Estos días estamos hartos del descarado desprecio por la ley del que han sido señalados varios funcionarios públicos y candidatos políticos. A ello sumemos la creciente incapacidad del Gobierno, tanto de esta administración como de las pasadas, para ofrecer servicios públicos de calidad. Ante estos hechos es fácil pensar que en Guatemala necesitamos enfocarnos cada vez más en incrementar la transparencia del Gobierno y en implementar mayores castigos a los funcionarios públicos. Sin embargo, el hígado no es siempre buen consejero. Lo que buscamos es lograr resultados, así que debemos evitar los espejismos de las soluciones que suenan bien.
Un gran obstáculo es que ignoramos realmente cómo surgen los problemas dentro del Gobierno. Y estos problemas van más allá de pensar en cambios drásticos como sacar al Gobierno de estos temas o eliminar el poder de la oligarquía terrateniente. Por ejemplo, en una escuela pública deciden comprar yesos y marcadores de los más caros para sus aulas. ¿Será eso corrupción para favorecer al dueño de la librería? ¿Será desperdicio de recursos por la falta de estándares de qué comprar? ¿O será que el problema que tienen es que los pizarrones que usan son demasiado viejos y usados? Ahora imaginen que no estamos hablando de una escuela comprando marcadores para pizarrón, sino del INDE comprando turbinas a instalar o del IGSS comprando un nuevo aparato de rayos X. Dependiendo de la respuesta, vamos a tomar una decisión distinta. Pero, si solo juzgamos a partir del periodicazo «Escuela es señalada por comprar productos con sobreprecio», lo más seguro es que vamos a creer que todo es corrupción. Por eso mismo necesitamos enfocar parte de nuestras energías en comprender qué partes del proceso burocrático no están funcionando bien y ofrecer soluciones acordes al problema.
El problema de esta ignorancia, a mi juicio, proviene del rol que les hemos asignado a la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) y a las Unidades de Auditoría Interna (UDAI). Por años fui parte del equipo que en el CIEN estuvo realizando estudios de transparencia presupuestaria, donde analizábamos el material generado por el Gobierno y las opiniones de expertos guatemaltecos en el tema. El trabajo arrojaba de manera consistente que la CGCN y las UDAI eran lo más débil dentro del sistema. ¿Por qué? El principal incentivo es lograr el periodicazo en el que se sale mostrando el número de hallazgos y el monto de las multas. Mientras más alto el valor, mayor el espaldarazo de los medios y de la comunidad internacional. Ello lleva a que la CGCN arrincone a las UDAI a que su enfoque sea en encontrar problemas, no en solucionarlos. Muchos funcionarios se quejaban de que, cuando buscaban apoyo preventivo de las UDAI para tener todo en orden, estas no colaboraban, pues ello habría implicado reportar menos hallazgos. Pensamos en la Contraloría como un mecanismo de castigo, y no como uno para evitar que los problemas surjan. Peor aún, el enfoque de la Contraloría para sustentar sus multas es principalmente en el cumplimiento de procesos, y no en verificar si se logran los resultados de cantidad y calidad de los servicios públicos. A todo esto se agrega que las multas pueden servir para generar mecanismos de chantaje.
¿Qué dirección considero pertinente para la CGCN y las UDAI? Primero, quitarles el poder de establecer multas. Así se evitarían los problemas de chantaje y de que quieran obtener financiamiento de la institución a partir de los funcionarios públicos. Segundo, enfocar su función en describir los procesos del sector público, evaluar cómo dichos procesos permiten alcanzar los productos y resultados esperados, identificar riesgos y potenciales problemas en el funcionamiento de dichos procesos hoy en día, identificar procesos alternativos a partir de la experiencia internacional y apoyar a las entidades públicas para lograr la transición. Tercero, iniciar un proceso de cambio de las habilidades dentro de la CGCN y las UDAI. El enfoque ya no es en evaluar documentos contables, sino en seguirle la pista a cómo es que se producen los servicios públicos, lo cual requiere habilidades que están más vinculadas con ingenieros industriales. Cuarto, dichos informes deben ser públicos y debe haber un esfuerzo importante por comunicarlos a la población. A partir de ello será posible hablar con más detalle de qué se requiere modificar, así como contar con propuestas claras de qué alternativas existen. Con esto, la Contraloría se volvería una entidad valiosa y aportaría propuestas concretas para mejorar las operaciones del sector público guatemalteco.
Una aclaración antes de terminar. No estoy diciendo que no haya que castigar a los corruptos o a aquellos funcionarios públicos que no cumplen con su deber. Claro que tiene que haber consecuencias. Para eso están el Ministerio Público y las cortes de justicia. Ese ha sido el andamiaje institucional que ha empleado la Cicig (curiosamente no se menciona a la CGCN). Mi argumento de repensar la CGCN es que, en estos momentos en que estamos particularmente hartos del sistema político guatemalteco, necesitamos también reconocer que de nada sirve castigar si no aprendemos la lección de qué tenemos que hacer mejor la próxima vez. Lo que no es corrupción puede mejorarse. Y lo que es corrupción puede prevenirse.
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