El preámbulo de los abogados

Como pocas veces durante el proceso, alrededor de los ex generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez, lo que abunda, esta mañana del primer día de debate, son los lugares vacíos. Lugares que siempre –durante 14 meses–  han ocupado sus abogados defensores. Más de seis en algunas ocasiones.

No está, en el estrado, al lado de Ríos Montt, el infaltable e inmenso abogado Alfonso Marroquín. Tampoco el estratega de su defensa: Francisco Palomo. Ni su técnico: Antonio Cornejo. Ni su estrella litigante: Danilo Rodríguez. Ni entre el público de la sala, ni en los corredores de los tribunales: no aparecen.

Da la seria impresión de que ha sucedido algo una vez que se inicia la audiencia y todos ellos continúan ausentes.

La defensa de Rodríguez Sánchez, es decir, los abogados Moisés Galindo y César Calderón, en contraste, han llegado puntuales a esta sala de vistas en el interior de la Corte Suprema de Justicia.

En el fondo del juzgado, bajo un inmenso escudo de la República de Guatemala, la juez Jazmín Barrios, presidenta del tribunal de sentencia de Mayor Riesgo A –integrado también por Patricia Bustamante y Pablo Xitumul–, ha empezado a nombrar el delito de genocidio y el de deberes contra la humanidad en el área ixil, en Quiché, como las imputaciones contra los dos ex generales acusados, como el por qué principal de esta audiencia. Y el punto de inicio del debate.

Es cuando se anuncia ante el tribunal que la defensa de Ríos Montt ha cambiado. Cambiado radicalmente. Que todos sus abogados –Rodríguez, Palomo, Marroquín, Cermeño–, ninguno de ellos presente, serán sustituidos por una sola persona: Francisco García Gudiel, un abogado penalista, que ha actuado como defensor del nieto de Ríos Montt en el primer juicio por racismo en Guatemala, que también ha defendido al grupo de los Zetas, y ha representado al ex alcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara, una vez que fue acusado de lavar Q1.7 millones de fondos municipales.

La primera acción de García Gudiel, como defensa de Ríos Montt, consiste en pedir la suspensión del debate por cinco días. ¿Sus argumentos? “Recién acabo de hacerme cargo del caso. Desconozco todo lo procesado", expresa. Su petición, en tanto el tribunal declara el abandono de la anterior defensa, es rechazada unánimemente por los tres jueces.

“Sin lugar”, pronuncia la juez Barrios.

El abandono de los abogados

El técnico, el litigante, el infaltable, Cornejo, Rodríguez y Marroquín, los abogados del ex general Ríos Montt, no estaban tan lejos de las sala de audiencias. Esperaban una llamada, un mensaje, algo para poder regresar. “Aún no sabemos si vamos a regresar al debate”, admitía, un tanto molesto, Danilo Rodríguez. “En la mañana recibimos una llamada del general Ríos Montt, nos indicó que iba a realizar un cambio en su defensa. Al principio fue molesto, para empezar teníamos preparados 13 recursos para plantear antes del inicio de debate”.

–¿Qué tipo de recursos eran estos?

–Refutar la  prueba de la defensa, por ejemplo, la revista militar y algunos peritajes.

–¿Qué significó para ustedes la presencia del abogado Francisco García Gudiel desde la mañana?

–Creo que la inclusión del abogado García Gudiel fue parte de una estrategia que buscaba suspender el debate. Él ya tenía un problema con el tribunal, y podía pedir que se excusara.

–¿Es posible una recontratación de la defensa?

–De momento –explica Rodríguez a las 11 a.m. –estamos a la espera de lo que pase en el tribunal. No podríamos asegurar nada.

Un problema con la defensa

Casi a esa misma hora, la sala de vistas era un silencio unánime en torno a la voz del fiscal del Ministerio Público, Orlando López, con la lectura de la acusación formal en contra de los ex generales: “Con base en pruebas contundentes”, dice el fiscal, “se va a probar que el grupo ixil era visto como enemigo interno. Que el objetivo del ejército fue la destrucción de la etnia ixil. Que los altos mandos tenían conocimiento de todo lo que ocurría. Que los acusados dieron las órdenes e implementaron los planes para el ejército cumpliera con esta misión”.

Lo mismo ocurrió con la lectura de la acusación por parte de los abogados querellantes adhesivos: Édgar Pérez Archila, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que dice: “según Marta Casaús, ‘el racismo en Guatemala se ha vivido por siglos pero en 1982 y 1983 tuvo su cúspide’. Esta es la base para entender el sometimiento y aniquilación del pueblo ixil". Y Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que describe los peritajes militares, sociales, forenses, antropológicos e históricos que respaldarán los testimonios para probar el genocidio y los delitos contra deberes de la humanidad.

También en el caso del discurso de la defensa, a cargo de César Calderón, la atención es unánime: “El espanto del genocidio es una idea que se ha ido vendiendo durante años. Tras este juicio, ante la falta de responsabilidad de los acusados, no habrá otra alternativa que quitar ese espanto del genocidio en Guatemala”.

Todo normal. Es el solitario abogado de Ríos Montt quien hace que el debate tome, en cierto momento, un giro impredecible un día antes. No es, desde luego, por cómo inicia fundamentando su defensa, aunque para García Gudiel lo esencial es cuestionar a las organizaciones de derechos humanos, debatir sobre la violencia actual y los años de la guerra, para concluir que “el único pecado de mi defendido fue infundir moral”. Lo que le parece más importante, y para lo que está aquí, en este momento, lo que le parece digno de especial atención, es que los jueces, el tribunal completo tienen una anterior enemistad con su persona (así habla), y los recusa a ellos y a cualquier sentencia que provenga de ellos: “Este tribunal”, dice Gudiel, “debe abstenerse de conocer el caso;”. Su petición, finalmente, como había anticipado Danilo Rodríguez, consistió en pedir que los jueces queden fuera del proceso.

