El argumento del gobierno de Daniel Ortega para llevar a cabo tal modificación es sanear las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social debido al déficit que este presenta. De este modo, frente a la decisión gubernamental, varios sectores salieron a las calles a cuestionar la medida —entre los que destaca una parte del estudiantado universitario—, con lo cual se inició una ola de protestas en varios puntos del país.
A raíz de las manifestaciones en contra de esta reforma, el Gobierno comenzó a reprimir con la policía y a desplegar tropas del ejército en varias ciudades. Este accionar represivo ya contaría con aproximadamente 20 muertos (las cifras varían según diversas fuentes) y decenas de heridos. A estos lamentables hechos se suman la censura a varios canales de televisión que estaban transmitiendo las protestas y la respuesta represiva por parte de las autoridades.
Si bien este domingo el Gobierno de Nicaragua derogó las reformas a la seguridad social, la ola de manifestaciones no resulta un caso aislado y podría interpretarse como parte de un escenario de fuerte conflictividad social que se vive en el país desde hace varios años, como lo expresan las luchas por la derogación de la ley 840, que establece el marco legal para la construcción del canal interoceánico y las obras relacionadas.
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¿Derechización del partido de gobierno?
El retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al Gobierno y la asunción de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua en 2007 generaron entusiasmo en sectores progresistas de América Latina. Parecía que la nueva administración iba a poner fin a más de 15 años de gobiernos y de políticas neoliberales en el país.
Sin embargo, el FSLN y su gestión no eran los mismos que los de los 80 y más bien mostraron una ruptura con el legado y los valores que marcaron a esa organización en la lucha contra la dictadura somocista y durante la Revolución (1979-1990). En otras palabras, nos encontramos frente a un gobierno que, en términos discursivos, mantiene una retórica de izquierda y apela a la historia reciente de Nicaragua mientras en la práctica reina el pragmatismo y el partido se ha ido derechizando. Esto se pone en evidencia frente a los sucesos de los últimos días, como también lo manifiestan la aprobación de ley contra el aborto terapéutico y la aprobación del tratado de libre comercio Cafta-DR (2004) en la Asamblea Nacional con los votos de la bancada sandinista, además de las reelecciones de 2011 y 2016, las cuales generaron tensiones e imputaciones por quebrantar la institucionalidad y violar la Constitución.
La incorporación de Nicaragua a la ALBA en 2007 también provocó varios cuestionamientos. Si bien la participación del país centroamericano en el bloque constituía un signo del giro a la izquierda encabezado por la administración de Ortega, miembros del partido de gobierno y la familia presidencial recibieron acusaciones de maniobras espurias y de uso de recursos de la cooperación venezolana para fines privados, así como de establecer una alianza con los grandes capitales y con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Esta última ahora cuestiona al Gobierno y solicita el cese de la represión y el diálogo, un posicionamiento claramente oportunista por parte de una institución que durante años pactó con el orteguismo.
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A estas acusaciones debemos agregar la ya mencionada aprobación de la ley 840, que otorga una serie de concesiones no solo para la posible construcción de un canal interoceánico (la cual se encuentra detenida en este momento), sino también para la realización de otras obras que tendrían un impacto socioambiental de grandes dimensiones.
Igualmente, en 2015 se produjo la sanción de la ley 919, de Seguridad Soberana, la cual deja a criterio del presidente de la república y de las fuerzas represivas subordinadas a este qué se entiende por amenazas a la independencia y a la soberanía. Esto hace sospechar que es una forma encubierta de judicializar y criminalizar el conflicto social, como está ocurriendo en varios países de América Latina que aprobaron leyes similares.
En otras palabras, los acontecimientos de los últimos días no sorprenden si uno sigue la política desarrollada por el gobierno de Ortega en los últimos años. Dicha política parece aproximarse y representar más los intereses de las clases dominantes que los de sectores populares al sancionar leyes y realizar acciones que atentan contra trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas, a la vez que procuran combatir el conflicto social dentro de Nicaragua adoptando posiciones fuertemente represivas frente a expresiones disidentes con el objetivo de establecer y garantizar el orden social.
En medio de este escenario surge el dilema de cuáles son las opciones que tiene el país frente a una oposición débil y que tampoco representa una alternativa para solucionar los problemas de los sectores populares, así como frente al oportunismo de sectores políticos y agrupados en las cámaras empresariales.
La reciente derogación de la reforma después de días de manifestaciones debe verse como una conquista de las luchas populares y tal vez nos dé un indicio de que las alternativas se encuentran en el campo popular organizado.
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