Chuimeq’ena’ después de la masacre

Territorio de rebeliones

El 12 de julio de 1820 triunfó en Chuimeq’ena’ –San Miguel Totonicapán– una de las rebeliones indígenas más importantes y más conocidas en la historia colonial. Mujeres y hombres k’iche’s de los amaq’ –comunidades– de Totonicapán, a lo largo de la historia habían articulado una serie de entramados y fuerzas políticas para resistir y responder a la dominación colonial. En 1820, a lo largo de más de cuatro meses, Chuimeq’ena’ se declaró soberano, habían eliminado el tributo, comunalmente establecieron una serie de deliberaciones que desencadenaron en justicia popular, donde obligaban a las autoridades coloniales a devolver los tributos que habían cobrado, una vez logrado esto, las autoridades coloniales fueron expulsadas. Las mujeres y los hombres de Chuimeq’ena’ declararon el reino de Totonicapán.

Aunque el epicentro era Chuimek’ena’, la rebelión había logrado expandirse y abarcar parte de lo que hoy conocemos como Huehuetenango y Santa Cruz del Quiché, es decir, casi un tercio del territorio de lo que hoy ocupa Guatemala. La rebelión triunfó y para celebrarlo se realizaron una gama de festividades que traía consigo la música, los sonidos que provienen de la pólvora, los vestidos de fiesta, la comida. La fiesta del triunfo fue tan disruptiva. Profanar los símbolos religiosos de la dominación fueron centro de la celebración. En los recuerdos de las comunidades de Totonicapán están presentes esas imágenes de cómo se tomaron los atuendos y los artículos religiosos católicos como forma del triunfo. Seguramente la dimensión festiva permite explicar los más guardados anhelos de esta sociedad que vivía en estado de dominación colonial.

Esta rebelión anticolonial tuvo como protagonistas a las mujeres y hombres de los amaq’ y a varios nombres que ganaron visibilidad. En este despliegue político anticolonial fueron centrales Atanasio Tzul, Felipa Tzoc, Lucas Akiral y varios otros más, que reiteradamente son traídos al presente en la historia oral actual de los k’iche’s de Totonicapán. La centralidad de esos tres nombres se debe a que las comunidades les nombraron para dirigir la rebelión y por ende fueron a quienes el gobierno colonial, mediante su ejército reprimió, encarceló y ejecutó.

Ciento noventa y dos años más tarde, el 4 de octubre de 2012 el Gobierno de Otto Pérez Molina, siguiendo las formas de la colonia prolongada en el Estado guatemalteco, operó de la misma forma. Rafael Batz y Santos Nicolás Menchú, de Pasajoc; Jesús Baltazar Caxaj Puac, Francisco Ordoñez, José Eusebio Puac Ordoñez, del cantón Chipuac; y Arturo Félix Sapón Yax, de Panquix, fueron masacrados por el ejército guatemalteco en la cumbre de Alaska cuando participaban en el levantamiento del 4 de octubre. Este levantamiento tenía dos rostros: la presión concreta de las comunidades en la carretera interamericana en varios puntos y una delegación de autoridades que estaba presionando en la capital. Había también tres razones: en contra de la reforma constitucional; contra el alza al cobro del kilovatio de la energía eléctrica y contra la reforma de la carrera magisterial.

Estas tres razones del levantamiento constituyeron un horizonte político inscrito en la política comunal indígena y en las demandas populares. Me explico mejor: el levantamiento se oponía a la reforma constitucional porque serían modificados los artículos 1 y 66, que recurrentemente son utilizados para luchar jurídicamente por la soberanía política y territorial de las sociedades indígenas, que valga aclarar son previas a la formación estatal guatemalteca. Si se analiza conjuntamente el artículo 1 y 66 queda claro que su espíritu es declarar al Estado-nación para que funcione como ente universal donde las sociedades indígenas aparecerían como entes que forman la nación. El peligro de declarar universal el territorio venía a socavar las tierras comunales que poseen los pueblos indígenas y a los sistemas de gobierno comunal que históricamente han estructurado ^[1].

La protesta contra el alza de la energía eléctrica era popular porque el aumento de cobro por kilovatio de electricidad golpea la economía familia de la gran mayoría de la sociedad guatemalteca.

