Comunidades invisibilizadas por la cruda realidad petrolera

Por Luis Solano y Rocío García

ÍNDICE
El contexto de creación del Área de Uso Múltiple Río Sarstún
Incursión petrolera en área protegida
La posición de las comunidades Q´eqchi´ respecto del área protegida
La posición de actores respecto de la incursión petrolera
Otros actores 

En los últimos dos años se han intensificado las inversiones de capitales extranjeros y guatemaltecos para explorar y explotar petróleo en el municipio de Livingston. El hidrocarburo se ha convertido en un nuevo factor de acumulación de capital para capitales transnacionales que se desplazan en busca de acrecentarlos en territorios donde se podrían multiplicar con facilidad, de la mano de capitales locales[19].

Así interpretamos lo que sucede en el caso de Livingston al momento de la firma del contrato petrolero entre la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) y el gobierno de Álvaro Arzú, en 1997. En ese momento se trataba de una inversión de capitales guatemaltecos. Posteriormente y para cumplir el contrato, esos capitales buscaron asociarse con otros de origen diverso como se ha explicado anteriormente, aunque siempre con la predominancia de capitales guatemaltecos a través de los inversionistas Campollo-Codina[20].

En todo caso, interesa resaltar la existencia de diversos actores sobre el territorio, con intereses que no siempre son iguales, similares o siquiera compatibles por el uso, manejo y control de las riquezas existentes en los territorios.

Esa multiplicidad de intereses y formas diferentes y hasta contradictorias de vivir el territorio no puede soslayarse, puesto que ahí radican los preocupantes niveles de conflictividad territorial. Además porque la formación económico-social guatemalteca se ha construido a partir del despojo territorial y la esclavitud de las personas.

Ello supone que las relaciones desiguales de poder tienen su expresión en la organización social del territorio y en los argumentos y construcciones simbólicas que explican estas configuraciones, ya sea justificándolas, fortaleciéndolas o en clara y abierta resistencia. Es en este sentido que interesa conocer los actores de esas relaciones económicas y relaciones de poder, es decir, relaciones del ámbito político que dan forma y contenido a  representaciones heterogéneas del territorio en cuestión y lo develan como arena de disputa de intereses[21].

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El contexto de creación del Área de Uso Múltiple Río Sarstún

Desde 1989 se sopesaba la declaratoria de Río Sarstún, Sierra Santa Cruz y Sierra Caral y Punta de Manabique como Áreas Protegidas. En el Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas, quedaron contempladas como Áreas de Protección Especial, es decir, pendientes de la realización de planes maestros y asignarles una categoría específica de protección.

Las ONG conservacionistas de la región lo sabían puesto que conocían la Ley de Áreas Protegidas; incluso, podemos suponer que lo habían promovido para que apareciera planteado en dicha ley. Por su parte, las comunidades ignoraban estas intenciones, lo cual evidencia que los planes y proyectos sobre el territorio no habían sido consultados, ni siquiera informados a las comunidades directamente afectadas.

Fue hasta 2004 que algunos líderes comunitarios empezaron a recibir convocatorias de FUNDAECO para informarles la propuesta de ley que declararía el área dentro de la categoría de Reserva de Usos Múltiples. Al buscar asesoría e información conocieron casos de otras partes del mundo donde las áreas protegidas fueron expropiando a los pueblos indígenas de su territorio.

Estas comunidades Q´eqchi´ dentro de las que se cuentan Blue Creek, Cerro Blanco, Setal, Plan Grande Quehueche y Plan Grande Tatín, han estado siempre conscientes de proteger para las futuras generaciones pero sin los intereses que hacen perder la credibilidad a las ONG.

Conocen de cerca la experiencia de Cerro San Gil, donde las comunidades no fueron informadas ni consultadas. Cuando se les presentó el primer borrador plantearon:

1. Si se declaraba primero el área protegida, las comunidades ya no podrían titular las tierras. De tal manera solicitaban que primero se legalizaran las tierras de cinco comunidades que estaban ya en trámite, y luego con gusto aceptarían el proyecto de conservación;

2. Por otro lado, pedían que participaran las comunidades en la planificación, toma de decisiones y se beneficiaran de la protección y la conservación.

