Un Cerezo quiere sacudir las elecciones. Este es su plan

Carlos Cerezo coloca sobre la mesa un grueso file lleno de documentos legales perfectamente ordenos y va mostrando los análisis jurídicos –suyos y de otros abogados– sobre la Constitución, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su reglamento, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estudios académicos, legislación internacional sobre derechos políticos… En ellos, asegura, «existe suficiente asidero legal» para ganar la batalla que inició el miércoles 6 de febrero ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral: ser inscrito como candidato a la Presidencia de la República sin contar con el apoyo de un partido político.

Es jueves 10 de enero. Faltan ocho días para que el Tribunal Supremo Electoral realice la convocatoria oficial para las elecciones generales que se celebrarán en junio, y Carlos Rafael Cerezo Blandón y su equipo de colaboradores ya están listos para presentar su candidatura independiente. «Nos presentaremos el primer día a solicitar los formularios para la inscripción», anunció entonces, aunque ya sospechaba que no sería fácil cumplir con sus deseos.

«Tengo el derecho de postularme como candidato a un cargo de elección popular de forma independiente ––dijo ese día—, porque nada me obliga a contar con el respaldo de un partido político. La legislación guatemalteca no prohíbe las candidaturas independientes ni les otorga la exclusividad de postular candidatos».

«Elegir y ser electo es un derecho humano –agregó–, y como tal no está supeditado a ninguna otra disposición legal para desarrollarse».

Se presentó ante la dirección del Registro de Ciudadanos una semana después de iniciado el período para inscribir candidatos, y tal como esperaba le negaron los formularios oficiales por no contar el aval de ningún partido.

Debido a esa negativa, hizo la solicitud de inscripción de la planilla independiente de su candidatura presidencial y la de su compañero de fórmula, Carlos Herrera Torres (un abogado experto en comercio internacional y coordinador académico de la Universidad Galileo) mediante un memorial. Adjuntó los documentos y requisitos exigidos en la Ley Electoral.

«Primero Dios, esta será la primera inscripción individual en la historia electoral de Guatemala», dijo a los periodistas tras entregar la solicitud que deberá resolverse en cinco días hábiles.

Lo que pretende este abogado democratacristiano y profesor universitario de 50 años, es, de manera súbita y disruptiva, reformar el sistema político y electoral del país sin necesidad de modificar leyes ni reglamentos, al permitir las candidaturas independientes. Esto despojaría a los partidos políticos de la exclusividad de postular candidatos a cargos de elección popular. 

O como él mismo lo define: «romper con las reglas del statu quo». Las mismas reglas con las que hasta ahora él mismo y su familia han jugado en la política guatemalteca.

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Con la Democracia Cristiana, uno de los partidos más emblemáticos de la historia reciente del país, su padre Vinicio Cerezo Arévalo fue elegido presidente de la República en 1985, y su hermano Marco Vinicio lo intentó en 2007. Su madre, Raquel Blandón Sandoval, se presentó como candidata a la vicepresidente en 2011 con el desaparecido partido Lider, y su hermana, Quetzalí , milita en el recién inaugurado partido Movimiento Semilla.

Pero Carlos Cerezo dice no creer ya en esas reglas. Los partidos políticos, señala, «están en crisis», se han convertido «en simples vehículos electorales», que «ya no representan los intereses de los ciudadanos sino solo los de sus dirigentes y financistas».

Sostiene que «los partidos no son, ni deben ser, el único medio de organización ciudadana», porque «han dejado de ser el sustento de la democracia representativa», para convertirse en «instrumentos de poder antidemocráticos, propiedad de caudillos en donde narcotraficantes y empresarios compran las candidaturas» para cooptar por la vía electoral las instituciones del Estado.

