El testigo clave del asesinato de los diputados dice que mintió por petición de la Fiscalía

El testigo clave en el juicio por el asesinato de los diputados salvadoreños mintió.

Él asegura que mintió.

A casi nueve años de que tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su motorista fueran interceptados, golpeados, baleados y quemados en Guatemala, el salvadoreño que presenció dos de las reuniones entre asesinos intelectuales asegura que mintió.

El salvadoreño, identificado como testigo protegido bajo la clave Fredys, asegura que mintió varias veces. Dijo, ante los tres jueces, no poder identificar a alguien a quien identificaba perfectamente. Pero ante todo, omitió un nombre, el nombre de uno de los autores intelectuales del asesinato de tres diputados de Arena en la finca guatemalteca La Concha, el 19 de febrero de 2007.

En buena medida, gracias al testimonio de Fredys, 11 personas fueron condenadas: seis como la parte operativa del asesinato y cinco como los autores intelectuales. Algunas de las condenas superan los 200 años de prisión.

Fredys asegura que no mintió por voluntad propia. Explica que algunas mentiras las pronunció a petición de un fiscal guatemalteco. Asegura que la omisión más importante -no pronunciar el nombre de su jefe- la cometió a petición de un ex fiscal salvadoreño, que durante años dirigió la Unidad de Robo y Hurto de Vehículos. El jefe de Fredys en una banda de robo de vehículos y tráfico de armas y drogas era un hombre a quien en el juicio solo se le conoció como El Coronel. Ese hombre, en presencia de Fredys, tuvo una reunión con el principal acusado del múltiple homicidio: el exdiputado salvadoreño del Partido de Conciliación Nacional (PCN) Roberto Carlos Silva Pereira.

Durante más de un año, por medio de entrevistas, reuniones y cartas, El Faro ha conversado con Fredys, con el fin de poner a prueba su versión. Lo que el testigo dijo concuerda con versiones recogidas con fuentes de la Fiscalía y Policía de ambos países que participaron en la investigación del asesinato y con documentos y registros obtenidos en El Salvador, así como con expedientes judiciales. En estos 15 meses, Fredys reveló el nombre de El Coronel así como otros detalles trascendentes que ni siquiera llegaron a pronunciarse en el juicio que se llevó a cabo en 2010.

Las primeras etapas de la investigación y del posterior juicio fueron abordadas por medios de todas partes del mundo. Sin embargo, nadie parece haberse interesado posteriormente en escudriñar los 35 folios que componen el polvoriento expediente judicial archivado en el octavo piso de Torre de Tribunales en Guatemala. Tras la lectura de esos archivos queda claro que los policías a cargo de los asesinatos fueron condenados principalmente por pruebas de vídeo, GPS y mapa de llamadas telefónicas, mientras que los autores intelectuales cayeron gracias a dos testigos: Fredys y un coyote guatemalteco. Uno de los testimonios apunta a que el principal objetivo de Silva Pereira era Eduardo d’Aubuisson. El ex diputado del PCN estaba convencido de que el arenero lo había delatado ante la DEA.

Los asesinatos que cerraron un juicio

La mañana del 19 de febrero de 2007, una caravana de diputados salió desde San Salvador hacia Guatemala para participar, durante una semana, en reuniones de trabajo del Parlamento Centroamericano (Parlacen). En la caravana iba una camioneta Land Cruiser, color beige con franjas café, en la que se conducían los diputados del partido Arena Eduardo d´Aubuisson, William Pichinte y Ramón González.

Los policías salvadoreños y guatemaltecos habían comenzado a trabajar en el dispositivo de seguridad de aquellos diputados desde un día antes. La policía de El Salvador envió un informe a Guatemala (con lista de pasajeros, hora de llegada, placas y características de los vehículos) a la División de Operaciones de Seguridad Pública de Guatemala.

La policía salvadoreña escoltó a los diputados hasta la frontera Las Chinamas. Luego, a las 9 de la mañana, la caravana quedó bajo custodia de la policía guatemalteca, que llevó a los legisladores hasta una entrada de la capital conocida como El Trébol de Miraflores. Una vez en ese lugar, ya sin vigilancia policial, la caravana se dividió: unos diputados se dirigieron hacia la sede del Parlacen y otros, los que iban en la Land Crusier, se desviaron hacia la Zona 10.

A las 11:10 de la mañana, cuatro policías guatemaltecos que se conducían en un Toyota Yaris, color gris plateado, interceptaron a los diputados frente al centro comercial La Pradera. Los policías eran miembros de una unidad élite de la policía guatemalteca, la División de Investigación Criminal (DINC), encargada de investigar delitos de crimen organizado. Los policías no sabían que quienes se conducían en la Land Cruiser eran diputados salvadoreños al Parlacen. Para aquellos policías, la operación era un “tumbe” de drogas o dinero que habían coordinado con unos narcotraficantes de Jalpatagua.

Los diputados fueron trasladados a un lugar desolado conocido como finca La Parga, donde los policías solían hacer prácticas de tiro. Ahí, los agentes de la DINC desmantelaron la camioneta en busca de droga o dinero. Mientras los policías estaban en la finca, las cámaras de vigilancia de una gasolinera captaron el momento en que integrantes de la banda de Jalpatagua compraban gasolina que luego usarían para incinerar a los diputados.

A las 17:45 del lunes 19 de febrero de 2007, por la radio de una patrulla policial de la Aldea El Jocotillo se escuchó una alerta: una camioneta había sido incendiada en un camino de terracería. Después de media hora de búsqueda, el agente Marcelino Wolvito fue uno de los primeros en llegar al lugar donde las llantas de una camioneta aún ardían… Horas más tarde, las autoridades informaron que los cuatro cadáveres calcinados en el lugar eran los de tres diputados de Arena y su motorista.

Dirigentes del partido Arena y del gobierno del presidente Elías Antonio Saca presionaron a Guatemala para esclarecer el asesinato de los diputados y el conductor. La presión pública, así como la participación de investigadores salvadoreños en el caso, aceleró las primeras capturas. El jueves 22 de febrero de 2007, a las 8:30 de la mañana, cuatro policías de la DINC fueron arrestados por el crimen.

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Los policías fueron recluidos en un penal de máxima seguridad conocido como El Boquerón, pero en menos de 72 horas fueron asesinados dentro de su celda. Las dos principales -pero mutuamente excluyentes- hipótesis fueron: una, que unos pandilleros atacaron a los policías; y la otra, que un grupo armado ingresó a la prisión y ejecutó a los procesados para evitar que involucraran a personal de jerarquía superior que había participado en el supuesto tumbe de drogas o dinero.

El asesinato de los policías en El Boquerón fue una cortapisa para la naciente investigación del asesinato de los diputados al Parlacen. Los policías eran la parte operativa del caso y su muerte significó cortar la cadena que conectaba de manera directa con los autores intelectuales y con el móvil de los crímenes.

