Durante el primer año lo que se ha visto es una serie de acciones tendientes a sostener e institucionalizar la corrupción y la secrecía. La posibilidad de contar con un Estado diáfano y transparente prácticamente murió.
No hubo que esperar mucho. No para nada. Los meses que normalmente se le otorgan a una transición de gobierno no sirvieron de nada o al menos no fueron un pretexto suficiente para argumentar que el recambio implicó un tiempo normal de aprendizaje, lapso en donde el ensayo y error son aparentemente aceptables. Al día siguiente, es decir, el 15 de enero como dice el refrán popular: “a lo que te truje chencha”.
La compra y adquisición de distintos suministros, la firma de contratos y adjudicaciones, las reiteradas acciones de sobrevaloración de productos en instituciones como FONAPAZ, solo han evidenciado la tendencia a continuar con las prácticas corruptas que están enraizadas en el Estado guatemalteco. Lo que hubo fue cambio de actores, pero no de comportamientos. Al contrario, al parecer estos se están refinando y están llegando a dimensiones de excepcionalidad.
Basta ver el abuso con el que se utilizan todas las reglamentaciones para adquirir bienes e iniciar negocios bajo el pretexto de “emergencia”, la forma en cómo se saltan los plazos, la creación de “condiciones” para que exista un único oferente, la modificación de reglamentos para otorgar publicidad a empresas vinculadas a funcionarios, la contratación de personal con dudosa capacidad técnica y moral.
Todos saben que lo que se publica en los medios de comunicación al respecto es una pequeña parte de todo lo que se está haciendo. Sin tener muchas pruebas empíricas, se puede decir que existe mucha decepción en muchos actores, ya que existe una percepción generalizada de altos niveles de corrupción y el descaro con el que estos se justifican e incluso arropan por parte de las autoridades.
El Estado fue creado con una serie de mecanismos y una institucionalidad que permite sin mayor problema que se pueda convivir con todo lo dicho anteriormente. No pasa nada. Quienes constituyeron el Estado y quienes han participado en su desarrollo no han hecho nada más que fortalecer esos lazos en donde reina el compadrazgo, la compra de voluntades, el pago de facturas políticas y la cultura del saqueo de las arcas nacionales. Por ello, algunos llamados constitucionalistas defienden dicho statu quo, pues es muy conveniente para resguardar y proteger todo este tipo de mañas.
No existe una verdadera voluntad de cambiar de fondo las cosas. Si no, solo hay que ver lo sucedido con la Secretaría de Control y Transparencia. Su desarticulación genera más preguntas que respuestas. No cabe el asombro, ni la sorpresa en lo sucedido. Ellos sabían que haber iniciado una secretaría mediante un acuerdo gubernativo era un error que les iba a reventar más temprano que tarde. Y así fue. Ellos saben que no pueden argumentar desconocimiento en el tema, pues como dice la canción: “sobre aviso no hay engaño”. Uno de los productos de la gestión pasada fue el estudio legal para la institucionalización de un órgano de transparencia y en ese documento estaba ya el camino a seguir, las opciones de distintos modelos y los requerimientos legales que implicaba cada uno de ellos. Ese documento es público y ellos lo tienen.
Si no les quedó tiempo de revisarlo eso fue por soberbia o por falta de interés, pero eso solo implicó perder tiempo y recursos. Además que pusieron a la Vicepresidencia de la República en una situación muy delicada e incómoda. Pero acá viene la pregunta: realmente ¿no será que querían hacer eso y deseaban que eso pasara para tener un pretexto de continuar con una institucionalidad débil e incapaz de terminar con la corrupción y la secrecía?
Al final del día lo que queda es una especie de sabor amargo en la boca, como sinónimo de decepción por ver que las cosas no cambian. El reiterado y tenaz discurso a favor de la transparencia se ha convertido en uno de sus principales factores que solo ha puesto en evidencia la incoherencia con la cual ejercen el poder público.
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