Disparidad con sello de dólar (8/9)

En Guatemala las frecuencias radioeléctricas se asignan “al mejor postor”. Así lo reconoce el titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Raúl Solares, quien reconoce que, “lamentablemente” en el proceso no se privilegia el “beneficio social”. Sin embargo, replica, el sistema de subastas para las frecuencias del espectro radioeléctrico del país ha sido un “modelo” para otros países en América Latina.

El sistema de subastas al que se refiere Solares se impuso en 1996, con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), la cual también creó la SIT. Antes de ello, las frecuencias se concesionaban a quien las solicitara, previa aprobación del Ministerio de la Defensa Nacional.

La ley establecía que el plazo para explotar una frecuencia era de 15 años, y que el único requisito era pedirlo y pagar los respectivos cargos administrativos. Pero en 2012 el Congreso de la República –sin discusión previa y con un intempestivo cambio de agenda de la plenaria– amplió ese plazo a 20 años. La SIT admite que la reforma se aprobó justo cuando a la mayor parte de usufructuarios estaban por vencerles sus títulos, ya que casi todos los de radiodifusión databan de 1997. Con esas disposiciones no solo se garantizó la explotación de las frecuencias a los beneficiados por el sistema, sino que se vetó el acceso a las poblaciones rurales a tener medios comunitarios.

Carlos García es miembro de la organización Sobrevivencia Cultural, entidad que hace parte del Movimiento de Radios Comunitarias. Su memoria funciona como una calculadora cuando se trata de recitar todas las intentonas, fechas, propuestas e iniciativas de ley presentadas al Congreso para legalizar las radios comunitarias y acceder a frecuencias del espectro radioeléctrico.

Para García el aparato estatal simplemente ha mirado hacia otro lado cuando se trata de radios comunitarias. “En el acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (que forma parte de los Acuerdos de Paz) se establece que el Estado debe dar radiofrecuencias a los pueblos indígenas”. Este acuerdo se firmó el 31 de marzo de 1995, y aunque la LGT se aprobó en octubre de 1996, no tomó en cuenta ni una coma del acuerdo relacionado a los pueblos indígenas.

El olvido mayúsculo ocurrió en la reforma de noviembre de 2012, cuando ya existía un proyecto de ley para darle vida a las radios comunitarias, y en vez de eso se amplió el tiempo de usufructo para quienes ya lo tenían.

“La última frecuencia (subastada) aquí en la ciudad costó Q3 millones. El que quería podía participar (en la licitación), si tenía dinero. Ahí es donde las comunidades son discriminadas de forma económica, porque no tienen recursos económicos para pagar”, dice García. De hecho, fue por discriminación que la Corte de Constitucionalidad falló a favor del Movimiento de Radios Comunitarias y ordenó al Congreso reglamentar el asunto. El fallo se emitió en marzo de 2012, incluso antes de la reforma que amplió el tiempo de los títulos de usufructo. Hasta la fecha el Legislativo no ha cumplido.

La discriminación, dice García, no se expresa solo en la imposibilidad de acceder a las frecuencias, sino también en la “criminalización de las radios comunitarias”. El dirigente se refiere a los allanamientos en contra de las radios que funcionan en diversas poblaciones rurales, así como a una campaña de desprestigio en la que acusan de “ladrones y narcotraficantes” a los operadores de estas radios, con el fin de “desinformar a la población”.

García calcula que actualmente existen entre 50 y 60 radios comunitarias en todo el país, que funcionan en su mayor parte en comunidades indígenas, muy por debajodel cálculo que la Cámara de Radiodifusión hace de este tipo de radios, a las que llama “ilegales”.

