En peligro de amnesia histórica

“Les garantizo que los archivos seguirán vigentes y se seguirán cumpliendo los Acuerdos de Paz firmados en 1996” es la frase textual del presidente Otto Pérez Molina, publicada en un boletín de la Secretaría de la Paz (Sepaz), en el que se aclaraba que no había una intención gubernamental por desarmar los Archivos de la Paz, documentos encargados a una Dirección dentro de la Sepaz.

El comunicado se emitió el 30 de mayo, después de que se supiera que el titular de la Sepaz, Antonio Arenales Forno, había destituido, mediante acuerdos internos, a 17 trabajadores de la Dirección de los Archivos de la Paz y se daba a entender la desaparición de esta dependencia.

En contradicción, las palabras de Pérez Molina en un comunicado eran: “No se están desarmando los archivos de la Paz”.

¿Estaba el Presidente diciendo la verdad?

El gobernante afirmó que se trataba de prescindir del personal excesivo en la entidad –lo que coincide con la línea de los acuerdos internos–; lo que no dijo es que sí se cerraría la Dirección de los Archivos de la Paz (DAP) y que esto se había decidido cinco días antes, con otro acuerdo interno de la Sepaz.

El más oculto de los documentos

Los técnicos se enteraron de su despido el 28 de mayo. La primera reacción fue de sorpresa, no porque esta administración se haya caracterizado por conservar la mayor cantidad posible de empleados provenientes de la anterior, sino por un acuerdo colectivo que se firmó a finales del Gobierno pasado y que creían que los mantenía protegidos.

Pero además de sorprenderlos, las notificaciones tenían algo que les llamó la atención: en los considerandos se hacía referencia a un acuerdo reciente, el 035-2012. En él se derogaba el 092-2008, que le daba vida a la Dirección del Archivo de la Paz, y su reforma contenida en el 005-2009.

Cuando los medios de comunicación dieron a conocer la postura oficial del mandatario, los trabajadores destituidos respondieron con un comunicado en el que citaban las cartas de su destitución y la referencia al 035-2012, pero hasta entonces les había sido imposible dar con ese documento.

Debido a que es un acuerdo interno de la Secretaría, no se encontraba en la Dirección del Diario de Centro América. Obtenerlo en la Sepaz tampoco era sencillo.

Cuando Plaza Pública indagó, las intenciones de colaborar por parte de los funcionarios se desvanecían cuando se les indicaba el número del acuerdo.Los departamentos se desligaban de la responsabilidad de entregarlo para dejarla en otra dependencia hasta, finalmente, señalar que aún se encontraba en análisis del departamento jurídico –a pesar de que en otras resoluciones se le citaba como emitido–, que era el único que podía entregarlo y sólo con la autorización de Arenales Forno, quien además se encontraba fuera del país.

Sin embargo, el primero en hacer público el documento no fue el departamento jurídico de la Sepaz, sino el subsecretario Óscar Bautista, no sin antes hablar por teléfono con el Secretario. Bautista reconoció que se trata de información pública, pero señaló que, por la controversia desatada, los mandos bajos temían dar el acuerdo sin consultar. “Si hasta yo tuve que consultarlo”, añadió.

Pero para el momento en que la Sepaz, a través de su subtitular, liberó el 035-2012 (ver documentos descargables) habían transcurrido 10 días de su emisión y cuatro días de que los trabajadores del Archivo hicieran público un comunicado en el que calificaban de falsas las declaraciones del mandatario por no coincidir con el considerando de sus destituciones.

Azarías Perencén, uno de los investigadores de la Dirección, no descartó la posibilidad de que se hubiera podido modificar el documento en ese período, ya que sólo se había manejado a nivel interno. También aseguró que lo revisaría, pues si se había cometido alguna ilegalidad, era muy posible que se evidenciara en el texto: “Si hacen algo así, siempre dejan salpicado”, expresó.