Durante 2007 y 2008, las autoridades guatemaltecas se dedicaron a examinar pruebas periciales como análisis de los vídeos de las cámaras de seguridad de una gasolinera, el sistema de GPS del vehículo que usaron los policías y un estudio de las bitácoras de llamadas telefónicas. Así establecieron que integrantes de la banda de Jalpatagua usaron una camioneta BMW blanca para perseguir a los diputados salvadoreños. La camioneta BMW pertenecía a un familiar de Jorge Mario Paredes, “El Gordo Paredes”, un narcotraficante de Guatemala, que luego fue traspasada a la hermana de Carlos Amílcar Orellana Donis, “Chejazo”.

El Ministerio Público de Guatemala solo tenía indicios para relacionar a la cúpula de la banda de Jalpatagua, a Chejazo y al diputado Manuel de Jesús Castillo -conocido como Manolito- con el asesinato de los diputados. Entonces, en el año 2008, aparecieron dos testigos clave que se convirtieron en la médula de un juicio que dejó condenado al diputado Castillo y a policías e integrantes de la banda de Jalpatagua, a más de 200 años de prisión.

Uno de esos testigos era “Fredys”, un hombre que inició hurtando un vehículo en el colegio Ricaldone, en San Salvador, y que terminó trasladando armas y dinero para Los Zetas, en Guatemala. Su ascenso en el mundo criminal le permitió participar en las reuniones donde se conspiró para asesinar a los diputados salvadoreños.

Desde el Ricaldone hasta El Coronel

La historia de Fredys es el retrato de un sistema penitenciario incapaz de rehabilitar a sus reos. Lejos de alejarlos del mundo criminal, las cárceles salvadoreñas sirven en muchos casos para afianzar contactos, escalar y ganarse un lugar en grupos de crimen organizado. Fredys inició con el hurto de un vehículo. Luego de su primer paso por una bartolina, llegó a la estafa, luego robó furgones con mercadería y, en el cenit de su carrera delictiva, movió dinero y armas para Los Zetas, en Guatemala.

El testimonio de todas sus andanzas delictivas, y sus estancias en bartolinas y cárceles quedó registrado en las 22 páginas que Fredys escribió en respuesta a preguntas de El Faro desde julio de 2014. La información que recogen varios expedientes judiciales confirman su historia.

La construcción del camino que llevó a Fredys a conectarse con el crimen organizado comienza en 1989. Él era estudiante del Instituto Técnico Ricaldone, en las cercanías de la Universidad de El Salvador. Un día hurtó un pick up Toyota 1000, color rojo, estacionado en el parqueo de su colegio. La policía lo atrapó y, durante 10 días, estuvo recluido en una bartolina de “el castillo”, el cuartel central de la desaparecida Policía Nacional.

Una vez que recuperó su libertad, emigró hacia Panchimalco, al sur de San Salvador, donde comenzó a trabajar en la construcción de pozos para agua potable. En ese proyecto, Fredys conoció a Arnulfo Argueta Díaz, conocido como “Arnold”. Ahora Arnold es un prófugo de la justicia, pero en aquellos días, la década de los noventa, él era uno de los líderes de la banda Tacoma-Cabrera, que fue procesada por secuestros, asaltos a bancos y robo de furgones con mercadería. Fredys participó en varios atracos, pero su segundo arresto fue por estafa, en 1997. Por ese caso fue recluido en el penal de Apanteos, en Santa Ana.

Al recuperar su libertad, se dedicó a trabajar algunos días como motorista, pero eventualmente regresó al mundo criminal. “Al cabo de dos años (1999) nuevamente comencé a delinquir junto con Arnulfo Argueta Díaz (Arnold) y la misma banda de policías, comenzando nuevamente con el robo de furgones con mercadería a diferentes empresas, tanto nacionales como extranjeras”, escribió Fredys.

La relación entre Fredys, los líderes de la banda Tacoma-Cabrera y varios policías que estaban destacados en Los Planes de Renderos, está recogida no solo en la palabra del testigo: El Faro ha documentado que en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, Fredys fue uno de los testigos clave por el robo de mercadería a siete empresas -Comput Ingenieros, Omnisport, Entrega Inmediata de Paquetes, Multiplas, YKK El Salvador, Brooklin Manufacturings y Dj Transportes. (Así están registrados los nombres de las empresas en el expediente) Participó en todos esos robos y fue detenido pero luego quedó libre porque negoció delatar a sus cómplices. Uno de ellos era Arnold y el otro era Pastor Rivera Ávalos, otro hombre de peso de la banda Tacoma-Cabrera, condenado a 54 años de prisión.

Gracias a su confesión, Fredys recuperó su libertad en el año 2000, pero un año después fue capturado por el asalto a un furgón que transportaba mercadería hacia Guatemala. Durante un año y medio estuvo recluido en el penal La Esperanza, donde amplió su red de contactos. Ahí se contactó con miembros de la banda de Margarita Parada Grimaldi y la banda El Tigre para robar furgones o para robar cajeros automáticos; también se contactó con integrantes de la banda El Yada, dedicada al robo de vehículos. Desde el año 2003 hasta el 2012, El Faro logró documentar nueve expedientes judiciales contra Fredys por robos agravados, tenencia ilegal de arma de fuego y uso de documentos falsos. Todas las investigaciones las logró sortear con éxito, algunas porque las víctimas no se presentaron, en otras porque delató a sus cómplices.

Seis meses después de salir de Mariona, en enero de 2003, Fredys volvió a ser capturado por el robo de tres furgones de la empresa Medrano Express. El capturado usó la misma llave para salir de la cárcel: delató a miembros de la banda Tacoma-Cabrera, la banda de Parada Grimaldi y la banda de El Tigre para recuperar su libertad. 

Fredys se quedó sin colegas para el robo de cajeros automáticos y de furgones, pero bajo la manga se guardó una carta para seguir activo en el mundo criminal: la banda de El Yada, la cual dirigían Jorge Salvador Hernández y Juan Carlos Rodríguez Escobar, El Enano. A ellos los conoció en el penal de Mariona, en el año 2000. Esa banda se dedicaba a robar vehículos y venderlos en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Así, gracias a la banda de El Yada, Fredys llegó a Guatemala. Las personas que recibían los carros robados eran El Coronel y Boris. El Coronel fue una de las personas involucradas en la conspiración para el asesinato de los diputados del Parlacen, pero durante el juicio en Guatemala, el testigo no reveló su identidad.

Fredys era entonces un hombre que se movía entre El Salvador y Guatemala, pero en el año 2005, los papeles se revertieron y fue El Enano quien accedió a colaborar con la justicia y Fredys fue procesado por robo de vehículos. El 26 de septiembre de ese mismo año recuperó su libertad, pero la Fiscalía lo tenía entre ceja y ceja, y lo esperaba a la salida del tribunal para acumularle nuevos delitos. Fredys huyó hacia Guatemala para trabajar con El Coronel.

