Efecto del confinamiento COVID: Para los agresores las madres y adolescentes no fueron suficientes

En 11 años, Carolina Escobar Sarti ha conocido todo tipo de casos de niñas víctimas de violencia sexual y trata de personas. En esos 11 años; sin embargo, no hubo una época tan atípica y crítica para las niñas como los últimos 19 meses, el tiempo que ha cumplido la pandemia de COVID19 en Guatemala.

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«Lamentablemente, se cumplió nuestra preocupación, nuestros temores», dice Escobar Sarti, fundadora y directora del refugio La Alianza, un hogar de protección y abrigo para niñas y adolescentes vulneradas en sus derechos. La preocupación a la que se refiere es la que entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron desde inicios de 2020, cuando brotaron en la región los primeros casos positivos de COVID19. La violencia contra mujeres, anunciaron, sería la sombra que crecería en medio de la crisis sanitaria a nivel mundial.

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Lo que no se vislumbraba para entonces, era que serían las niñas las más afectadas. Según Escobar, en el hogar de La Alianza, desde el confinamiento propiciado por la pandemia hasta ahora fue evidente el incremento de niñas en situación de violencia. «No lo estamos inventando, ni queremos hacer una teoría alarmista. Pero nunca habíamos recibido cuatro  niñas de 10 años al mismo tiempo, en 11 años que llevamos trabajando», asegura.

Según el Observatorio de la Mujer del MP, en 2020 recibieron 8,319 denuncias por maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Esto se traduce en 19 denuncias por día. La violencia sexual constituye una cuarta parte de esas denuncias.

En 2019, la cifra llegó a 10,111. Sin embargo, se debe tomar en cuenta las dificultades de movilización por las que muchos casos no llegaron al MP.

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Aunque los datos oficiales aún son insuficientes para evidenciar un aumento de niñas víctimas de abuso sexual en sus hogares, el aumento de casos registrados en La Alianza es un indicador de este fenómeno a nivel nacional. «Hemos recibido niñas que nos relatan hechos de horror que se incrementaron durante la pandemia. Niñas abusadas y víctimas de trata de personas en el área urbana y rural», señala la directora.

Según Flor Gálvez, abogada de La Alianza, la mayoría de casos de violencia sexual contra niñas ocurren en sus propios hogares. Un cálculo realizado por el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) señala que en el país, en nueve  de cada diez casos de abuso contra menores, el agresor es un familiar, una persona que forma parte del núcleo familiar.

«Las niñas en su mayoría han sido vulneradas dos o hasta tres veces. En algunos casos por el tío, luego el primo, luego el papá. Tienen múltiples violencias aparte de que no asisten a la escuela, no tienen buena alimentación, viven en condiciones precarias», explica Gálvez.

Asimismo, dice, tienen conocimiento de casos de niñas que son abusadas por la figura paterna, quien se supone que las va cuidar durante el confinamiento y al final las vulnera. «Algunas se escapan porque ya no aguantan la violencia que están viviendo», explica Gálvez.

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Desempleo, pobreza y confinamiento: una fórmula de terror

Varios son los factores que intervienen en la ecuación que da como resultado más niñas en situaciones de alta vulnerabilidad y riesgo, a partir de las condiciones generadas por la crisis sanitaria.

Escobar lo explica de esta forma: Hay hogares en los que podemos ver padres alcohólicos, también el hecho de quedarse sin trabajo contribuyó, pero el encierro fue el detonante principal porque sin trabajo, con encierro, con alcoholismo, en pobreza y teniendo a las más pequeñas a la mano, la situación empeoró. Encerraron a todas las mujeres.

Según un estudio realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), como consecuencia de la pandemia, en Guatemala el empleo formal fue fuertemente afectado, se perdieron aproximadamente 60,939 empleos.

En algunos casos, las circunstancias de las familias modificaron las dinámicas del día a día. Ante hombres desempleados, adolescentes y mujeres salieron a buscar trabajo o se sumaron al comercio informal, mientras las más pequeñas quedaron al abrigo del padre y sufrieron abusos. «El encierro con el agresor fue tan horrible como habíamos pensado, pero especialmente para las niñas», apunta Escobar.

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Según datos de La Alianza, la violencia sexual contra mujeres y violaciones a sus derechos constituyen una realidad constante en el país. Sin embargo, desde 2018 el hogar comenzó a recibir menos casos de niñas, hasta 2021. Ahora las cifras van en aumento. «Vemos que la institucionalización ha aumentado», explica la abogada Gálvez. En 2020, el refugio atendió a 103 niñas y en lo que ha transcurrido del 2021 ha recibido a 119. Este número seguirá creciendo en los últimos meses que restan del año.

