“En Guatemala hay que reformarlo todo, no solo la Constitución”

El 13 de julio, justo el día en que concedió esta entrevista, Jorge Mario García Laguardia celebraba su cumpleaños 85. Durante todo ese tiempo, ha sido protagonista y testigo de la convulsa historia política de Guatemala, y artífice y estudioso del sistema constitucional del país. La Constitución Política de la República, aprobada en 1985, en parte, está sustentada en las propuestas que junto a Edmundo Vásquez Martínez, presentaron a la Asamblea Nacional Constituyente, a petición de la Universidad de San Carlos. De ahí la Corte de Constitucionalidad (CC), como máximo tribunal encargado de defender e interpretar la Carta Magna; la Procuraduría de los Derechos Humanos, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos; y la carrera judicial, para hacer efectiva la independencia del Poder Judicial, aunque esta no llegó concretarse entonces.

Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, García Laguardia se ha desempeñado como docente universitario, experto de la Organización de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre una larga lista de cargos. Dos veces exiliado en México durante la guerra interna por amenazas de las dictaduras militares, y dos veces magistrado de la CC: como suplente entre 1986 y 1991, y titular entre 1991 a 1993, en ambas ocasiones designado por la Corte Suprema de Justicia. En el período 1992-1993 presidió el máximo tribunal, y tras concluir su mandato fue designado por el Congreso como Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en sustitución de Ramiro de León Carpio quien pasó a ocupar la Presidencia de la República.

La falta de una carrera judicial, y un consejo autónomo que la dirija, administre y procure; y la desnaturalización de las instancias encargadas de seleccionar a los integrantes de las Cortes, dice García Laguardia, ha corrompido el sistema de justicia y destruido su independencia. Para revertir esa situación, señala, las reformas a la Constitución que con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia promueven la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y el Ministerio Público (MP), son fundamentales. No aprobarlas, advierte, pondría en grave peligro la débil democracia del país, porque la justicia, el punto de equilibrio y armonía entre los ciudadanos y sus instituciones, seguiría “secuestrada” por los políticos y los criminales.

¿En qué momento debe actualizarse la Constitución Política de un Estado democrático?

En el momento en que sus ciudadanos lo demanden. La realidad política y social de los países es cambiante, y eso obliga a que las Constituciones se modernicen y actualicen.

¿Es este el momento político y social más adecuado para reformar la Constitución de Guatemala?

Yo creo que sí. La reforma de la Constitución es una forma de defender la Constitución. No se trata de cambiarla, sino de ajustar ciertos aspectos cuya forma y fondo han dejado de tener sentido.

Como el sistema judicial…

Principalmente el sistema de justicia que necesita dotarse de autonomía real.

Aunque usted no formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la Carta Magna de 1985, aportó desde la academia a su concepción y definición.

El rector de la Universidad de San Carlos de ese entonces, nos encargó al doctor Edmundo Vásquez Martínez, que estaba exiliado en España, y a mí que estaba exiliado en México, hacer un estudio sobre el proceso constitucional de Guatemala. Cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, la Universidad presentó nuestro estudio, titulado “Constitución y Orden Democrático”. Dentro de las propuestas que planteamos, además de crear la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, proponíamos que se creara el Consejo de la Carrera Judicial para establecer una independencia real del Poder Judicial del Congreso de los Diputados.

Es decir que lo que se pretende con las reformas constitucionales que se promueven en la actualidad respecto a garantizar la independencia del Organismo Judicial del poder político, es retomar un principio que siempre debió estar incluido en la Constitución.

Por supuesto, y que además ha sido adoptada desde hace más de 50 años en todos los países. Guatemala es, creo, el único país democrático del mundo en donde no existe un consejo de la judicatura como organismo independiente que controle el presupuesto y la carrera judicial. Por eso es que las reformas a la Constitución que se proponen en estos días, son fundamentales por la situación que afronta el país.

Que el Poder Judicial deje de depender del poder político, de los organismos Ejecutivo y Legislativo, tanto en su integración como en su funcionamiento…

Ese es el aspecto fundamental de la independencia judicial: Que los políticos y los diputados no tengan forma de involucrarse en la organización del Poder Judicial.

La democracia guatemalteca, para fortalecerse, requiere de una Constitución más moderna, de reformas más profundas, no solo del sistema de justicia. ¿Por qué no aprovechar la ocasión y hacer una reforma completa?

Yo creo que no. Hay que aprovechar que los tres organismos del Estado han aceptado hacer la reforma al Poder Judicial, que ahora es fundamental. Si en este momento se plantearan reformas a otros aspectos, se podría empantanar el proceso en el Congreso, y esta reforma fracasaría.