El papel del Archivo

La DAP quedó establecida en 2008, con el objetivo de esclarecer la verdad histórica, como parte de los procesos derivados de los Acuerdos de Paz. En la búsqueda de dignificar a las víctimas, recibe el mandato de recibir, analizar, clasificar, compilar y digitalizar archivos militares para establecer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

La reforma de 2009 al acuerdo de su creación sirvió para ampliar sus funciones y permitirle ir más allá de los archivos del Ministerio de la Defensa y así recopilar datos de otras dependencias del Estado.

La mayoría de los archivos con los que cuenta la Dirección provienen del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), pero además tiene material de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), del Diario Militar o de la también desaparecida Policía Nacional (PN).

El trabajo de investigación desarrollado por esta entidad permitió importantes aportes para llevar recientemente a los tribunales a altos mandos del ejército durante la década de 1980, incluidos dos exjefes de Estado, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores, por acusaciones de genocidio.

Su participación también contribuyó a esclarecer lo ocurrido en 1948 con los experimentos que realizó Estados Unidos con ciudadanos guatemaltecos sobre enfermedades venéreas, que dejó 1,160 infectados de sífilis, gonorrea y chancroide. Esta investigación estuvo a cargo de la Vicepresidencia en el gobierno pasado.

El material entregado por la SBS sirvió para establecer las adopciones ilegales ocurridas durante el conflicto armado. En muchos casos, fueron el resultado de secuestros ocurridos en las áreas afectadas. Las investigaciones permitieron identificar a los niños desaparecidos y reunir a algunos de ellos con sus familias.

Marco Tulio Álvarez, exdirector de la DAP destaca también haber brindado información sobre la situación de Guatemala y las funciones de las fuerzas de seguridad del Estado, en especial para contextualizar casos como la desaparición del líder estudiantil Fernando García o la quema de la Embajada de España en 1980.

Uno de los aportes más importantes de la labor del equipo es la clasificación de toda esta información que, si no estuviera organizada sería casi imposible de consultar.

Robin Ross, miembro del equipo de informática de la Dirección, calcula que se tienen unos 700 gigabytes de información almacenada, sólo con relación a los archivos del EMP, a lo que añaden cerca de 300 más para el resto de documentos.

El trabajo que la Dirección se disponía a empezar próximamente se relacionaba con el tema agrario. Álvarez comenta que la idea se basó en la búsqueda de un tema importante para el país que no provocara confrontación con las nuevas autoridades. Parece ser que la propuesta no fue lo suficientemente conciliadora, pues no impidió el cierre de la dependencia.

A pesar de los avances que logró el Estado en los procesos por la búsqueda de justicia gracias a tener copias de estos archivos, el período en el que pudo hacer uso de ellos fue breve. El anuncio del cierre de la Dirección llegó cuatro años después de su inicio de actividades.

Tiempo de un cambio

En el mismo comunicado en el que Pérez aseguró que el Archivo no desaparecería, Arenales Forno declaró que las funciones de investigación le competen al Ministerio Público (MP) y no a la Sepaz.

“Nuestro trabajo es recabar datos para identificar víctimas del conflicto armado interno y realizar el diseño de programas de resarcimiento, pero no de investigación judicial”, agregó Arenales, también exdiputado del Frente Republicano Guatemalteco.

Los trabajadores de la Dirección habían estado escuchando algo desde inicios de este Gobierno: que la Dirección se había convertido en una imprenta para hablar mal de los victimarios; mientras que la función de la entidad debía centrarse en las víctimas. José Roberto Paz, investigador de la DAP le atribuye estas palabras al subsecretario Óscar Bautista.

Bautista aceptó que sí les había mencionado esto a los empleados y que por ello, se creará una entidad que se enfoque en identificar a las víctimas para fines del Programa Nacional del Resarcimiento.

Ante esto, José Roberto Paz responde que, en la búsqueda del esclarecimiento histórico, no se puede tratar por separado a los victimarios de las víctimas, en especial si se busca resarcirlas de manera integral.

