Contagio, movimiento y contención: deportaciones en tiempos del COVID19

El 10 de febrero, un día antes de que el Comité Internacional de Taxonomía de Virus anunciara el nombre de la nueva cepa de coronavirus y que la Organización Mundial de la Salud lo hiciera con el de la enfermedad que esa cepa provoca, compré el boleto de avión para viajar a Guatemala, mi país de origen, del 15 de mayo al 15 de agosto. Poco después la propagación del COVID19 se convirtió en una preocupación más seria en todo el mundo.

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Un mes después, el 13 de marzo el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei médico de formación, anunció en una cadena nacional que se detectó el primer caso de COVID19 en el país. En ese momento, la fase de prevención fue superada por la urgencia de la contención del virus. Había estado escuchando sobre el COVID19 en las noticias durante semanas para ese momento. Una vez que el virus se convirtió en una epidemia en los Estados Unidos, me di cuenta de que era cuestión de tiempo que llegara a Guatemala.

El país como el resto de la región centroamericana dependen de los Estados Unidos. Mi preocupación creció. Mi papá es parte de ese porcentaje de la población mundial que no puede resguardarse y trabajar de forma remota desde casa. Cumplió 60 años el pasado mes de octubre, lo que de acuerdo a lo que se conoce sobre el virus lo pone en mayor riesgo de una infección grave. Lo llamo para pedirle que tenga cuidado. No puedo hacer nada más. Sin embargo, sé que la condición de mi papá es privilegiada en un país como el mío, donde las estructuras sociales, políticas y económicas han producido vulnerabilidades históricas sobre las bases de la clase, la raza, el género, la discapacidad y otros factores sociales.

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El 9 de abril recibí un correo electrónico de Expedia.com con el asunto: "Airline credit for your flight (Crédito de la aerolínea por su vuelo)". Hasta ese momento había tratado de creer que iba a poder viajar en mayo de regreso a casa. Para ser sincera, la cancelación de mi vuelo no fue una sorpresa. Guatemala, como la mayoría de los países, había estado cerrando sus fronteras sistemáticamente desde la detección del primer caso de COVID19. Sin embargo, este cierre no fue completo, las fronteras guatemaltecas seguían abiertas para las deportaciones. Las pandemias no detienen la geopolítica.

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Contención

En una cadena nacional el 16 de marzo, el presidente guatemalteco anunció una larga lista de restricciones a la movilidad, reunión y asociación que incluía, entre otros, la suspensión del transporte público y un toque de queda de 12 horas en todo el país. Estaba haciendo malabares para tratar de contener los efectos de COVID19 en un país con tasas de pobreza excesivamente altas, negligencia histórica y alto nivel privatización de los servicios públicos. En la misma conferencia presentó una serie de estadísticas sobre la enfermedad. "Quiero comenzar a explicar a todos las dimensiones verdaderas y justas de lo que es el coronavirus", dijo. Luego presentó una serie de diapositivas que explicaban las tasas de infección y la mortalidad por COVID19, e insistió en que la mayoría de los casos no son graves, y la mortalidad es relativamente baja. También enfatizo que el virus se propaga fácilmente a través del contacto humano.

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Lo que el presidente guatemalteco indicó era fiel a lo que se conocía: COVID19 presenta una baja tasa de mortalidad, pero el virus es muy contagioso[1]. En Guatemala la contención de infecciones por COVID19 se convirtió en una prioridad para un Estado débil con un sistema de salud ya abrumado. Parece de sobra mencionar que cuando un virus se transmite a través del contacto humano para contener el virus es necesario contener el contacto humano.Así, contener el virus parece sinónimo de contener a quienes están contagiados. Sin embargo, una persona contagiada de un virus está enferma y más que contención requiere cuidado. Además, nadie tiene la culpa de enfermarse de COVID19, ni de nada. La enfermedad va de la mano con nuestra condición de seres vivos, vulnerables. Unos más vulnerables que otros.

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Movimiento y vulnerabilidad

La migración irregular de guatemaltecos y otros centroamericanos de la región del triángulo norte hacia los Estados Unidos ha tenido varias olas en los últimos cuarenta años[2]. Grandes grupos de personas que huyen de la violencia, la pobreza, y el desempleo han abandonado sus países de origen para establecerse en el país del norte. Este fenómeno aumentó en la última década debido al deterioro de la región. Quienes deciden migrar pertenecen a grupos cuya vulnerabilidad en sus países de origen sigue en incremento. Esto se traduce en migraciones más precarizadas. Manifestaciones públicas, como las caravanas de migrantes de los últimos años, son solo la punta del iceberg de una tendencia mucho más grande y compleja.

Si bien los países del triángulo norte públicamente desalientan la migración irregular, los gobiernos han hecho poco para evitarla. Las condiciones sociales, políticas y económicas en la región han producido vulnerabilidades sistémicas junto con una desigualdad rampante que deja pocas salidas para muchas personas. Hoy en día, quienes migran suelen ser jóvenes, empobrecidos y entre ellos hay cada vez más indígenas[3]. Al llegar a su destino se ubican en puestos de trabajo temporales en agricultura, construcción y servicios con escasos o nulos beneficios laborales[4]. Es decir, entre otras cosas no cuentan con ningún tipo de seguro médico ni protección social. Los olvidados, los llama Didier Fassin, esos que por no “pertenecer” a los Estados Unidos no son merecedores de su protección[5].  

