Los negocios alrededor del Sistema de Salud de Guatemala siguen generando dudas e intentos de fiscalización, casi como estudios arqueológicos que buscan comprender la forma en que se crearon y adjudicaron los contratos para favorecer a determinados proveedores de medicamentos y servicios. En Escuintla, un contrato entre la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) y la empresa SabiaPharma S. A. levantó suficiente sospechas para cuestionar desde el Congreso de la República a los responsables de esta concesión que ascendió a Q5,615,328.00, en septiembre de 2014.
“Un negocio anómalo, con sobreprecios, que a la fecha se ha visto que existe malversación de fondos, que han conllevado a la suscripción de contratos oscuros, ambiguos y lesivos para las arcas del Estado, y el detrimento de la salud de los enfermos”, indicó el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala (EG). El lunes 9 de noviembre, los directivos de UNAERC fueron citados al Congreso por los diputados de EG, para que explicaran ese contrato, dos semanas después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticularan una red de corrupción que operaba en el interior del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Esta estructura fue llamada por la fiscalía como “Negociadores de la Salud”. Ese mismo lunes, el Juzgado Sexto de Instancia Penal ligaba a proceso penal a once supuestos integrantes de esa estructura criminal, entre particulares y empleados del Seguro Social. Mediante escuchas telefónicas, investigación en campo y constatación a través del portal de compras del Estado, Guatecompras, se pudo determinar la manera en que operadores, funcionarios públicos (médicos y directivos de hospitales nacionales) y proveedores adecuaban compras de productos y de servicios para beneficiar a empresas determinadas a cambio de una comisión. Según la investigación del MP, SabiaPharma S. A. era una de las empresas que se beneficiaba de la corrupción en el IGSS. La fiscal general, Thelma Aldana, en conferencia de prensa indicó que esa farmacéutica era una de las empresas que, junto a droguería Colón y Evolución Farmacéutica S.A., era operada por Gustavo Alejos Cámbara, el exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom (2007-2011), quien permanece prófugo desde hace dos semanas.
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La forma en que se adjudicaron contratos en el IGSS, como señaló la diputada Nineth Montenegro de EG, es sospechosamente similar a la manera en que UNAERC contrató a SabiaPharma para su sede en Escuintla. “Las similitudes son preocupantes”, añadió Álvarez frente a los representantes de UNAERC, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el MP.
“De momento, nos reservamos las acciones penales que puedan suceder”, advirtió el diputado antes de señalar las anomalías detectadas en el contrato entre UNAERC y la empresa vinculada a los “Negociadores de la Salud”.
Anomalías, una tras de otra
De bata blanca, serios y con semblante preocupado, los directivos de UNAERC escucharon a los diputados de EG enumerar el listado de anomalías dentro del contrato de “Arrendamiento de Infraestructura” para crear una clínica de hemodiálisis en Escuintla. Álvarez indicó que a pesar de haber incrementado el presupuesto de esa unidad, de Q110 a Q200 millones en 2014, con el fin de saldar deudas con proveedores, los directivos decidieron expandirse, crear un Manifiesto de Interés e inaugurar una sede en Escuintla. Los requisitos de licitación eran exactamente lo que SabiaPharma S.A. había preparado dentro del Hospital Génesis de Escuintla: 30 máquinas de hemodiálisis.
“Hay una simulación en el contrato de arrendamiento —cuestionó Álvarez— lo que en realidad ocurrió fue que se subarrendó un servicio, lo cual está prohibido por la Ley de Contrataciones del Estado”.
Plaza Pública visitó en octubre recién pasado las instalaciones de UNAERC en Escuintla y, como se explicó en el reportaje sobre el tema, el espacio generaba confusión, donde no estaba clara la separación física de SabiaPharma S.A., UNAERC, el hospital Génesis, y la clínica privada de la doctora Claudia Lily del Cid, nefróloga (especialista en riñones) encargada de UNAERC, y, además, representante de una empresa de servicios de hemodiálisis llamada Mendel S.A.
Para los diputados de EG esta forma de arrendamiento sólo podía entenderse como que detrás de todo había un testaferro.
