Contraloría investiga posible omisión de Harold Caballeros en su declaración de probidad

La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC) inició el pasado 16 de mayo una investigación de oficio al excanciller Harold Caballeros, para determinar si en su declaración de probidad presentada a esa institución en enero de 2012 —y que Caballeros dijo a Plaza Pública no recordar haber entregado—, tras ser juramentado como Ministro de Relaciones Exteriores, omitió incluir las empresas offshore que junto a su esposa e hijos posee en Panamá y las Bahamas.

El subcontralor de Probidad de la CGC, Fernando Fernández, dijo a que la investigación de las cuentas y bienes del excanciller, fue iniciada una semana después de la publicación de Plaza Pública, que revelan la estructura de offshore propiedad de Caballeros y su familia, bajo la sombrilla de la iglesia cristiana El Shaddai.

El funcionario explicó que la Contraloría sólo cuenta con 26 auditores para corroborar las declaraciones de probidad de todos los funcionaros públicos que por ley están obligados a presentarla. “Nosotros hacemos las verificaciones selectivamente. No nos damos abasto. La obligación sería revisar todas, pero no tenemos suficientes auditores”.

La declaración de probidad de Caballeros, señaló Fernández, debió auditarse en enero de 2013, cuando el expastor renunció a la Cancillería, pero no fue posible debido a la falta de personal. “A Harold Caballeros no le tocó (ser auditado)… hasta ahora”, precisó el subcontralor. La investigación, agregó, se extenderá por al menos dos meses, y de llegarse a comprobar que el excanciller no declaró todos sus bienes, la CGC deberá presentar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público (MP).

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Según el artículo 24 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la Contraloría tiene la obligación de verificar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios luego de que éstos cesen en el cargo. La omisión o inexactitud de los datos consignados en las declaraciones de probidad, según la ley, constituye una falta administrativa, que implica una sanción del pago del 100% del salario (un aproximado de Q40 mil).

La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, informó que investigará al exfuncionario sólo si la Contraloría General de Cuentas presenta una denuncia en su contra.

La información sobre las offshore de Caballeros y su familia, fue conocida luego de que Plaza Pública, junto con Univisión y El Faro, publicaran un reportaje sobre los bienes ocultos del expastor, con base en los archivos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

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Previó a la publicación del reportaje, Plaza Pública cuestionó a Harold Caballeros sobre la declaración de sus empresas offshore al asumir como Ministro de Relaciones Exteriores en 2012. En esa ocasión, dijo no recordar si entregó su reporte de probidad. Luego en una entrevista en Canal Antigua aseguró que no presentó su declaración, incluso indicó que acordaron con los demás miembros del Gabinete no entregar la declaración patrimonial por temor a que la información fuera filtrada. El excanciller manifestó que estaba dispuesto a recibir las sanciones impuestas a la falta. Pero según datos de la Contraloría, el 21 de febrero de 2012, con el número 139,370 quedó registrada su declaración patrimonial, y el 28 de enero de 2013 dio su declaración de cierre.

Este pasado 16 de mayo, cambió de posición, y aseguró que no incurrió en ningún delito al no incluir sus offshore en su declaración de probidad. El excanciller tiene registradas en Guatemala nueve sociedades anónimas; y junto a su esposa y su hijo, Harold Caballeros Arimany, suman 18 empresas. La estructura de la iglesia El Shaddai aglutina una universidad, 27 estaciones de radio y 19 colegios (según información del mismo Caballeros). Los documentos de Mossack Fonseca no revelan los flujos de dinero de sus empresas, pero consignan un registro de activos o aumentos de capital de dos millones de dólares entre dos empresas.

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El subcontralor Fernández aclaró que los bienes de Harold Caballeros Arimany no serán objeto de auditoría por ser mayor de edad, ya que la ley establece que en la declaración de probidad sólo se consigna la información financiera propia, la del cónyuge y los hijos dependientes. Los bienes de su esposa, Cecilia Arimany, sí deben aparecer en la declaración patrimonial.

Si como resultado de la investigación de la CGC se encuentran inexactitudes en la declaración de probidad, el monto declarado no coincide con sus bienes reales, o se detectan alguna otra irregularidad, Caballeros será notificado y se le pedirá que aclare las dudas. Luego, la Contraloría presentará una denuncia en el Ministerio Público (MP).

La semana pasada, la fiscal general, Thelma Aldana, anunció la creación de una agencia especial del MP, que estará adscrita a las fiscalías de Lavado de Dinero y Extiinción de Dominio, para determinar si las personas o empresas relacionadas con los #PanamaPapers están implicados en posibles hechos criminales.

Cambios a la ley de probidad

La Ley de Probidad fue decretada en 2002 con el objetivo de transparentar el ejercicio de la administración pública. Se estableció el mecanismo de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos durante el ejercicio de sus cargos, con el fin de evitar el enriquecimiento ilícito, desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado.

Eddie Cux, abogado del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana, ve con preocupación que la CGC, el órgano rector del control gubernamental no tenga la capacidad de auditar a los funcionarios. El experto cree que mientras no incrementen el número de auditores, deberían realizar una investigación previa de los empleados públicos. Esto les permitirá tener un análisis de riesgo y determinar a quiénes revisar con mayor profundidad. “Ellos son el primer filtro, los encargados de lanzar la alerta a las autoridades judiciales, pero nos damos cuenta que su sistema de verificación no está funcionando”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells opina que no es un problema de falta de recurso humano, sino de prioridades. “La Contraloría no puede usar como excusa el no tener suficientes auditores. Estoy de acuerdo en que no se puede revisar a todos los empleados públicos, pero los Ministros son prioridad. Ellos deben ser auditados sin excepción alguna”.

Entre las reformas que plantea el analista de Acción Ciudadana, está el hacer pública las declaraciones de probidad para que la ciudadanía pueda fiscalizar a los empleados gubernamentales. La propuesta ha recibido negativa de los funcionarios que aducen el problema de seguridad y temor de ser extorsionados si se publica su información financiera. Otro cambio que propone Cux es ampliar el rango de quienes tienen obligación de presentar su declaración patrimonial, que en la actualidad no aplica a los empleados contratados por servicios profesionales bajo el renglón 029. 

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