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Los países de origen de estos migrantes no solo no impiden la migración, la impelen. Por ejemplo, se estima que entre el 12% y el 15% del producto interno bruto de Guatemala es el resultado de las remesas de migrantes a sus familias. Sin embargo, a pesar de la ralentización de la actividad económica en Estados Unidos, las remesas han tenido un repunte en los últimos meses. Probablemente, por el tamaño de la población migrante y su disponibilidad para trabajar más en medio de la crisis. Muchos negocios en el sector formal e informal se benefician de las remesas originadas por la migración, desde grandes corporaciones, como los bancos, hasta empresas familiares, como pequeñas ferreterías de barrio.

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Si estos migrantes logran establecerse a los Estados Unidos, generalmente están en condiciones tan precarias que los hace extremadamente vulnerables. Esas condiciones se han exacerbado durante la pandemia. Como contaba Anita Chary, médica de emergencias en el Hospital General de Massachusetts, algunos de sus pacientes por COVID19 más graves son centroamericanos, están solos y no hablan inglés. La mayoría de sus pacientes viven en espacios donde están en contacto con múltiples enfermos y deben seguir trabajando para evitar perder sus ingresos en trabajos con alta exposición comunitaria y sin seguro médico. Chary narraba el caso de uno monolingüe en español con tos seca, fiebre, y falta de aliento, que necesitaba ser intubado de inmediato.

El español es un idioma con un creciente número de hablantes en los Estados Unidos, lo que facilita su posibilidad de acceder a los servicios médicos, pero esta condición puede empeorar si el paciente no habla español o inglés. En la oficina de apoyo legal en que soy voluntaria, he visto algunos casos de hablantes monolingües del Mam, no puedo imaginar lo que sucedería si uno de ellos se enferma tan gravemente que necesita ser intubado. ¿Cómo se lo comunicarían? ¿Cómo esta persona daría su autorización?

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La administración del presidente Trump, que llegó al poder con un fuerte discurso rascista y antimigrante, no ha detenido ni suavizado sus políticas de inmigración. De hecho, estas políticas se están endureciendo con el pretexto de la crisis. En las primeras semanas, las restricciones de viaje se ampliaron, las visas se paralizaron por completo, los procesos de asilo se detuvieron y los inmigrantes irregulares eran detenidos y deportados. Más tarde, incluso a los estudiantes extranjeros les revocarían la visa si sus universidades no iban a tener clases presenciales. El COVID19 aumentó la vulnerabilidad de los inmigrantes irregulares. Estas personas todavía asisten a sus trabajos porque tienen que hacerlo, sus trabajos requieren su presencia y en muchos casos ahora están clasificados como “esenciales”. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continuó haciendo redadas en comunidades y ubicando a estos migrantes en centros de detención abarrotados que ya eran peligrosos antes de esta pandemia. Conteniéndolos, si la analogía es permitida. Esto hizo que los centros de detención de ICE se convirtieran en focos de contagio para los migrantes, las comunidades en las que estos centros de detención se encuentran, y los países de origen de los migrantes.

El 16 de abril, Carlos Sandoval, entonces secretario de Comunicación Social de la Presidencia declaró en una cadena nacional: “el virus no distingue edad, género, condición física, ni estatus social y definitivamente puede afectar a cualquier persona". Esta declaración es parte de una retórica que claramente no considera las estructuras sociales y económicas preexistentes y cómo esas estructuras ponen a ciertas personas en mayor riesgo.

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No reconocer que este virus es más peligroso para aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables es ignorar cómo la sociedad en la que participamos ha hecho que algunas personas se pongan en riesgo al tener que decidir entre su seguridad, su salud, y su sustento. También ignora cómo en Guatemala se construye la vulnerabilidad sobre la base de la raza, el género, la clase social y otros factores sociales.

Vincanne Adams ha advertido sobre cómo el COVID19 ha magnificado las vulnerabilidades preexistentes. La necesidad de movilidad de estos migrantes los hace más vulnerables en su país de origen y en los Estados Unidos. Esto los pone en mayor riesgo de una infección por COVID19 y si esto sucede probablemente de una infección más severa e incluso la muerte en un país que no es el propio.

