Rommel Reyes: “Otro problema estructurante son las fincas privadas”

Por Ninoshka Lou

Esto ha hecho que la empresa negocie con ellas diversos proyectos como balastro de carretera, molinos de nixtamal, hasta regalar láminas de zinc, entre otras. AEPDI sugiere que la ventaja de la empresa sobre las comunidades es que éstas no tienen certeza jurídica sobre la tierra, y que esa certeza le otorgaría peso a la voz de las comunidades al momento de las negociaciones.

Quizá por ello hay tantas dificultades para la regularización agraria, y en cambio se tiene toda una política de imposición donde no se valora o se toma en cuenta la realidad social, los valores que la tierra y el territorio adquieren para las comunidades en términos de sustento, de organización y sus valores simbólicos. En esa línea de imposición se entiende desde la defensoría Q´eqchi´, el trabajo de CONAP respecto a la planificación de las áreas protegidas.

Respecto al manejo técnico y administrativo que realiza FUNDAECO en varias áreas protegidas de Izabal y del resto del país, los millonarios financiamientos recibidos para ello y los nexos que han sugerido con la CPA, los hace ver como una figura ligada al poder económico y político. De ahí que puedan seguir pensando en la declaratoria de nuevas áreas protegidas con los mismos procedimientos técnicos como sucede en Sierra Santa Cruz.

Otro problema que señala AEPDI como estructurante de la conflictividad en Río Sarstún son las fincas privadas en los alrededores del área protegida. La población reconoce que hay fincas pertenecientes a ex gobernantes y también personas ligadas al narcotráfico con las que en determinado momento a la compañía petrolera le costó menos negociar. La negociación de la CPA fue más difícil en las comunidades Q´eqchi´ dentro del área protegida, aunque se sabe que recientemente habrían ya negociado el ingreso de la compañía a cambio de proyectos de desarrollo, mientras sus trámites agrarios permanecen entrampados en el FONTIERRAS.

Para sortear estas dificultades, AEPDI ha empezado a explorar la declaración de Comunidades Indígenas. Para ello, la municipalidad correspondiente debe abrir un Libro de Comunidades Indígenas y la comunidad interesada a través de su autoridad tradicional y el levantamiento de un acta, solicita su reconocimiento como Comunidad Indígena. Así se formaliza su inscripción y adquiere personería jurídica, lo cual le hace sujeta de derecho frente al Registro de Información Catastral (RIC), el Código Municipal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Para el caso del municipio de El Estor, AEPDI reporta que se aperturó el libro municipal de Comunidades Indígenas, mientras que en Livingston aún no se cuenta con la anuencia del Alcalde, Vicente Interiano Colindres, postulado por el Partido Patriota (PP). Este mecanismo evidencia limitaciones para las comunidades mestizas, ladinas o “castellanas” como se las llama en Livingston. Para estos casos, AEPDI sugiere que el camino que les queda es negociar el ingreso de la CPA a cambio de cosas como pavimento y balastro de calles. Se sabe que estas negociaciones se han dado ya, y que no han sido fáciles; la empresa, incluso, se ha hecho acompañar del Gobernador y el Alcalde de Livingston para que acompañen y actúen como mediadores en las negociaciones.