Desde los eventos políticos de 2015 se fracturó la agenda mediática. Algunos apostaron y apuestan a informar los acontecimientos que se han generado a raíz de las investigaciones que han realizado las autoridades, encabezadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Otros, producto de las incestuosas, ilegales y corruptas relaciones que sostienen con el poder político, han promovido una agenda que no solo favorece el ocultamiento o la desinformación de los hechos, sino que se ha apegado a la difusión de tramas discursivas como soberanía, injerencia extranjera, presunción de inocencia y debido proceso.
Cada grupo de medios y de periodistas tiene sus aliados y detractores. En este planteamiento polarizado o dicotómico nadie se salva de la crítica y del enjuiciamiento. Y eso es socialmente enriquecedor, pues ha provocado una discusión pública acerca de la actuación de los medios de comunicación que se mueve desde la perspectiva técnica profesional hasta la deontología del periodismo.
Desde hace muchos años se ha venido reclamando la emergencia de esta discusión, que generalmente encontraba su asidero en el campo académico, pues siempre se ha considerado que el impacto político de los medios de comunicación debe ser promovido, discutido, analizado e incluso juzgado desde una perspectiva más amplia dentro de la sociedad. Los televidentes, los radioescuchas, los lectores y los usuarios son quienes pueden poner en entredicho la calidad y la ética de los medios. De hecho, en otras circunstancias y contextos, la puesta en entredicho de la calidad de un medio de comunicación implica una situación de peligro para su estabilidad financiera.
La ubicación de cada medio en una de las dos posturas señaladas es un asunto que tiene relación con situaciones de tipo financiero, pero también de índole ética. La falta de una regulación de la publicidad estatal, así como el amancebamiento entre dueños de medios, periodistas, políticos y empresarios, han promovido redes de tráfico de influencias, el secuestro de las agendas mediáticas y el impulso de figuras en el espacio público que han logrado obtener réditos de la función pública, pero sobre todo de los recursos que maneja el Estado.
En este punto, la crítica contra los medios ha crecido como espuma debido al uso y desarrollo de las redes sociales. Como siempre, lo que registran las redes debe pasar por un tamiz muy fino, pero lo importante es que la sociedad está animada a criticar a quienes durante mucho tiempo fueron su única fuente de información. Dudar, poner en entredicho y evidenciar que la corrupción alcanzó a los medios, a quienes los dirigen y a quienes trabajan en ellos es saludable para toda democracia.
Aquí vale la pena señalar que, en esta trama de pasiones que genera cada bando, lo importante es que se garantice el derecho a la información que tiene toda la sociedad. No puede haber libertad de expresión si no se garantiza la libertad de prensa. Por lo tanto, es importante conocer todo aquello que se produce de una acción pública, pero sobre todo aquello que genera un problema público. La población requiere saber quiénes son aquellas personas que pueden estar involucradas en delitos, especialmente los relacionados con corrupción y el mal uso de los fondos públicos.
La convocatoria a medios y la difusión que hacen el MP y la Cicig están completamente en regla, pues, si bien se reclama sobre la mediatización y la presunción de inocencia de los sindicados, también está el derecho de la sociedad de informarse sobre esos asuntos. Acá la discusión que debe abrirse es sobre la ponderación de derechos. ¿Qué es más importante si pasamos la prueba de interés público: la garantía de los derechos de los sindicados o el derecho de toda la sociedad de conocer un problema de índole pública?
En este caso específico, la balanza en una prueba de interés público se inclinaría por garantizar el derecho de la población a conocer hechos en los que se ha incurrido en ilegalidades, sobre todo situaciones que han significado el robo y la apropiación indebida de los recursos del Estado, recursos a los que la sociedad contribuye por medio de los impuestos que paga.
De esa cuenta, la lucha contra la corrupción y la impunidad no solo pretende coadyuvar a limpiar el sistema político y las estructuras estatales, sino que abrió la puerta a otras deliberaciones que en el fondo van a representar un avance en la democracia del país. De esta pugna, algunos medios y periodistas verán su credibilidad por los suelos.
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