Cómo se hace un plan para proteger a los periodistas

Castillo es socióloga, graduada en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), maestra en Criminología por la Universidad Mariano Gálvez (UMG) y con una maestría cursada en Políticas Públicas en la Universidad Rafael Landívar (URL). A la fecha se desempeña como docente de la Escuela de Criminología de la UMG y tiene experiencia en la atención a víctimas de la violencia desde 1996 en la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y Secuestro (FADS). Además, fue directora del Sistema Penitenciario entre 2007 y 2008, luego de sustituir a Alejandro Giammattei, de quien fue subdirectora de presidios.

El 15 de julio Castillo iniciará una consultoría para diseñar el Sistema de Protección a Periodistas de Guatemala.

Ante la situación de inseguridad y violencia que afrontan los periodistas guatemaltecos, el 28 de noviembre del año pasado el presidente Otto Pérez Molina anunció la creación de un Programa de Protección de Periodistas, e instruyó al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, para que se hiciera cargo del asunto.

A principios de este año Cuevas aseguró que la política ya estaba lista.

Los meses pasaron y fue evidente que el publicitado Plan de Protección de Periodistas no era más que una quimera. Una idea suscrita por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) que pronto tuvo que aceptar que requeriría de un proceso más largo de elaboración.

Cuevas no habla de plazos. En Colombia un proceso similar se prolongó durante 20 años y en México superó los 12. A pesar de ello, en ambos países el riesgo sigue presente para los periodistas.

Ante las críticas por una posible designación arbitraria de la persona responsable de diseñar el plan, se creó una Mesa Técnica integrada por representantes de la SCSP, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH).

Esta instancia convocó a expertos para optar al puesto, y de cuatro que aplicaron eligieron a Castillo. La primera tarea de esta socióloga será hacer un diagnóstico sobre los problemas de seguridad que padecen los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su trabajo. Y, a partir de éste, diseñar una propuesta de plan que deberá ser consensuado y discutido con el mayor número posible de periodistas.

Castillo tiene un plazo de seis meses para elaborar la propuesta, aunque éste podría prorrogarse según las dificultades que afronte. La Mesa Técnica será la responsable de aprobar el plan en definitiva y de trasladarlo al Ejecutivo para que éste lo convierta en una iniciativa de ley que luego presentará al Congreso para su aprobación.

¿Cómo se hace un Plan de Protección a Periodistas?

Lo primero es tener un diagnóstico con datos certeros. Muchas veces los datos que manejan la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no concuerdan. Tiene que haber una conciencia institucional de trasladar la información para que el proyecto dé resultados. La consultoría avanzará hasta tener el diseño, es poco probable que se llegue a aplicar inmediatamente.

Se tiene que hacer un diseño conceptual, revisar la normatividad, y ver si hay políticas preventivas y cómo se ejecutan. Los periodistas obviamente son una fuente fundamental para elaborar una línea base de la situación. Además de buscar información alternativa en organizaciones fuera del Estado. Esto para detectar los cuellos de botella con que se enfrentan los periodistas al presentar sus denuncias.

La primera barrera que enfrentan los periodistas del interior es que tienen que viajar a la capital para presentar su denuncia ante la Unidad de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público.

Lo que tenemos que buscar es que las denuncias lleguen inmediatamente a la oficina central. Yo tampoco sé qué tanta confianza tendría de ir a presentar una denuncia en muchos casos. Los caminos son asumir el riesgo de presentarlas con acompañamiento. Acompañados, por ejemplo, de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos que tiene delegaciones en todo el país, y por otros compañeros periodistas.

La desconfianza en el sistema es de los periodistas y de todo el mundo. Lo mismo le sucede a las organizaciones de sociedad civil.

¿Qué institución debe dirigir el Plan de Protección de Periodistas?

Hay países que han experimentado con nueva institucionalidad, con crear entidades independientes. En Guatemala se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con comisionados titulares y suplentes; la ley le da absoluta independencia, pero la trampa, a mi juicio, es que el Congreso elige a los representantes. Esto sucede porque si se empodera una institución en términos financieros se va a volver un botín, como lo que estamos viendo en las Comisiones de Postulación. Por eso hay que ver varias experiencias y tener cuidado con esto.

[Dudas sobre la regulación

La propuesta de un Plan de Protección de Periodistas causó suspicacias desde un principio a Gonzalo Marroquín, director de la revista Crónica, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y exdirector de Prensa Libre. El que la iniciativa se originara en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia es una situación que no aporta para su independencia, criticó Marroquín. El director de elPeriódico, Rodolfo Móvil, coincidió en este parecer y abogó por regulaciones independientes en los mismos medios. Según Móvil es difícil confiar en una propuesta de seguridad del Ejecutivo, cuando ni si quiera pudo garantizar la seguridad del periodista Pavel Vega en la puerta de Casa Presidencial. Vega fue golpeado por un reportero de una estación que Móvil indicó está parcializada a favor del gobierno]

¿Cómo percibe la situación de la violencia entorno a los periodistas?

Tengo una lectura muy crítica de la violencia en general donde hay un incremento importante, con descensos solo en algunos delitos. Hay otros delitos que han salido a la luz, como la violencia sexual y abuso. En el caso de los periodistas hay que analizar cómo han funcionado las medidas cautelares, a quién se le van a dar las medidas cautelares, quién decide cómo se otorgan y cuáles son los compromisos del periodista o comunicador que recibe asistencia.

¿Qué tan viable es la implementación de un Plan de Protección de Periodistas a través de una ley?