Mientras eso se discutía en las comunidades y los trámites de tierras seguían su lento curso, la ley de declaratoria iba avanzando en el Congreso de la República hasta que se aprobó el 3 de marzo de 2005, sin la anuencia de las comunidades, dejando sentir que las actividades de divulgación a las que fueron convocados se realizaban para presumir el supuesto carácter participativo de la propuesta de ley. En el Decreto 12-2005 quedó plasmada esta declaratoria bajo el título Área de Uso Múltiple Río Sarstún[22].

Incursión petrolera en área protegida

Una de las cosas que molestan a las comunidades es que a ellas les niegan la certeza sobre la propiedad de la tierra mientras se otorgan concesiones a empresas mineras y petroleras, que son nuevos actores en el territorio, tal como sucedió a finales de 2006, cuando “la Empresa Petrolera del Atlántico, de la familia Campollo, y me parece también con (…) fondos de Inversiones S. A. que es de la familia Gutiérrez Bosch, se hace presión para que se les adjudicara el negocio. El día 24 de diciembre de 2006, iniciaron la fase de exploración…”[23]

Según pobladores de la región, las dos empresas abrieron una brecha dentro de la que se había declarado como Zona Intangible del Río Sarstún.

Primero empezaron diciéndonos que con la explotación, cuando sacaran el petróleo de ahí, iban a bajar los combustibles, que iban a estar baratos (risas)[24].

Los campesinos se aproximaron al área, tomaron fotografías que luego presentaron ante CONAP pero la respuesta fue que la concesión petrolera estaba sobre una franja donde la tierra estaba en proceso de regularización, es decir, en finca nacional, de manera que oficialmente no era necesario consultar a las comunidades porque estas no tenían certeza sobre la propiedad de la tierra. Ante la indiferencia del Estado, las comunidades decidieron cobrar a la empresa por los árboles destruidos en la ruptura de la brecha para la exploración petrolera.

Resulta evidente que los problemas fundamentales de destrucción de la naturaleza y de incursión en el territorio de las comunidades indígenas queda sin solución.

Respecto de esta incursión petrolera, el trabajo etnográfico de Tally[25], reporta que: De acuerdo a los ancianos de la comunidad, en 1949 personas de origen alemán realizaron una exploración en el área y específicamente en el Cerro de la Virgen, Tampico, Quehueche y Cocolí. Se dice que los alemanes encontraron petróleo pero no lograron encontrar un punto específico para extraerlo. Sin embargo antes de retirarse y llevarse con ellos muestras de rocas, mencionaron que retornarían para continuar las exploraciones.

Al momento la comunidad de La Guaira Cocolí reconoce que la familia Campollo es propietaria de terrenos en esa localidad. Incluso se dice que ellos facilitaron la escrituración de tierras para la comunidad durante el gobierno de Álvaro Arzú en 1996. Los Campollo constituyeron la CPA en 1997, y también habrían fundado otra empresa que se llama Petdegua, un año antes. Uno de los socios fue el ex Embajador estadounidense Thomas Strook, quien tenía inversiones petroleras en Estados Unidos. El contrato petrolero en Río Sarstún fue adjudicado a la CPA el mismo año en que CPA fue inscrita, tal como ya quedó apuntado antes.

En otros análisis hemos relatado experiencias donde la regularización de tierras ha servido para abrir la puerta a los agronegocios como los cultivos de teca y melina, pues una vez regularizadas las tierras las empresas pueden entrar al mercado sin reparos en el ámbito jurídico[26]. Sin embargo, la agroindustria no es la única interesada en la tierra. Estamos presenciando la tendencia a la concentración y reconcentración en zonas de reserva territorial del Estado, tales como las riberas de ríos, lagos, las zonas costero marinas en las que la tierra y las riquezas hidrobiológicas están siendo vendidas, alquiladas o cedidos a inversionistas en turismo y élites locales en detrimento de las comunidades costeras y de pescadores.

Esto compromete no sólo la situación agraria sino la misma soberanía del Estado; podemos citar las licencias de explotación de hierro en las playas del pacífico concedidas a Mayan Iron y/o Tikal Minerals[27]; y en la costa atlántica se conoce el caso de la planta de gas que intentó construirse en Punta de Manabique a nombre de Tomza[28], así como el contrato petrolero en el Área de Uso Múltiple Río Sarstún. Grandes complejos hoteleros completan el cuadro de intereses empresariales en regiones del Atlántico y el Pacífico[29].

