El viaje infernal de una madre para encontrar a su hijo, después del plan de separación familiar de Trump

La Patrulla Fronteriza la entregó a las autoridades migratorias. Diez días después, sin noticias sobre Anthony, un guardia llegó, la llamó, le esposó las manos y le puso grilletes en las piernas. “¿A dónde me llevan? ¿Me van a deportar?”, preguntó. “A un bus para irte a tu casa”, le dijo el guardia. Es decir, a Guatemala. Ella asumió que sería junto a su hijo.

El bus, repleto de mujeres a punto de ser deportadas, tomó rumbo toda la noche hacia el aeropuerto en Laredo, sin parar. Ortiz no podía dormir. Con cada rotulo que pasaba en la carretera, ella creía, era una milla más cerca de su hijo.

El bus llegó al aeropuerto en la madrugada. Ella revisó la fila para abordar el avión: solo hombres y mujeres. Sin niños. Sin Anthony. Ortiz sintió náusea. Lloró y suplicó ayuda. Un oficial entregó las órdenes de deportación y pidió a las mujeres que las firmaran. “No voy a firmar nada hasta que me digan dónde está mi hijo”, reclamó Ortiz. “No me puedo ir sin él”. Una a una, las demás mujeres salieron del bus y enfilaron hacia el avión. Ortiz se quedó sentada, llorando. “Voy a firmar”, les dijo, “pero hasta que me lo traigan”.

Ella se negó a firmar los documentos, pero se bajó del bus, con los grilletes aún en sus piernas. Una oficial le preguntó si pasaba algo. Ortiz le contó lo que pasaba y asegura que a la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas. “Eso no puede ser, mija”, le dijo la oficial. “No te puedes ir sin tu hijo”. Ortiz dice que la mujer intentó localizar a un supervisor, pero la orden de deportación era clara. Oficiales la sentaron en la primera fila del avión. Otras mujeres trataron de consolarla.

Dos horas y media después, el vuelo aterrizó en la pista de la Fuerza Aérea en la Ciudad de Guatemala. Ortiz, aún en estado de shock, no podía caminar. Entre varias mujeres la bajaron del avión. Le dijo a los oficiales que Anthony se había quedado en Estados Unidos. A nadie parecía preocuparle. Un oficial incluso desestimó su pena y le dijo que a su hijo seguro se lo regresaban en dos semanas.

Como a las demás mujeres, a Ortiz le dieron un sándwich de ensalada de pollo, una caja de jugo y una llamada telefónica. Llamó a su padre. Luego, los oficiales le tomaron las huellas dactilares, abrieron el portón de la base aérea y la dejaron en la banqueta, cerca de la ajetreada avenida Hincapié. Con el mismo suéter gris y los mismos jeans con los que se fue de su casa, esperó a que su padre la recogiera. Se sentía paralizada. ¿Volvería a ver a Anthony alguna vez?

Cuando el gobierno de Donald Trump instituyó la política migratoria de “tolerancia cero” en abril recién pasado, separó a 2,551 familias en la frontera en tan solo tres meses. Las anteriores administraciones por lo general evitaban la separación de familias al mantenerlas juntas en centros de detención o liberándolas mientras esperaban las audiencias en la corte. La Casa Blanca de Trump fue más allá, buscando la persecución penal de cada migrante que intentaba entrar a Estados Unidos sin documentos.

Las autoridades arrestaron a padres y pusieron a sus hijos -algunos con tan solo doce meses de edad- al cuidado de la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados, en el Departamento de Salud y Servicios Sociales, que por lo regular se hace cargo de menores que cruzan la frontera sin compañía. La administración alegó que esto era necesario para disminuir la migración ilegal y cerrar vacíos legales en la normativa migratoria. “Un jugador clave en este juego es la disuasión”, aseguró en mayo John Kelly, el jefe de gabinete de Trump, en una entrevista a NPR.

Pero en junio, Trump cedió ante la indignación pública y dio marcha atrás con la práctica, y un juez federal le ordenó al gobierno que reuniera a las familias antes de finales de julio.

