estructura policial que a mediados de los ochenta centralizaba toda la información de inte­ligencia de la institución.

El Estado había logrado tener dos agentes de for­ma permanente con Meyer, conocer mejor al rector y sus movimientos. Era probable que ellos se reporta­ran di­rectamente ante el coc.

El año siguiente, 1983, el segundo y último en que el gobernaría el general Ríos Montt, comenzó con dos noticias: la implantación del impuesto al va­lor agregado, el iva, y la posibilidad de eliminar el tipo de cambio fijo entre el dólar y el quetzal; es decir, per­mitir la devaluación de la moneda.

Eduardo Meyer no tardó en reaccionar. Al fin y al cabo, contribuir a la solución de los problemas na­cionales había sido siempre una de las atribuciones de la Usac. El rector remitió dos informes sobre es­tos temas a la jefatura de Estado. Ambos habían sido ela­borados por la Facultad de Económicas de Vitalino Girón. Ambos decían lo que el Gobierno no quería es­cuchar: que el iva hacía más regresiva aún la estruc­tura fiscal, y que la devaluación era un castigo para una clase social ya de por sí explotada, los trabajadores. Am­bos tenían el sello del Partido. Ninguno de esos dos informes debió de pasar desapercibido para los ana­listas de La Dos.

El Gobierno castigó a Meyer: dejaron de permitir­le ac­ceso al poder. “El emitir y enviar estos documentos al Gobierno me provocó una serie de sinsabores, des­de la falta de respuesta a las urgentes demandas presu­puestarias de la universidad, hasta la falta de comunica­ción con el Presidente”, escribió Meyer en sus memorias.

Unas semanas después una compañera de trabajo de la hija del rector fue secuestrada. Las dos trabajaban en el Centro de Estudios Folklóricos de la Usac y, se­gún Meyer, tenían un gran parecido físico. El error pu­do ser un mensaje. Y Meyer lo captó. A partir de en­tonces comenzó a recibir llamadas a su despacho.

–Tenemos a tu hija, le vamos a disparar en la ca­beza y sus sesos se van a desparramar.

Esas eran las amenazas.

Entonces llegó la paranoia. Meyer comenzó a acom­pañar a su hija al trabajo cada mañana y pasaba a recogerla por las tardes. La seguridad de sus vástagos co­menzó a obsesionarle.

A partir del 23 de agosto de 1983, el rector debió de comenzar a sentirse más tranquilo. Unos días antes del golpe de Estado él ya sabía qué ocurriría. Fernando An­­drade Díaz-Durán le avisó de lo que estaba por ve­nir, y le contó que sería el canciller del nuevo go­bierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Ahora, el rector tendría un aliado en el Ejecutivo.

Aún así, la primera vez que Meyer y el general Me­­jía Víctores se reunieron algo pasó. Tras el encuen­tro, uno de los hombres que había acompañado al jefe de Estado, y que se había mantenido en silencio en un segundo plano, se le acercó. Le preguntó si Alfre­do Morales Taracena y Enrique Soto eran funcionarios de la universidad. Meyer le respondió que sí.

–Dígales que se cuiden –le recomendó el desco­no­cido.

Al día siguiente el rector solicitó una reunión con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Ro­dolfo Lobos Zamora, para exigir que se garantizase la vida de los dos. Ambos eran muy cercanos al rector y al menos Morales Taracena era conocido por ser muy cercano también al gobierno militar.

Durante aproximadamente un año y medio, la in­teligencia del Estado trabajó a Meyer. Manipularon sus estados de ánimo y su percepción del riesgo. Le hi­cieron pensar que él y su familia podrían morir co­mo Mario Dary y Leonel Carrillo. Le dieron palo y za­nahoria. Y posiblemente le indujeron a pensar que todo eso podía acabar si contaba con la protección de La Dos.

Es sólo una hipótesis que da lógica a hechos aisla­dos, pero que también trata de explicar algo de lo que sí hay pruebas documentales. Ocurrió en algún mo­mento entre 1983 o 1984. Meyer comenzó a cooperar con la inteligencia policial. No es que la policía confia­se en él incondicionalmente o viceversa. Ni que Meyer se comprometiese con el exterminio de los subversivos. Simplemente se sentaban a charlar, y es probable que Meyer prestase más de un servicio al gobierno militar.

***

 En ese entonces, la policía y el ejército estaban dentro de la uni­versidad. Eduardo sí tuvo contacto con las fuerzas de segu­ridad, aunque no sabemos para qué exactamente, puede ser que tuviese que ver con el tema del narcotráfico, pero ese era un tema que la policía utilizaba como anzuelo para poder tener ac­ceso a la universidad. Es seguro que ellos trataron de utilizar esa relación para ir más allá y tener información de la Usac. Es como lo que le pasó a Julio César Méndez Montenegro, que lo primero que hizo fue firmar un pacto con los militares pa­­ra poder gobernar. Y en aquella época mucha gente se dejó co­­­rromper por prebendas con el gobierno militar, sobre todo los que no tenían una ideología que les daba convicciones fuertes como Eduardo. Su falta de definición ideológica pudo llevarlo a cometer errores de este tipo. Él era una buena persona, pero en ese entonces era imposible saber quién era el enemigo. No se podía confiar al cien por cien ni siquiera en tus amigos per­sonales.

Paulina Pineda, secretaria de Actas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos, el stusc, en 1984. 

Nos sorprendió mucho cuando a mediados de 1984 Eduardo Me­yer se apareció por México solicitando una reunión con la di­rigencia del pgt 6 de Enero. Quería tratar asuntos relacionados con la Usac. En aquella ocasión, se le delegó a un compañero de la Dirección que había sido docente en la Facultad de Ciencias Económicas, para que se entrevistara con él. El objeto cen­tral de dicha entrevista fue la solicitud de Meyer de que nos abstuviéramos de promover o apoyar alguna candidatura a rector por aquellos meses, supuestamente para “evitar que la Usac siguiera siendo golpeada por el Ejército”. En realidad nos percatamos de que –con mucha maña– lo que no quería era rivales de peso para una candidatura afín a él en las próxi­mas elecciones. Igualmente, sin haber promovido ni apoyado nosotros a nadie, la Usac siguió siendo reprimida violentamente.

Mario Alfonso Bravo, militante del pgt-6 de Enero en 1984. En ese momento exiliado en la Ciudad de México.