La posición de las comunidades Q´eqchi´ respecto del área protegida

Inicialmente identificamos cinco comunidades que se opusieron a la declaratoria del Área de Uso Múltiple Río Sarstún -al menos en principio-, y luego han sido críticas respecto de su administración. Estas posturas se encuentran marcadas por un continuum histórico de despojo al pueblo Q´eqchi´ ampliamente documentado por múltiples y diversos estudios[30].

Ese despojo y la conflictividad derivada exceden las esquematizaciones tendientes a enmarcarlo dentro de lo agrario, por cuanto no se refiere únicamente a una polarizada estructura de tenencia y propiedad de la tierra sino también, a aquellas relaciones sociales, ambientales y culturales que sobre ella se desarrollan. Todo ello nos faculta para hablar de despojo territorial, tomando en cuenta que el territorio tiene una dimensión material asociada a otros elementos de la naturaleza igualmente importantes como el agua, el bosque y la fauna. También reconocemos en él una dimensión político-organizativa en la cual adquieren forma y contenido diferentes configuraciones sociales para la planificación y toma de decisiones comunitarias, pero también tienen un impacto en las individualidades. Todo esto a su vez genera un sistema de imaginarios y representaciones que se convierten en el contenido de una dimensión simbólica o ideológica del territorio.

La postura de las cinco comunidades Q´eqchi´ descritas líneas atrás, respecto de la naturaleza y sus cuidados se fundamenta en la importancia que éstos tienen para la reproducción del ciclo de la vida y la cultura. Diferente a ella su postura respecto del área protegida está marcada por una historia de despojos territoriales y la consecuente lucha por la defensa del territorio; ambas adquieren las características particulares del momento histórico en que se desarrollan.

Estas cinco comunidades comparten ciertas características de su historia agraria: Se fundaron como producto de migraciones Q´eqchi´ procedentes de Alta Verapaz en la primera mitad del Siglo XX, que buscaban una alternativa al trabajo forzado en las fincas o las precarias condiciones laborales en las mismas. Todas ellas hicieron trámites que les otorgan cierto reconocimiento municipal por la comuna de Livingston; tienen también una larga historia de trámites para la adjudicación legal con el extinto INTA. Comparten la frustración de largos años de reuniones en q´eqchi´, en castellano, sus respectivas traducciones, viajes a la cabecera municipal, a la capital de la República, mediciones, papeleos, pagos a profesionales privados y entidades públicas. Todos tan onerosos como infructíferos. Asimismo, experimentaron la imposición de un área protegida que si bien consideran importante, no pidieron ni avalaron y truncó sus esfuerzos de adjudicación de tierras. Por el contrario, solicitaron que la declaratoria del área protegida y su manejo estuvieran supeditados a la legalización de las tierras y la dinámica comunitaria. Posteriormente a la instauración del Área de Uso Múltiple, experimentaron la creciente llegada de finqueros y presenciaron la incursión petrolera.

Esta historia común de lucha por la tierra ha adquirido diferentes formas en el tiempo de acuerdo con los retos que se les van presentando. En 2005, tras la declaratoria del área protegida, las comunidades efectuaron una asamblea[31] en Cerro Blanco, donde llegaron las cinco comunidades implicadas; se invitó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), a la entonces Comisión Nacional de Tierras (CONTIERRA) –hoy Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)-M; se levantó un memorial de rechazo a la declaratoria que se envió a CONAP. Luego se hizo una asamblea en Livingston donde se estima que hubo unas 200 personas entre las que se contaban como invitados el Gobernador, el Alcalde Municipal y todas las organizaciones locales, “la decisión que tomaron las comunidades fue de no permitir ningún diálogo (…) y tampoco el ingreso de CONAP ni de FUNDAECO a las comunidades. Y los programas de FUNDAECO que tenían las comunidades, por ejemplo, había una comunidad que tenía coches, la gente los mataron. Habían regalado dos motores, los vendieron. Se había entregado pimienta, la dejaron, ya no las fueron a recoger, las dejaron en la orilla de la playa y así pues, bloquearon a ellos”[32].

FUNDAECO intentó aproximarse de múltiples formas. Finalmente lograron convocar a una mesa de alto nivel, donde participaban el FONTIERRAS, la Oficina de Control de Reservas Territoriales (OCRET) y EL CONAP. En la mesa de Alto Nivel, FUNDAECO argumentaba que era posible legalizar la tierra en Áreas protegida pues había jurisprudencia con el caso de la aldea Lámpara del mismo municipio de Livingston. La abogada del FONTIERAS se negó a ello en virtud del Artículo 45 de la Ley del FONTIERRAS que impide titular tierras en áreas protegidas. Con eso se dio por concluido el diálogo.