Para Ortiz y otros 462 migrantes, no ha sido tan fácil. Contrario a muchos otros migrantes, ellos fueron deportados sin sus hijos –en algunos casos bajo la falsa creencia de que, si firmaban la orden de deportación, sus hijos regresarían pronto a su lado. Oficiales del gobierno estadounidense les etiquetaron como “inelegibles” a la reunificación –simplemente porque ya habían sido deportados- y, enfrentándose a una demanda por la separación, le dijeron a un juez que regresar a los hijos con sus padres no era la responsabilidad del gobierno.

El juez federal Dana Sabraw de la Corte Distrital en San Diego disintió. “La realidad es que por cada padre que no sea localizado, habrá un menor permanentemente huérfano”, dijo en la Corte, “y eso es cien por ciento responsabilidad del gobierno”. Aun así, estos migrantes deportados enfrentan muy pocas probabilidades de una reunificación. Hoy, más de 300 menores continúan separados de sus padres.

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De acuerdo con fuentes del gobierno estadounidense familiarizadas con la crisis, no se establecieron protocolos para que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Salud y Servicios Sociales rastrearan a las familias que fueron separadas, “lo que dejó documentos en papel, listas incompletas de nombres y un agujero negro”. No hay registros de las ubicaciones de muchos padres deportados, en particular si estaban huyendo de ambientes violentos en sus países de origen, dice Michelle Brané, directora del programa de justicia y derechos de migrantes en la Comisión para Mujeres Refugiadas. “No olvidemos”, asegura, “que el gobierno separó a estas familias sin un plan para reunificarlas”. (Esta administración aún busca cómo endurecer su política migratoria. En septiembre, buscó saltarse límites de tiempo para la detención de menores. Si es aprobada, la nueva normativa permitiría a las autoridades mantener detenidos a menores con sus padres por tiempo indefinido hasta que sus casos sean resueltos en las cortes)

De regreso en sus países de origen, muchos migrantes no pueden confiar en que sus propios gobiernos les vayan a ayudar. Mandatarios de Centroamérica han emitido declaraciones en redes sociales condenando las separaciones, pero han hecho pocos esfuerzos para localizar a los padres deportados, mucho menos para reducir la migración ilegal. Esto es en particular cierto en Guatemala, país de origen de la mayoría de migrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Enfrentando violencia generalizada de pandillas y pobreza endémica, más de 37 mil familias guatemaltecas intentaron cruzar la frontera entre julio de 2017 y junio de 2018, un aumento del 50% con respecto al periodo anterior. Eso incluye a 1,171 menores detenidos bajo la política de tolerancia cero.

Newsweek, en colaboración con Plaza Pública, un medio informativo, independiente e investigativo sin fines de lucro en Guatemala, halló que el Ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores no llevaba un recuento propio de familias separadas o personas detenidas bajo la política de tolerancia cero, lo que hace casi imposible para las autoridades rastrearles. En una declaración, el ministerio aseguró que ha solicitado la información a las autoridades estadounidenses por vía diplomática pero que aún no la había recibido. Oficiales rechazaron múltiples solicitudes de entrevistas y proveyeron pocos detalles sobre cómo están ayudando a los padres que fueron separados de sus hijos, limitándose a decir que “ofrecen asistencia legal a los migrantes”.

Anita Isaacs, académica centroamericana del Haverford College, dice que la tibia respuesta de Guatemala tiene raíces en las políticas y prácticas corruptas que hace varias décadas. Una guerra civil de 36 años y al menos 200 mil muertes. El conflicto finalizó en 1996, pero no antes de que el Ejército facilitara un mercado ilegal –y lucrativo- de adopciones con el secuestro de miles de niñas y niños. No fue sino hasta 2007 que una comisión anticorrupción reveló un sistema lleno de certificados falsos de nacimiento y muestras falsas de ADN. “No sorprende que estemos presenciando indiferencia total de parte de las autoridades guatemaltecas”, dice Isaacs. “Es indiferencia a punto de ser consentimiento”.

En la actualidad el presidente guatemalteco Jimmy Morales enfrenta varias acusaciones de corrupción, al igual que varias altas autoridades de su gobierno. Apodado el “Trump de Latinoamérica” por periodistas, recientemente empezó a cerrar la comisión anticorrupción respaldada por Naciones Unidas (conocida como Cicig) que investiga a varios oficiales gubernamentales, incluyendo a Morales. Como lo plantea Nate Snyder, exoficial sénior de antiterrorismo en el Departamento de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Barack Obama: “Es una quimera depender de un gobierno corrupto para ayudar a reunificar familias”.

