¿Qué viene después de deshacerse de la Cicig? Detener la persecución penal y restaurar el sistema de impunidad

Durante los últimos 16 meses el presidente Jimmy Morales ha ocupado su tiempo en un solo objetivo: deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Con la ayuda de sus aliados en el Congreso, el sector empresarial, el Organismo Judicial y la cúpula del Ejército, ha utilizado todo tipo de argucias e ilegalidades para lograr el objetivo.

A pesar de los reveses judiciales y diplomáticos ha logrado victorias importantes. Le han contrariado los fallos de la Corte de Constitucionalidad y el rechazo de la secretaria general de la ONU, pero ha conseguido que el comisionado Iván Velásquez no regrese, se le han alineado buena parte de las fuerzas políticas en el Congreso, aunque menos de las que necesita, ha obtenido la pasividad del gobierno de Estados Unidos y el respaldo abierto del Cacif y de los grupos más conservadores del país y la complicidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Su último triunfo, quizá el más determinante hasta el momento, ha sido fracturar a la Cicig. Más de una docena de investigadores y funcionarios de esa comisión, entre ellos algunos guatemaltecos, abandonaron el país en los últimos días siguiendo los protocolos de seguridad de las Naciones Unidas. “Hay amenazas reales en contra de la integridad física del personal”, me dijo una miembro del cuerpo diplomático, y agregó: “No tenemos la menor idea de si volverán y continuarán con las investigaciones”.

La salida del personal de la comisión, la entrega de las licencias de portación de armas asignadas a los miembros de su seguridad, y el traslado de sus archivos a la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público hacen pensar según las fuentes que difícilmente se reincorporarán en el futuro cercano, y menos aún que vendrán sustitutos. Oficialmente, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha rechazado la decisión del Gobierno de dar por terminado el mandato de la Comisión, y luego de que la Corte de Constitucionalidad haya ordenado al presidente Morales dar marcha atrás, ha dejado en manos de Iván Velásquez la reorganización de la Cicig de aquí hasta el próximo 3 de septiembre, que es cuando legalmente concluye su mandato. Si para Velásquez no ha sido fácil dirigir la comisión a la distancia, pues lleva desde septiembre en Nueva York, más complejo será para los investigadores.

Con la Cicig fuera del camino, la lucha contra la corrupción y la impunidad queda en manos de la fiscal general Consuelo Porras, que según diversas fuentes del Ministerio Público “no ha boicoteado ni detenido” ninguno de los casos investigados por la Cicig pese a que ni Velásquez ni la Cicig son santos de su devoción. Una fuente del sector justicia me recalcó que hay aún varias investigaciones fuertes que la Fiscalía contra la Impunidad ha venido trabajando con la Cicig, con “peces gordos” y que habrá que observar cómo actúa sin la presencia de la Comisión.

El papel de Estados Unidos será determinante, y les preocupa el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala. En un pronunciamiento difundido el lunes 8 de enero la embajada estadounidense señaló: “El Estado de Derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son clave para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región. El gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha continua contra la corrupción y la impunidad. Instamos a todos a preservar la paz y evitar la violencia”.

Fuentes políticas y diplomáticas atribuyen al embajador Luis Arreaga una gran influencia en la designación de Porras como fiscal general y según trabajadores del Ministerio Público se reúnen al menos una vez por semana. Además, desde la llegada de Porras es común observar en la sede central de la Fiscalía a funcionarios de diferentes agencias estadounidense.

Después de la Cicig, la restauración

Deshacerse de la Cicig no es el fin último del gobierno, “y las mafias que lo apoyan”, dice la activista Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack y una de las principales promotoras de la creación de ese organismo internacional. El verdadero objetivo, asegura, es detener la persecución penal en contra de “los grupos poderosos” que integran las “redes político-económicas ilícitas”, revertir los procesos judiciales ya iniciados por casos de corrupción y crimen organizado, y “restaurar el sistema de impunidad” que prevalecía hasta abril de 2015. “La estrategia es la crisis permanente, y el miedo”, con eso logran mantener ocupada la atención de la opinión pública y la inmovilización de la ciudadanía para defender sus derechos, señala la activista.

El cambio repentino del director general de la Policía Nacional Civil, el pasado lunes, revivió el temor de que el Gobierno esté buscando sumisión total de parte de la Policía y preparando el terreno para instaurar un estado de excepción en el país, con el fin evitar manifestaciones masivas y detener a quienes considere sus opositores. Llegado el caso, no se sabe si el presidente obtendría los 105 votos del Congreso para ratificarlo, pero algunos analistas advierten que podría bastarle el tiempo que pase desde que el presidente y su Consejo de Ministros lo aprueben y un eventual rechazo del Congreso.

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El presidente Morales es la “cara visible, el portavoz y ejecutor” de las acciones pero no el estratega. Los nombres del general Ricardo Bustamante, miembro conspicuo del Gobierno de Otto Pérez, y de los sempiternos embajadores Acisclo Valladares y Antonio Arenales Forno se repiten entre las fuentes consultadas como los ideólogos detrás de la estrategia de la restauración. Los nombres del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, la canciller, Sandra Jovel Polanco, y los diputados del partido Todos, Felipe Alejos, y del Frente de Convergencia Nacional, Javier Hernández, surgen, entre otros, como “los operadores”.

La primera acción para detener la persecución penal la ejecutaron de inmediato. El martes los abogados de la Procuraduría General de la Nación pidieron a los tribunales de los casos Botín Registro de la Propiedad, Cooptación del Estado y Alcalde de Antigua, que eliminaran a la Cicig como querellante adhesivo, pese a que la Corte de Constitucionalidad acababa de ratificar su vigencia y legalidad. Varios investigadores de Cicig tampoco pudieron presentarse a sus audiencias.