El activista responsabiliza de la persecución y criminalización a la Cámara de Radiodifusión de Guatemala (CRG), que los han acusado de “competencia desleal”. Para García el acceso a las frecuencias se debe garantizar no sólo por los acuerdos previos, si no por derechos humanos. “Tenemos derecho a acceder a esas frecuencias. Que un grupito lo categorice, y lo haya privatizado, es otra situación”, dice. Las entidades internacionales han reconocido desde años atrás que la presencia de medios comunitarios garantiza la pluralidad y la transparencia. Algunos especialistas internacionales también lo han señalado así desde hace años.

De discriminación y persecución también habla Vicente Cuc, director de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), entidad que aglutina a 22 radios que se definen como comunitarias.

Cuc es claro: entre sus afiliadas hay radios con frecuencias bajo usufructo y otras… que no. Él coincide con García: las comunidades deben tener por derecho un medio de comunicación para expresarse en su propia lengua, y dice que acceder a frecuencias ha sido “muy difícil” durante todo este tiempo, sin una legislación que los ampare.

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“Como no existe una ley, hemos tenido que entrar al juego de las subastas”, dice. Según Cuc, “muchas de las frecuencias que tenemos provienen de la Iglesia Católica, que las ha ido donando”. Otras ya existían desde antes del sistema de subastas, la más antigua de ellas “La voz de Colomba”, en el 99.1 del FM, en Colomba Costa Cuca (Quetzaltenango) que transmite desde hace más de 40 años. Uno de los últimos usufructos, dice Cuc, fue adquirido hace 20 años: se trata de Radio Gerardi, que transmite en el 107.9 en Cobán (Alta Verapaz). En este caso sí entraron a subastar, asegura, y pagaron Q 496,000. Para reunir el dinero relata que tuvieron que hacer rifas y abocarse a donaciones.

Laberinto del Poder buscó los datos en el registro histórico de pagos de la SIT y encontró que en 1999, la Iglesia Católica de la Diócesis de Verapaz –que incluye a Alta Verapaz– efectuó dos pagos a la SIT: uno por Q 51,000 para garantizar su participación en la subasta de una propiedad definida solo como “B2”, el 21 de julio de 1999. El 3 de agosto de ese mismo año el segundo pago fue por Q 403,000 por el valor ofertado en la subasta. Es decir: en total Q454,000, que equivalen a poco más de $62,000 según el cambio de esa época.

Para Cuc, al igual que García, la Cámara de Radiodifusión es la entidad que presiona para que no exista una normativa establecida que dé vida legal a las radios comunitarias.

La Cámara ha criticado la iniciativa de ley que se quedó engavetada luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad y de la reforma de 2012. En una campaña masiva en contra de esta realizada en 2017, además de acusarlas “ilegales” a las radios comunitarias, señaló que la iniciativa adolece de “varias irregularidades” y de pretender dar vida a una entidad superior a la SIT.

La iniciativa consta de apenas 24 artículos y plantea desde aspectos conceptuales, como qué debe entenderse como radio comunitaria dentro de un aspecto legal, hasta cómo sería el sistema de funcionamiento y acceso de las radios comunitarias a las frecuencias radioeléctricas. También propone la creación del Consejo Nacional de Medios de Comunicación Comunitaria, como ente de control y garantía del funcionamiento de dichos medios.

El diputado Amílcar Pop, del partido Winaq, uno de los promotores de esta iniciativa, explica que el debate legislativo se estancó “por los intereses de la Cámara de Radiodifusión, que pidió a sus diputados que no votaran”. Además, dice que no ha pedido que el tema vuelva a agendarse para debate “porque no tenemos los votos” para su aprobación.

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Según la página web oficial de la Cámara, su junta directiva está conformada por representantes de los grupos mediáticos que concentran la mayor cantidad de frecuencias radioeléctricas del país en su poder: uno de Radio Furia S.A., uno del grupo Alius, uno del grupo Nuevo Mundo, otro más del grupo Emisoras Unidas, uno de Radio Cultural TGN, y dos del grupo Albavisión, uno como propietario y otro como suplente. Todos ellos suman no menos de 651 frecuencias en el espectro a su favor, según el listado de la SIT. Laberinto del Poder buscó a algunos representantes de la Cámara para indagar acerca de su postura ante los medios comunitarios y sus propias empresas, pero ninguno aceptó ser entrevistado.