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Contagio y estigma

El mismo día que el secretario de comunicaciones de la presidencia declaró "que el virus puede afectar a cualquiera", recibí un mensaje de WhatsApp que decía: "Fíjate que uno de los deportados infectados se escapó del hospital". “¿Cómo sabés eso?”, pregunté. “Porque lo dijeron en las noticias”. No le presté mucha atención a la conversación y seguí con mis quehaceres del día. Unas horas después de eso, inicié sesión en Facebook y un par de posts me recordaron la conversación anterior. Alguien compartió un artículo: “¡Se busca! Persona portadora del COVID19 se fuga de hospital especializado del Parque de la Industria”, leía el titular. Radio Sonora un medio de comunicación oficialista había publicado la foto y toda la información personal de un hombre que había dado positivo por COVID19 y había salido de las instalaciones del improvisado hospital de campaña que funciona como centro de contención en la ciudad de Guatemala. Otra publicación, de alguien que no conozco, explicaba con molestia que un grupo de personas intentó linchar a su padre porque se parecía a esa persona que salía en las noticias. El día anterior, 15 de abril, un grupo de vecinos en Quetzaltenango intentó incendiar un centro que albergaba a un grupo de migrantes retornados. En varios lugares del país autoridades locales prohibieron la reubicación de migrantes en sus comunidades de origen debido al miedo al contagio de COVID19. Por un momento pensé en mi imposibilidad de volver a casa en este punto. Sé que no es lo mismo. Tengo todo lo que necesito, siempre lo he tenido. Mi decisión de migrar no estuvo determinada por el desempleo, la falta de oportunidades, o el miedo.

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El 17 de abril, Giammattei anunció que las deportaciones quedaron suspendidas después de que un equipo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) llegó al país para confirmar los reclamos por infecciones de COVID19 en los migrantes retornados. Entre ese día y el 19 de abril, el presidente informó el recuento de nuevos casos en el país. Después identificó a los que eran "locales" y los que correspondían a los migrantes retornados. Fue enfático al indicar que la mayoría de los casos fueron reportados entre migrantes retornados. Él, como muchos líderes mundiales, quiere desligarse de las responsabilidades de esta pandemia. Sin embargo, al hacerlo, estigmatiza a grupos vulnerables.

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Para evitar más ataques a los retornados, el presidente de Guatemala también declaró el día 19 que los migrantes que no están infectados con COVID19 no son delincuentes. Esta declaración no solo estaba incompleta, sino que llegaba tarde. Los migrantes irregulares no son delincuentes por el hecho de migrar. Además, los migrantes que regresan son en este punto más vulnerables. Veronica Gomez-Temesio ha explicado cómo algunas intervenciones de salud pública estigmatizan a las personas para salvar vidas. Gomez-Temesio detalla cómo la contención del brote de ébola de 2014 en Guinea estigmatizó a los sobrevivientes al convertirlos en zombis. Esto significa que para preservar su vida a toda costa, su vida social y política fue borrada. No digo que el gobierno guatemalteco esté convirtiendo a los migrantes retornados en zombis, el proceso que Gomez-Temesio discute tiene implicaciones históricas y sociales distintas que las del caso guatemalteco. Sin embargo, es imposible negar que sus acciones han influido enormemente en las formas en que el resto de la población percibe y trata a los migrantes retornados. Debemos tener cuidado en el lenguaje que utilizamos para hablar de esta pandemia. Eso ya lo dijo antes que yo Emily Yates-Doerr al explicarnos que esto no es una guerra sino un ejercicio de sanación y cuidados colectivos en el que todos estamos participando.  

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Epílogo: oportunidad

El 6 de agosto veo con horror cómo el presidente se desliga de las responsabilidades del COVID19 y se las deja a la población.  El mísmo día el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaba 554 guatemaltecos con casos de COVID19 alrededor del mundo, 240 activos, 103 recuperados y 211 fallecidos. De esos, 205 fallecieron en Estados Unidos. Me pregunto cuántos de ellos eran inmigrantes irregulares que trabajaban en los campos, construían casas, o repartían alimentos sin seguro médico y, en algunos casos, con condiciones de salud preexistentes no tratadas. Me pregunto cuántos de ellos no volverán a casa cuando todo esto termine. Lo más probable es que no lo sepamos a cabalidad.

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Desde el comienzo del brote de COVID19 en el país, el gobierno de Guatemala trató de contener el virus sin éxito. Esta situación de emergencia puso al descubierto todas las vulnerabilidades del Estado. No hay suficientes camas en los hospitales, no hay suficientes equipos médicos, no hay agua corriente en muchas comunidades urbanas y rurales, no hay trabajos suficientes ni en el sector público, ni en el privado, los niños y niñas no tienen acceso a la educación a distancia, entre otras muchas situaciones ya por todos conocidas. "No esperábamos esta variable", declaró el presidente sobre COVID19. Él tiene razón. No esperábamos esto, nadie lo esperaba, nos tomó por sorpresa a todos. De hecho, no quisiera estar en su lugar. Me atrevo a pensar que nadie quisiera estar en su lugar. Sin embargo, él se postuló en cuatro campañas presidenciales conociendo las condiciones preexistentes del país y ahora finalmente tiene el trabajo que tan intensamente quería. Aún con variables inesperadas es su oportunidad de trabajar.

Bibliografía

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Chary, Anita. “My Sickest COVID19 Patients Are Alone, Unable To Breathe Or Speak English”. Wbur.Org, el 9 de abril de 2020. https://www.wbur.org/cognoscenti/2020/04/09/latino-outbreak-coronavirus-....

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