Aunque hay coincidencia en los argumentos políticos de Cerezo respecto a la crisis del sistema de partidos, una decena de políticos, politólogos y abogados especialistas en derecho electoral consultados por Plaza Pública, señalan que su pretendida candidatura independiente carece de sustento legal y sobre todo político, porque los partidos políticos son los que configuran el carácter democrático del Estado. De ahí que pronostiquen su fracaso.

Cerezo está consciente de que su quijotesca empresa enfrentará «complicaciones y muchos obstáculos», pero está dispuesto a dar la batalla. Tiene una estrategia jurídica y política, una hoja de ruta que contempla acciones desde la vía administrativa en el Registro de Ciudadanos hasta la reclamación de sus derechos políticos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Retamos al sistema para discutir sobre derechos políticos, representatividad democrática y crisis de los partidos. Ese es el objetivo», señala.

Su padre, el expresidente Cerezo Arévalo, aseguró, «me asesora y orienta en esta lucha por defender la democracia». Plaza Pública intentó durante dos semanas conocer la opinión del exgobernante, pero no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes de Whatsapp.

Un vacío legal

La candidatura independiente le viene quitando el sueño a Cerezo desde hace más de cinco años. Inició como una «duda jurídica razonable», que después se convirtió en la «hipótesis de una tesis de grado» y que ahora argumenta como «un vacío legal» que está empeñado en hacer que se corrija.

«Hay un vacío legal en la Constitución y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos porque ambas reconocen el derecho ciudadano de elegir y ser electo sin que stricto sensu se conceda la exclusividad de postular candidatos a los partidos”, dice como preámbulo a la exposición del análisis jurídico de su iniciativa.

La Constitución, indica Cerezo, reconoce entre los derechos de los ciudadanos el de elegir y ser electo, y entre los requisitos para optar al cargo de presidente de la República que los candidatos sean guatemaltecos de origen, ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. En ninguno de sus artículos dice que los ciudadanos solo pueden ejercer el derecho de ser electos si son postulados por un partido. 

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, agrega, ratifica el derecho constitucional de los ciudadanos de elegir y ser electos, sin señalar la obligatoriedad explícita de que sean postulados por un partido. Además, establece que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral debe «inscribir a los ciudadanos a cargos de elección popular», sin precisar que esta sea avalada o a petición de un partido político.

Esa ley, añade, concede a los partidos el derecho de «postular candidatos a cargos de elección popular», pero no otorga exclusividad a los partidos, por lo tanto, ese derecho no puede sobreponerse a los derechos de los ciudadanos de presentar candidaturas independientes.

Aunque la Ley Electoral establece que los representantes legales de las organizaciones políticas son los que deben solicitar la inscripción de los candidatos, y que en los formularios de inscripción se debe indicar el nombre de la organización que los inscribe, Cerezo insiste en que esos requisitos no deben considerarse un obstáculo para las candidaturas independientes.

«Esos artículos desarrollan el derecho de los partidos a postular candidatos. Pero como la Ley Electoral no desarrolla el derecho ciudadano de ser electo, que es donde se encuentra el vacío legal, en el caso de las candidaturas independientes lo que se debe indicar en la casilla del formulario de inscripción que pide el nombre del partido que postula es un “no aplica”, tal y como se hace cuando en otros formularios se pide el segundo nombre o el apellido de casados a personas que solo tienen un nombre o son solteras», argumenta.

Además, añade, «el reglamento de la Ley Electoral ubica en el centro del sistema político a los ciudadanos, no a los partidos».

El politólogo José Carlos Sanabria, especialista en temas electorales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), coincide en que el actual sistema electoral del país «es excluyente porque no permite la plena participación de los ciudadanos», y también en que «hay ambigüedad en la ley».

Sin embargo, considera que las candidaturas independientes «no son la mejor solución para resolver la falta de representación; al contrario, generarían mayores problemas de gobernabilidad porque desatarían una oleada de visiones mesiánicas de personas que dicen tener la solución a los problemas del país sin contar con ningún respaldo político».

Sanabria propone incluir la propuesta de Cerezo en la discusión de próximas reformas a la Ley Electoral, con miras a un nuevo diseño electoral.  

