El planteamiento anterior pone en cuestionamiento la orientación fundamental de las políticas de Estado que se aplican en Guatemala, en especial desde los años 80. Bien sabido es que el modelo económico se basa en la producción de materias primas, maquilas y servicios para satisfacer la demanda del mercado internacional, lo cual ha implicado la supeditación de necesidades locales como la seguridad alimentaria y nutricional, el mantenimiento de salarios insuficientes para cubrir la canasta básica vital, la expulsión del país de niños y jóvenes, etcétera. Este modelo, que rige la política macroeconómica, es razón de la insuficiencia de recursos públicos y causa de la disminución y el deterioro de las instituciones públicas para garantizar derechos.
En tiempos de covid-19, con dicho modelo económico y con un Estado debilitado, se experimenta incapacidad para evitar una caída profunda del PIB —cuyo crecimiento previsto se estima en alrededor del -2 % para este año—, para disminuir sustancialmente la pobreza y para garantizar las mínimas condiciones de atención a las personas infectadas por el coronavirus. Queda claro que es urgente repensar la política estratégica del Estado.
Un Estado diferente, en este momento, estaría avanzando en la dotación de tierras, créditos, equipos, insumos y encadenamientos productivos y comerciales para la producción familiar y la economía campesina, ya que es su responsabilidad la provisión de alimentos y de empleo a buena parte de la población guatemalteca en general y de la clase trabajadora en el ámbito rural. Medidas como la anterior serían coherentes en materia de política pública, en especial ante la crisis global actual, que ha impactado en el rompimiento de cadenas de valor y del comercio global, en la tendencia a potenciar las relaciones regionales y, al mismo tiempo, en la necesidad de desarrollar el mercado interno mediante, verbigracia, la reinversión productiva (industrial, agrícola, energética), la generación de trabajo y de salario dignos y el crecimiento de la recaudación fiscal.
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Un Estado, para atender los desafíos estructurales y crisis como la actual, requiere reorientar su política hacia la modificación sustancial del modelo económico, fortalecido en su institucionalidad para que disminuyan los ejercicios de poder devenidos de la histórica captura del Estado y de la reproducción de prácticas corporativas, clientelares y corruptas, así como para mejorar su desempeño en atención a los problemas nacionales. Se requiere un Estado fuerte, con recursos y capacidades para gestar condiciones de bienestar en la ciudadanía, lo cual pasa, entre otros aspectos, por a) la garantía de elecciones democráticas e institucionales (sin captura) de autoridades gubernamentales, judiciales y legislativas, con independencia, transparencia y orientación al interés público; b) una reforma fiscal que garantice la progresividad de la carga tributaria y la dotación de suficientes recursos financieros para atender las problemáticas estructurales, y c) la definición de políticas e instituciones orientadas al desarrollo territorial, la producción con valor agregado, la garantía de derechos sociales y la contención de desastres y crisis alimentarias y sanitarias.
Un Estado actuando en esa dirección virtuosa será imposible sin una correlación de fuerzas que logre la reforma democrática de su marco constitucional y de su institucionalidad pública. El desafío, no obstante, requiere abrir un diálogo de carácter incluyente y democrático, del cual surjan los acuerdos mínimos. En ese sentido, la viabilidad de cambios sustanciales en el Estado debe ser trabajada, construida, lograda. Por eso es fundamental el desarrollo de una política de alianzas entre actores democráticos que compartan esa búsqueda y presionen a tal punto que el actual gobierno no tenga más opción que democratizar sus acciones y convocatorias.
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