“Me fui ganando la confianza de El Coronel y de Boris, comencé a mover vehículos robados, a transportarles vehículos con caletas llenas de drogas, armas para Los Zetas y fue así que me involucré directamente con ellos, al grado que tenían confianza de darme vehículos cargados con maletas llenas de dólares y nunca robé ni un centavo”, escribió en una de sus cartas.

Confianza. Esa, dice Fredys, fue la razón por la cual El Coronel lo invitó a participar en dos reuniones en Jalpatagua, Guatemala, entre enero y febrero del 2007, cuando se planificó el asesinato de unos diputados salvadoreños...

El Coronel y Silva Pereira

La parte que fue tomada en cuenta de la declaración de Fredys durante el juicio de los diputados se resume en seis páginas taquigrafiadas el 8 de diciembre de 2010 en la Torre de Tribunales de la capital guatemalteca, durante la audiencia de sentencia.

El juicio fue presidido por un célebre tribunal. La jueza titular fue Iris Yassmin Barrios Aguilar, inmortalizada por haber condenado a 80 años de prisión por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013. Uno de los jueces vocales era Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien ahora mismo es el juez a cargo del caso de corrupción aduanera de la estructura conocida como La Línea, y quien ordenó que el expresidente Otto Pérez Molina guarde prisión mientras depura el caso.

La sentencia recoge aquello que fue dicho por Fredys y que tiene valor probatorio según los jueces. En esas seis páginas se lee 14 veces un apodo: El Coronel.

Fredys declaró que en 2003, por medio de un contacto, conoció a un “sujeto de nacionalidad guatemalteca” a quien identificó como El Coronel. Ofreció de él una vaga descripción: “Aproximadamente 1.70 de estatura, gordo, piel blanca, canche, pelo recortado”.

Pasados los años, se lee en el documento, El Coronel ofreció a Fredys participar en un negocio “más grande” que el de los carros. Le dijo que había una ganancia de 25,000 dólares solo para él. Le dijo que “había que trasladarse a ciertas reuniones previstas en el municipio de Jalpatagua, Jutiapa”, frontera con El Salvador. Fredys aceptó, y se instaló en el hotel El Centenario, en el kilómetro 102 de la carretera a El Salvador. Fredys recordó que nadie le pidió ningún dato personal en el hotel y que permaneció ahí “de cuatro a seis días”. “Llegado el día 29 de enero de 2007, se hizo presente El Coronel”.

Él le dijo a Fredys que en un momento se reunirían con unas personas en el carwash de enfrente. Sobre las personas ahí reunidas, el expediente judicial número 2992-2007 dice: “Una persona de aproximadamente 1.65 de estatura, gordo, de bigote, piel trigueña, pelo recortado, ojos claros. Cuando iban caminando (El Coronel) le hizo mención (a Fredys) que se encontraba el señor ‘Chejazo o Chajazo”. El testigo procedió a pararse (en juicio) y señaló: “La persona no se encuentra aquí”. Chejazo estaba en esa sala, pero Fredys dijo no reconocerlo.

El relato en el tribunal siguió: “Transcurridos los minutos se aproximó otra persona de aproximadamente 35 o 40 años, de piel morena, complexión delgada y pelo recortado, quien saludó a los presentes y les dijo que había que esperar a otras personas”.

En el juicio, Fredys reconoció a ese hombre. Señaló a quien estaba de camisa celeste en Torre de Tribunales: Carlos Humberto Orellana Aroche, uno de los dos policías condenados que no murieron en la masacre de la cárcel El Boquerón. Aroche aún no había sido capturado cuando cuatro de sus cómplices fueron asesinados dentro del penal.

Aquella reunión en el carwash duró poco más de media hora. Fredys no participó directamente en ella, solo acompañó a El Coronel. Al terminar, subieron juntos al hotel El Centenario. El Coronel le dijo a Fredys que Aroche se encargaría de contratar a unos policías para montar un retén y “asaltar a un vehículo salvadoreño que iba a venir transportando droga o dinero”.

La segunda reunión ocurrió el 1 de febrero de 2007, 18 días antes del crimen. Fue el mismo procedimiento. La única variante es que había una persona más en el carwash: “El señor Carlos Silva Pereira, diputado o exdiputado de la república de El Salvador, quien se hizo acompañar de otras personas armadas en una camioneta de color azul marca Cherokee”. El coronel viajaba en un modesto Toyota Corolla color gris.

En esta segunda ocasión, Silva Pereira, Aroche y El Coronel estuvieron reunidos entre 30 minutos y una hora.

Al finalizar, Fredys y su jefe volvieron a El Centenario. El Coronel le dijo que todo estaba planificado. Le dijo que le entregaría un teléfono celular para que tuviera comunicación directa con él. Le dijo que el día del crimen lo enviaría a la frontera de Las Chinamas, en Ahuachapán, para que siguiera el vehículo, “una camioneta placas nacionales o placas del cuerpo diplomático”. El Coronel le dijo a Fredys que una vez identificado el vehículo “tenía que coordinar directamente con él y no con ninguna otra persona”.

El Coronel, según el relato de Fredys que fue creíble según tres jueces guatemaltecos, hablaba de aquella operación como habla un jefe. El Coronel le dijo que “después (de quitarles la droga o el dinero, los diputados) debían ser asesinados, por la cuestión de que dichas personas habían participado en el desafuero del diputado Silva Pereira. Que aparte del robo de droga era una venganza que ya tenía planificada y que estaba siendo financiada por el señor Silva Pereira”.

El Coronel prometió a Fredys 25,000 dólares de lo que encontraran en la camioneta de los diputados.

En el relato de Fredys, este era un atentado contra los tres diputados que viajaban en la camioneta. En el relato del otro testigo clave del juicio, la trama era la misma pero agrega información: se trataba de una venganza contra todos los diputados, pero en particular contra Eduardo d’Aubuisson.

Eduardo fue jefe de la Juventud Republicana Nacionalista del partido Arena antes de ser diputado del Parlacen. Era hermano de Roberto, ex diputado arenero y actual alcalde de Santa Tecla. Era hijo de Roberto d’Aubuisson, el fundador del partido Arena, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980.

