Ríos Montt: La muerte y la impunidad llegan juntas

“Lo más importante para nosotros es que Ríos Montt se murió en manos de la justicia, o sea, huyendo de la justicia. Y logramos la sentencia y la desclasificación de los documentos militares y ese es un paso muy importante”, afirma Antonio Caba, sobreviviente de la masacre de la aldea Ilom, en Chajul, Quiché. Tenía once años cuando el Ejército arrasó con todo. Años más tarde, encontró en una exhumación los restos de sus familiares. Vio sus huesos, reconoció la ropa, recordó el dolor del pasado y cuando los volvió a enterrar sintió la necesidad de justicia. Sus palabras contrastan con las de Zury Ríos, la hija del General, que afirma a voz en grito: “Murió libre y está libre”.

El General por antonomasia se marcha sin honores de Estado, en un acto íntimo, aunque acompañado por una amplia representación militar, que se celebra en el cementerio de La Villa Guadalupe, en la zona 14 de la capital de Guatemala. Sus familiares declinaron trasladar el cuerpo al Palacio Legislativo “para evitar todo tipo de confrontación”, según su abogado, Jaime Hernández, que repite una idea: “no fue declarado genocida”.

 “Que todos recuerden que se fue libre y que está libre”. La frase de Zury Ríos es la más aplaudida durante el sepelio del General. Viene acompañada de un “amén” en coro. Aplausos y más aplausos. El mensaje será repetido por compañeros de armas y fieles, reunidos para darle sepultura. Aun pronunciada por una hija en duelo, la frase tiene mucho de declaración política y reivindicación de un legado.

El deceso de Efraín Ríos Montt, exjefe de facto de 1982 a 1983, era algo que temían las víctimas del conflicto armado: el final indeseado para un proceso penal que empezó en 2012, y desembocó en una condena a 80 años de prisión en contra del ex militar, anulada poco después por la Corte de Constitucionalidad, que ordenó repetir el proceso.

Hubo que esperar cuatro años para que se reiniciaran las audiencias.

Desde que en 2015 lo declararan mentalmente incapaz, se preveía que el juicio por genocidio al pueblo ixil y el inicio del debate por la masacre de 178 pobladores, niños y adultos, en la aldea Dos Erres, en La Libertad Petén, no iban a llegar a sentencia firme. El primer proceso avanzaba a cuenta gotas. En octubre pasado, los testigos que sobrevivieron al retraso judicial empezaron a viajar desde el triángulo ixil hasta la capital para rendir testimonio. Pero ya no estaba Ríos Montt para escuchar los relatos. El juicio era en ausencia del acusado. En el segundo caso, los recursos legales bloquearon el avance.

El Código Penal establece que la persecución penal se extingue con la muerte del acusado. El consuelo en el que se refugian algunas víctimas, es que a Ríos Montt la muerte lo encontró en manos de la justicia. La casa en la que falleció era su prisión desde hace cinco años. Ahí se recluyó cuando la Corte de Constitucionalidad anuló su condena y lo rescató. Oculto, enfermo, alejado, y procesado.

La sentencia que no se puede borrar

El 10 de mayo de 2013 es una fecha imborrable para quienes buscan justicia por los hechos cometidos en el conflicto armado interno. Ese día a Efraín Ríos Montt se le sentenció por la muerte de 1,771 ixiles, habitantes de Nebaj, Cotzal y Chajul, municipios que sufrieron la embestida militar en contra de la guerrilla.

“Fueron considerados como enemigos”, repetían los peritos, los fiscales, los querellantes. Población civil, pobre, reprimida, obligada a reubicarse en aldeas modelo o a ser perseguidos como guerrilleros. La muerte no les llegó solo por las armas, porque el enfrentamiento no solo ocurrió en combate. Los registros indican que además de ataques directos, adultos y niños murieron por hambre y enfermedades en su intento de huída.

Antonio Caba fue parte del grupo –liderado por Rigoberta Menchú– que acudió a la Audiencia Nacional Española en 2000 para buscar justicia, porque en Guatemala Ríos Montt era poderoso. Fue presidente del Congreso de 2000 a 2004. Fue diputado hasta 2012, cuando perdió la inmunidad y pudo ser enjuiciado.

A Caba le sabe amarga la muerte de Ríos Montt. “Esto significa mantener la impunidad en Guatemala, porque como sabemos los poderes económicos y políticos y la jerarquía militar son dueños del sistema de justicia. La justicia no es del pueblo", asevera, "sino es de un grupo”.

Aunque ya no podrán ver cómo se juzga a Ríos Montt, continúa el juicio en contra de José Rodríguez Sánchez, el exjefe de inteligencia militar durante el gobierno de facto de Ríos Montt. Contra él pesan los mismos cargos, aunque en 2013 fue absuelto de los señalamientos.

