En estos momentos, mientras escribo, se están discutiendo las reformas en el Congreso de la República, pero, más allá de lo que se resuelva allí, quisiera sumar algo a la reflexión sobre un tema que, aunque ciertamente es urgente para la coyuntura, es también atemporal para entendernos y construir un país más justo.
El miedo a lo desconocido es común. Sin embargo, esto es sumamente perjudicial cuando hablamos de grupos humanos que conviven en un mismo país. En Guatemala, los pueblos indígenas han quedado fuera de la configuración oficial del Estado (han sido excluidos del sistema de justicia, del de salud, del educativo, de la política, etcétera). Ello ha resultado en el aislamiento y en enormes desventajas estructurales para los pueblos indígenas, pero también en un profundo distanciamiento entre los pueblos indígenas y los no indígenas.
El desconocimiento que tenemos sobre los pueblos indígenas tiene, pues, sus raíces en este Estado racista. Que no nos dé miedo reconocer esto y aprovechemos la oportunidad para acercarnos y aprender, dejar a un lado los prejuicios y dejar de creer que Guatemala es solo nuestro metro cuadrado aquí en la ciudad, en la universidad, en nuestro trabajo y en el centro comercial.
Recientemente recibimos la visita de autoridades indígenas de Sololá y de Totonicapán en la Universidad Rafael Landívar, quienes nos explicaron qué es el sistema de justicia indígena. Realmente nos dieron una cátedra y grandes lecciones. Uno de los visitantes dijo una frase que para mí resume lo que sucede: quienes se oponen al pluralismo jurídico hablan desde la arrogancia y la ignorancia.
Guatemala es un país con muchos pueblos dentro, cada uno con sus costumbres y tradiciones. Somos, pues, un país diverso. ¿Alguien puede negarlo? Al reconocer el sistema de justicia indígena estamos reconociendo esta diversidad y pluralidad. No se trata de perjudicar a nadie ni de dividir el país. A continuación sintetizo algunos de los puntos que se han estado difundiendo por distintos medios a favor del reconocimiento del sistema de justicia indígena.
Uno. Al reconocer institucionalmente el sistema jurídico indígena se está reconociendo algo que ha existido y funcionado siempre en Guatemala. Es una realidad que desconocemos por ignorancia y arrogancia, pero existe. ¡No se está inventando nada nuevo!
Dos. Al reconocer constitucionalmente el derecho indígena se mejorará la coordinación y la cooperación entre el sistema oficial y el indígena. ¡No es ninguna amenaza para los no indígenas!
Tres. El sistema jurídico indígena descongestiona el sistema de justicia oficial (que no cubre ni la mitad del territorio). Resuelve hasta diez casos diarios con base en el conocimiento y la sabiduría ancestrales. Las comunidades lo tienen muy claro. En nuestro caso, ¿cuánto tardamos en obtener respuesta (si es que llega) a una denuncia que ponemos en el Ministerio Público? ¿Para cuántos de nosotros son entendibles el lenguaje jurídico y los procedimientos legales del sistema oficial?
Cuatro. Las autoridades indígenas son elegidas democráticamente y cumplen sus funciones ad honorem. En nuestro caso, ¿quiénes de los funcionarios públicos se creen eso de que están para servir al pueblo, y no para servirse del pueblo? ¿Quiénes de nosotros confiamos en nuestras autoridades y creemos que nos representan?
Cinco. La justicia indígena se basa en principios como la conciliación y la reparación. En nuestro caso, solo basta dar un vistazo a lo que sucede dentro de las cárceles para saber que nada bueno está saliendo de ellas. Además, ¿cuántos inocentes están condenados injustamente y cuántos culpables andan libres por las injusticias, la corrupción y las deficiencias del sistema actual?
Finalmente, con todo esto tampoco quiero caer en la idealización del sistema jurídico indígena. Pero, sí, es una invitación a conocer eso que es desconocido, a salir de nuestra zona de confort, arrogancia e ignorancia. Tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas. Nos falta mucho para ser un país. No digamos una nación.
Hay quienes dicen que debemos dejar el debate para después, que ahorita no es el momento porque no hay consenso. La verdad es que nunca será ese momento ideal. El sector privado, el principal opositor, no está dispuesto a dejar su posición privilegiada para manejar este país. No tengamos miedo y entrémosles a estas reflexiones, que, más que urgentes para la aprobación de las reformas, son urgentes para construir un país más justo.
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