El testigo coyote

El otro testigo clave del juicio de la muerte de los diputados fue un coyote guatemalteco. Ramiro Antonio de León López era un coyote que empezó trabajando en 2005 con otro coyote mexicano de nombre Teófilo Guzmán y terminó, luego de mezclarse en ese mundo, moviendo gente para dos coyotes salvadoreños. En sus andadas, recogidas en el expediente judicial, Ramiro conoció a Élmer Douglas Aguilar Martínez, residente de Jiquilisco; y a Marcos Martínez, residente en San Miguel. En el mismo 2005, los dos coyotes probaron al guatemalteco enviándole alguna gente. Tras comprobar que su ruta era segura, le pidieron que trabajara con ellos. Al cabo de un tiempo, los coyotes salvadoreños le presentaron a su jefe, un hombre a quien conocían como “El Perico”, de nombre Roberto Carlos Silva Pereira. Al coyote guatemalteco le llamó la atención el hecho de que ese señor aparecía en los medios de comunicación en aquel entonces, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

El 4 de octubre de 2006, el coyote guatemalteco acompañó a los dos coyotes salvadoreños a recoger el dinero para enviar a algunos migrantes. Llenaron combustible en una gasolinera de Usulután, propiedad de Silva Pereira, y condujeron hasta La Ceiba de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán. Apareció Silva Pereira en un Hilux negro con dos guardaespaldas atrás e hizo señas de que lo siguieran. Silva Pereira condujo hasta la entrada a San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Entraron al restaurante Rancho Guarumo. Empezaron a llegar camionetas, una con placas guatemaltecas y el resto con placas salvadoreñas, al pequeño restaurante de madera y ramada: un Avalanche verde, un Hilux blanco, un Audi, una Ford Explorer y una Four Runner. Contando a los tres coyotes, eran 14 personas en el restaurante. El coyote guatemalteco recuerda que lo impresionaron los vehículos de lujo y la decoración de alguno de los hombres: “Una cadena gruesa y una gran esclava en la mano izquierda”.

En el Rancho Guarumo juntaron varias mesas, pidieron cerveza y sacaron botellas de whisky de los carros. Los coyotes estaban al margen, no en la mesa con los demás señores. Silva Pereira les gritó que “buscaran dónde aplastarse”. Ellos solo estaban esperando que su jefe les diera el dinero para mover a los migrantes.

Silva Pereira, recordó el coyote, empezó a hablar de que “después de que les había dado de comer, le estaban mordiendo la mano, para qué tanto dinero que les había regalado, pero de que se las pagaban, se las pagaban”. El coyote aseguró que los hombres le preguntaron a Silva Pereira si él sabía quién le había “puesto el dedo”. Silva Pereira respondió claramente: Eduardo d´Aubuisson. Luego, relató el coyote, Silva Pereira dijo que “ese hijo de la chingada se las pagaba, se las pagaba”.

Al terminar la reunión, los coyotes siguieron a Silva Pereira, que en Santa Tecla les dio el dinero para mover a los migrantes.

El 12 de noviembre de 2006, tres meses antes de los asesinatos, el coyote guatemalteco volvió a San Miguel a reunirse con sus colegas salvadoreños. Al día siguiente llamaron a Silva Pereira y ocurrió lo mismo. Se reunieron en La Ceiba de Guadalupe y salieron en caravana hasta Rancho Guarumo. Desde la primera vez les pareció raro aquel periplo para recibir el dinero, pero no les importó. “De todos modos, el señor Roberto Carlos Silva era quien pagaba”.

Una vez más, llegaron varios carros de lujo. Silva Pereira hablaba principalmente con un “señor Castillo”, quien después sería identificado por el testigo como Manuel de Jesús Castillo Medrano, el exdiputado guatemalteco. Pidieron cerveza y Silva Pereira habló: “¿Qué me averiguaste del asunto? Estos hijos de la gran p… creen que yo juguete de ellos soy. Así como me desestabilizaron a mí, los voy a desestabilizar yo… Me urge que personalmente te encargués de esto, porque Eduardo d´Aubuisson, ese hijo de la gran p… se va a ir con pancho, ya que las cosas las quiso hacer así a su manera, poniéndome el dedo con la DEA, porque a él la misma gente de Arena a él lo mencionan, gente que está metida en babosadas, aquí todo se llega a saber”. El coyote recuerda que Castillo respondió: “No te preocupés, hacé de cuenta y caso que ese hijo de la gran p… ya está muerto, porque ninguno se va a meter en este negocio”.

Comieron, se despidieron, se fueron.

El coyote guatemalteco asegura que le dio miedo y decidió romper relación con los coyotes salvadoreños.

El coyote guatemalteco, ante los tres jueces, reconoció a Castillo y a Carlos Amílcar Orellana Donis (Chejazo). Hubo nueve personas que llegaron en carros salvadoreños a aquella reunión y que nunca fueron identificadas en juicio.

El coyote guatemalteco también dijo en juicio que alguna vez escuchó hablar a su jefe, el coyote salvadoreño Aguilar, acerca del negocio Rancho Guarumo, donde tan tranquilamente se reunían a hablar, gritar y tomar su propio whisky mientras discutían el asesinato de los diputados. Su jefe coyote decía que era propiedad de un hombre que también llegó a una de las reuniones: Reynerio de Jesús Flores Lazo, recluido a 80 años por tráfico internacional de cocaína y preso actualmente en la prisión salvadoreña de máxima seguridad de Zacatecoluca.

El coyote guatemalteco recordó en juicio que “nadie pagó la cuenta, solo vio que todos se levantaron, ni con vale de cobro ni factura ni nada, entonces Élmer Douglas (el coyote salvadoreño) le dijo que ese era su centro de reuniones, posiblemente exclusivo para ellos”.

En las reuniones, declaró el coyote guatemalteco, nadie más entraba al restaurante en San Sebastián Salitrillo. Solo la mesa de Silva Pereira y su gente; tres o cuatro meseros sin uniforme sirviendo las cervezas, los platos de carne a la plancha y sopa de gallina, sus propias botellas de whisky.

Quizá Reynerio sí estuvo aquel día cuando se habló del asesinato. Sin embargo, aquel restaurante donde los únicos comensales se comportaban como dueños y hablaban del crimen sin ningún temor a ser escuchados no pertenecía al narcotraficante. Ese restaurante era negocio familiar de un político salvadoreño que actualmente ejerce: Abilio Flores, alcalde de Ahuachapán. A este punto volveremos después.

Fredys decide no matar

Tras la segunda reunión con Silva Pereira en el carwash, Fredys decidió no participar, y así se lo manifestó a su jefe. El Coronel aceptó y le dijo que “se tenía que callar, porque de lo contrario iba a sufrir graves consecuencias”.

Nunca le revelaron la cantidad de dinero o droga que suponían iba en el carro de los diputados. Lo único que le prometieron fue 25,000 dólares en efectivo.

Fredys aseguró en el juicio que después de eso perdió el teléfono donde tenía el número de El Coronel, y nunca más lo volvió a contactar.

Lo último que consta en la sentencia sobre la declaración de Fredys es la siguiente frase: “El Coronel es de nacionalidad guatemalteca”.

Los jueces le otorgaron valor probatorio a todo el relato de lo ocurrido en el carwash del kilómetro 102 de la carretera a El Salvador. Lo único que complementó la declaración de Fredys fue la visita de la Fiscalía guatemalteca a los sitios, para comprobar su existencia y su parecido con lo descrito por el testigo salvadoreño.