Rodríguez Sánchez pasó casi desapercibido en aquella oportunidad, porque el foco de atención fue Ríos Montt. Sin embargo, ahora que su proceso se lleva por separado, de forma oral y pública, la fiscalía ha reenfocado su estrategia de acusación. Con la lectura de los documentos militares (Victoria 82, Firmeza 83 y el Plan Sofía) tratan de evidenciar la teoría de que la información que trasladaba este general retirado fue fundamental para que el Ejército planificara su estrategia de ataque a la población civil.

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El fiscal Erick de León, jefe de la fiscalía que conoce los delitos ocurridos durante el conflicto armado interno, explica que el caso por genocidio es un capítulo de la historia que queda abierto.

Aunque ellos se enfocaron en juzgar sólo a la alta jerarquía militar que gobernó durante los años en que ocurrieron las masacres, queda mucho por investigar. “Habría que ver quiénes quedan vivos. Hay comandantes de las fuerzas de tarea, jefes de las zonas militares, autores materiales”, describe. Una lista de personas que van desde Ríos Montt hacia abajo, incluso quien disparó el arma. Pero abrir un nuevo proceso no es tarea sencilla. La fiscalía está enfocada ahora en el actual. Un nuevo caso no se vislumbra en el futuro inmediato.

Haydeé Valey, asesora legal de Impunity Watch, recuerda que Ríos Montt no es el único alto mando del Ejército en librarse de las acusaciones. Antes fallecieron Héctor Mario López Fuentes, quien fungió como Jefe del Estado Mayor General del Ejército; y Óscar Humberto Mejía Víctores, quien ocupó el cargo de Ministro de la Defensa. Solo queda pendiente Luis Enrique Mendoza, encargado de operaciones militares, que está prófugo.

“En el proceso actual ya no se puede vincular a otra persona, a menos que se inicie un nuevo juicio”, explica.

La abogada Valey, sin embargo, hace una reflexión jurídica en relación a lo que ocurrió con Ríos Montt. “Lo que se atacó (por la defensa de Ríos Montt ante la CC) fue la forma del proceso, no el fondo. Con la sentencia (de 2013) está probado que había una responsabilidad. El fondo sigue siendo mismo, lo que se esperaba es que este (nuevo juicio) culminara nuevamente con una sentencia condenatoria y bajo esa claridad ellos (las víctimas) estaban dispuestas a testificar las veces que fuera para que su verdad se escuchara”. Ante la falta de una nueva sentencia, para ellos, asegura Valey, la de 2013 es la que persiste.

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Un funeral express

Mientras allegados y uniformados loaban la vida del General con su cuerpo en un ataúd cubierto por la bandera de Guatemala, decenas de personas, llamadas por la asociación H.I.J.O.S. de familiares de detenidos y desaparecidos, se concentraban en el parque central de la capital reivindicando que “sí hubo genocidio” y que el finado fue uno de sus principales responsables.

“Da mucha rabia el hecho de que este personaje que ya fue condenado por genocidio haya muerto plácidamente en su casa, beneficiado por la impunidad que impera en este país. Se sigue permitiendo que los militares sigan gozando de medidas sustitutivas. Mientras Ríos Montt fue enterrado por sus familiares, existen miles de personas y comunidades que siguen buscando a sus muertos”, dice Raúl Nájera, integrante de H.I.J.O.S.

En la misma línea habla Paulo René  Estrada Velásquez, hijo de Otto René Estrada Illescas, desaparecido en 1984, cuando Ríos Montt ya había sido depuesto por Óscar Humberto Mejía Vítores. No conoció a su padre, ya que tenía apenas un año cuando los militares lo capturaron. “Es muy injusto que se le pretenda poner como el gran líder, el gran santo”, dice. “El ejército mantiene pensamientos y acciones contrainsurgentes, a pesar de que no hay guerra”.

El general falleció a las 6 de la mañana, en su cama, a causa de un infarto, según su médico, Mario Bolaño. Para el mediodía el cuerpo era velado por allegados e incondicionales. Poca gente hablaba en el exterior del domicilio de Ríos Montt. Luis Rosales, abogado de la familia, aseguraba que murió con la “conciencia sana” y negando la existencia de un genocidio; su letrado, Jaime Hernández, exaltaba sus virtudes militares y reivindicaba que “nunca fue derrotado por la izquierda”; su médico, que se limitaba a explicar los pormenores del deceso, y Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, que describía al militar como un “líder irrepetible” que permitió a Guatemala hacer frente a “una agresión marxista dirigida desde el extranjero”.