Pop también responsabiliza a la gremial de la “criminalización de las radios comunitarias”. Además, asegura que durante la campaña electoral pactó con varios partidos para “asaltar el proceso de digitalización” y eliminar la posibilidad de un ejercicio democrático en cuanto a acceso a medios de comunicación. “Ellos no quieren que reconozcan a las radios comunitarias”, asegura.

El diputado hacía referencia al aún pendiente proceso de asignación de la banda 4G de internet, el cual obligará a la digitalización de las frecuencias y que ampliaría el ahora saturado espectro radioeléctrico del país.

Pop, que ha ejercido de defensor de procesados por uso de radiofrecuencias, opina que “la Cámara ha asaltado el espectro electromagnético del país”, y que el Congreso legisló “a favor de ellos para garantizar un uso privado sin límite de las frecuencias”.

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¿Cuánto se ha beneficiado el Estado guatemalteco de cada subasta otorgada? El artículo 121 de la Constitución establece que las frecuencias son bienes del Estado. Laberinto del Poder analizó los pagos históricos registrados por la SIT desde la vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), es decir, desde 1996, relacionados a los medios de comunicación investigados. De los pagos previos, la SIT no tiene registro.

Por ejemplo, el grupo Emisoras Unidas, ha invertido Q11,752,820.28 en pagos a la SIT. Sus ganancias través de contratos con el Estado han sido, entre 2004 y 2017, de Q60,938,949 (ver nota aparte), poco más de cinco veces lo invertido.

El factor dinero ha permitido el acceso a las frecuencias a políticos. Tal es el caso de las dos radiofrecuencias (una de TV y otra de rango fijo, definido en manuales de la SIT como aquellas que permiten la radiocomunicación entre un punto y otro) que posee el diputado Marco Antonio Orozco Arriola (ver ficha) del Partido Reformador, cuyos títulos de usufructo fueron autorizados para una prórroga de 20 años más en 2014 y 2015, por Q324,514.16. Si bien la Constitución no establece una prohibición expresa para los diputados de explotar radiofrecuencias, sí habla de que son servicios públicos.

La Ley de Telecomunicaciones permite que el propietario de un título de usufructo pueda arrendar la radiofrecuencia. Tanto Solares como un técnico de la SIT admiten que esa es una práctica común y que, en el caso de las frecuencias que están bajo propiedad de instituciones bancarias es porque han sido dadas “en garantía de pago de un préstamo”.

Esta posibilidad, el arriendo, también deja por fuera a las radios comunitarias, a decir de García, ya que no poseen ingresos y, desnaturalizaría el perfil que buscan darles.

* Hay algo peculiar: varias decenas de frecuencias están en manos de entidades privadas que no se dedican a la radiodifusión, ni a la telefonía, como por ejemplo la empresa azucarera El Pilar S.A. o la de alimentos Malher S.A. Otro ejemplo son las 19 frecuencias que tiene la empresa Sigma Constructores S.A. y las 20 que tiene Zona Fértil S.A. La sociedad INCOTEL, S.A., cuyo representante legal, hasta febrero de 2017 cuando se hizo la consulta para esta investigación, era Roberto Paiz Klanderud (de acuerdo al portal Guatecompras), uno de los fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y extrabajador de TV Azteca, goza de 20 frecuencias (18 de ellas para televisión).

Un técnico de la SIT explica que en casos como empresas privadas de esta naturaleza o embajadas, las frecuencias son mayoritariamente “punto a punto” y utilizadas para comunicaciones internas. Sin embargo, las 39 frecuencias de Sigma Constructores S.A. y Zona Fértil S.A. pertenecen al rango de VHF y UHF, es decir, están destinadas al ámbito exclusivo de la radiodifusión y no son de punto a punto.

