El tardío juicio contra las autoridades comunitarias de Huehuetenango

Los líderes comunitarios procesados, que llevan más de un año en prisión preventiva, son los representantes de comunidades que se oponen a la instalación de megaproyectos en Huehuetenango, por considerar que los recursos naturales son un bien social que debe ser preservado para toda la humanidad. 

El Ministerio Público (MP) acusa a Sotero Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Francisco Juan Pedro, Mynor López, Ermitaño López Reyes, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez.  Un líder religioso, un maestro, un pastor,  un miembro del Consejo de Pueblos Mayas (CPO)  y dos representantes del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango (GP). La Fiscalía les sindica los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción y obstaculización a la acción penal.

Miembros de sus comunidades, esposas, hijos y amigos, acompañan a los líderes en las audiencias del juicio iniciado hace dos semanas, y que está a punto de concluir. Rigoberto Juárez, representante del Gobierno Plurinacional (GP) –una organización que agrupa a miembros de cuatro pueblos mayas, Q'anjob'al, Chuj, Acateca y Poptí–, centro de atención de los periodistas, sereno, sonríe a sus conocidos y trata de confortarlos y animarlos.

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La Fiscalía tardó dos semanas en presentar a sus testigos. Había días en que no tenía personas para rendir su declaración ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. La jueza Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal, tuvo que fijarle un plazo para pronunciarse sobre los testigos que no acudieron a declarar. Los abogados defensores señalaron esta actitud del Ministerio Público como una forma de retrasar el proceso. Este martes 19 de julio, el Ministerio Público renunció al resto de sus testigos. En total tenían programados 60.

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La tarde del 22 de abril de 2013, según testimonios de 10 empleados de la empresa Hidro Santa Cruz, fueron detenidos por un grupo de personas que bloqueaba la carretera de la aldea El Recreo C, en el municipio de Barillas, Huehuetenango. Los agraviados narraron que los condujeron al área conocida como “La Resistencia”, donde pobladores manifestaban en oposición a la hidroeléctrica. En sus declaraciones ante el tribunal, los supuestos agraviados aseguraron que el profesor Arturo Pablo Juan, Mynor López, y los líderes religiosos Francisco Juan Pedro y Sotero Adalberto Villatoro, Cruz  dirigían a las personas que los detuvieron y amenazaron con quemarlos vivos.  Ese día, relataron que los obligaron a firmar un documento en el cual se comprometían a no seguir trabajando en la empresa Hidro Santa Cruz.

El norte de Huehuetenango es una zona apetecida de inversión para las empresas generadoras de energía eléctrica por sus ríos caudalosos. Algunos pobladores están a favor y otros en contra de la implementación de megaproyectos. Las consultas populares no han sido respetadas, y según las autoridades comunitarias no han obtenido la respuesta  y el diálogo que esperaban del Estado. El antropólogo, Santiago Bastos, presentó durante el juicio un peritaje sobre el contexto socio-histórico  de la conflictividad en el departamento.  En su informe explica que la criminalización es usada para impedir la movilización de los opositores. Según Bastos, hay una estrategia entre las empresas y operadores de justicia. En su peritaje evidencia que desde 2009 se dio un auge en la persecución penal contra opositores a megaproyectos.

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Los empleados de la hidroeléctrica —que en la primera audiencia renunciaron a ser querellantes adhesivos en el proceso—, declararon en su calidad de agraviados ante el Tribunal. Dijeron que siguieron trabajando para la empresa hasta junio de 2016. Mynor Ernestino López explicó que desde abril de 2013 ya no acudieron a las instalaciones de la hidroeléctrica a limpiar el terreno, pero la empresa les “reconoció” el tiempo invertido en este proceso. “Nos dijeron que nos ayudarían con un abogado, que teníamos que seguir trabajando porque venían audiencias y debíamos ir a declarar”.  Hace un mes, relató López, representantes de Hidro Santa Cruz convocaron a los 10 empleados de la hidroeléctrica a un almuerzo y les dijeron que esa era la última vez que iban a convivir. “Firmamos un documento donde decía que la empresa ya no nos iban a ayudar y allí se acabó todo”, agregó.

El exabogado de los empleados de la hidroeléctrica, Victor Hugo Ma Villatoro, reconoció ante el Tribunal que parte de sus honorarios fueron pagados por medio de un convenio con la empresa Hidro Santa Cruz. Ese extremo lo había negado en otras ocasiones.