«Hemos visto más casos de niñas pequeñas y esto es un indicador para nosotros de alerta porque quiere decir que las adolescentes y mamás que eran generalmente las que padecían la violencia, ahora no fueron suficientes y también las más pequeñas fueron víctimas de violencia», analiza Escobar.

Al parecer la pandemia fue el detonante de una crisis preexistente.

Es una situación que debe analizarse de forma interseccional. «Aquí se juntaba la pobreza, el encierro, una cultura patriarcal, machista, la vulnerabilidad por ser niñas y mujeres en sus espacios y todo esto junto, en el caso de comunidades indígenas, fue espantoso», añade la directora de Alianza.

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, también se suma a la preocupación por el aumento de violencia en niñas y mujeres. Inevitablemente, dice, las condiciones de encierro generaron un contexto de violencia dentro de los hogares.

«En Guatemala el consumo de alcohol es elevado y muestra de ello es cómo durante la pandemia al interponerse restricciones las personas corrían a comprar cerveza y licores para tener durante el confinamiento. El estar en el encierro, más la situación económica, los niños y niñas dentro de la casa, empeora el tema de violencia. Y como nadie sale, se oculta de una mejor manera», asegura.

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El confinamiento provocó mayor subregistro

Los casos de embarazos en niñas también son un indicio de este fenómeno. En el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), en 2021 se han contabilizado de enero a septiembre un total de 1,453 niñas embarazadas, entre las edades de 10 y 14 años. Cualquier embarazo en una menor de 14 años encaja en el delito de violación según la Ley Contra la Vviolencia Sexual y Trata de Personas. Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Petén son los departamentos que encabezan las cifras.

Según los registros de los últimos años, los casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años se mantuvieron en cifras escandalosas. El 2019 cerró con 5,061 niñas de entre 10 y 14 años embarazadas. Y en 2020 hubo un registro de 4,814 en ese mismo rango de edad.

Sin embargo, dice Montenegro, los datos son inexactos porque los casos reales son más de los registrados. «Hay un subregistro del 30% en nacimientos en niñas y adolescentes en el año 2020, en comparación con 2019. Los datos no son exactos porque muchas entidades cerraron sus oficinas y las restricciones para movilizarse y de transporte también influyeron en que muchos niños no fueron registrados», explica.

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Algo similar ocurre con las cifras de denuncias por violencia sexual. En 2020, a pesar de las dificultades que la pandemia generó, se registraron 72,217 denuncias de violencia contra las mujeres según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público. En comparación con los datos del 2019, en 2020 se evidenció un descenso en denuncias. Sin embargo, de acuerdo con un análisis realizado por la investigadora Silvia Trujillo, ese dato puede vincularse con otras situaciones.

 «Por ejemplo: durante muchos meses las mujeres no contaron con transporte público debido a las medidas especiales por la pandemia, lo cual dificultó su movilidad; además, tenían mayor dificultad para salir de sus domicilios porque el encierro las obligó a convivir las 24 horas bajo el asedio de sus violentadores, con lo cual tampoco podían acercarse a las instituciones a denunciar. Incluso, durante el período de confinamiento, muchas de estas entidades encargadas de recibir denuncias funcionaron en horarios restringidos y con menor cantidad de personal», asevera en su análisis.

Definitivamente, insiste Montenegro, hay más violencia sexual pero curiosamente hay menos denuncias y un subregistro de embarazos en niñas. Esto último, añade, tiene que ver con que durante la pandemia la prioridad de los servicios fue atender el Covid-19 y no hubo acceso a muchas instituciones. Lo más probable es que los casos al cierre del 2021 evidencien el subregistro del 2020.

Montenegro suma otro indicador a la lista. Este año, OSAR identificó cinco suicidios de niñas y adolescentes embarazadas en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. En todos los casos la causa fue intoxicación por plaguicida. El resto de detalles aún están en investigación.

«Una de ellas tenía 14 años y fue entregada a un hombre pero él la rechazó porque dijo que no era virgen y que el bebé no era de él», relata Montenegro.

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En más de 10 años monitoreando esos casos, dice la experta, no habían llegado a esa cantidad y mucho menos en niñas. Y en su  mayoría, esos casos tienen que ver con violencia sexual en el hogar.

«Todo esto nos confirma que la posición que ocupa la niñez es como de segunda ciudadanía, son invisibles, y ahora más vulnerables», concluye.