Al igual que la reforma a la carrera magisterial. Porque para muchos jóvenes –como fue mi caso- la carrera magisterial constituye un lugar de movilidad social. (Marginal, pero al fin y al cabo de movilidad). Para las sociedades mestizas también, las carreras normalistas del magisterio, representaban la posibilidad de que los jóvenes ingresaran al mundo laboral para trabajar en una escuela.

Las razones para “levantarnos” no eran intereses exclusivamente de las comunidades indígenas, eran también y sobre todo demandas populares. Por eso, el 4 de octubre produjo un interés y una voluntad comunal y popular.

La vida y la muerte de estos seis comunitarios de Totonicapán guardan una íntima conexión con las luchas de las que fueron protagonistas Atanasio Tzul, Felipa Tzoc y Lucas Akiral, sus nombres, sus vidas y sus muertes son parte de nuestra historia política indígena que sigue desplegándose hoy día. Historia que se estructura por la lucha de al menos dos líneas plenamente identificables: Soberanía comunal de gobierno y tierras comunales.

¿Cómo reaccionaron las 48 comunidades después de la masacre?

Con indignación.

Después de la masacre, emergió y se constituyó una fuerza comunitaria indignada que repudió la violencia y que reclamó justicia. Como efecto de esto, las mujeres y los hombres en el acto del velorio comunal organizaron narrativas que revivieron y actualizaron una serie de luchas del pasado para explicar la continuidad de las reivindicaciones indígenas por la soberanía territorial, el gobierno autónomo y contra los impuestos. Por ejemplo recordaron el Estado de Sitio impuesto en 2001, cuando se organizó la protesta contra el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y de la masiva protesta en 1987 cuando se modificó la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Como ya anticipé, el velorio comunal se convirtió en una masiva concentración de más de 70 mil personas que les rindieron homenaje a los muertos, reclamaban la justicia por la masacre y manifestaron el apoyo a las autoridades comunales.

[frasepzp1]

Fueron tres días de duelo en ese lapso en el que se realizaron los entierros donde miles de personas se solidarizaron con las comunidades y las familias dolientes. La forma de solidaridad no sólo fue verbal, fue sobre todo material. Comunitariamente se juntó el dinero para comprar ataúdes, algunos los entregó una cooperativa del pueblo y otro lo entregó un ex presidente de la junta de los 48 cantones. También la gente de las comunidades llevó a los deudos azúcar, maíz, frijol para las ceremonias de entierro. Durante estos tres días ocurrieron cosas que a simple vista pueden parecer aisladas, pero analizadas en su conjunto nos dejan avizorar un sentido comunal de lucha por la vida. A continuación ordeno las que considero más relevantes:

a) Asistimos a intentos por cerrar y quemar la municipalidad (lo impidieron las autoridades comunales). Existieron varias expresiones de este acto. Una parte optaba por quemar el edificio. Otros no querían quemarla, su opción era tomar el edificio. Que en el acto de tomarlo, se destituyera al alcalde municipal, representante del partido de turno, y que su lugar fuera ocupado por la presidenta de la Alcaldía indígena, Juana Tacam. Esa relación problemática por la soberanía entre alcaldía indígena y alcaldía municipal quedó exhibida con toda claridad.

b) La radio comunitaria La Niña se convirtió en un micrófono abierto donde hombres, mujeres, niños, niñas y los migrantes que vivían en Estados Unidos manifestaran su repudio, nombraran la responsabilidad de los ejecutores de la violencia local. Mientras eso pasaba, los locutores que abrieron el micrófono eran intimidados y recibían amenazas de muerte; y serían objeto de sanciones por ser una “radio pirata”.