Relegada por Estados Unidos e ignorada por su propio gobierno, Ortiz estaba sola.

Ortiz tiene la apariencia de una milenial chapina promedio de 25 años: jeans ajustados, zapatos bajos brillantes, ojos marrones pegados al teléfono. Pero su diminuta apariencia oculta su tenacidad y destreza mediática. Veinticinco días después de haber visto a Anthony por última vez, en una tarde de verano, caminó durante casi media hora por senderos sin pavimentar para tomar un taxi hacia la Embajada de Estados Unidos. El conductor le cobró 100 quetzales –el equivalente al pago por un día de trabajo- por el recorrido de 27 kilómetros hasta el distrito empresarial en la Ciudad de Guatemala. Una periodista local le alertó que habría una protesta y ella aprovechó la oportunidad para levantar el perfil de su caso.

Ella misma hizo un cartel que decía “Yo soy madre de Anthony devuelbanmelo por fabor”. Las últimas palabras con errores de ortografía; Ortiz abandonó la escuela en el sexto grado. Cuando se unió a la protesta, levantó su cartel. Cámaras de televisión le rodearon. Plantó cara y arrojó su mirada al lente de las cámaras.

Ortiz se convirtió en madre a los 16 años y se separó del padre biológico de Anthony al poco tiempo. Trabajó como mesera por un tiempo en su pueblo, pero los turnos de doce horas apenas le dejaban poco más de 700 quetzales –menos de un tercio del salario mínimo. Hace cuatro años, trabajó como empleada doméstica en la capital, pero ella y Anthony apenas se las arreglaban. A través de otra empleada doméstica, Ortiz conoció a Carlos.

Carlos se fue de Guatemala hacia Estados Unidos hace más de 15 años y lleva una vida cómoda trabajando en construcción en Virginia. Su relación inició, y floreció, por WhatsApp. “Sé que la gente piensa que es extraño, pero en realidad amo todo sobre ella”, dice Carlos, quien pidió que no se usara su verdadero nombre pues teme represalias de parte de autoridades federales. “Ella es tan responsable, tan buena madre, tan buena mujer”.

Para demostrarle su compromiso, Carlos empezó a enviarle Q1,600 (US$200) al mes a Ortiz, para que pudiera dejar de trabajar y cuidar a Anthony. Ortiz se mudó de regreso con su madre en Ciudad Pedro de Alvarado, a 168 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

Hace casi un año, Ortiz y Carlos empezaron a hablar sobre que ella se fuera a Estados Unidos. Ortiz estaba cansada de vivir en pobreza, pero le dijo: “No me iría sin mi hijo. Y no me iría en esos viajes que uno escucha con espanto que la gente espera por semanas en bodegas o que les toma meses solo cruzar la frontera. Necesitaba saber que todo saldría bien”.

Entonces Carlos usó sus ahorros para pagar un servicio de coyote VIP que llevaría a Ortiz y a Anthony a Estados Unidos por Q100,000 (US$13 mil) –cerca de tres veces la tarifa normal. No tendrían que ir apretados en contenedores ni subirse a “la Bestia”, uno de los trenes que migrantes usan. En cambio, Ortiz y su hijo viajaron junto a otra madre e hijo en un vehículo durante cinco días. Antes de que cruzaran a Estados Unidos, el contrabandista envío a Carlos un vídeo de Ortiz y Anthony en una pequeña balsa amarilla en el Río Grande. En ese momento, Carlos envío el pago final. Entonces Ortiz y Anthony caminaron hacia un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y se entregaron en McAllen, Texas. Ella esperaba que la atraparan y la soltaran –una detención temporal seguida de monitoreo en Estados Unidos. En cambio, recibió tolerancia cero.

Ahora, Ortiz estaba sobre la Avenida Reforma en la Ciudad de Guatemala, protestando su separación de Anthony. Pedro Pablo Solares, un abogado civil especializado en casos de migrantes, pasaba por ahí en un Uber. Era raro ver protestas enfrente de la Embajada estadounidense, y cuando vio a activistas pro migrantes, le pidió al conductor que se detuviera. Docenas de personas llevaban carteles, pero el de Ortiz le llamó la atención. “Era el único cártel escrito en primera persona”, dice Solares.