Sigma Constructores S.A. está actualmente involucrada en el caso de corrupción de financiamiento ilícito al Partido Patriota, durante la campaña de 2011. Tres de sus representantes legales fueron procesados judicialmente. Zona Fértil S.A., por su parte, está relacionada con el empresario Jack Irving Cohen Cohen (ver ficha), a su vez accionista de la empresa que lleva sus iniciales, J. I. Cohen., una farmacéutica que está entre las mayores contratistas del Estado guatemalteco.

Años atrás, recuerda García, el Movimiento de Radios Comunitarias creyó que aliarse con la CRG era la única posibilidad de hacerse escuchar. Explica que se trabajó “muy bien” con el que entonces era su presidente, Roberto Bocaletti de León. “Lastimosamente el señor falleció”, dijo y con ello, los acercamientos se enfriaron.

El año pasado, el presidente del Consejo de Administración de Emisoras Unidas, Jorge Edgardo Archila Marroquín, dijo que su corporación, a través de la Cámara de Radiodifusión, presentó un proyecto para legalizarlas. “Tenemos un proyecto bien detallado porque creemos que debe de darse espacio a las radios comunitarias”, explica.

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“Le dijimos al gobierno cómo hacer técnicamente, cómo deberían o pueden otorgar gratuitamente las frecuencias a radios comunitarias y todos los detalles sobre la distribución para que no se interfieran entre sí”, precisa. El proyecto, agrega, se lo han presentado a los tres últimos gobiernos, porque “a nosotros los radiodifusores nos conviene la existencia legal de las radios comunitarias”. Lo hacen, dice, porque “viven interfiriendo a todos por todos lados”.

La respuesta de la SIT a las exigencias de frecuencias por parte del Movimiento de Radios Comunitarias es que “ya no hay frecuencias”, dice García. El presidente de Emisoras Unidas opina que “todavía hay”, pero que las disponibles son escasas. “Pueden hacer como hacemos nosotros: a mí me vendieron una frecuencia en Escuintla, y esa misma frecuencia se la dan a otro en Retalhuleu, porque a mí me la dan solo para Escuintla, a otro se la dan para San Marcos, y a otro en Cobán. Así operamos, porque para no interferirnos tampoco podemos tener en el interior grandes potencias. Bajo el mismo sistema, pueden operar las radios comunitarias”, propone Archila, haciendo referencia a que el mismo dial puede funcionar en distintos lugares, ya que en esencia son radiofrecuencias diferentes.

Archila no se equivoca: hay decenas de radios que están operando en frecuencias cuyo derecho primario es funcionar para un punto fijo, y no dentro de FM, AM o televisión; aunque sí están dentro de las bandas UHF y VHF.

Alberto Marroquín, director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Mecatrónica de la Universidad Galileo, explica que las características de las frecuencias VHF y UHF son las que permiten transmitir radiodifusión: la única diferencia es la tecnología que utilizan. El VHF es más popular. En el caso de FM y AM el criterio es más ramplón: la primera se utiliza más porque la tecnología para transmitir implica menos costos que la AM.

Solares admite que se ha pensado en otorgar frecuencias en AM al movimiento de radios comunitarias, pero según García, no tendrían capacidad de costearse los gastos de la transmisión.

Las frecuencias pueden ser "reguladas", que son las comerciales y que pueden subastarse; y "reservadas", para uso exclusivo del gobierno. Sin embargo, el mismo Estado guatemalteco posee 245 frecuencias reguladas, sin tomar en cuenta las que tiene bajo su poder GUATEL. 

También hay casos a la inversa: aunque Solares y el técnico de la SIT insisten que las frecuencias reservadas son sólo para el Estado —así lo dice la LGT, además—, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene nueve frecuencias reservadas, cuatro de ellas están en el rango de Amplitud Modulada (AM).