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El siguiente paso de la estrategia, ya en marcha, es deshacerse “por la vía judicial” de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata, que han fallado en contra de las disposiciones del Gobierno. El martes, la Corte Suprema de Justicia dio trámite a una solicitud de antejuicio en contra de estos magistrados del tribunal constitucional, y envió el expediente al Congreso de la República para que los diputados decidan si es procedente o no retirarles la inmunidad para que los investigue el Ministerio Público.

Guillermo Pellecer Rodas, abogado de la Asociación de Dignatarios de la Nación, los acusa de haber cometido los delitos de violación a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato. Según él, se extralimitaron impedir que el presidente Morales expulsara del país a Anders Kompass, embajador de Suecia.

Aún está pendiente que la Corte Suprema conozca otra denuncia presentada por el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, contra estos tres magistrados, señalados de los mismos delitos por haber fallado en repetidas ocasiones en contra de las decisiones presidenciales.

Algunos políticos aseguran que esperaban que el plan se hubiera ejecutado en diciembre. La idea original, dicen era deshacerse de la Cicig mediante un acuerdo legislativo aprobado de urgencia nacional. Necesitaban 105 diputados de los 158 del Congreso, pero no lograron convencerlos. “Por eso optaron por hacerlo por medio de un Acuerdo Gubernativo, algo totalmente ilegal”, indica uno.

Para retirar la inmunidad a los magistrados, según la ley, necesitan ahora la misma cantidad. Es posible que mientras el Congreso determina si retira o no la inmunidad a los magistrados, el gobierno pida que los señalados se abstengan de conocer cualquier expediente que tenga que ver con el Ejecutivo por existir “conflicto de intereses”. Si se da por válido, los magistrados suplentes conocerán los casos.

Del Congreso depende también deshacerse del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas (poco querido por el Gobierno y defensor de la Cicig), y también de las organizaciones de la sociedad civil que alzan la voz en contra de la restauración. Se espera que busquen sumar los votos necesarios para desaforar al Procurador, y traten de acallar a las organizaciones por medio de la ley de ONG, ya cerca de aprobarse. Esa iniciativa, entre otras medidas, permitiría que el Ministerio de Gobernación cancele las organizaciones cuando las considere una amenaza al orden público.

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Hasta ahora la bancada de diputados del partido oficial y sus aliados no ha reunido los votos para aprobar las leyes de su interés, entre ellas la reforma que permitiría que los tránsfugas participen en elecciones. Pero es probable que tras de la convocatoria a elecciones generales del 16 de enero cambie la correlación de fuerzas en el Congreso. Una vez los diputados se hayan asegurado una casilla electoral con sus partidos, tendrán sus movimientos menos restringidos. Los legisladores de la Unidad Nacional de la Esperanza serán determinantes para ello.

Elecciones en medio de la crisis

El éxito de la consolidación de la estrategia de restauración dependerá del resultado de las elecciones generales. Y para tener posibilidades de triunfo, los partidos necesitan del apoyo financiero del sector empresarial. De ahí que la gran mayoría de agrupaciones se hayan mantenido al margen de la crisis política desatada por el Gobierno en su intento por deshacerse de la Cicig, guardando silencio y evitando fijar posición para no incomodar a los posibles financistas.

Sin embargo, coinciden las fuentes, la Cicig y la continuidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad será un tema electoral obligado para los diferentes partidos y aspirantes a la Presidencia, y deberán fijar posición.

No está claro aún cuál de las opciones contará con el apoyo de los restauradores para llegar a la Presidencia. Lo que sí está claro es cuál es el enemigo a vencer: la exfiscal general Thelma Aldana. “Hay acuerdos entre las élites para evitar el triunfo de Aldana”, asegura una fuente política cercana al sector empresarial.

La diputada Nineth Montenegro, secretaria general del partido Encuentro por Guatemala, que analiza apoyar la candidatura de Aldana, se quejó de que los ataques en su contra empezaron cuando hace meses la exfiscal mencionó a esa agrupación como su posible plataforma electoral. Desde insinuaciones para que no apoye la candidatura de Thelma Aldana hasta una acusación por financiamiento electoral ilícito forman parte de las presiones recibidas, según Montenegro.

El martes, después de que la CC rechazara la decisión del presidente Morales de dar por terminado el acuerdo de la Cicig, una jueza pesquisidora dictaminó a favor de que se le retire la inmunidad a Montenegro, por un caso que, la diputada asegura, “es espurio” por tratarse de una falta administrativa.

Las otras elecciones, igual de importantes para los restauradores, son las de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que se deberá realizar el Congreso durante el último trimestre del año. “Tener el control del Organismo Judicial será vital para detener y desvirtuar los procesos judiciales que inició la Cicig”, dice una fuente judicial.

También es importante la elección del Contralor General de Cuentas, la cual se deberá realizar por el Congreso en los próximos días. Se prevé que el elegido sea un operador a fin a los intereses.

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Aunque las organizaciones de la sociedad civil, en la capital y otras ciudades del interior, hacen esfuerzos por salir a las calles a manifestarse a favor del Estado de Derecho, el poder de convocatoria es limitado. La televisión abierta y las cadenas de radio siguen siendo la principal fuente de información política de los ciudadanos de las zonas rurales y los sectores más empobrecidos, y estos medios,  acusados de financiamiento electoral ilícito y aliados con el gobierno, desinforman y tergiversan los hechos sin escrúpulos. Las redes sociales, también contaminadas de fake news pero con mayores niveles de discusión e información verificada, no son suficientes para llenar las calles.

Propulsados por el Gobierno y sus adláteres, nos acercamos (otra vez) al lado oscuro de la luna.