Posteriormente vendría la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto que declaró el Área de Uso Múltiple Río Sarstún, como ya se documentó al principio, el cuál fracasó en su intento. Esto trascendió hasta Sierra Santa Cruz, Cerro San Gil y Parque Nacional Río Dulce, donde FUNDAECO quedó en entredicho por no haber respetado la voluntad de las comunidades de legalizar la tierra y posteriormente trazar con ellos los planes para la conservación. Ya en 2006, cansados de infructíferos trámites administrativos y legales, se vieron forzados a reanudar el diálogo con FUNDAECO que después de muchas disculpas descargó la responsabilidad en la interpretación que hacía de la ley la abogada del FONTIERRAS.

En ese nuevo proceso de diálogo se propuso hacer una enmienda en la ley de declaratoria de Río Sarstún, concerniente a la legalización de los polígonos que habían ocupado las comunidades Q´eqchi´, y de los cuáles realizaban trámites de titulación desde décadas antes que se pensara y aprobara la declaratoria del Área de Uso Múltiple Río Sarstún. Este trámite se inició en 2006, aunque es posible que lo denieguen argumentando los impedimentos legales que presentan el Decreto 4-89 o Ley de Áreas Protegidas, así como la Ley del FONTIERRAS[33].

Las comunidades de Río Sarstún piensan que ese es el único camino posible para la legalización de sus tierras. La versión de un dirigente de la organización Amantes de la Tierra, cuenta que desde el 19 de abril de 2012 se sabe que la reforma a la Ley del Río Sarstún tiene dictamen favorable de la comisión que la conoció, pero está estancada. El dirigente opina: “Creo que es a propósito que el Estado no invierta en lugares pobres para ponerlos a negociar con las empresas”.

Pese a los años de cabildeo y negociación, incluso con el mencionado dictamen favorable, se perfila difícil la aprobación de la enmienda; ésta catalizaría iguales reclamos de comunidades que se encuentran en la misma situación en el Parque Nacional Río Dulce, Biotopo Chocón Machacas y en la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas. Quizá un escenario más probable sea que el FONTIERRAS decida finalmente otorgar la tierra a las comunidades que la ocupan, previamente a la declaratoria de áreas protegidas. No queda clara aún la figura legal que usarán para concretarlo, aunque podría ser en términos de tierra comunal indígena, obedeciendo a discusiones que se han tenido en los últimos años.

Otro paso que dieron las comunidades para dar peso a su postura respecto del área protegida fue constituirse en 2007 como Consorcio junto a FUNDAECO, la ONG conservacionista que maneja el Área de Uso Múltiple Río Sarstún. A partir de la constitución del Consorcio FUNDAECO-Amantes de la Tierra, las comunidades participan en la coadministración del área. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de dificultades técnicas y políticas. En palabras de uno de los dirigentes de Amantes de la Tierra, ha sido un “matrimonio sin luna de miel”.

La posición de actores respecto de la incursión petrolera

a) Comunidades atrapadas por el Área de Uso Múltiple Río Sarstún y por la concesión petrolera

Las cinco comunidades descritas anteriormente quedaron dentro del polígono declarado como Área de Uso Múltiple Río Sarstún en 2005. A la vez, forman parte de un grupo de más de 40 comunidades sobre las cuales se otorgó la concesión a CPA. Como ya se ha explicado anteriormente, la compañía aprovechó que las tierras estaban en proceso de regularización para incursionar en la comunidad de Cerro Blanco. A partir de ello, las comunidades buscaron información al mismo tiempo que se negociaba el establecimiento del Consorcio con FUNDAECO para la coadministración del área protegida de Río Sarstún.

En 2009, la CPA pagó los gastos de un viaje al Parque Nacional Everglades en el sur de Florida, Estados Unidos[34], para que siete personas conocieran la experiencia de una explotación petrolera en área protegida.

La finalidad del viaje era mostrar la compatibilidad de la actividad petrolera con la conservación ambiental. El viaje giró en torno a problemática ambiental, no social[35].