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Los grupos que se han pronunciado en contra de las reformas a la Constitución, se enfrascan más en cuestionar que éstas sean impulsadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que en el contenido de la propuesta…

Son los grupos conservadores de siempre, los que siempre se oponen a todo aquello que creen que les puede afectar. Esos grupos debieron impulsar las reformas, pero no lo hicieron, y ahora que se están haciendo se oponen con cualquier pretexto. Que lo haga la CICIG, que lo haga la embajada de los Estados Unidos, que lo haga quien sea, eso no importa. Lo que importa es que la reforma hay que hacerla.

¿Hay presión de la embajada de los Estados Unidos detrás de las reformas?

Yo no creo que la haya, pero si la hubiera, lo importante es que esas reformas, en este momento, son convenientes y necesarias, sin importar el contexto en el que se den.

La principal preocupación que han manifestado los grupos que se oponen a las reformas, es el reconocimiento del derecho indígena. ¿Tiene algún fundamento ese rechazo?

Ninguno, desde ninguna perspectiva. El derecho indígena ha sido reconocido desde hace muchos años en otros países, y en Guatemala se ha negado históricamente. ¡Se le ha negado el derecho a la mayoría de guatemaltecos! En este país, aunque se pretenda negar, la población indígena es mayoritaria; los censos establecen un 50% de población indígena, pero en realidad, los indígenas son mayoritarios en Guatemala. ¿Cómo es posible que en un país mayoritariamente indígena se niegue el reconocimiento del derecho indígena? Se debe reconocer y fortalecer ese derecho, no sólo porque es un derecho fundamental de la población, sino porque siempre ha existido y en la práctica en las comunidades indígenas, se reconozca o no en la Constitución, éste es el que se práctica y el que rige la vida de las comunidades.

¿Es compatible el derecho consuetudinario indígena con el derecho oficial?

Por supuesto. El artículo 66 de la Constitución reconoce las formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización de los pueblos indígenas. Desde hace 31 años que se aprobó la Constitución, se ordenaba que se dictara una ley de comunidades indígenas, y el Congreso no lo ha acatado. En esa ley se debía establecer el reconocimiento y la reglamentación del derecho indígena, el que, por otra parte, se aplica en las comunidades nos guste o no. El derecho indígena existe desde mucho tiempo antes que el derecho oficial. No se puede imponer reglas y normas a una población que tiene las propias desde mucho antes. Se deben reconocer las diferencias y reglamentarlas para su aplicación. Desarrollando ese artículo constitucional se podría facilitar el funcionamiento del derecho indígena, que de todas maneras, existe y se aplica con sus propias normas lo reconozca o no el régimen oficial establecido por la minoría que somos los no indígenas.

Una buena cantidad de abogados litigantes también han manifestado su oposición a las reformas, ¿cómo explicar ese rechazo de parte del sector profesional que más directamente está vinculado con la justicia?

Los abogados son los profesionales más conservadores y reaccionarios en todos los países del mundo, se oponen a todas las reformas adecuadas que se deben hacer. Yo creo que no hay que consultar con ellos para hacer lo que se debe de hacer.

Es un hecho innegable de que muchos operadores del sistema de justicia —jueces, magistrados, fiscales, defensores— responden a los intereses de sectores externos —empresarios, políticos, criminales—, ¿cómo estas reformas constitucionales contribuirían a depurar las estructuras del sistema para dejar fuera a los que no están genuinamente comprometidos con la justicia?

Arreglar eso requiere de mucho tiempo, pero la aprobación de las reformas es fundamental para ello. Guatemala es uno de los pocos países que no cuenta con un Consejo de la Judicatura, y por eso es que el sistema se ha corrompido. En la propuesta de reforma, se mandata a este Consejo para, a través de la Carrera Judicial, dirigir el proceso de formación de los jueces, selección y reclutamiento de jueces, así como mecanismos de controlar su actividad profesional.

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¿Es conveniente que el Consejo de la Carrera Judicial esté integrado, además de por representantes de jueces y magistrados, por profesionales de otras disciplinas?

Me parece correcta, porque la mayoría está elegida por los propios miembros de la Carrera Judicial, sin que los diputados del Congreso tengan nada que ver con eso. Será una representación minoritaria de otros sectores que no están vinculados a la administración de justicia, que no están integrados a la judicatura. Esto es así en otros países y ha funcionado bien. La primera reforma constitucional que se hizo en el mundo, fue en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Desde ese momento se hizo esa separación. Luego se replicó en las Constituciones de Italia, de España y América Latina. La nuestra es una de las pocas que no se ha modernizado.

