José Efraín Ríos Montt sufre de demencia vascular mixta. Los análisis de sus médicos personales, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), del Hospital de Salud Mental Federico Mora y de un perito especializado, traído desde México, a sugerencia de los querellantes del juicio por genocidio, habían confirmado el diagnóstico en agosto de 2015. Con esas evaluaciones la jueza María Eugenia Castellanos decidió que ese tortuoso proceso pasara a ser llevado por medidas de seguridad, es decir, a puerta cerrada y sin la presencia del acusado.
Por eso, el pasado 16 de noviembre en el Juzgado de Mayor Riesgo A se realizó una audiencia a petición de los abogados de la defensa, quienes solicitaron que se suspendiera la persecución penal en contra de Ríos Montt por otro caso en su contra: el de la masacre de la aldea Dos Erres.
Quien fuera el comandante general del Ejército y jefe de Estado defacto —del 23 de marzo al 8 de agosto de 1983— enfrenta a la justicia por la matanza de 273 habitantes de la aldea Dos Erres, Petén, atribuida al Ejército y perpetrada del 5 al 8 de diciembre de ese año. Se le acusa de delitos contra los deberes de la humanidad y genocidio.
Según Luis Rosales Marroquín, exprocurador general de la nación (del 2002 al 2005) y abogado de Ríos Montt, el artículo 76 del Código Procesal Penal es claro al indicar que “el trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal”
“Él (Ríos Monnt) ya fue declarado incapaz” el 25 de agosto de 2015, explica su abogado. Un juez competente rindió una declaratoria de interdicción, la figura legal por la cual una persona es declarada inepta para discernir y representarse a sí mismo. Es por eso que su hija, Zury Ríos Sosa, fue asignada como tutora, y su hijo, Luis Enrique Ríos Sosa, como protutor, supervisando el actuar de su hermana.
A pesar de los argumentos de la defensa, la jueza Claudette Domínguez resolvió no suspender el proceso y ordenó que el Inacif evalúe la salud de Ríos Montt cada 30 días. La defensa presentó un recurso de reposición que la juzgadora declaró parcialmente con lugar, por lo que dejó sin efecto las evaluaciones médicas y pidió que los médicos particulares de Ríos Montt le informen cada mes sobre la evolución de su salud.
La jueza también indicó al Ministerio Público (MP) que podría presentar una solicitud de juicio por medidas de seguridad, el tipo de proceso que se lleva en contra de las personas declaradas incapaces de atender un juicio, pero que pueden ser representados en el proceso por terceros.
“Cuando el imputado sea incapaz, será representado por su tutor o por quien designe el tribunal”, señala el artículo 485 del Código Penal. “El debate se realizará a puertas cerradas, sin la presencia del imputado... La sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección”, continúa.
Según la Fiscalía de Derechos Humanos, la acusación contra Ríos Montt se basa en su jerarquía al mando de las fuerzas militares y los planes militares establecidos.
En Dos Erres, el horror comenzó el 5 de diciembre de 1982, cuando el Ejército retuvo a los habitantes de la aldea, ubicada en La Libertad, Petén. Un pelotón especial de kaibiles llegó con la instrucción de matar a sus habitantes y recuperar 19 fusiles robados en un enfrentamiento cercano. Los habitantes fueron asesinados y luego, arrojados a un pozo. Las mujeres fueron violadas, algunas fusiladas detrás la escuela. El pozo fue cubierto con tierra. En 1994 fueron exhumados los huesos de al menos 162 personas, 67 de ellas menores de 12 años.
Por esta masacre, cuatro militares —dos kaibiles entre ellos— fueron condenados en 2011 a 6,060 años de prisión cada uno. Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías fueron declarados culpables por crímenes de lesa humanidad.
“Es contradictorio que la jueza declare la incapacidad mental (de Ríos Montt) pero no provoque la suspensión del proceso. La resolución es incompleta e ilegal”, argumenta el abogado defensor.
Pero a criterio de Hilda Pineda, titular de la fiscalía de Derechos Humanos, el proceso puede continuar porque no es solo una acción contra el acusado. “Es también para las víctimas, quienes tienen derecho a la verdad y a una reparación”. Espera que los hechos sean discutidos en un juicio y se establezca el grado de responsabilidad del acusado.
El Ministerio Público podría solicitar el 30 de noviembre próximo un juicio por medidas de seguridad.
En el posible debate a puerta cerrada, la fiscalía espera presentar pruebas y testimonios de la masacre en Dos Erres. Ríos Montt no estaría presente, pero sus tutores o su defensa podrían intervenir e interrogar, así como hacer declaraciones ante el tribunal.
Un comunicado del Bufete de Derechos Humanos, los abogados que representan a la Asociación de familiares de detenidos y desaparecidos de Guatemala (Famdegua), querellante adhesiva del caso, aclaró que luego de que el MP lo solicite, el juzgado fijará una fecha para la audiencia en la que se discutirá si Ríos Montt es juzgado bajo medidas de seguridad por su estado de incapacidad.
El juicio por genocidio en contra Ríos Montt por las masacres en contra de la población ixil de Quiché, en cambio, está detenido. Según la fiscal Hilda Pineda, existen figuras legales pendientes de resolver tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte de Constitucionalidad, para que éste continúe.