Entre las personas estuvieron: Julio Montenegro del consorcio FUNDAECO-Amantes de la Tierra; Emilio Pitán de Amantes de la Tierra; Marco Vinicio Cerezo, Director de FUNDAECO; un funcionario del MEM, y uno de CONAP, entre otros. La CPA ofrecía tecnología de punta para evitar contaminación. Ofrecían utilizar explosivos biodegradables que lo que envían son ondas sonoras. Con respecto a lo que observó y escuchó en Everglades, Emilio Pitán opina que esa experiencia no es replicable en Guatemala porque en Florida, Estados Unidos, tienen una legislación más protectora y un Estado que se preocupa por la ciudadanía y por el ambiente; contexto que en su opinión, difiere mucho del que se vive en Guatemala.

En el año 2010, después del viaje a Florida, el entonces ministro del MEM, Carlos Meany, llamó telefónicamente a Emilio Pitán para que en su calidad de representante comunitario q´eqchi´ expusiera su experiencia del viaje en una conferencia convocada por la Universidad Galileo. En dicha conferencia, Eduardo Suger, como rector de esa universidad, habló de los beneficios de la Ingeniería Minera, en tanto que el entonces obispo de Quetzaltenango, Óscar Julio Vian Morales[36], se pronunció a favor de la minería al igual que un geólogo, y el entonces viceministro del MEM, Alfredo Pokus.

b) Comunidades que quedaron dentro de la concesión petrolera, aunque fuera del Área de Uso Múltiple Río Sarstún.

La concesión petrolera adjudicada a la CPA en 1997 por el gobierno de Álvaro Arzú, incluía dos contratos: el 7-98, en el Río Sarstún, y el 6-98, en el Lago de Izabal. Este último fue cancelado en 2002 por el gobierno de Alfonso Portillo. Cinco años más tarde, en 2007, tras el impasse originado por la protesta de organizaciones ambientales, comunitarias y municipales, el contrato del Sarstún arrancó con el apoyo del gobierno de Óscar Berger. En ese mismo año se inició el estudio de marcación sísmica. En la primera etapa (2007-2008), se marcaron puntos estratégicos donde determinaron la existencia de yacimientos de petróleo a partir de los cuáles ha habido un marcado interés en la comunidad de Sebilá.

Sin embargo, tal y como reporta la Parroquia San Antonio de Padua en la región: “Dentro de la influencia de la licencia de exploración de la CPA están inmersas 42 comunidades campesinas, indígenas en su mayoría (…) La compañía Petrolera del Atlántico hoy en día se encuentra haciendo constante presión sobre las comunidades campesinas para que den permiso de ingreso para lograr realizar la fase final del estudio de exploración, sin dar mayor información sobre lo que implica el trabajo dentro del territorio.”[37]

Al respecto, las comunidades están conscientes que la escasa inversión pública del gobierno en el área y la negativa a mejorar sus condiciones de vida, se traduce en pobreza, analfabetismo y salud precaria; todas ellas condiciones que obligan a los campesinos a negociar bilateralmente con la empresa, al tiempo que los sitúan en desventaja y permiten a la empresa petrolera aprovecharse de su necesidad, otorgándoles supuestos beneficios inmediatos que en nada transforman su situación estructural.

Quizá el efecto más negativo de estas negociaciones bilaterales propiciadas por el abandono de las instituciones del Estado y la ausencia o insuficiencia de servicios públicos, sea la erosión de las relaciones y organización comunitaria . Finalmente, las personas que se dejan seducir por mínimos y transitorios beneficios como láminas de zinc, construcción de aulas, pintura de algún edificio público, desconocen las consecuencias y los efectos de largo plazo, tanto en el ambiente como en la salud y las relaciones comunitarias.

Algunas comunidades afectadas por el contrato petrolero han asumido una postura que demanda información y acompañamiento de parte de las entidades del gobierno. Este intento de ejercer ciudadanía les ha confrontado con una realidad en la que la Municipalidad, la Gobernación Departamental, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala están al servicio de las compañías extractivas; incluso, argumentando que esa es una orden del Presidente de la República, según testimonios de los mismos campesinos.

Comunidad Sebilá

Según relatos de los habitantes del lugar, los campesinos, principalmente de origen Maya-q´eqchi´, viven en la finca hace aproximadamente 50 años. Esa finca les fue adjudicada a 31 familias por el desaparecido INTA en el año 1989 con un plazo de 20 años para pagarla. Ese plazo habría vencido en 2009, sin embargo, los campesinos terminaron de pagar sus derechos cuatro años antes de lo previsto, en el año 2005. Ese año fue declarada la Reserva de Usos Múltiples Río Sarstún, la cual afectó con su delimitación aproximadamente el 12% de la finca Sebilá, lo que impidió, al menos formalmente, la escrituración de la finca pese a que ya había sido pagada en su totalidad por las 31 familias solicitantes.