Primero hay que poner de común acuerdo la institucionalidad y las competencias de cada entidad para que un plan de ese tipo funcione. Trabajé en la aprobación de la Ley del Régimen Penitenciario, y aunque es una ley muy buena sólo se ha cumplido el 5 % de ella, y se aprobó en el 2006. A mi juicio los valladares más profundos están en que las leyes se cocinan perfectas, pero no se identifican los rubros presupuestarios, si este proceso deriva en la propuesta de una ley debe considerarse dónde están los rubros y estimar el costo de implementarla.

¿Qué experiencia tiene en el trato de casos relacionados con la amenaza a periodistas?

Tengo más experiencia en los casos de denuncias de activistas y sociedad civil desde mi asesoría en Familiares y Amigos contra la Delincuencia y Secuestro (FADS). Al iniciar la consultoría tendremos que solicitar información a las entidades necesarias para elaborar la política en permanente contacto con los periodistas.

¿Cómo hacer una política de este tipo si no se tiene contacto con ese gremio en particular?

No puedo tener argumentos sustentados porque no he tenido acceso a suficiente información, lo que conozco son los documentos que han elaborado diversos medios de comunicación, lo poco que me han trasladado. Porque no he asumido de manera oficial. En su momento requeriré más información. Pero es importante que la política se diseñe por un metodólogo para que establezca los pasos que se tienen que seguir y las rutas de acción.

¿Cuál debería ser el perfil de la persona responsable de dirigir el plan que usted elaborará?

El perfil del encargado del programa tiene que ser de un metodólogo. (Eso) lo tienen que entender los periodistas y la comisión de alto nivel. Las instituciones tienen que asumir su responsabilidad como ejecutoras, y el acompañamiento tiene que ser fundamental. Un plan de este tipo también requiere asesorías como la de un consultor financiero con experiencia en el Estado para que pueda identificar los renglones presupuestarios que permitan darle recursos a las instituciones para cumplir con los objetivos.

[Cuando las autoridades son las cuestionadas

En la mayoría de los casos, según las denuncias de las víctimas, las agresiones y amenazas en contra de los periodistas provienen de las autoridades policiales, locales o políticas. El fiscal de la Unidad de Delitos Contra Periodistas, Benito Herrera, reconoció a Plaza Pública que policías, alcaldes, gobernadores y representantes de empresas son los responsables de una buena parte de las agresiones e intimidaciones a los comunicadores que ha investigado. Organizaciones de la sociedad civil como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (Udefegua) y el Centro Civitas coinciden en reportar a estos sectores como las principales fuentes de intimidaciones o agresiones]

¿Qué tipo de información necesitará para hacer el diagnóstico sobre los problemas de seguridad que enfrentan los periodistas?

Hay que diagnosticar bien a partir de la información de la Unidad de Análisis de Riesgo del Ministerio Público, la cual tiene que establecer cómo está el fenómeno delictivo. Para atender a los periodistas que cubren temas de narcotráfico, por ejemplo, tenemos que identificar las zonas de más riesgo y no sólo conducirnos por supuestos. Además, sería buena la creación del “botón de pánico”, un número especial para los periodistas, o un número directo a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Policía Nacional Civil para que puedan denunciar a las autoridades policiales.

Habrá que capacitar a las fuerzas de seguridad para qué no cometan abusos.

Sí, capacitar, revisar la malla curricular y si estos temas no están incluidos en la formación del agente, incluirlos con la misma participación de periodistas en la Academia de Policía. Hay que hacer un trabajo importante con los policías, desde el mismo ministro de Gobernación, hasta abajo. Así como a otras autoridades que también son origen de amenazas como gobernadores, alcaldes y autoridades locales.

En general hay mucho desconocimiento sobre la labor de los periodistas.

Se tiene que sensibilizar a la población y a las instituciones de la labor que juegan los periodistas y en el tema de derechos humanos. Por ejemplo, me tocó dar un taller en el Ministerio de Defensa sobre la vulnerabilidad democrática para abordar los derechos humanos, y algunos militares me salieron con que los derechos humanos son los que han traído tantos problemas a este país porque ayudan a defender a la delincuencia. “Me extraña que ustedes, siendo una institución que se planteó a partir de los Acuerdos de Paz ser respetuosa de los derechos humanos vengan con esas cosas”, les dije. “¿Creen en los Acuerdos de Paz o no?”, les pregunté. “Sí, sí creemos”, me dijeron. Pero entonces tienen un discurso y otra práctica, hay que hacer mucho trabajo con las instituciones.

¿Qué función deberán cumplir dentro del Plan de Protección Periodista los dueños de los medios de comunicación?

Buena pregunta, como en todos lados de cuecen habas, en este proceso hay que ser lo más inclusivo posible, involucrar a los dueños o delegados de éstos, y convencerlos de que tienen que cambiar sus políticas visibles sobre este tema. Ya que están las políticas visibles y las subterráneas. Que cambien las subterráneas, no es motivo de este programa, ese es un debate que tiene que tener los periodistas y la sociedad.

¿Qué entiende por política subterránea?

Por ejemplo cuando vemos en algunos medios que promueven la imagen de Alejandro Sinibaldi (ministro de Comunicaciones y precandidato presidencial del Partido Patriota), esa es una política que los medios no dicen (la promoción de los candidatos), pero lo hacen. No digo que eso sea malo o perverso, pero manda una mala imagen. En el gremio hay de todo.

¿Cómo tendría que plantearse esa discusión, para hacer más transparente las decisiones al interior de los medios?

Para estos debates nos llevaríamos mucho tiempo y no cambiaríamos ese estatus quo; hay que apostarle a diseñar un programa viable, factible, inclusive, democrático, basado en los derechos de las personas. Esa no es una discusión que intentemos abordar en el diseño de la política de seguridad para periodistas.