Fue la palabra de Fredys y fue tomada como cierta para determinar la participación de Silva Pereira.

Eso fue lo que dijo. Lo que no dijo es que él sí conoce el nombre de El Coronel. Tampoco dijo que El Coronel es un salvadoreño con doble nacionalidad guatemalteca. Tampoco dijo que sí identificó a Chejazo en el juicio, pero que no quiso hablar. También omitió decir que sabe quién filtró las placas de los diputados. Eso no lo dijo durante el juicio en 2010, sino cinco años después a unos periodistas.

Las cartas de Fredys

Fredys estaba en una casa de testigos de El Salvador cuando decidió contactar a El Faro. Según explicó, un testigo protegido del caso del Cártel de Texis le recomendó comunicarse con este medio si pretendía hacer revelaciones de peso. Fredys escribió una carta y dejó un número telefónico. Era el número de un contacto cercano a Fredys. Esa persona aseguró a los reporteros de El Faro que Fredys tenía información sensible sobre el caso Parlacen, que estaba decepcionado de la Fiscalía y que quería dar esa información. La carta llegó en julio de 2014. Desde entonces, se le envió mensajes y cuestionarios por medio de este contacto, y se tuvo conversaciones telefónicas con Fredys en algunas ocasiones.

Para entonces, Fredys enfrentaba un nuevo juicio en los tribunales de Santa Tecla bajo un nombre que no es el suyo. Junto a otros tres delincuentes, Fredys asaltó a una pareja que cambió un cheque por 2,300 dólares en el banco Davivienda, de Lourdes, Colón, el 3 de agosto de 2013. Intentaron huir hacia el balneario de Los Chorros, pero fueron interceptados en el kilómetro 18 de la carretera por una patrulla. Fueron acusados de robo agravado, tenencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego. Fueron absueltos en 2015, ya que las víctimas no se presentaron a declarar.

Desde que fue arrestado, Fredys ha pasado entre casas de seguridad y la penitenciaría La Esperanza, conocida como Mariona. Durante un tiempo, lo sacaron de prisión, ya que el juicio en Guatemala aún no está cerrado, por apelaciones y formalismos, y Fredys conserva su calidad de testigo protegido. Al cabo de un tiempo, fue enviado a prisión, donde se reencontró con algunos delincuentes a los que había delatado. En su sector había miembros de su exbanda, la Tacoma-Cabrera. Le exigieron 50,000 dólares para dejarlo vivo, pero Fredys salió y logró evitar el asesinato. El Faro expuso a las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia el peligro que corría Fredys en Mariona. No hicieron nada.

Fredys asegura que desde que fue capturado nuevamente envió cartas a diputados de Arena, al ex fiscal jefe de crimen organizado, que llevó el caso en El Salvador, Rodolfo Delgado, ahora asesor del fiscal general. Nadie lo escuchó. Fredys quería jugar su última carta: hacerles saber que aún tenía información y ocuparla para salir libre de nuevo. Nadie lo escuchó.

Fredys tuvo cuatro reuniones en persona con los periodistas de El Faro. La primera ocurrió en el hospital Zaldaña, en Los Planes de Renderos, donde había sido trasladado luego de una crisis de salud, una combinación de la mala atención médica, diabetes y deficiente alimentación. Estaba lleno de pústulas y costras sobre heridas sin sanar, esquelético. Estaba esposado a una cama y custodiado por un policía a quien no le resultó nada agradable que se entrevistara a Fredys. La siguiente reunión ocurrió en una casa de seguridad de la Policía en la colonia Miramonte. Se entró como visita de Fredys sin que nadie pidiera identificación. Las otras dos reuniones ocurrieron con él libre, ambas en centros comerciales, una en mayo y otra en octubre de 2015. Escribió, de su puño y letra, 22 páginas contestando a nuestras preguntas. Su versión de los hechos fue consistente desde la primera hasta la última reunión, 15 meses de por medio.

“Mi cabeza tiene precio en cualquier penal del país”. Era una de las frases de su primera carta.

Las revelaciones de Fredys

Óscar Armando Villanueva.

Ese es el nombre de El Coronel. Tiene 50 años aproximadamente, tiene nacionalidad salvadoreña y guatemalteca.

Fredys trabajó para él durante más de tres años llevando carros robados, armas y droga. Vio su nombre en una tarjeta de circulación de un automotor y lo constató a través de los años de trabajo delictivo.

Fredys es capaz de reconocerlo si se le mostrara en fotografía. De hecho, descartó los rostros de algunos homónimos en expedientes judiciales que los periodistas de El Faro le mostraron.

Asegura que la única razón por la que nunca pronunció su nombre durante el juicio contra los diputados fue porque un fiscal salvadoreño se lo pidió. Ese fiscal, asegura Fredys, fue Lorenzo Antonio Martínez, exjefe de la Unidad de Robo y Hurto de Vehículos durante tres gestiones (Belisario Artiga, Félix Garrid Safie y Romeo Barahona). Martínez fue el primer fiscal en recibir el testimonio de Fredys, cuando él solo era un hombre arrestado por varios delitos de robo de vehículos en El Salvador. Una vez recibió el testimonio lo pasó a la Unidad de Crimen Organizado, para que ellos le otorgaran la calidad de testigo protegido en El Salvador y lo presentaran ante las autoridades guatemaltecas. Sin embargo, Fredys recuerda que antes de asignarlo a esa nueva unidad, Martínez le pidió guardarse el nombre de El Coronel.

En una de sus cartas escribe: “En el mes de febrero del año 2008, me saca de mi casa la PNC, en ese entonces, la División de Protección al Transporte (DPT), por la orden que andaba desde 2005 (cuando se escapó de los policías que lo esperaban para recapturarlo en los juzgados). Soy trasladado a bartolinas de la División de Finanzas, donde estuve privado de libertad ilegalmente por el entonces jefe fiscal de la Unidad de Hurto y Robo de Vehículos, Lorenzo Martínez… casi cuatro meses sin ser puesto a la orden del tribunal que me reclamaba. Luego, un investigador de la DPT me trasladó a la DIC (División de Investigación Criminal), para que Lorenzo me ofreciera criterio, pero yo le dije que no, que mejor hiciéramos un trato, que yo le daba la información que poseía (del caso de los diputados) a cambio de que él me limpiara los delitos de los cuales me acusaba. Fue así que me pidió lo que yo sabía, con nombres y todo. Al transcurso de unos días me dice que me iba a poner a la orden de la Unidad contra el Crimen Organizado, pero me pide que oculte el nombre de dos implicados, teniendo yo que hacerlo porque estaba bajo sus manos… di mi declaración tal como él me lo había pedido, quedando en la impunidad y sin ser procesadas estas dos personas de origen salvadoreño”.