En una primera fase exploratoria, la CPA incursionó en esta comunidad sin informar oportunamente a los propietarios; por otro lado, testimonios reportan que se comprometieron a pagar los daños que causaran en suelos y cultivos; una promesa que incumplieron en aquella ocasión. En esa primera fase exploratoria, al parecer identificaron en Sebilá el punto óptimo para la posible extracción del fósil.

En el ordenamiento interno de la comunidad de Sebilá, ese punto estratégico queda situado en el terreno que una persona ha cultivado durante años. Información verbal reporta que el gerente de la CPA tuvo una reunión en Río Dulce con ese campesino. La reunión pretendía que el campesino vendiera su terreno a cambio de un Q. 1.5 millones. En una reflexión, el vecino expresó que no sería justo vender, sabiendo que esto generaría condiciones para que un pozo petrolero se instalara en medio de la comunidad y los demás cargaran con los costos ambientales y sociales que ello traería sin duda alguna[38].

Actualmente, en el presente año CPA realiza una segunda fase de pruebas de sísmica, y ha ofrecido apoyo para el desarrollo de la comunidad, el cual se concretaría en la ampliación de la carretera que va desde la carretera asfaltada que lleva hacia Petén hasta Sebilá. No obstante, se sabe que los principales beneficiarios de tal infraestructura serían ellos mismos para el ingreso y egreso de su maquinaria y materiales.

Ha ofrecido también la construcción de una iglesia católica, aún teniendo la oposición de los catequistas locales y con el desconocimiento del párroco del lugar. La obra fue detenida por la comunidad teniendo como testigo al mismo Procurador Auxiliar de la PDH para Izabal, Waldemar Barrera.

La comunidad, al ver cerrada toda posibilidad de negarse al proyecto petrolero, ha intentado impedir el paso a la CPA, lo cual se ha traducido en conflictos, incluso al interior de la comunidad. El 4 de junio de 2012, efectivos de la PNC y el Ejército así como un pick up de la compañía entraron a esta comunidad -donde antes hemos explicado que se hallaría uno de los sitios de mayor interés para perforar un pozo de explotación petrolera-, sin previo aviso a las autoridades comunitarias y negaron información cuando se les preguntó a qué llegaban.

Unos días después llegó un citatorio de la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público (MP) para varios vecinos de la comunidad de Sebilá. De acuerdo con la Fiscalía, el CONAP habría entablado una demanda por delitos forestales contra varios miembros de la comunidad. Las supuestas pruebas se constituyen en una serie de fotografías tomadas desde el aire, de cultivos campesinos y guamiles que se presume habrían sido tomadas por la CPA, dado que el CONAP no cuenta con transporte aéreo para haberlas tomado[39].

Los comunitarios no pudieron presentarse a ese primer citatorio. Sin embargo, pidieron el acompañamiento de Waldemar Barrera, de la PDH de Izabal, para que los acompañara a un segundo citatorio. Al parecer, el caso quedó resuelto ahí mismo. Sin embargo, en agosto 2012, el MP volvió a citar a algunas personas en una confusa nota con nombres desconocidos en la comunidad de Sebilá.

La comunidad de Sebilá presume que detrás de toda esta estrategia para desgastar su organización comunitaria se encuentran los intereses de la CPA, utilizando las instituciones y los funcionarios de Estado. Las comunidades, principalmente Sebilá, han denunciado estas presiones con datos de primera mano ante la PDH.

En el contexto de esas denuncias, una nota de prensa documento que Mónica Molina, relacionista de CPA, dijo: “Los trabajos que desarrollamos son parte del programa de responsabilidad social empresarial, con el que buscamos mejorar la calidad de vida de las comunidades, y para poder ingresar contamos con un estudio de impacto ambiental que nos autoriza hacer exploraciones. Además, hemos tenido acceso a las autoridades del CONAP, la CONRED, FUNDAECO y diputado”.

Agregó que trabajan de la mano con el CONAP y que no violarán ningún acuerdo establecido. Molina enfatizó: “La línea está lejos de los riachuelos y comunidades, y vamos a beneficiarlos con proyectos. Además, hemos tenido acercamiento con los vecinos para explicarles sobre nuestra presencia en el área”.