Cuando la gente habla produce una fuerza común y eso sucedió durante tres días. Las comunidades simultáneamente hablaron, se escucharon y produjeron un saber común que tenía mucha fuerza, de tal forma que con ímpetu repudiaban las versiones que los medios de comunicación masivos vertían sobre las masacre. En este contexto se entienden las acciones de interpelación de varios de los periodistas y corresponsales que transmitían noticas acorde a los intereses de los medios nacionales y hegemónicos. Las versiones que divulgaban eran más o menos las siguientes: “No era una masacre, sino que eran campesinos que se mataron y que el ejército intervino para que no se siguieran matando”. “Los campesinos armados, atacaron al ejército”. Es muy famoso y recordado el acto de cuando se le pide a un corresponsal abandonar el lugar de la concentración y se le dice que no estaba autorizado a transmitir información.

c) Cientos y cientos de delegaciones de todo el país realizaron visitas, llegaban a manifestar su solidaridad. Como efecto de estas, devinieron en un real hermanamiento de luchas comunales indígenas y populares. De este hermanamiento se produjo un verdadero temblor en la estructura política guatemalteca, por ejemplo, cuando varias delegaciones diplomáticas acreditadas en el país exigieron una explicación al presidente acerca del uso de la violencia y haciéndole ver su incapacidad en el manejo de conflictos. Varios pueblos, organizaciones, colectivos nacionales, en micrófono abierto, pidieron la renuncia del presidente, del ministro de la defensa y del ministro de gobernación. Totonicapán, como hace más de 190 años, aún en el dolor, fracturaba el orden de dominación y explotación política.

d) El edificio de la municipalidad y de la antigua gobernación fueron pintados con letreros que decían “patriotas asesinos”, “Pérez Molina asesino”. Esa escritura develó el malestar ante el rostro del poder y sus formas de operación.

d) Con la anuencia de heridos, victimas y viudas, se decidió establecer un proceso jurídico contra el ejército guatemalteco. Una parte de la justicia se encontraba en esos medios y por ello se decidió apelar a él.

Una a una, estas estrategias constituyeron la voluntad colectiva que tenía como hilos más visibles la defensa y la dignidad de la vida, el repudio de la violencia. En suma, la soberanía comunal indígena de Totonicapán.

No sólo fue la violencia la que abrió y dio las posibilidades para que mujeres, hombres, niñas y niños establecieran discursos de dignidad. Y digo que no solo la violencia, porque la vida y la dignidad son parte fundamental de la política comunal indígena que se despliega en Chuimeq’ena’.

Dicho en clave analítica y teórica: Estos eventos permitieron mostrar con claridad el despliegue de la política k’iche’. Esa que funciona y que organiza la reproducción de la vida cotidiana en las tierras comunales, esa que ha sido capaz de producir la organización territorial en segmentos autónomos, mediados por alianzas de parentesco. Esas estructuras que a lo largo de los años ha creado y elaborado sistemáticamente estrategias para organizar la vida, responder a la dominación y ponerle límites al Estado.

Dice Raquel Gutiérrez que la insubordinación contra los órdenes de dominación es permanente y discontinua, y aunque esta autora analiza las formas de la rebelión en la Bolivia de la Guerra del Agua, su argumento me resulta útil para explicar este despliegue de la política indígena en octubre de 2012. Habían pasado ya un lapso de 10 años de la última rebelión en Totonicapán.

¿Cómo entender este despliegue político tan amplio? Para mi respuesta quiero parafrasear a Gilly en Historias desde adentro: la tenaz persistencia de los tiempos. Dice Gilly que es en los tiempos cotidianos desde donde se preparan las rebeliones, que nadie sabe cuándo serán, pero que cuando lleguen los encontrarán con el ánimo dispuesto. Y yo complementaría que esta fuerza cruzada por el sentimiento de dignidad que emana de la producción de la soberanía sobre territorios comunales constituye acumulación de fuerzas y estrategias políticas; y la rebelión abierta es tan sólo una forma de la política indígena de Chuimeq’ena’.

Pero esta versión es incompleta, porque el lado de la dominación también establece sus estrategias para bordear y expropiar el mando político y soberano de las 48 comunidades de Chuimeq’ena’. De tal forma que en las comunidades conocimos una serie de intentos de ofrecimientos a las familias de los muertos y los heridos para resolver y resarcir los daños mediantes apoyos municipales. Eso fue denunciado por las viudas y los heridos y se puso en evidencia a quienes no respetaban el dolor de la muerte.

[frasepzp2]

Aunque la responsabilidad de resarcimiento y justicia es estatal, algunos agentes que no queda claro si se trataban de gente de la municipalidad o del partido político (porque, a esas alturas ambas instituciones eran indistintas) propusieron salidas y ofrecimientos de construcción de viviendas o de dinero.

