Consuelo Porras y el debilitamiento institucional del MP (1)

• La fiscal general Porras desarticuló a los fiscales regionales y la Coordinación Nacional obligando a varios a renunciar y destituyendo a otros. Al respecto, planteó una «denuncia» por este proceso de nombramiento realizado durante la administración de Thelma Aldana, pero que en realidad es un cambio de la Ley Orgánica del MP. Los fiscales regionales buscaban generar más y mejores controles y filtros por parte de los fiscales de carrera en los procesos de investigación. Además, buscaban fortalecer el concepto de persecución penal estratégica, el cual repite la actual fiscal general, que en realidad lo ha destruido por completo.
• Nombró a personal con cero experiencia fiscal, como a subsecretarios tanto en la Secretaría General como en la de Política Criminal. Si bien estos puestos son administrativos, para nadie es un secreto que estas secretarías cumplen una función importante en la decisión final de presentar casos a los organismos jurisdiccionales. Desde Juan Luis Florido como fiscal general, con la Secretaría de Coordinación Técnica, que después sería absorbida por la Secretaría General, había funcionarios con experiencia fiscal en estas entidades.
• Les ha limitado los ascensos a los fiscales de carrera, sobre todo a oficiales para que asciendan a auxiliares fiscales y a estos para que asciendan a agentes fiscales (de ahí para arriba han sido casi inexistentes las posibilidades de ascenso). Esto lo ha hecho al poner en las ternas calificadoras de los exámenes (orales cuasi privados) a personas nuevamente con cero experiencia en el MP, con lo cual se consigue que la gran mayoría pierda unos exámenes que no son acordes a las necesidades de la institución.
• Eliminó el traslado de capacidades de personal que tenía plaza de analista criminal en el MP y que a través de un convenio con la Cicig tenía una licencia especial para ayudar a esta entidad. A ellos los obligó a renunciar al MP para que pudieran seguir laborando en la Cicig y, una vez que esta fue expulsada del país, nunca los recontrató pese a que se había comprometido públicamente a hacerlo, de modo que dejó ir a personal capacitado y con gran conocimiento.

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• Recién llegada, la fiscal general nombró director de Análisis Criminal a su sobrino político (esposo de la hija de su hermana), con cero experiencia en temas de combate de la criminalidad organizada y de análisis criminal. Esta dirección es también fundamental, pues constituye un buen filtro para las investigaciones de casos complejos. Sin embargo, el sobrino de la fiscal general, con la nula experiencia que tiene, ha hecho un trabajo deficiente.
• El nepotismo continúa con el esposo de ella como subjefe de la Fiscalía contra la Corrupción (aunque ese puesto lo tenía desde antes de la administración de Porras). Esta fiscalía no ha logrado tener casos sólidos y exitosos, ya que a la mayoría les da falta de mérito. Pero, claro, quién le va a decir al esposo de la fiscal general que sus investigaciones son deficientes.
• Ha atacado frontalmente a aquellos fiscales que dan resultados y que, por ende, hacen quedar mal a los demás, su esposo incluido. Tal es el caso de Juan Francisco Sandoval y de la FECI, así como el del nombramiento de una fiscal especial con nexos con el narcotráfico para que lo investigara. Esto, a petición de la Fundación contra el Terrorismo, que presenta denuncias falsas un día sí y el otro también y con total impunidad.
• A esto se debe sumar que algunos altos cargos del MP, como el secretario de Cooperación Internacional, José Luis Pineda, se dedican a usar sus redes sociales personales para criticar públicamente el trabajo de fiscales como el mencionado Sandoval o para difundir ataques de cuentas anónimas (netcenters) que difaman a trabajadores del MP.
• También debo mencionar la implementación de un nuevo modelo de gestión, que en realidad es una regresión a modelos de hace mas de 20 años. Lo considero un importante retroceso, causante, junto con las demás acciones señaladas, de las débiles investigaciones que se han presentado a la opinión pública y a los tribunales de justicia.