Otras comunidades en la zona

Otras comunidades como Chacalté y Monte Carmelo se han opuesto en diferentes momentos al ingreso de vehículos y trabajadores de la CPA, llegando a establecer con ellos acuerdos donde la CPA se ha comprometido a no ingresar sin permiso de las autoridades comunitarias.

Santa María Guadalupe, una comunidad maya-q´eqchi´, también ha manifestado su descontento con la incursión de la compañía pues ésta tiene intención de explorar donde hay nacimientos de agua y plantaciones forestales que la comunidad ha desarrollado con apoyo del Instituto Nacional de Bosques (INAB9. También se conoce la intención de explorar en las fuentes de agua de la comunidad San Carlos Witzizil , que está poblada por gente mayoritariamente mestiza y proveniente de la Costa Sur, quienes también se expresan en desacuerdo.

Similar pronunciamiento emite Tierra y Libertad 31 de marzo, una comunidad de repatriados que vivieron el exilio en Honduras durante 2 años, y en Bolivia durante 24. El nombre de la comunidad evoca sus esperanzas y la fecha de fundación de la comunidad.

Ellos reportan que han sido amenazados por la CPA: “Si no nos dejan pasar vamos a traer el ejército ya que esto es una orden del Presidente”[40].

Sus principales temores provienen de la experiencia de la guerra y la incertidumbre sobre sus tres fuentes de abastecimiento de agua. Ahí se reporta también que la empresa intentó convencerlos para que aceptaran el trabajo exploratorio, otorgando a cada familia un vale por Q. 3 mil canjeables en una ferretería de Livingston propiedad del actual Alcalde Municipal, Vicente Interiano. Lo cual además de un audaz trato comercial, despierta suspicacias respecto de algún contubernio entre el Alcalde y la compañía.

Otros actores

Pastoral de la Tierra de los Misioneros Claretianos de la Iglesia Católica

Otros actores en el territorio son los Misioneros Claretianos que desde la Pastoral de la Tierra, promueven el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Así han impulsado proyectos productivos, la capacitación de promotores de salud y comadronas. Han acompañado a las comunidades en situaciones en las cuáles se han violado sus derechos por parte de compañías mineras, tal como sucedió en los desalojos efectuados en El Estor en enero de 2007; particularmente se resalta el caso de la comunidad Lote 8. Esta tenía 60 años de haberse formado y sus casas fueron incendiadas y bombardeadas con 150 bombas lacrimógenas para obligarlos a salir “por el hecho de que justo en ese lugar encontraron el yacimiento más importante de Níquel que se haya encontrado en Guatemala.”[41]

En la actualidad, la Pastoral de la Tierra de los Misioneros Claretianos realiza campañas de información que se efectúan mediante talleres y boletines informativos, intercambio de experiencias con gente de otros departamentos de Guatemala donde se están viviendo actividades extractivas, para que las poblaciones de Livingston tengan elementos que sustenten sus decisiones.

FUNDAECO

Un dirigente comunitario afirma que en la región “hay intereses petroleros, mineros, turísticos, hay intereses personales de individuos que ocupan territorio Q'eqchi'. También es una zona de paso de narcotráfico. No es un territorio que está ahí muy lindo, muy bello, como lo quieren plantear los conservacionistas de que es por conservarlo estéticamente, sino que aquí hay muchos intereses que están detrás. Todas esas son amenazas para el territorio, para la diversidad y para las comunidades que están ahí”[42].

Mientras tanto, FUNDAECO, la ONG conservacionista que maneja técnica y administrativamente la Reserva de Río Sarstún, plantea que tras años de experiencias diversas y no todas exitosas, ha comprendido que el manejo de las áreas tiene que contemplar ese concierto de intereses múltiples que hacen diverso el paisaje a conservar.

Son conscientes, aseguran, que la negativa de CONAP y FONTIERRA ante las demandas agrarias de las comunidades, las empujan a tomar medidas de hecho que no pocas veces devienen en confrontaciones. Actualmente no se oponen a la legalización de tierras ni a la incorporación de las comunidades en el manejo de las áreas protegidas y generación de opciones económicas para éstas. Contemplan un amplio abanico de opciones económicas dentro de las que se cuenta también la actividad petrolera: “Nosotros incluimos el tema de petróleo porque creemos que el petróleo no es tan dañino como la minería a cielo abierto. Y para decirte algo, acabamos de ir a Miami con dirigentes q´eqchi´ a ver pozos petroleros en el parque nacional de Everglades (…) Si ellos dicen no, FUNDAECO se va a oponer. Entonces nos vamos a alinear con las comunidades. Pero si se puede hacer, y las comunidades pueden recibir cien mil dólares al año, ¿Por qué no?”[43].