El argumento era más o menos el siguiente: “¿Para qué se va hacer un juicio al Estado? Ese es un proceso que va a demorar y se va a gastar mucho dinero en los trámites y al final no se va a conseguir nada. Entonces mejor aprovechen los apoyos que les ofrecemos”. Más allá del proceso jurídico administrativo, querían persuadir a los heridos, viudas y huérfanos para que no rindieran testimonio en el juicio, pero sobre todo que no hablaran en las asambleas comunales que comenzaron a cobrar un ritmo intenso para producir deliberación. Quienes quieren destruir a la alcaldía comunal habían producido una serie de mecanismos para promover conflictos y producir enfrentamientos. A continuación inicio un esbozo, que en una segunda entrega analizaré de manera más profunda y detallada.

Breve ruta para comprender la expropiación de poder comunal

2013 fue un año fértil en el que los sistemas de gobierno comunal acompañaron el proceso judicial y simultáneamente alimentaban con información a las comunidades. El levantamiento había tenido un efecto concreto: la reforma constitucional no se había efectuado y las otras demandas seguían vigentes, y hasta el momento no se han resuelto. Se organizó una serie de eventos políticos, artísticos, comunitarios para recordar la masacre y para actualizar el objetivo de las luchas. La masacre era tema de conversación en los buses, en los molinos de nixtamal, en las escuelas.

a) Para frenar las propuestas de activación de la memoria se organizó una embestida de represión contra varias personas, mujeres y hombres que participaron en la gestión de actividades. La violencia ha sido parte fundamental para organizar el poder en Guatemala y si bien, la historia oficial plantea un fin de la guerra, es claro que esta argumentación carece de sentido, porque las formas de organizar el poder en el ámbito local tienen todas las marcas procedimentales de la guerra. Son ya casi incontables las amenazas de muerte, las intimidaciones, las balaceras que han ocurrido en Totonicapán desde el 2013 hasta la fecha.

b) Se desarrolló una estrategia contra la institución de la alcaldía comunal indígena. En este contexto se empleó una serie de mecanismos para hacer que el actual presidente de los alcaldes comunales fuera una persona afín a los intereses del partido político de la municipalidad.

c) Una forma contrainsurgente es la que Estado y el CACIF idearon al invitar al presidente de los 48 cantones para que participara en el foro de Pueblos Indígenas de la ONU en mayo de 2014. Esta participación avalaba el discurso de que Estado, Empresariado y Pueblos Indígenas tenían una armónica relación. Cabe resaltar que el presidente participó sin la autorización de las asambleas y cuando éstas le reclamaron que su voz no era individual, que no se mandaba solo y que había faltado a una consigna de la autoridad comunal, éste se negó a entregar respuestas. A partir de ese momento se organizó una estrategia para desconocer y expulsar de la asamblea a las comunidades que reclamaban. Su argumento era que solo eran presiones y reclamos de las alcaldías urbanas ^[2]que siempre ha querido manejar a las alcaldías rurales.

Las acciones posteriores fueron las siguientes: 

1. El presidente de la alcaldía comunal impidió el ingreso de cinco alcaldías a la asamblea de alcaldes comunales.

2. Se quiere generalizar la idea de que hay un enfrentamiento entre comunidades que están en el centro del pueblo y las que son rurales. El argumento dice que solo las comunidades del centro tienen todo el beneficio. Sin embargo este es un argumento muy fácil de rebatir porque la presidencia de la alcaldía comunal no organiza ni distribuye recursos financieros. En todo caso si esa diferenciación existe es provocada por la distribución del presupuesto municipal.

La finalidad de este ensayo es presentar parte de lo que hemos logrado desde la vida cotidiana y desde las luchas que emergieron en base a la dignidad indígena durante y después de la masacre del 4 de octubre. Las mujeres y hombres de Totonicapán precisamos comenzar a analizar las formas de cómo por la violencia y la habilidad política estatal están intentando expropiar del poder comunal que hemos construido y acumulado durante casi dos siglos en Chuimeq’ena.

Notas al pie