Cambio de los delitos

La mañana del 23 de enero de 2014, se celebró la audiencia de primera declaración para Sotero Villatoro, Arturo Pablo y Francisco Juan en el juzgado de Santa Eulalia, se les investigaba por los delitos de amenazas y detenciones ilegales por supuestas retenciones a empleados de Hidro Santa Cruz, en abril de 2013. Sin embargo, el juez Luis Felipe Zamora los ligó a proceso por los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción, amenazas y plagio o secuestro.

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El miércoles 20 de julio, el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro asistió a rendir su declaración, tras la conducción dictada por el Tribunal. El abogado fue representante de los empleados de la hidroeléctrica durante este proceso judicial, hasta que  el mes pasado desistieron como querellantes adhesivos. Ma Villatoro negó haber pactado el cambio de los delitos con la fiscal a cargo del expediente, como había declarado el auxiliar fiscal René Maldonado y Maldonado. “Sugerí a la fiscal Adelina Juárez que había suficientes elementos para calificar el delito de plagio o secuestro. Ella me decía que entendía, pero que el caso estaba difícil”, explicó Ma.

Después de emitida la resolución del juez Zamora, en 2014, empleados del CAJ aseguran que el personal fue retenido y personas coaccionaron al juez para cambiar la decisión. El juez accedió a celebrar la audiencia de revisión a las 15:45 horas. En el audio se escucha al fiscal del Ministerio Público, Gildardo Chúa Martínez  decir: “Tenemos conocimiento de que el Juez de Paz, al parecer, fue agredido físicamente al salir de acá. No tenemos una versión oficial. Insto a los líderes que podrían salir beneficiados para que pidan a las personas que están afuera del CAJ que no atenten contra la integridad del personal”. Al finalizar la audiencia, el juez cambió la resolución de plagio o secuestro  emitida en la mañana, por el delito de detenciones ilegales.

Fotografías presentadas como prueba por la defensa de Ermitaño López Reyes, muestran a un grupo de 15 a 20 personas dentro del Centro de Administración de Justicia (CAJ). Según las fotos, l puerta principal de la entrada al CAJ estaba cerrada con candado a las 12 del mediodía, cuando todavía no había gente en las afueras. Después de finalizada la segunda audiencia, hay imágenes de varios niños, mujeres, jóvenes y adultos afuera del CAJ. Se mostraban felices porque sus líderes habían sido liberados.

Según testimonios de los empleados del CAJ, estuvieron retenidos y no pudieron salir de las instalaciones hasta las once de la noche. “Creímos que con la liberación de sus líderes se terminaba el problema. Pero la gente siguió su manifestación en las calles. Tiraban piedras al Ministerio Público, me tuve que refugiar en el baño porque quebraron vidrios”, dijo el oficial e intérprete del juzgado, José Sebastián Mateo. Se sindica a Ermitaño López Reyes de dirigir las retenciones y convocar las manifestaciones de ese día. De estos hechos, no hay fotografías que comprueben lo relatado por los agraviados.

Las peticiones

El 19 de enero de 2015, autoridades comunitarias de los municipios de San Juan Ixcoy, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas, Soloma, en Huehuetenango se dirigieron al Centro de Administración de Justicia (CAJ). Llevaban consigo las peticiones de sus comunidades. A las dos de la tarde se reunieron con el coordinador del CAJ, Pascual Tiu Zapeta, para plantear la problemática de cada comunidad.

Durante las audiencias de este proceso en la capital, varios testigos hablaron de esa reunión. Empleados del CAJ recuerdan que los líderes comunitarios mostraban una actitud violenta, pero un vídeo grabado por un colaborador de radio Snuq’ Jolom Konob’ muestra que el diálogo entre las autoridades comunitarias y el coordinador Tiu Zapeta fue pacífico. En las imágenes se veía a los líderes sentados en una banca dentro de los pasillos del CAJ. Ninguno se mostraba exaltado ni gritando.

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Uno de los líderes comunitarios grabó con su teléfono la conversación. Se escucha a uno de los líderes decir que la población veía que los problemas se agudizaron con la llegada de megaproyectos, sentían que la Policía Nacional Civil (PNC) estaba al servicio de los empresarios de las hidroeléctricas. “Hemos agotado los mecanismos de diálogo y no se nos ha escuchado. Como líderes estamos mediando para que no suba la tensión, sólo estamos defendiendo nuestros derechos”, se oye decir a otro de los representantes comunitarios.