Douglas Romualdo Guerrero, director administrativo de UNAERC, aseguró que el enredo de subarriendos era la única manera de poder prestar este servicio. “Para el Estado sería difícil comprar las máquinas de hemodiálisis. Su tiempo de vida es muy corto, uno o dos años, y el Estado no estaría en capacidad de dar adecuado mantenimiento”, argumentó.
Pero los hallazgos en este único contrato era una cascada de anomalías, una tras otra. Después del “testaferrato” señalado por Álvarez, se cuestionaron los 14,040 kits adquiridos por medio de la misma adjudicación a SabiaPharma S.A., para utilizarlos durante un plazo de tres meses. Es decir, se compraron insumos perecederos dentro de un contrato para alquilar instalaciones físicas. “Además”, dijo Álvarez, “en los kits hubo un sobreprecio de Q2,450,541.60”.
El siguiente señalamiento al contrato de UNAERC con la empresa de los “Negociadores de la Salud” se enfocó en el número de pacientes que se pretendía cubrir con este nuevo servicio: 180 enfermos renales. Guerrero precisó que “a la fecha se atiende a 177 pacientes”. Los diputados, sin embargo, detectaron una nueva anomalía en el listado de pacientes reportado por el Guerrero: “existen nombres repetidos, no es posible determinar la cifra exacta de pacientes que atiende UNAERC en Escuintla”, indicó Álvarez.
Los directivos de UNAERC tampoco lograron justificar la forma legal en que un contrato para tres meses se expandió a más de once. Tampoco consiguieron transparentar más de ocho compras directas a SabiaPharma, de manera fraccionada, por Q89,989 –según la ley, el límite es de Q90 mil en compra directa– para adquirir nuevos kits en los últimos meses. Además, no tuvieron argumentos para explicar que el excedente de kits de este contrato con SabiaPharama, más de 6,600, permanecieron en una bodega de la zona 18, alquilada a un precio por más de Q60 mil durante tres meses.
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La pregunta de los diputados de EG, luego de enumerar las anomalías detectadas, era una, una al nuevo Ministro de Salud, Mariano Rayo:
–¿Por qué no se ha destituido al doctor Guerrero como director administrativo de UNAERC?
–Las acciones recién se están tomando. Hemos cambiado al presidente de la UNAERC. Hemos cambiado a los representantes del Ministerio dentro de la junta directiva. El enfoque en este momento es supervisar la toma de decisiones. No es posible descartar las destituciones– respondió Rayo.
Suspender empresas “negociadoras de la Salud”
“La decisión más inmediata es suspender y cancelar a las empresas que, como SabiaPharma S.A., han sido señaladas de corrupción”, dijo Rayo a los legisladores. La intención, enfatizó, está en que el Estado deje de comprar productos a este tipo de empresas. Aunque no especificó como reaccionaria el Ministerio de Salud ante posibles impugnaciones sobre esa decisión, salvo que las empresas señaladas de corrupción están obligadas a cumplir con los abastecimientos, arrendamientos, y prestación de servicios hasta la fecha indicada en sus contratos.
De hecho, SabiaPharma S.A., según Guerrero, luego de la captura de once personas sindicadas de pertenecer a la red “Negociadores de la Salud” hace dos semanas, ha dejado de proveer insumos a UNAERC en Escuintla. “La salud de nuestros pacientes y la sostenibilidad de UNAERC en Escuintla está en peligro”, dijo.
Por su parte, Rayo se defendió al indicar que no es posible tolerar este tipo de argumentos, como última defensa de un funcionario que está contra las cuerdas. Agregó que UNAERC en Escuintla no cerrará. “Hay alternativas para suplir las necesidades generadas por las anomalías de estos contratos, las vamos a encontrar. Por ejemplo, Fundación AMOR (Asistencia Médica Ocupacional para la Recuperación del Enfermo Renal) puede brindar el mismo servicio por un mejor precio”, señaló sin precisar detalles.
Los cuestionamientos desde el Congreso sobre este tipo de anomalías surgen en medio de una de las peores crisis dentro del Sistema de Salud de Guatemala. Los hospitales se encuentran desabastecidos, y no es descartable que nuevos casos de corrupción sean expuestos por la CICIG y el MP. O bien, que los directivos de la UNAERC sean capturados como parte de la red que beneficiaba a empresas con contratos del Estado a cambio de una comisión.