El que los diputados dejen de tener incidencia en la elección de los magistrados, no necesariamente garantiza que el Poder Judicial vaya a ser químicamente autónomo respecto a los diversos intereses externos a la justicia. Los abogados, que son los jueces y los magistrados, representan per se los intereses económicos y políticos de las élites…

Por supuesto, pero eso no se puede normar. Lo importante es que en las reformas que se proponen se establece independencia real del Poder Judicial respecto al Poder Legislativo, y que se establece una reglamentación interna del Poder Judicial elaborada por sus propios miembros.

¿Por qué es importante ampliar el período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de cinco a 12 años?

Es conveniente que los períodos sean largos para que los magistrados tengan estabilidad, y para evitar las luchas de intereses por las designaciones. Los períodos cortos quitan a los magistrados independencia para dedicarse a sus funciones judiciales. Es importante ampliar los períodos, pero sobre todo, es importante que en la Carrera Judicial se establezcan los mecanismos de reclutamiento y preparación de los jueces, para que los jueces no dependan de los diputados, para que no tengan que mendigar sus cargos ante Comisiones de Postulación que funcionan de acuerdo a intereses perversos y ante los diputados; eso debe desaparecer. La Carrera Judicial es necesaria para que quienes lleguen a ser magistrados, hagan todo el recorrido, desde Jueces de Paz hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero sin interferencia de los otros poderes del Estado.

¿Ampliar a nueve años el período de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, permitirá despolitizar al máximo tribunal del país?

Con períodos tan cortos se ha visto que se pierde más tiempo en designar a los magistrados, y que da pauta a que se pretenda influir en sus decisiones. En España, que fue el modelo que tomamos para crear la Corte Constitucional, el período de los magistrados del Tribunal Constitucional es de doce, y cuando terminan su período tienen asegurados dos años de sueldos para que puedan retomar sus actividades profesionales. Aquí además de que establecieron períodos de cinco años, también incluyeron magistrados suplentes, algo verdaderamente delictuoso, porque esos magistrados suplentes son abogados que tienen sus oficinas, y que muchas veces integran el pleno de la Corte para resolver casos que están llevando en sus bufetes. Eso es verdaderamente deplorable. Por eso es indispensable reformar los períodos y la forma de integración.

La Universidad de San Carlos también quedaría fuera de la designación de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justica como de la Corte de Constitucionalidad…

Yo creo que la inclusión de la Universidad Nacional en el proceso de designación de los magistrados del Poder Judicial y de la Corte Constitucional, le daba más legitimidad al sistema de Justicia. Pero lamentablemente, todas las instituciones del país están lastimadas y corrompidas, y la designación de los magistrados designados por la Universidad de San Carlos se volvió un negocio, y por eso se excluye en las reformas propuestas. El esquema no es el malo, lo malo ha sido la actitud política en que han caído las instituciones. Yo creo que es importante que la Universidad Nacional participe en esas designaciones…

Pero para ello, antes hay que reformar la Universidad de San Carlos…

En Guatemala hay que reformarlo todo, no solo la Constitución. Este país ha sido llevado a un fracaso total. El Congreso es un nido de delincuentes y la Corte Suprema de Justicia es un grupo que responde a los intereses de éstos; las instituciones, incluida la Universidad, responde a intereses que no son los propios, los que les corresponden. En Guatemala hay que hacer una gran reforma, ¡de todo!

El objetivo de quienes impulsan las reformas constituciones es fortalecer el sistema de justicia, ¿cree que las reformas propuestas son suficientes para alcanzar ese objetivo?

Creo que la iniciativa es importante, y creo que han tenido que ceder en algunos puntos para tranquilizar a los diputados que son los que a los que les corresponde aprobarlas. Yo tengo mis reservas, pero creo que lo más importante es garantizar la independencia del Poder Judicial. Que los diputados no tengan nada que ver con la organización de la Justicia y que haya un organismo independiente, el Consejo de la Carrera Judicial, para elegir a los jueces y magistrados.

¿Qué le hace falta a estas reformas?

Reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para impedir el abuso que los malos abogados hacen del amparo para entorpecer la justicia.

Si el Congreso se niega a aprobar las reformas propuestas, ¿qué le esperaría a Guatemala?

Yo desconfío del Poder Legislativo de este país. En Guatemala, los diputados son capaces de todo, y por lo tanto, puede pasar cualquier cosa. Pero sobre eso no tenemos control, lo único que podemos hacer es exigir la renuncia de todos los diputados y cerrar el Congreso, para poder hacer una reforma auténtica y fundamental del país.