Chimaltenango: la sensación de que algo se hace

Para un país acostumbrado a los retenes policiales en las carreteras y a la presencia de soldados en las calles, no son perceptibles las señales de un estado de prevención. Uno se imagina un municipio totalmente militarizado y tomado por las fuerzas de seguridad. Pero no es así. Todo, en apariencia, transcurre con normalidad.

En materia de seguridad, Alejandro Giammattei se estrenó como presidente con la restricción de varias garantías constitucionales en seis municipios y con la asignación al Ejército de actividades de seguridad ciudadana. Nada nuevo para un país con una herencia de control, autoritarismo y militarización. 

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A los dos días de asumir el cargo, el nuevo presidente emitió su primer acuerdo gubernativo e impuso un estado de prevención en Mixco y San Juan Sacatepéquez, municipios de Guatemala. Una semana después le tocó el turno a Villa Nueva y luego siguió con tres municipios de Chimaltenango: El Tejar, Chimaltenango y San Andrés Iztapa.

Así inició el recorrido de la política de seguridad denominada «Recuperación y control», cuyos objetivos, según el mandatario, son proteger la vida y los bienes de las personas, así como prevenir el delito y brindar seguridad.

«Se respetarán los derechos humanos, pero sin olvidar el derecho de las víctimas», ha insistido el presidente. 

Los acuerdos gubernativos que imponen esta política comparten el mismo texto para cada municipio. Como parte de la justificación del estado de prevención se señala que en los municipios en que se impuso la medida «existen y operan grupos que alteran el orden público y realizan una serie de actos que afectan el bien común».

Esos grupos a los que hace referencia el instrumento del Gobierno son las pandillas, estructuras criminales a las que pareciera que no todos están dispuestos a llamarlas por su nombre o mencionarlas de manera directa y, peor aún, nadie sabe con exactitud su dimensión.

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«Lacras», las llamó Giammattei durante su discurso de toma de posesión; «los muchachos», les dicen varios pobladores de los municipios de Chimaltenango en donde se impuso el estado de excepción.

Cuestión de percepción

Es viernes a medio día y en las plazas y calles de El Tejar y la cabecera municipal de Chimaltenango todo pinta como un día normal. Las ventas están instaladas y hay gente que camina por todos lados. Los estudiantes salen de las escuelas, colegios e institutos y caminan junto con las personas que van y vienen con las compras para el almuerzo. El sol está demasiado sofocante y no parece uno de la primera quincena de febrero.

Todos evaden como pueden el intenso tráfico. Los buses estacionan en donde pueden y quieren y los vehículos bloquean las intersecciones. El calor del medio día parece ser más intenso cuando se mezcla con el bullicio del reguetón suena desde las bocinas instaladas en las ventas de ropa, restaurantes, depósitos con artículos de primera necesidad y locales expendedores de aparatos electrodomésticos.

De pronto, recordándonos que ahí están por orden del nuevo presidente de la República, aparece en una de las esquinas un pick up pintado de verde militar. En la cabina y la palangana van soldados. Ataviados con cascos y armas en las manos observan a los transeúntes, vendedores y compradores, que apenas reparan en su presencia.

Pero hay quienes sí los toman muy en cuenta. «Estos días hemos estado más seguros», me comenta un adolescente, encargado de una librería y un café internet que funciona a varias cuadras del parque central de Chimaltenango. Es apenas un niño y sus respuestas van acompañadas de una sonrisa. «Ahora no han aparecido esos muchachos».

Esos «muchachos» son los jóvenes que la gente identifica como miembros de alguna pandilla. «Se nota», me comenta el adolescente, «por la manera en que visten. Ahora no han venido por acá». Antes del estado de prevención entraban en el café internet a pasar el rato navegando en Internet. «Cuando se acercaba algún policía hacían como que se escondían, pero esta semana ya no vinieron», concluye con una sonrisa.

Es la misma percepción de una joven que, con un niño en brazos, despacha productos en una pequeña tienda. «Ah, sí, ahora hay más seguridad», afirma. «Ahora no he visto a los muchachos que andan molestando a otra gente», asegura.

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Hay que entender lo que se dice sin mencionarlo de manera directa.

Así como «los muchachos» son los jóvenes que, por su forma de vestir, las demás personas identifican como integrantes de alguna pandilla, «molestar» alude a exigir la extorsión. «A mí no me han molestado, pero a otra gente sí», concluye.

Y así de tienda en tienda y de comercio en comercio la percepción era parecida: desde la decisión del presidente de imponer el estado de prevención, nadie volvió a ver a los muchachos. «Ha sido una buena medida». Es la percepción de un grupo de tres mujeres encargadas de una tienda de venta de ropa usada. «A veces los soldados y los policías se ponen un poco abusivos», matizan, «pero qué bueno que hagan algo».

Cuestión de percepción, tal como se maneja el tema de la violencia y se valora el trabajo que hace el gobierno para darle solución. De acuerdo con el último informe Barómetro de las Américas, realizado por la Universidad de Vanderbilt, la violencia es el problema más grave que enfrenta el país, según la opinión de la población.

En 2019 el 45.5% de las personas consideraba que la violencia era el problema más grave de Guatemala, seguido por la economía con un 30.4%. Además, una de cada cinco personas afirmó haber sido víctima de algún acto de delincuencia, el 18.9% afirmó tener mucho temor a ser víctima de un homicidio y el 20.8% algo de temor.

Sin embargo, la violencia en Guatemala va en descenso.

Así lo evidencian los datos.

Las tasas de homicidios declinan desde el año 2010 y, a pesar de las acciones del anterior gobierno de Jimmy Morales de debilitar la institucionalidad de la Policía Nacional Civil (PNC) con la remoción de las principales autoridades y personal capacitado para la investigación, la tendencia sigue a la baja.

«Ante la percepción de la violencia, la población necesita ver acciones del Gobierno para contrarrestarla», asegura el investigador en temas de seguridad Francisco Jiménez. De acuerdo con el experto, en esa necesidad se encuentra la razón de la decisión de Alejandro Giammattei de imponer estados de prevención por todo el país. No sirven para reducir los índices de violencia, pero crean en la sensación entre la población que algo se hace.