Nadie sabe cuántas ni dónde

Hasta 2011 ni la SIT sabía cuántas frecuencias tenía bajo su administración. Para enterarse, contrató por Q3,781,569 a la empresa Redes Integradas de Centroamérica S.A., para que determinara la “ocupación de la banda atribuida al servicio de radiodifusión sonora en FM en los departamentos de El Progreso, Quetzaltenango y Retalhuleu”. Según el portal Guatecompras, la oferta de licitación se publicó el 23 de junio de 2011 y se adjudicó el 26 de julio del mismo año, bajo modalidad de concurso por excepción. Pocos días después, el 19 de agosto de 2011, la misma empresa fue beneficiada con un contrato similar. Una licitación por Q29,947,657.170 que buscó instalar el “Sistema de Gestión y comprobación técnica del espectro radioeléctrico (SGCE)”. El contrato fue modificado para reducir los tiempos de pagos percibidos por la empresa: de tres se pasó a dos y se obvió la capacitación de los empleados de la SIT en el uso del sistema, tal y como planteaba el primer contrato como obligatoriedad para recibir el último desembolso. La empresa, según datos del Registro Mercantil, fue inscrita el 29 de agosto de 2005, y su mandatario es Haroldo Ernesto Juárez Morales.

Laberinto del Poder tuvo acceso a una copia del informe final de la primera licitación entregado por la empresa a la SIT. Una de las conclusiones fue la dificultad para determinar la existencia de radiofrecuencias disponibles en los departamentos de Quetzaltenango, El Progreso y Retalhuleu porque ni siquiera la SIT tiene localizadas con exactitud las que sí están entregadas.

De hecho, en el inventario de la SIT son pocas frecuencias las que sí tienen sus coordenadas registradas.

El documento detalla que se hicieron mediciones por 22 días en los departamentos y que se identificaron algunas señales de radios que no constaban en el inventario de la SIT. La potencia de estas, según el informe, no era suficiente como para interferir radiofrecuencias aledañas.

La empresa Redes Integradas de Centroamérica le hizo saber a la SIT en su informe que para efectuar una medición más detallada necesitaría más tiempo y equipo con el que no contaban. Y recomendó a la SIT en más de seis ocasiones, actualizar su equipo de monitoreo del espectro radioeléctrico. Otra de las recomendaciones fue cambiar su sistema de registro: pasar de rango a dial exacto.

El registro por rango implica que la SIT toma en cuenta las frecuencias “aledañas” del dial. Por ejemplo la radio Brisa de Zacapa, cuyo dial es 88.3 en FM en el departamento de Zacapa, está registrada en el inventario de la SIT como “límite inferior del rango 88.2, límite superior del rango 88.4”.

Laberinto del Poder analizó las compras efectuadas por la SIT después de 2011, cuando se efectuó el informe, y únicamente encontró la adquisición de dos GPS en 2012. No consta compra de equipo nuevo de monitoreo pese a la recomendación reiterada. Se trató de conocer los documentos relacionados a la licitación denominada “Sistema de Gestión y comprobación técnica del espectro radioeléctrico (SGCE)”, pero la SIT respondió que no hubo una entrega de documentos de por medio. Ratificaron, sin embargo, que el sistema se entregó y está en funcionamiento.

Mientras tanto, la discusión de la iniciativa de ley para darle vida a las radios comunitarias sigue sin agendarse en el Congreso.

*Nota del editor: A este párrafo se agregó la precisión: “hasta febrero de 2017 cuando se hizo la consulta para esta investigación”. 08-08-2018. 08:00.

Esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre la propiedad de los medios de comunicación en Guatemala, realizada por Laberinto del Poder, una plataforma diseñada para conocer las relaciones de poder en Centroamérica a partir de redes, personajes, datos y contratos. La metodología sobre este especial puede ser consultada aquí.