Más adelante, dice: “Toda esta información que les estoy dando puede causarme la muerte”, y se pregunta: “No entiendo por qué el fiscal general (Luis Martínez) no quiere investigar ni procesar a estas personas que faltan, pues desde enero de este año (2014) he mandado una serie de escritos al entonces jefe de la unidad (Rodolfo Delgado), sin tener respuesta”.

En diferentes ocasiones se le preguntó a Fredys por escrito y en persona por qué daba la información, y su respuesta fue una mezcla de motivos que iban desde que deseaba justicia, hasta que pretendía que el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson (hermano de uno de los asesinados), le ayudara para que prosperara una demanda que interpuso contra El Diario de Hoy por haber divulgado su nombre completo y dirección mientras era testigo protegido, situación que según dice puso la vida de su familia en riesgo. Mencionó también el deseo de salir de la situación en la que estaba, lo que los periodistas de El Faro entendieron como un deseo de obtener algún nuevo trato para evadir la acusación del robo a la pareja en Lourdes y no llegar a prisión. Aseguró que estaba muy mal de salud, algo que se constató al verlo en el hospital Zaldaña.

Se le preguntó en diferentes cartas por qué creía que el exfiscal Lorenzo Martínez le pidió mentir: contestó que no tenía pruebas, pero que su lógica lo hacía pensar que el exfiscal “se llenó las bolsas de dinero”. “No creo que el favor se lo haya hecho gratis. Lorenzo tuvo tiempo suficiente para poder negociar con ellos algún tipo de trato a cambio de no involucrarlos”.

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Martínez fue despedido por el actual fiscal general en febrero de 2013. Los únicos argumentos fueron que “no reunía los requisitos” y falta de confianza. Cuatro fuentes de la Fiscalía y de la Policía aseguran que sobre Martínez pesaban muchas críticas de gente que había trabajado con él. Lo consideraban, dijo una fuente fiscal, alguien “sin escrúpulos” con tal de resolver un caso. Tres fuentes fiscales aseguraron que Martínez, poco después de su despido, se fue del país rumbo a Canadá, con intenciones de residir allá. El Faro no consiguió contactarlo.

Fredys habló y escribió a El Faro acerca de dos salvadoreños vinculados con el asesinato. El primero es Óscar Armando Villanueva, El Coronel. El segundo es quien según Fredys “dio la información de cuándo, a qué horas y por qué frontera ingresarían los diputados”.

Fue imposible individualizar a El Coronel. En la última reunión, ya libre de cargos, Fredys desistió de dar más detalles. Libre de cargos, parecía que la idea de hablar lo seducía menos. Sin embargo, la pista de uno de los autores intelectuales del asesinato de los tres diputados y su motorista no parece imposible de retomar. El riesgo de que Fredys no hable más no solo limita esta investigación periodística. Puede llegar más allá. En una de sus cartas, molesto porque nadie en la Fiscalía le ayuda a que prospere su demanda contra El Diario de Hoy por haber revelado su nombre siendo testigo criteriado, Fredys escribió: “Con este cambio de jefatura (en la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía), el nuevo jefe lic Daniel Domingues (sic) dice no conocerme, por tal motivo manifiesta no estar obligado a ayudarme, pienso que si él no me conoce ni tiene conocimiento de mí, yo tampoco conozco al ex diputado Silva Pereira si en algún momento es extraditado”.

Los casos contra el ex diputado Silva Pereira siguen activos. Guatemala ha pedido la extradición a los Estados Unidos por el asesinato de los diputados del Parlacen; mientras que en El Salvador, la Cámara Primera de lo Penal ordenó en el 2011 que la embajada de El Salvador en Washington le diera seguimiento a la petición de extradición por lavado de dinero y pago de sobornos.

Fredys no quiso darnos más información sobre Óscar Armando Villanueva. Sin embargo, la búsqueda adquiere sentido teniendo un nombre.

En los archivos de la Fiscalía salvadoreña existe información sobre nueve Óscar Armando Villanueva. En los archivos del Ministerio Público de Guatemala existe información sobre dos homónimos, con una característica: ambos por cuestiones ocurridas en frontera. El primero aparece como víctima del robo de una pistola en Tecún Umán, frontera con México. El segundo aparece como testigo de un homicidio en Jutiapa, frontera con El Salvador. Una fuente policial salvadoreña de alto nivel que participó en las investigaciones en Guatemala aseguró, durante esta investigación, que el nombre Óscar Armando Villanueva apareció en los mapas telefónicos de aquel momento, pero que no se le prestó demasiada atención. Esos documentos, asegura, fueron archivados por la Fiscalía, o sea que deberían estar disponibles en la Unidad de Crimen Organizado. Fredys asegura que uno de los empleados de El Coronel le hizo saber, mientras aún trabajaban para él, que Roberto Herrera Hernández, alias El Burro, preso en el penal de Zacatecoluca y señalado como uno de los jefes del Cártel de Texis, proveía vehículos robados en El Salvador a la banda de El Coronel. Fredys asegura que fue un salvadoreño de nombre Juan Carlos Rodríguez Escobar, cómplice anteriormente, quien lo presentó con El Coronel. Asegura también que Chejazo, a quien Fredys no reconoció en juicio, trabajaba desde antes del asesinato de los diputados con El Coronel, lo conocía. Chejazo está ahora mismo cumpliendo condena por falsedad de documentos en Guatemala.

El segundo salvadoreño del que Fredys habló con El Faro ni siquiera apareció mencionado en el juicio. En su primera carta, fechada el 16 de julio de 2014, Fredys escribió: “Nunca me preguntaron (en el juicio) quién fue la persona que dio la información de cuándo, a qué horas y por qué frontera ingresarían los diputados. No omito manifestarles que dicha información la manejo por completo…”

Meses después, siempre en 2014, durante el encuentro en el hospital Zaldaña, Fredys proporcionó ese nombre: Gustavo Ulises Hernández. Fredys recordó que era un hombre que trabajaba en el barrio San Jacinto, de la capital salvadoreña.

En la última reunión, cuando se intentaba entender por qué Gustavo Ulises Hernández filtró esa información indispensable para que los policías que realizaron el secuestro supieran cuál era el carro donde iban los diputados a los que asesinarían, Fredys se mostró reticente a contestar. Aseguró que no había mentido en sus declaraciones a El Faro, que todo lo que relató era “neta”, pero que ya no quería hablar más del asunto.

