¿Dónde está el futuro? (responsabilidad de la juventud y del liderazgo ético)

La promesa se guía por el principio del bien común, fin supremo que orienta la organización del Estado guatemalteco. En 33 años de construcción democrática, los tres poderes del Estado han tenido la obligación de asegurarnos la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y nuestro desarrollo integral, pero ¿qué les ha pasado?

Si alzamos la vista y exploramos minuciosamente nuestra realidad política, económica, sociocultural y ambiental, destacan un sostenido proceso de degradación de las instituciones políticas, la falta de legitimidad de estas, una élite económica que las socava incumpliendo leyes o haciendo contubernios durante los procesos electorales, una sociedad dispersa y sin mecanismos sólidos de articulación y un ambiente natural degradado y contaminado por la falta de mecanismos institucionales que controlen los excesos derivados de actividades económicas impulsadas por empresas nacionales y transnacionales.

En los distintos territorios de nuestro país podemos observar con marcado asombro las elevadas tasas de indefensión en que se encuentra la población. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados [1], El Salvador, Honduras y Guatemala se acercan a indicadores de muertes violentas similares a los de países que experimentan conflictos armados.

Si la violencia homicida nos produce asombro, la muerte por causas económicas y políticas nos produce indignación y nos mueve a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de hacer ajustes impostergables ampliamente consensuados en el ámbito político-institucional, económico, sociocultural y ambiental.

Acaso podemos seguir impasibles ante el repunte de la pobreza o de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, realidades ampliamente documentadas con soluciones integrales ya diseñadas. Hasta cuándo seguiremos negándole a la juventud el acceso a la educación secundaria y universitaria. Según el Ministerio de Educación, la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años es de 5.6 años, mientras que solo el 10 % de los jóvenes tienen la posibilidad de educarse en el ámbito universitario. Como dijo Sergio Ramírez en la lección inaugural del ciclo 2018 en el auditorio de la Universidad Rafael Landívar, los déficits y las deficiencias en la educación «siguen representando el impedimento más frustrante para el desarrollo».

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Preocupa que mostremos indiferencia ante la degradación y contaminación del ambiente natural. Las investigaciones del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente y Sociedad (Iarna) revelan que anualmente desaparecen 132,000 hectáreas de bosque natural y que generamos 115 millones de toneladas de desechos sólidos sin un adecuado manejo de ellos. Así, no resulta extraño que nuestro desempeño ambiental se sitúe en la posición 110 de un total de 180 países evaluados durante 2018.

En este sentido, es inadmisible que las inversiones públicas para gestión ambiental representen apenas el 0.6 % del PIB (promedio 2001-2012). La degradación ambiental erosiona los medios de vida de la población rural, afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos, merma las opciones turísticas desde la perspectiva económica e incrementa la conflictividad y la fragmentación social cuando los bienes naturales son escasos o utilizados desde una perspectiva ajena a su condición de bien público.

Con esta realidad descrita en sus rasgos generales y con angustia lacerante nos preguntamos dónde está el futuro.

Reconocer que hemos fracasado en la construcción de una sociedad justa, incluyente, plural, próspera y sensible a todas las formas de vida es el primer paso para la búsqueda de respuestas a la interrogante planteada.

Un segundo paso es la búsqueda de la unidad. No una unidad voluntarista y vacía, sino una que se base en el reconocimiento de las diferencias y desigualdades y en la existencia de intereses contrapuestos, pero con la convicción firme y profunda de que tenemos las capacidades necesarias para construir un nuevo país y una nueva sociedad con mecanismos político-institucionales sólidos, que garanticen la reproducción y la sostenibilidad de la vida en condiciones dignas para todos y todas. Gestionar una vida digna de los ciudadanos es el corazón y el criterio orientador de los arreglos políticos e institucionales que se deben establecer para transitar del fracaso democrático y la ineptitud estatal a la paz, la convivencia y el desarrollo integral sostenido.

Pero la esperanza en un futuro diferente comienza por un nuevo modo social y político de proceder. Un modo de proceder despojado de las desconfianzas, de las visiones absolutas y del desprecio a lo diferente. Un modo de proceder capaz de abrir caminos de reflexión inclusivos, descentralizados, convocados por el liderazgo ético existente en nuestra sociedad y por la juventud, especialmente la universitaria.

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En una discusión centrada en el futuro, en la construcción de un nuevo país y de una nueva sociedad, no puede faltar la presencia de la juventud. La juventud universitaria y ese liderazgo ético institucional y personal son los llamados a convocarnos y a enriquecer la ruta de trabajo que surja de las propuestas.

Todo lo dicho arriba será una quimera si no se concreta programáticamente. Para ello proponemos la articulación de capacidades institucionales y personales para:

• Hacer una síntesis real de las limitaciones estructurales que frenan la transformación del país hacia dimensiones más justas, incluyentes, plurales, prósperas y sensibles a todas las formas de vida.
• Identificar y establecer condiciones de posibilidad para superar las limitaciones estructurales identificadas de tal manera que se viabilice la unidad de esfuerzos no solo para conceptualizar y diseñar un plan de país para el bienestar ciudadano, sino también para ponerlo en marcha.

En su connotación técnica, el plan de país deberá abordar al menos cinco dimensiones: (i) político-institucional; (ii) económica, (iii) sociocultural, (iv) ambiental y (v) global.

En el diseño del plan, estas cinco dimensiones deberán abordarse atendiendo los cuatro niveles siguientes:

• Políticas públicas que recuperen el sentido de largo plazo: tales políticas deberán viabilizarse incluso recurriendo a ajustes de leyes ordinarias o a la misma Constitución Política de la República.
• Institucionalidad: es preciso revitalizar, en el pleno sentido del término, la institucionalidad democrática del país para garantizar la promoción de la política pública atendiendo, de manera diferenciada por actor, los roles promotor, subsidiario y regulador del Estado.
• Territorialidad: las iniciativas deberán diferenciarse de manera territorial atendiendo a limitaciones y potencialidades de cada una de ellas.
• Ciudadanía: en cada dimensión deberán identificarse claramente el rol de la ciudadanía y los beneficios objetivamente medibles que esta recibirá en diferentes plazos.

Un futuro con libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral es un anhelo compartido por la totalidad de los sectores sociales de Guatemala. Convirtamos este anhelo en el punto de apoyo para generar consensos inéditos que marquen el punto de inflexión que todos esperamos: transitar de una sociedad fracasada a una revitalizada, sensible a todas las formas de vida, cultura y organización y con capacidad técnicas de gestionar eficientemente los diferentes retos que hemos esbozado.