No todos conocían la noticia del fallecimiento del exdictador. Los propios vecinos de Ríos Montt se enteraban al ver al grupo de periodistas apostado junto a su casa. Javier González es uno de ellos. Vivía casi pared con pared con el exmilitar, aunque se mudó recientemente, por lo que no tenía relación. “Se fue una de las grandes personas de Guatemala”, dice. “Ya no le podrán hacer juicio”, dice con una sonrisa entre dientes, para añadir, al ser preguntado por los crímenes que se imputaban al militar, que “una guerra es una guerra”, y que “nadie ha juzgado a la izquierda”.

A las 15:12 exactamente se escuchan aplausos desde el interior del domicilio. El carro fúnebre que trasladará los restos del dictador ya se encuentra dentro de la vivienda. Seis policías motorizados de la Municipalidad aguardan para abrir paso a la comitiva.

El traslado del cuerpo desde el domicilio familiar al cementerio La Villa de Guadalupe simboliza las prisas con las que Ríos Montt tuvo sus exequias. Por delante, los agentes permitiendo saltarse los semáforos en rojo. Por detrás, una comitiva formada, en su mayor parte, por periodistas, que trataban de no atropellarse unos a otros mientras tomaban las imágenes del vehículo. Al paso del carro fúnebre lo saluda, como mucho, una decena de personas dispersas por el camino.

En el cementerio la presencia militar evidencia que los uniformados despedían a uno de los suyos, y con honores. “General de generales”, lo calificará su hija. En el trayecto que une la entrada al camposanto con el lugar donde se ubica el nicho en el que Ríos Montt será enterrado, hileras de soldados se forman para dar un último adiós castrense. Realizando el saludo militar hacen el pasillo miembros de la primera y tercera Compañía y de la Compañía de Reconocimiento. También integrantes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Militar. Entre ellos pasará el ataúd, entre gritos de “¡viva el General Ríos Montt!” y “¡gracias, General!”

Frente al nicho se ha colocado un toldo y unas sillas para los familiares. El perímetro lo vigilan policías militares. No habrá más de 200 personas.

Lo que viene a continuación es una sucesión de discursos de reivindicación de su papel político y militar. Alabanzas al golpe de Estado de 1983. Defensa a ultranza de todo su mandato y un toque religioso, muy del gusto del militar fallecido, que se caracterizó por la ostentación de su credo evangélico. No faltaron las referencias al domingo de Resurrección, fecha en el que el cristianismo celebra la ascensión de Jesucristo a los cielos y, precisamente, el día en el que el General falleció. También, y esto es importante, declaraciones destinadas a exculparle de las acusaciones de genocidio.

Además de Zury Ríos, hablarán varios compañeros de armas y fieles a la obra del dictador. Estas fueron algunas de las frases escuchadas:

“Gracias a Dios, el general se hizo cargo de la estrategia política, económica y militar. Será ejemplo de no haber dejado entrar al comunismo. En Guatemala amamos a Dios, estamos en contra de las teorías que no aman a Dios”.  

“Yo de él nunca recibí una instrucción fuera de la Constitución”.

“Si hubiese habido más tiempo, todo esto estaría lleno, vendrían del Oriente, del interior, porque saben lo que hizo por el país”.

Turno para las salvas.
Primer batallón.
Segundo batallón.
Tercer batallón.
El sonido metálico de los fusiles.

“Cuando Ríos Montt cobró el primer cheque de presidente me dijo que no vino a cobrar salarios sino a servir y lo entregó al fondo común”.

“A 36 años del movimiento del 23 de marzo recordamos que dignificó el país, recuperó las instituciones y la dignidad, que estaban a punto de ser tomadas por la guerrilla comunista. No eran solo 60.000 combatientes, también millón y medio de civiles, de fuerzas irregulares. ¿Por qué la guerrilla no tomó el país? Porque ustedes, los oficiales jóvenes, dieron el golpe de Estado y pusieron al general Ríos Montt”.

Terminan las exequias.

“Ni en la muerte lo vencieron”, grita alguien.

Los asistentes desfilan ante la familia y le dan el pésame. Zury Ríos recibe la bandera de Guatemala que cubría el ataúd de su padre. Solo están los más allegados. Nada de grandes pompas fúnebres características de los antiguos jefes de Estado. “Querían evitar cualquier tipo de confrontación”, reitera Jaime Hernández, su abogado.

Gracias a un golpe de Estado Ríos Montt gobernó Guatemala durante 17 meses y, como resultado de los crímenes de guerra cometidos bajo su mando, encaró dos procesos por genocidio que se extendieron más de tres veces la duración de su ejercicio como jefe de Estado. Doce horas después de morir, el General de generales, como le llamó su hija, ya había sido enterrado.