El Faro consiguió una ficha personal en una unidad élite de la Policía salvadoreña a nombre de Gustavo Ulises Hernández. En efecto, corresponde a un hombre que reside en San Jacinto, de 44 años, de ocupación comerciante, de alias “Mi Niño” o “Chele Ulises”. En el espacio de antecedentes aparecen tres hechos marcados: el 22 de enero de 2002 fue detenido por la División de Protección al Transporte (DPT) por hurto y robo de vehículos. El 10 de agosto de 2009 por haber denunciado el hurto de dos armas de fuego ocurrido cuatro años atrás, en 2005. El 8 de julio de 2008 cuando la DPT le decomisó un cabezal con placas C101480 por tener alterados los números de serie identificativos. En la ficha aparece como propietario de ocho vehículos y en “Comentarios” aparece un largo párrafo: “Mantiene una relación sentimental con Blanca N… Blanca N está relacionada a la organización criminal de los Z en México. Está vinculado al homicidio de los diputados salvadoreños en Guatemala en 2007. Vinculado a José María Medrano Fuentes, alias Chele Medrano o Juan Colorado (líder del cártel de Los Perrones, reconocido por Naciones Unidas como uno de los dos cárteles salvadoreños). Relacionado con Billy Layne y otros miembros de la pandilla 18 de Sonsonate. Compañero de vida de... reconocida traficante de ilegales. Se encargaron de trasladar al narco diputado Eliú Martínez (extraditado a Estados Unidos en 2003) hacia Estados Unidos y ocultarlo en una de sus propiedades en ese país del norte. Fue miembro de la banda de secuestradores Los Malditos, que operó entre 2000 y 2001”.

La ficha policial no es lo único que relaciona a Gustavo Ulises Hernández con el crimen organizado. Según documentos del Centro Nacional de Registro (CNR), el 15 de diciembre del 2003, él compró el lote ocho, polígono uno, del cantón Las Isletas en San Pedro Mazahuat por un precio de 250 mil dólares. Dos meses después, los documentos retratan una operación típica de lavado de dinero.

En un insólito acto de desapego, el 18 de febrero de 2004, Hernández vendió el lote en cinco mil dólares a Wilver Alexander Rivera Monge, el diputado suplente del PCN que está recluido en una bartolina policial a la espera de una audiencia por lavado de dinero. Los negocios retratan que Hernández siempre perdía dinero y el diputado siempre ganaba dinero. Cuando Hernández vendió el lote “perdió” 245 mil dólares, pero un año después, el 22 de julio de 2005, el diputado Rivera Monge volvió a vender la propiedad a Hernández en 28 mil 571 dólares con 43 centavos.

Rivera Monge fue el suplente del diputado Reynaldo Cardoza, durante la legislatura 2009-2012.La Corte Suprema de Justicia ha ordenado que Cardoza sea investigado por enriquecimiento ilícito.

Por eso, si la pista de El Coronel es algo que hay que trabajar más, la de este segundo hombre es algo ya construido en los archivos de la Fiscalía y la policía.

Alguien se preguntará por qué hay que creerle a un hombre como el testigo Fredys, con tan amplia carrera delictiva. Hay que decir que el caso del asesinato de los diputados se resolvió en buena medida porque las instituciones de justicia de dos países le creyeron a Fredys. La Fiscalía salvadoreña creyó tanto en Fredys que le perdonó 49 delitos a cambio de su declaración. El Ministerio Público de Guatemala lo convirtió, sin nada más que su declaración, en testigo del juicio de la década. Tres jueces guatemaltecos le dieron validez a su relato, que solo fue complementado por una visita al hotel El Centenario y al carwash para ratificar la existencia de estos.

La otra revelación de Fredys no aporta ningún nombre nuevo ni puede complementarse con ninguna ficha delictiva. Fredys asegura que cuando en el juicio le pidieron identificar a Chejazo, uno de los conspiradores reunidos en el hotel Centenario con El Coronel, él hubiera podido hacerlo. Fredys dijo que a la reunión se presentó un hombre con ese alias, pero cuando le pidieron que lo señalara en la sala de audiencia dijo que no estaba presente. Fredys aseguró que mintió de nuevo. Reconoció perfectamente a Chejazo en aquella sala. De hecho, Fredys conocía a Chejazo desde antes de la reunión, por trabajos hechos para El Coronel. Otra vez, Fredys explicó que alguien le pidió mentir:

—Los periodistas quisieron cuestionarme: que por qué si yo estuve en la reunión (en el carwash) no pude señalar a alias Chejazo. Yo no lo señalé por orden fiscal. ¿Por orden fiscal de dónde? Por un fiscal de Guatemala que se llama licenciado Edwin Marroquín, quien es el fiscal que llevaba la investigación… (Chejazo) es el señor que manejó toda la banda de Jalpatagua, manejó toda la banda de policías.

Chejazo no está acusado de homicidio porque Fredys no lo señaló en la audiencia. El coyote guatemalteco lo señaló, pero Fredys no.

En ciudad de Guatemala, el fiscal Marroquín negó a principios de octubre el señalamiento de Fredys sobre la orden de mentir.

—Jamás, jamás lo hubiera hecho. Sería contradictorio… la acusación y luego tachar o desvanecer una prueba que había. Nunca, eso no existió –fue su respuesta.

Minutos antes de que se le explicara la acusación en contra de él del quien fue su testigo, el fiscal Marroquín valoró la credibilidad de Fredys durante el proceso judicial.

—Confiamos en la información de él… en Guatemala son tres jueces, valoran su declaración y, si dudan de lo que está diciendo o no sea cierto, no le dan valor probatorio. Difícilmente se le va pasar a un juez un testigo falso.

El Faro preguntó al fiscal Marroquín por qué no presionaron al testigo Fredys para que revelara la identidad de El Coronel, cómo fue posible que le creyeran que no conocía más que el apodo del que durante años fue su jefe.

—El testigo no dio mayor información, el testigo dijo: es El Coronel. Se le interrogó sobre información, características físicas, dónde vivía, dónde trabajaba, por qué lo conocía y él dijo no me acuerdo, no sé nada y ahí quedó… cerraba la probabilidad de dar quién era este tipo… era una situación que él tenía miedo. Decía: ‘mire, yo temo por mi vida pues y no me voy a arriesgar más’. Decía: ‘yo estoy arriesgando aquí solo con dar esa información, no digamos vincular a esta persona’.

El Faro preguntó al fiscal Marroquín si El Coronel participó en la planificación y conspiración para el asesinato de los diputados. Su respuesta fue breve: “Sí”.

Cabos sueltos

El 9 de enero de 2011, El Faro publicó una entrevista con Giséle Rivera, la fiscal asignada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para colaborar con el Ministerio Público guatemalteco en el caso de los diputados. La fiscal costarricense no acabó en buenos términos con aquel país. Incluso fue acusada de extracción de documentos y requerida en un juzgado, pero ella ya había abandonado el país rumbo a Costa Rica, donde vivió rodeada de guardaespaldas durante años.

La fiscal fue una crítica feroz del proceso de investigación llevado a cabo en este caso por el Ministerio de Gobernación, de quien depende la Policía. Aseguró que se escondieron pruebas y se manipuló testigos. Aseguró también que El Salvador nunca se interesó por ahondar en la investigación dentro de sus fronteras. De hecho, el titular de la entrevista fue: “No entiendo por qué El Salvador se queda callado y acepta esta investigación amañada”. 

