En Guatemala estamos acostumbrados cada vez más a vivir tras las rejas. Y no. No hablo de los que se han ganado una condena en prisión. Nos hemos adaptado a vivir encerrados tras las rejas y dentro de los espacios que consideramos seguros.
En los anuncios de alquiler o venta de inmuebles es común y socialmente deseable que se incluyan las frases «colonia cerrada», «doble garita» y «sector exclusivo», entre tantas otras que de alguna forma vuelven apetecible el inmueble a los compradores. No siempre fue así, aunque el pasar de los años lo hiciera parecer apropiado.
El derroche en seguridad
Todo esto tiene un costo. La falta de inversión en seguridad preventiva nos ha llevado a derrochar en seguridad privada. La única justificación para tener seguridad privada es precisamente la falta de seguridad.
El Estado de Guatemala, lejos de perseguir una política de mejora, se ha unido al despilfarro de recursos. Según una investigación de Plaza Pública, en los últimos 14 años el Estado guatemalteco ha gastado 3,300 millones de quetzales en contratos otorgados a empresas de seguridad privada para resguardar las instituciones públicas.
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¿Por qué el garante de seguridad de la población busca resguardar sus propias instituciones utilizando agentes de seguridad privada? La respuesta es muy simple: porque es a lo que estamos acostumbrados.
En el sector privado, los números son aún más preocupantes. La revista Summa reveló que Guatemala es el país que más gasta en seguridad en Centroamérica, hasta un 30 % del total de la región: alrededor de 460 millones de dólares estadounidenses al año. Si extrapolamos esa información con la de los últimos 14 años, veremos que las empresas guatemaltecas han perdido cerca de 6,440 millones de dólares (cerca de 50,000 millones de quetzales), un 1,500 % más que el mismo Estado.
El papel de la administración pública
Lo lamentable es que tanto las personas como las instituciones se han dedicado a reforzar esta situación. Los logros de las juntas de vecinos en zonas residenciales pasan por obtener la autorización municipal para cerrar calles (lo que ha incrementado la inseguridad rejas afuera), como si vivieran, comieran, hicieran compras y trabajaran dentro de su propiedad y no tuvieran que salir nunca del encierro. Y si hablamos de la conectividad de las ciudades, la movilización se ha complicado en general: lo que anteriormente era atravesar una calle en un par de minutos ahora toma hasta diez veces más tiempo al tener que dar la vuelta completa al grupo de manzanas que cerraron los mismos vecinos.
Así, muchas urbanizaciones se desarrollaron entre muros creyendo que el espacio público podía ser privatizado, restringiendo la locomoción y reduciéndoles la imagen urbana a las vías principales al rodearlas de pequeños mundos aparentemente seguros, pero aislados totalmente de servicios y comercios. Por eso cada vez estamos más lejos de esas comunidades en que la gente salía a las calles, había comercio en los barrios, se convivía entre vecinos y los espacios eran mucho más seguros.
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Tenemos mucho que mejorar socialmente para sentirnos seguros en la calle. Existe un temor irracional a hacer actividades normales como intentar usar el teléfono fuera de la casa, y la paranoia nos hace voltear a ver si no viene alguien cerca para entrarnos. Es vital que las municipalidades le apuesten a la seguridad ciudadana, que amplifiquen los ojos en la calle, para hacer que la gente se apropie del espacio público, lo utilice y lo viva. Estas estrategias son una buena alternativa, pero deben acompañarse de mejoras en la seguridad preventiva estatal y respaldarse con un sector de justicia eficiente y consecuente.
Con 53,000 millones de quetzales habríamos fortalecido todas las instituciones que se dedican a la seguridad y al sector justicia. Ese monto es más del 60 % del presupuesto anual de la nación, suficiente para mejorar la infraestructura con calles más seguras. Según el portal Guatecompras, todos los concursos adjudicados que incluyen la palabra Transmetro suman Q518,059,449.39, apenas el 1 % de lo que se ha gastado en seguridad privada, y esto incluye inversión, operación y mantenimiento, algo que alcanzaría para construir 100 veces la infraestructura actual del mejor sistema de transporte colectivo que hay en el país. Puedo seguir poniendo datos comparativos para argumentar, como que en educación la palabra escuela se relaciona con 8,000 millones de quetzales desde el 2004 en el portal Guatecompras, hospital con 6,400 millones de quetzales, y así sucesivamente. Salvo la infraestructura vial, en ningún otro rubro se ha invertido esa cantidad de dinero.
Hace falta mucho, pero es seguro que orientando la inversión habríamos podido mejorar las condiciones sociales en la búsqueda de oportunidades de desarrollo. Es imperativo que el Gobierno central implemente una política pública de seguridad preventiva eficiente y bien estructurada, que los Gobiernos locales establezcan regulaciones que fomenten la seguridad ciudadana y la interacción social que forme vínculos de convivencia, esenciales para lograrlo, y, finalmente, que las mismas personas cambien de a poco la concepción del estatus que marca las diferencias sociales para que empecemos a crecer como comunidades. Como diría Eduardo López Aranguren: «La desigualdad social es el resultado de un problema social, y no puede observarse meramente como un fenómeno natural. Es también un fenómeno histórico y cultural que ha existido en todas las naciones, hasta convertirse en un problema social para cada una de ellas».
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