El abogado Luis Eduardo López, exdirector legislativo del Congreso y asesor de la Comisión de Asuntos Electorales en las reformas a la Ley Electoral aprobadas en 2016 y 2017, sostiene que los argumentos jurídicos de Cerezo «no tienen fundamento», y por lo tanto su propuesta «es jurídica y políticamente inviable».   

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«No existe tal vacío legal», dice al referirse al principal argumento de Carlos Cerezo. «Habría vacío si la Constitución permitiera las candidaturas independientes y ese derecho no se desarrollase en la Ley Electoral. Pero como la Constitución no lo dice, no puede ni debe ser desarrollado en la ley. No hay laguna».

López deduce que en el sistema electoral guatemalteco solo los partidos políticos pueden postular candidatos, por lo que «hasta que no exista una norma que permita las candidaturas independientes, estas son imposibles».

Aunque la Constitución garantiza los derechos de petición y de hacer todo aquello que la ley no prohíbe, agrega, «en este caso las limitaciones están en lo que la ley sí permite». Y lo que la ley permite «es que las candidaturas requieren del aval de un partido político».

El diputado Óscar Argueta Mayén, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y expresidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, es más concreto, y a la vez más crítico en su respuesta. «No hay ningún vacío legal. La ley es clara al señalar que son los partidos políticos los que deben postular candidatos». «Lo de Carlos Cerezo es un deseo de participar en las elecciones sin pasar por el escrutinio de un partido político; lo ha intentado, pero no lo ha logrado. Es una aspiración personal, pero no tiene futuro».

Consulta ciudadana, amparo y jurisprudencia internacional

Carlos Cerezo empezó a allanar el camino para su candidatura independiente desde 2015. En febrero de ese año presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una consulta ciudadana, para conocer cuál era el procedimiento para que un ciudadano inscriba su candidatura a título personal.

Tres semanas después la autoridad le ratificó lo que ya sabía: que no existía.. «El derecho a ser electo que tienen los ciudadanos guatemaltecos es un derecho que no puede ejercitarse en forma autónoma e independiente, puesto que el mismo se canaliza por los partidos políticos que tienen la legitimidad para representar las individualidades», argumentó en su respuesta con base en la doctrina legal expuesta por la Corte de Constitucionalidad en ocasiones anteriores.

Dos años después, Cerezo volvió a la carga. En noviembre de 2017 pidió al Tribunal Supremo que creara el procedimiento, y tres meses después este le respondió que no era posible acceder a su petición por falta de sustento legal. En marzo de 2018, auxiliado por el abogado Luis Fernando Paiz Lemus –a quien asesoró en la elaboración de su tesis de grado, un análisis jurídico sobre las candidaturas independientes–, Cerezo solicitó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral. El amparo no ha sido resuelto aún.

Carlos Cerezo invoca la jurisprudencia internacional. Cita el fallo de la Sala Constitucional de El Salvador de julio de 2010, que permitió la inscripción de un candidato independiente para diputado de la Asamblea Legislativa de ese país, bajo el argumento de que «el ciudadano y su participación en la vida política constituyen la esencia de la democracia, por encima de los partidos políticos y de grupos de intereses particulares».

También cita el caso Yatama, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Nicaragua restablecerle a un grupo de indígenas el derecho de ser elegidos sin el apoyo de un partido . La Corte señaló que «no existe disposición en la Convención Americana que permita sostener que los ciudadanos solo pueden ejercer el derecho a postularse (…) a través de un partido político». Y aunque destaca la importancia de los partidos en la configuración del sistema democrático, también «se reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan candidaturas para cargos de elección popular”.

En ello se basará Cerezo para hacer valer lo que considera su derecho político «a ser electo sin cortapisas».  Y si lo logra, puede acabar con el sistema electoral tal como lo hemos conocido, pero también exacerbar el personalismo.