Rivera no cuestionó el hecho de que los policías en colaboración con la banda de Jalpatagua hayan perpetrado el asesinato. Cuestionó lo que vino después. A su juicio, resumiendo su postura, esa banda de policías de la División de Investigación Criminal operaba con consentimiento de altos mandos del gobierno del ex presidente Óscar Berger, pero sus jefes se encargaron de cortar la investigación antes de que escalara demasiado alto. Según Rivera, este fue un juicio del que todos se quisieron deshacer rápidamente, matar el proceso, cerrarlo, evitarse mayores incomodidades, y eso llevó a una investigación escueta basada en “habladurías”. Rivera desconfía de los testigos. Cree que su historia tendría que haberse amarrado mejor.

Para Rivera, en El Salvador se hizo poco o nada.

—… Quería un estudio de sus comunicaciones telefónicas de, por lo menos, seis meses atrás del hecho de todos ellos. ¿Quién era William Pichinte, Eduardo d’Aubuisson y Ramón González? ¿Quién era el piloto? ¿Qué hacían estas personas? ¿Hay investigaciones sobre las víctimas o es simplemente que todos se subieron al mismo carro y ya les tocaba? ¿Por qué nadie se cuestiona nada de esto? Existe esa carencia en el proceso y uno se pregunta por qué no lo hicieron de oficio en El Salvador. Además, podíamos pensar que Pichinte traía dinero u otras cosas en el carro. Lo dice un testigo de ellos (Fredys)… por qué hay un silencio cómplice en El Salvador en todo este caso… El Salvador tiene que exigir que se descubra la verdad en el caso Parlacen.

El oficial Espinoza estaba designado en aquel momento en la Fuerza de Tarea Antisecuestros adscrita al Ministerio de Gobernación. Su jefe era Víctor Rivera, conocido también como Zacarías, un venezolano que hizo carrera en Centroamérica como experto en seguridad, crisis y resolución de secuestros. En El Salvador entró y salió de diferentes funciones desde 1983, y finalmente tras la firma de los acuerdos de paz en 1992 se convirtió en asesor del Viceministerio de Seguridad Pública a cargo de Hugo Barrera. Fue su asesor privado y encabezó la Unidad de Análisis Policial, una unidad no reconocida oficialmente en los inicios de la PNC. Zacarías fue asesinado a balazos en Guatemala el 7 de abril de 2008, cuando ya el tema de los diputados no era el central, sino las estructuras internas de la Policía dedicadas al sicariato y robo de drogas. Todo lo que salió a flote luego del crimen de los diputados.

Para el oficial Espinoza, su ex jefe Zacarías era un hombre inteligente, un buen maestro, un gran investigador. Para la fiscal Rivera era uno de los que amañó la investigación del asesinato de los diputados para no llegar más arriba. Para el oficial Espinoza, la investigación de los diputados, en la que participó directamente reconstruyendo a base de señales telefónicas, videos y testigos el día del homicidio de los diputados, ha sido una de las mejores investigaciones de su carrera. Para la fiscal Rivera, esa investigación fue solo una pantomima.

El oficial Espinoza y la fiscal Rivera solo coinciden en un punto: las autoridades salvadoreñas no hicieron nada o casi nada por investigar los cabos sueltos dentro de su país.

La fiscal Rivera lo deja claro en el titular de la entrevista mencionada párrafos atrás. Cuando conversamos con el oficial Espinoza en la capital guatemalteca a inicios de este octubre, le preguntamos qué le hubiera gustado que ocurriera en la investigación para llegar más allá, para profundizar. Esto respondió:

—Haber tenido mejor comunicación con El Salvador, hacer equipo. Que ellos hubieran investigado en El Salvador como nosotros lo hicimos. Las autoridades de El Salvador tenían que hacer allá su investigación. Eran sus pupilos.

Ninguna de las autoridades salvadoreñas, policiales o fiscales que participaron en el caso dio entrevista a El Faro para esta publicación, a pesar de que se les solicitó. Las preguntas sobre la conexión salvadoreña saltan por sí solas: ¿Por qué nadie se preguntó quién dio las placas del carro? ¿Por qué nunca se presentó una investigación telefónica previa al hecho de los diputados que fueron asesinados? ¿Por qué nadie se preocupó por identificar a El Coronel? En el expediente policial de la investigación guatemalteca aparece un apartado de “interrelación comunicacional Guatemala - El Salvador”. Montaña 3, el asesor del ex diputado Manolo Castillo, llamaba a dos celulares salvadoreños; Obdulio Lemus, de la banda de Jalpatagua, llamaba a un celular salvadoreño; Chejazo marcaba a dos celulares salvadoreños; Vanner Silva, de la banda de Jalpatagua, marcaba a un fijo salvadoreño; Manuel Castillo hacía lo mismo con un fijo y un celular. ¿Alguien investigó esos teléfonos? Al menos no se hizo pública nunca esa investigación.

¿Alguien se preguntó de quién era Rancho Guarumo, donde se reunieron Chejazo, Silva Pereira, Manuel Castillo y varia gente más que bajaba de siete vehículos todo terreno? ¿Alguien se preguntó por qué actuaban con tal normalidad en ese lugar, incluso cuando estaba cerrado al público, como se certificó en juicio? –tanto el oficial Espinoza como el fiscal Marroquín aseguran que para ellos esa era una especie de base de operaciones de los criminales para planificar el crimen- ¿Alguien en El Salvador prestó atención a las declaraciones del coyote guatemalteco cuando dijo que ese restaurante era del narcotraficante Reynerio Flores Lazo?

El restaurante Rancho Guarumo era un negocio familiar del actual alcalde de Ahuachapán, Abilio Flores. El actual edil arrebató la alcaldía al partido Arena, que la tuvo por 12 años. Él se presentó como candidato de una coalición del PCN (ex partido de Silva Pereira) y PDC. El restaurante dejó de existir. Ahora es un predio baldío. El alcalde no recuerda en qué año cerró. Asegura que lo administraban su hijo y su esposa. Dice que él no recuerda ninguna reunión rara y que no es responsable de los comensales que llegaban a ese negocio. Dice que ni siquiera recuerda las fechas en las que abrió ese negocio que fue inscrito en la alcaldía. Quizá si alguien le hubiera preguntado años atrás, cuando ocurría la investigación del asesinato de los diputados, el alcalde hubiera podido recordar mejor.

Durante el funeral de Eduardo d’Aubuisson, el entonces presidente de la república y de Arena, Antonio Saca, hizo una promesa que parece haber quedado en el aire:

—Tenemos una promesa de encontrar a los responsables de la muerte de Eduardo y de todos los patriotas areneros… No descansaremos hasta que caiga sobre quien resulte culpable todo el peso de la ley.

Lea aquí el reportaje original de El Faro