Escuchó, horrorizado, mientras Ortiz contaba su historia a los reporteros. Luego de que los equipos se marcharan, se le acercó y le tomó las manos. “Te voy a ayudar a recuperar a tu nene”, le dijo.

Después de ser deportada, Ortiz se mudó con su padre, su madrastra y dos hermanas en las afueras de la Ciudad de Guatemala, para estar cerca de la burocracia que, esperaba ella, le ayudaría. Habían pasado 35 días desde que ella y su hijo fueron separados, y ella estaba ocupada preparando el desayuno para su familia. La casa de tres habitaciones, al fondo de un barranco, era estrecha y no contaba con todos los servicios.

Ortiz dormía mal y se mantenía ocupada como podía ayudando a sus hermanas menores. Algunas veces, para pasar las horas, Ortiz acompañaba a su papá mientras conducía en su viejo picop blanco, haciéndolas de taxi para trabajadores. Con frecuencia, desbloqueaba su teléfono y veía viejas fotos de Anthony. Sus favoritas eran las fotos de él en la escuela. Había una del niño con un disfraz de árbol hecho con papel para una representación escolar.

Ortiz, de cierta manera, tuvo suerte; muchos padres no sabían dónde estaban sus hijos. Al menos Anthony había memorizado el número de teléfono de su abuelo en Guatemala –Ortiz le ayudó a memorizarlo antes de su travesía en caso de que algo malo sucediera- y su familia supo, a pocos días de su detención, que estaba a salvo en un refugio en Texas para niños no acompañados. Y, aun así: “Soñé que iba a Estados Unidos a traerlo. Parecía tan real. Podía sentirlo cerca de mí, abrazándome”, dice Ortiz. “Me desperté a las 5 de la mañana y él no estaba”. Hace una pausa. “No sé qué pueda significar eso de los sueños usted, pero mire que ni en mis sueños me quedo quieta. Tengo que seguir luchando por él”.

Ella viajó a Ciudad de Guatemala hasta tres veces a la semana para hablar con periodistas y reunirse con autoridades, que ubicó con la ayuda de Solares. Fue un proceso extenuante. Algunos oficiales le dijeron que nada se podía hacer hasta que el niño tuviera una audiencia con un juez. Otros le culpaban. “Ud. estaba sabida que por la forma en que Ud. pidió que se reunificara con un señor que no es familia de ÉL tiene que ir todavía a corte”, escribió un oficial en referencia a Carlos. Era difícil que Ortiz no se sintiera culpable.

Una tarde, 45 días después de la separación, Ortiz me mostró Ciudad Pedro de Alvarado, el pueblo donde creció y vivió de último con Anthony. Más que poblado es una estación de paso en la frontera con El Salvador. Rodeado de laderas áridas, un tugurio de casas de block con techos de lámina se eleva desde el fondo del valle. Su característica más distintiva es el olor a diésel que proviene de un tramo de gasolineras de última generación donde los tráileres permanecen mientras esperan las inspecciones aduaneras. La mayoría de los residentes del pueblo trabajan como vendedores ambulantes o atienden puestos de comida para los conductores. Los traficantes frecuentan el área debido a lo desprotegido de la frontera.

Ortiz se alejó unos pasos de la carretera principal hacia la escuela primaria de Anthony. Miró a través de la malla: niños pequeños sentados bajo árboles frondosos, escuchando a sus maestros, haciendo manualidades. Ella entró a la escuela y se detuvo en la entrada de un salón de clases. Una habitación llena de niños de primer grado la miró. “¿Ya me trajo al niño?”, le preguntó la maestra de Anthony, con la esperanza de que él estuviera detrás de ella. Ortiz se congeló. Negó con la cabeza. Lágrimas rodaron por sus mejillas. “Nunca debí haber hecho esto”, me dijo después, refiriéndose a su viaje al norte. “Pero yo quería un futuro mejor para él. Siempre soñó con hablar inglés”.

Más tarde ese día, mientras almorzaba en una pupusería, una mesera la reconoció porque la había visto en la televisión y comenzó a hablar con ella. La mujer le contó que había estado planeando irse a Estados Unidos con su hija. “Pero cuando supe lo que le pasó”, le dijo, “ya no me fui”. Los ojos de Ortiz se abrieron de par en par. “No lo hagas. No vale la pena”.