Eduardo Gaspar Pablo Tercero, alcalde comunitario de Santa Eulalia, leyó las cinco peticiones de las comunidades: la principal era la libertad de Jesús y Casimiro Mateo Mateo,  capturados esa mañana. Se les acusaba por los asesinatos de Mateo Alonzo Mateo y de Nicolás Francisco Francisco en 2014, durante un enfrentamiento entre los vecinos de San Mateo Ixtatán y la aldea de Ixquisís que estaban a favor y en contra de la hidroeléctrica Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. También solicitaban dejan sin efecto otras 12 órdenes de captura de pobladores de Ixquisís, así como la cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas y petroleras; una mesa de diálogo de alto nivel con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); eliminar presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y destacamentos militares dentro del territorio.

La respuesta del Tiu Zapeta fue que no podía hacer nada, excepto informar a sus jefes y empezar las gestiones para coordinar una mesa de diálogo.

La audiencia extraordinaria

Luego de casi dos horas de diálogo, según se escuchó en la grabación, y al ver que las peticiones no iban a ser cumplidas, se escucha la tensión de los presentes en la reunión, querían respuestas. Las comunidades que representan les pedían explicaciones. En medio de las voces, resalta la voz de una mujer: “Les vamos a dar tiempo que hablen, que llamen, y después de eso vamos a cerrar”.  Tras lo que Tiu Zapeta responde: “Usted, la señora que habló, espero que me entienda que nada se puede hacer de la noche a la mañana. Yo no puedo llegar a pedir que dejen libre a X o Y persona”.  

El auxiliar fiscal, René Maldonado y Maldonado, declaró durante el juicio que vivía en el tercer nivel de un edificio frente a las instalaciones del Centro de Administración de Justicia (CAJ). Durante la tarde observó a la gente aglomerarse frente al CAJ, cada vez eran más y ocupaban toda la calle. Calcula que eran unas 400 personas. Oyó que algunos  hablaban por altoparlantes para convocar a la gente a manifestar. A las 9 de la noche, una compañera del juzgado lo llamó para avisarle que iban a atentar contra el personal del CAJ. Los abogados defensores le preguntaron por qué no tomó alguna fotografía que ahora podría ser usada como medio de prueba, pero argumentó que su celular no tenía cámara. 

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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) testificaron que a las 7 de la noche del 19 de enero, un grupo de personas los sacó de la subestación policial. Les pidieron acompañarlos en comitivas formadas por los manifestantes, querían  encontrar al juez Mario Ernesto Olivares Interiano, y a fiscales del Ministerio Público para celebrar una audiencia que ordenara la liberación de los hermanos Jesús y Casimiro Mateo Mateo.  Los encontraron en sus viviendas y los llevaron al CAJ cerca de las 2 de la madrugada.

El juez Olivares Interiano asistió el lunes 18 de julio a la audiencia, pero no quiso declarar. La jueza Yassmín Barrios aceptó su decisión de acogerse al derecho que gozan los jueces en funciones de abstenerse a declarar. El juez Alberto Calvo Ramírez también se acogió al derecho de no testificar.

Los testimonios de empleados del CAJ y de otros testigos sobre lo que sucedió en enero son inciertos. Lo único probado es que se celebró una audiencia de primera declaración extraordinaria a las 2:30 de la madrugada. En la audiencia no estuvieron los sindicados, a pesar de ser un procedimiento  ilegal. A pesar de las irregularidades, el juez Olivares Interiano ordenó la libertad condicional a Jesús y Casimiro Mateo Mateo. Por los hechos ocurridos el 19 y 20 de enero 2015, se sindica a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.

Ahora, el juicio está llegando a su fin. El jueves 21 de julio, fueron escuchados los últimos testigos de la defensa. El Ministerio Público pidió al tribunal  condenas de nueve y 12 años de prisión en contra de los procesados, por los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción y obstaculización a la acción penal. Los abogados defensores, durante 30 minutos cada uno, expusieron los argumentos en los que justifican la inocencia de sus patrocinados, y pidieron la absolución. El Tribunal A de Mayor Riesgo, emitirá su sentencia en los próximos días.