Al explicar una motivación económica evidencia también su participación en el diseño del Decreto que declara la Reserva de Usos Múltiples: “Lo que nosotros hicimos en el caso de Sarstún y (…) dijeron que nos habíamos vendido a la petrolera (…) pusimos un artículo que decía que quedan prohibidas las actividades petroleras en zonas núcleo, pero si se encuentra petróleo en cantidades comerciales tendrá que haber dinero para las comunidades y para la protección del área[44].

Como hemos explicado en otras partes de este ensayo, se aprovecha el abandono de las instituciones del Estado en materia de asegurar los medios de sustento de las comunidades y proveer servicios públicos, motivo por el cual quedan a merced del empleo que puedan –o quieran- generar las industrias extractivas. Así pues, las industrias extractivas pasan a verse como generadoras de empleo sin contemplar las condiciones del mismo: “El caso del petróleo, para mí, es muy particular porque creo que los beneficios son mayores que los costos ambientales para las comunidades. Además, PERENCO le paga ciento diez quetzales a los chapeadores del oleoducto y las comunidades; todas las comunidades se turnan para que todas las familias y todas las comunidades vengan a chapear el oleoducto. Cuando PERENCO no les paga, le hacen un hoyo al oleoducto y le sale más caro a PERENCO (…) Pero si hubiera un marco jurídico que dijera: la compañía petrolera tiene que hacer esto (…) entonces no tenemos que estar abriéndole hoyos al oleoducto para que nos contraten”[45].

Magalí Rey Rosa, en la entrevista que le hiciera Joan Martínez Alier, sintetiza esta postura: "Madre Selva fue el único grupo ambiental que les paró bola cuando pidieron ayuda [se refiere a grupos opositores de la Compañía Petrolera del Atlántico]. Defensores (de la Naturaleza) les dijo que eran compatibles el área protegida y la petrolera; (Yuri) Melini se hizo el loco; FUNDAECO (la organización ambientalista de la familia del ex presidente Cerezo) les dijo que había que conseguir el dinero del monitoreo en lugar de oponerse, porque los empleos son importantes e inclusive, entraron en pláticas con la petrolera y se ofrecieron como mediadores entre la Compañía Petrolera del Atlántico y los ambientalistas"[46].

Ese afán conciliador de intereses antagónicos se evidencia en la Memoria de Labores del año 2009 publicada por FUNDAECO: “En diciembre de este año, se concluyó la formulación participativa del Plan Maestro (PCA) de Río Sarstún, con una participación directa de más de 400 actores locales en más de cinco talleres de consulta participativa, Es sin lugar a dudas el Plan Maestro más participativo que se ha formulado en Guatemala, contando con la presencia de muchos actores, desde "narcofinqueros" hasta pescadores y representantes de la Empresa Petrolera. Esto ha allanado el camino para un buen manejo de un área que hace apenas tres años parecía una de las más conflictivas del país”[47].

Desde la óptica de esta organización ambientalista, la inversión de la empresa privada en actividades de conservación apoya el desarrollo de las comunidades humanas al tiempo que permite el crecimiento económico[48].

Ante esta realidad que patentiza la desventaja y desigualdad en que están quedando los derechos de las comunidades del Sarstún, la protesta, la denuncia y la organización son los recursos a los que han recurrido para visibilizarse ante la injusticia en el trato de parte del Estado, que los sigue arrinconando para favorecer poderosos intereses privados.

Paralelamente al avance de la actividad petrolera, las comunidades del Sarstún en ambos lados de la frontera, tanto de Belice como de Guatemala, afectadas prácticamente de igual forma por los mismos intereses espurios, están dispuestas a defender sus tierras y su territorio, su fuente de vida y sobrevivencia. La lucha conjunta parece ser el siguiente paso. 

Esta es la segunda parte de De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio de Livingston, Izabal, un artículo que elaboró El Observador, y Plaza Pública republica con su autorización. Puede ver aquí la primera: De los orígenes de un "crudo negocio". Aquí está su versión original en pdf.