“En efecto”, respondió la juez Barrios, “este tribunal ha tenido anteriormente un problema con usted, abogado; pero este tribunal también ha aceptado sus disculpas. No somos un tribunal rencoroso, básicamente, nuestra tarea ha sido la de contribuir a la transparencia y objetividad de la justicia, pero en este caso el abogado defensor ha creado una situación con ánimo de impedir el desarrollo del debate, como una estrategia dilatoria, en la cual el abogado García Gudiel ya conocía de antemano el nombre de los jueces que integraban este tribunal y, por lo tanto, no es posible aceptar la recusación planteada. En consecuencia se ordena que el abogado salga de esta sala de audiencias. Además, para garantizar el derecho de defensa del acusado (Ríos Montt), este tribunal designa a los abogados César Calderón y Moisés Galindo, en base a su conocimiento del caso, que sean ellos quienes lo representen temporalmente, hasta mañana cuando el procesado pueda contratar a un abogado de su entera confianza”.

–A mí –protestó César Calderón –no se me ha preguntado si quiero defender al general Ríos Montt. Y si en dado caso así fuera, mi respuesta seria que no: que no lo quiero defender. Es la primera vez en todo el territorio nacional que un tribunal obliga a un abogado particular a defender a quién no lo ha contratado.

–Usted, señor abogado, no puede decir si quiere o no quiere defender al acusado. Es una decisión de este tribunal para garantizar el derecho de defensa –resaltó Barrios.

Ni Galindo, ni Montt, tampoco Calderón, lograron, a pesar de su negativa, refutar la decisión del tribunal.

Una decisión del tribunal

Para la abogada constitucionalista, Anabella Morfín, la decisión de obligar la defensa de los abogados a otros acusados, durante un mismo proceso, en principio, busca garantizar el derecho de defensa. “Un tribunal puede identificar cuando existe una estrategia dilatoria por parte de un abogado defensor, como sucede en muchos otros casos, y fundamentar la decisión de designar nuevos litigantes para garantizar el derecho de defensa”, explica. No obstante, en el caso de Ríos Montt, en el momento en que la defensa se niega a defender al acusado, y el acusado no desea ser defendido, para la abogada Morfín, todo esto incurriría “en un problema que podría dar con lugar a un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, con la posible consecuencia de anular todo lo actuado durante el proceso de debate hasta antes de la actividad defectuosa”.

“Grosso modo”, dice el licenciado Mario Ramírez, otro constitucionalista, “este panorama del caso podría dar cabida a la existencia de un indebido proceso. Es posible que se haya vulnerado el principio de defensa”.

“Más de 17 mil abogados en el país”, reclamó Moisés Galindo, “fueron testigos de la impunidad con que se maneja el tribunal presidido por la juez Jazmín Barrios. Prácticamente el general Ríos Montt durante gran parte de la tarde no tuvo defensa. En lo particular, me dedicaré a defender a mi representado (Rodríguez Sánchez). Pero de seguir así, estamos ante un juicio político, ante un tribunal político”.

El profesor de derecho penal y observador internacional para la Federación Internacional de los derechos humanos (FIDH), Manuel Ollé, ha dicho, no obstante, que “el juicio se ha desarrollado por parte de las defensas de acuerdo a un guión previsto. Ha sido una voluntad y un bombardeo continuo para boicotear el procedimiento, para suspenderlo, para que además el procedimiento no avance y que todo retroceda a otras fases procesales anteriores. Han sido, sin embargo, todos argumentos legítimos dentro del derecho de defensa”.

Primeros testimonios

Tras la decisión definitiva del tribunal, los acusados rindieron una primera declaración. Ríos Montt, el primero en pasar, se abstuvo de declarar. El tribunal lo trató como a alguien sin poder, con regaños, llamadas de atención, cortando cualquier intento de explicar o preguntar más allá de una respuesta de “sí” o “no”. Un trato al que nadie en la sala estaba acostumbrado a ver sobre él.

Rodríguez Sánchez también se abstuvo de declarar. “Lo haré en otro momento, no ahora”, puntualizó.

Los primeros testigos, luego, se enfocaron en retratar una de las masacres cometidas apenas dos días después del golpe de Estado que llevó al poder a Efraín Ríos Montt, y a su ex jefe de inteligencia, José Rodríguez Sánchez. Trentaicinco personas murieron el 25 de marzo de 1982, en la aldea Canaquil. “El ejército llegó, sacó el corazón de las personas y las amontonaron en una casita para prenderle fuego”, declaró Nicolás Brito. La hermana de su esposa, su papá y uno de sus hermanos murieron en ese lugar.

Bernardo Bernal fue el otro testigo. Tenía nueve años cuando el ejército, según su testimonio, llegó a Canaquil, el 25 de marzo de 1982. Logró escapar, dijo, pero atrás dejó a su hermano de un año, a otro de tres, y a sus padres. “Desde lejos vi cuando amontonaron a la gente. Otros soldados, dispersos, le disparaban a los animales”.

Ambos testigos, después de aquella fecha, fueron trasladados por el ejército a la aldea Chel. Fueron obligados a formar parte de la patrulla de autodefensa civil.

Faltan, de momento, alrededor de otros 130 testigos, 68 peritos, y más de 900 medios de prueba para examinar, ante el tribunal, que determinará si es posible emitir sentencia sobre genocidio y delitos contra deberes de la humanidad en contra de los dos ex generales.