Los martes eran los mejores días. Era cuando Ortiz sabía que recibiría en su teléfono una video llamada de 20 minutos de Anthony. En esos días, Ortiz se despertaba motivada. Su bañaba temprano en la mañana y escogía su ropa con el niño en mente.

Cuando Anthony llamaba, generalmente él estaba sentado en una habitación grande, bien iluminada, donde se reunía con trabajadores sociales para sesiones de terapia. Algunas veces él estaba dibujando sobre un escritorio. Otros niños pasaban al fondo. Si no eran tímidos, él se los presentaba a su mamá. Con frecuencia él le contaba sobre niños cuyos padres no habían sido localizados aún.

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Un martes, el teléfono apenas sonó durante tres segundos. Ortiz estaba sentada en el asiento del copiloto del picop de su papá; su madrastra y sus dos hermanas miraban el teléfono desde la parte trasera del vehículo. Anthony apareció en la pantalla con una gran sonrisa. Llevaba una camiseta roja y movió la cámara para mostrar la parte superior de su cabeza.

“Chiquito, ¿le cortaron su cabello?”.

“Sí, mamá, me hicieron el que quería, todo cuadrado”.

“Se ve muy guapo, mi amor”.

“¿Quién está ahí, mami? Enséñeme a Papá Chepe”.

“Sí, todos están aquí. Doña Francis va allá atrás también. Muy pronto, primero Dios, estará usted con nosotros, como antes. Vamos a comer hamburguesas en el lugar que quería”.

“Mamá, comí pizza en el lugar a donde me llevaron a cortarme el pelo”, le contó emocionado el niño.

“¿De verdad, mi amor? ¡Qué alegre! Mi amor, tiene que tener paciencia. Vamos a estar juntos… y tiene que ser valiente y fuerte. No se vaya a poner triste, ¿ok?”.

“Ok, mami”, le respondió, con la vista hacia abajo por unos segundos.

“Mi amor, no se coma las uñas”.

“Ok, mami”.

“¿Está mejor de su tos? ¿Le han dado medicina?”

“Sí, mami. Tengo que colgar, la amo, mami”.

“¡Yo también lo amo chiquito!”

Ella colgó. Y estaba tranquila. Durante otras llamadas, Anthony lloraba. Ella analizaba todo lo que él decía o no decía. ¿Qué le dijeron? ¿Qué está pensando? ¿Estará enfermo? ¿Pueden llevárselo para siempre? ¿Me olvidará? Al principio, durante las primeras tres semanas, cuando le hablaba ella fingía que estaba en Estados Unidos. “Para que él no pensara que yo estaba tan lejos”, dice. Cuando finalmente le dijo que ella estaba en Guatemala, Anthony no entendió. “¿Por qué me mintió, mamá?”.

A mediados de julio, por primera vez, Ortiz sonaba optimista.

Habían pasado 50 días desde la última vez que vio a su hijo, pero ella se preparaba ansiosamente para su regreso. Unas semanas antes, un juez federal le había dado esperanzas, me dice, al ordenar que todos los niños regresaran antes del 26 de julio. “Lo bueno es que, si Anthony regresa esa misma tarde, tendré dos semanas para preparar su piñata de cumpleaños”, dijo. Por años Anthony le había deseado una bicicleta, pero ella siempre se había negado, temiendo que se lastimara. “Este año, le voy a dar la sorpresa con una. Ya va a ver”.

Sin embargo, no había certeza de la reunificación. Ese mes, el refugio de Texas se había comunicado. Las autoridades le preguntaron a Ortiz si quería enviar a su hijo con Carlos, el novio que nunca había conocido en persona. Bajo presión por los tribunales, el gobierno de Estados Unidos presionó por esta forma de reunificación -a través de lo que llamaron un patrocinador calificado- porque es más fácil, más barato y, quizás lo más importante para las autoridades estadounidenses, más rápido. Las reunificaciones internacionales requerían un nivel distinto de esfuerzo diplomático, eso si alguno de los padres deportados llegaba a ser localizado.

El caso de Ortiz mostró la paradoja de la política de separación de Trump: los departamentos federales involucrados tenían agendas institucionales distintas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue diseñado para deportar a las personas lo más rápido posible, mientras que la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados fue diseñada para atenderlos en Estados Unidos. Según el fallo de un tribunal federal, los gerentes de casos de reasentamiento de refugiados deben hacer dos cosas: ubicar a los niños con un pariente cercano o amigo de la familia “sin demoras innecesarias”, y mantener a los niños inmigrantes bajo custodia en las “condiciones menos restrictivas” posibles. Con la fecha límite de julio, la presión aumentaba ahora para liberar a Anthony.

Ortiz entró en pánico. Aunque había establecido un vínculo emocional con Carlos en línea, confiarle la crianza de su hijo era algo muy distinto. Era obvio para ella que, si mandaba a Anthony a vivir con él, no había claridad sobre cómo ella llegaría a reunirse con ellos. “Mi pareja no puede aceptarlo sin mí”, le dijo a un oficial en una video llamada. “Él sabe que eso me causaría mucho sufrimiento”, agregó, “usted me entiende, ¿verdad?”.

Durante todo ese tiempo, el equipo legal de Ortiz había estado buscando soluciones. Entonces, sumó una superestrella: Michael Avenatti, el abogado de codos afilados que representa a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, en su demanda contra Trump y su exabogado personal. Avenatti había tuiteado que aceptaría representar los casos de inmigración que se le presentaran, y una pareja de jubilados en Albuquerque, Nuevo México, le tomó la palabra.

Randy y Tina Carter leyeron sobre Ortiz en The New York Times y se comunicaron con la oficina de Avenatti. Le dijeron que harían un viaje humanitario a Guatemala (a raíz de la erupción del Volcán de Fuego) y que estaban interesados en encontrar a Ortiz. “Si usted ofrece representarla”, dijo Randy, “con gusto le daríamos la papelería necesaria”.

Días más tarde, los Carter estaban sentados con Ortiz en un restaurante en la capital. Solares, su abogado guatemalteco, le explicó los documentos legales. Ahora, ella tenía además representación legal en Estados Unidos: Avenatti y Ricardo de Anda, un abogado especializado en derechos civiles que ha trabajado en la zona fronteriza de Texas por más de 40 años.

Pero el caso de Ortiz era complicado. Fuentes con conocimiento del caso creían que la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados había advertido dudas sobre la capacidad de Ortiz para cuidar a su hijo, pues ambos tenían la intención de vivir con un hombre que ninguno de los dos había conocido. Según la ley estadounidense, las autoridades deben verificar que los padres tengan la custodia legal de sus hijos, pero también la capacidad de velar por sus mejores intereses. (Un funcionario de Salud y Servicios Sociales dijo que el Departamento no hace declaraciones sobre casos individuales y se negó a discutir el proceso por el cual esta administración determina la capacidad de los padres). Los críticos dicen que estas políticas surgen de la presunción de que padres como Ortiz no son aptos precisamente porque han expuesto a sus hijos al riesgo inherente de la migración, no porque sean en realidad negligentes o abusivos.

Para el 26 de julio, el gobierno había reunido a 1,442 niños con padres que estaban bajo custodia de Estados Unidos. Otros 378 niños fueron liberados “en otras circunstancias apropiadas”, incluyendo con patrocinadores familiares, de acuerdo con un archivo judicial del Departamento de Justicia. Anthony no era uno de ellos. En Guatemala, Ortiz vio en su teléfono vídeos de padres e hijos reuniéndose. “Dame fuerza Dios”, escribió en su estado de WhatsApp, junto a un emoji de manos juntas en oración. Mientras tanto, el 8 de agosto, Anthony cumplió 9 años en el refugio.

El 14 de agosto, 81 días desde la separación, Anthony ingresó a un tribunal de inmigración en el centro de Houston. Había muy pocos rastros del niño sonriente de las video llamadas. Se recostó contra la pared y se escondió debajo de la enorme sudadera gris que llevaba. Evitó hacer contacto visual con alguna persona en la sala. Caminó hacia la segunda fila, escoltado por un custodio del gobierno, y bajó la cabeza. Se había estado mordiendo las uñas.

Minutos después, de Anda entró por la puerta con un sombrero de vaquero. Dejó su mochila. “Hola, Anthony. Mi nombre es Ricardo, y soy el abogado de tu madre”, le dijo en español. La cara de Anthony se iluminó. “Mi mamá”, dijo, mirando hacia arriba. El abogado sacó de una bolsa de plástico una pelota de goma con forma de oveja. “Tu madre te mandó este juguete”, dijo. Anthony sonrió. Frotó sus dedos sobre la superficie como si le hubieran dado un tesoro. Al mirar a su custodio del gobierno, le dijo: “Mi mamá me mandó esto”.

De Anda y Avenatti habían urdido un plan sin precedentes, un plan arriesgado, para acelerar la reunión de Anthony y su madre. Presentaron dos mociones. La primera le pidió al gobierno que desestimara el caso contra el niño. La segunda pidió que se le permitiera a Anthony regresar voluntariamente a Guatemala, aunque para que eso sucediera Ortiz tendría que dar temporalmente la custodia de Anthony a sus abogados. Si la apuesta funcionaba, Anthony podía viajar a casa esa misma noche. Si fallaba, podía poner aún en mayor peligro la probabilidad de Ortiz para recuperar a su hijo.

Avenatti entró a la sala del tribunal. Antes de la audiencia, él y de Anda intentaron negociar con el abogado del gobierno. “Vamos, ¿no es esto lo que quiere el gobierno, que todos estos niños sean devueltos sin que tenga que pagar por ello?”, dijo Avenatti al otro lado de la barra.

A las 9 de la mañana en punto, el juez Chris Brisack ingresó a la sala del tribunal. Avenatti esbozó su primer plan, para que el gobierno abandonara el caso. El juez parecía intrigado, pero la ley de inmigración otorga al gobierno gran discreción en estos asuntos, y el abogado del gobierno Rory Potter simplemente dijo: “No”. Brisack no tuvo más remedio que rechazar la moción. Mientras Anthony escuchaba la traducción a través de un auricular, comenzó a llorar.

Entonces Avenatti y de Anda discutieron su segundo plan, el de la partida voluntaria, y ganaron. Pero fue una victoria a medias: el proceso de reunificación podría demorar hasta 60 días más.

Después de la audiencia, Avenatti y de Anda sostuvieron una conferencia de prensa afuera para denunciar el fallo, calificándolo de “indignante”. Debido a que el gobierno se había negado a desestimar el caso en contra de Anthony, el proceso de deportación continuaría a través de la burocracia de inmigración. Lo que significaría que madre e hijo podrían estar separados durante casi medio año. Avenatti dijo a los periodistas que la administración Trump “quiere continuar enviando este mensaje al mundo de que, si la gente viene a este país y es atrapada, básicamente su hijo será detenido, robado y las familias serán destruidas”. Más tarde, tuiteó una foto de Anthony hablando con de Anda. “No ha visto a su madre en 81 días”, escribió Avenatti. “Trump y sus compinches no tienen corazón”.

Después de la audiencia, Anthony fue subido a una camioneta y regresado al refugio. Los abogados llamaron a Ortiz, que había estado esperando toda la mañana con el teléfono al lado. “Lo siento”, le dijo de Anda. “No pudimos convencerlos”. Ortiz se echó a llorar y colgó.

Mientras tanto, las noticias sobre la oferta de Avenatti viajaban por Internet. Su tuit acumuló casi 14,000 likes y 6,000 retuits. Dos horas después de la audiencia, un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Sociales llamó a Avenatti para negociar. La funcionaria no entendió por qué el abogado del gobierno no había aceptado la oferta por un niño de 9 años. Ocho horas después, los oficiales entregaron a Anthony a los abogados en el aeropuerto de Houston. Finalmente, iba rumbo a casa.

En la Ciudad de Guatemala, Ortiz esperó en el aeropuerto en una sala especial para menores deportados no acompañados con paredes forradas de papel tapiz en forma de zigzag azul, morado y verde como en una guardería. Ella estaba parada cerca de la puerta de entrada. Justo después de las 9:30 de la noche, Solares le dijo que el vuelo había aterrizado, pero ella no lo creía del todo.

Entonces, Anthony entró por la puerta. Ortiz cayó de rodillas, abrazó la cabeza de su hijo y lo besó. “Qué bendición”, dijo entre lágrimas. “Ay, mi chiquito”, repitió una y otra vez. Anthony le dijo, con voz suave, “No llore, mamá”.

Este reportaje, original en inglés, fue publicado por la revista Newsweek en el número correspondiente al 21 de septiembre de 2018.

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Carlos Arrazola y Alicia Álvarez de Plaza Pública contribuyeron a este reportaje desde Ciudad de Guatemala. Traducción y adaptación al español por César León de Plaza Pública