A criterio de Orlando Blanco, antecesor en el cargo de Arenales Forno y diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), las acciones tomadas responden a la combinación de dos factores. “Puede ser que el Gobierno de Pérez tenga otras prioridades que no se relacionan con la reconstrucción de la memoria histórica o que éste sea un tema incómodo para ellos. Yo creo que son ambas cosas”, exteriorizó.

La forma en que la Sepaz hará uso del archivo aún es incierta, pues todavía no se ha formulado una decisión sobre la nueva entidad que tendrá a su cargo el manejo del acervo documental, a pesar de que el acuerdo de eliminación de la DAP cobra vigencia a partir del 29 de junio.

Las causas del temor

Si el archivo no desaparece, sino que solo cambian sus objetivos, ¿Por qué persiste la preocupación porque se elimine la entidad que lo maneja?

José Roberto Paz explica que sería posible tener copias de la información almacenada, pero ésta carecería de validez a nivel jurídico si no se contara con el respaldo del Estado para confirmar la autenticidad de los documentos.

Es decir que al destinar los archivos a nada más que dar apoyo documental al PNR, se perderá la posibilidad de usarlos como elementos de prueba en muchos de casos por violaciones a los derechos humanos que puedan llegar a los tribunales de justicia.

Iduvina Hernández, directora ejecutiva de Seguridad en Democracia (Sedem), explica que además el PNR tiene su propio sistema de archivos “lo suficientemente amplio” para resarcir económicamente a las víctimas, pero estos son de otra naturaleza. “Si no ha crecido es porque muchas víctimas aún no han sentido la confianza de acercarse”, añade.

La combinación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la existencia del archivo han dado insumos a las personas que buscan datos sobre violaciones a los derechos humanos. Las oficinas de la DAP contaban con una oficina especial que recibía las solicitudes y entregaba copias de los documentos, según los procedimientos establecidos por la Ley.

Juana Batzibal, integrante de la coordinación Genocidio Nunca Más, se quejó también de la pérdida que puede representar el cierre de la entidad. Pero su temor va más allá, Batzibal considera que no hay manera de verificar que no desaparecerá el contenido de los documentos y con ello también se pierda parte de la memoria histórica.

Pero los avances que había habido en cuanto al acceso a la información empezaron a reducirse con el inicio del gobierno de Otto Pérez Molina. La ventanilla de atención dejó de brindar información a las personas a partir de este año. Según el Subsecretario, esto se debe a la falta de voluntad de los trabajadores, por lo que se refuerza su idea de que desarmar la Dirección no implicará una mayor diferencia en las condiciones actuales. Los trabajadores, sin embargo, atribuyen esto a decisiones provenientes desde la administración central de la Sepaz.

Un problema político, un problema laboral

Dentro de la Sepaz hay una característica diferente a lo que por lo general sucede en otras instituciones del Estado: que cuando se constituyó el sindicato a finales del año pasado, también se estableció un pacto colectivo que considera a todos los contratados por la institución como trabajadores y les da los mismos beneficios.

Esto significa que también los contratados bajo renglón 029 requieren de un proceso legal para se les pueda destituir, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otra dependencia pública, donde basta con anunciar que se rescindirá de un contrato para despedir a alguien que trabaja bajo ese renglón.

Los acuerdos de despido de la Sepaz ponen fin a los 17 contratos que establecen el cese de funciones el mismo día que el cierre de la DAP. Sólo 10 trabajadores más de la Dirección quedarán todavía al servicio de la Secretaría, entre ellos una mujer embarazada, dos en período de lactancia y un encargado de logística, al que sus compañeros acusan de ser informante del despacho.

Bautista aseguró que el problema laboral es la única causa del malestar de los trabajadores, pero que le han dado tintes políticos para captar la atención. Además mencionó que el Archivo no es más que copias digitales de documentos que pertenecen a otras dependencias, por lo que no tiene razón de existir esa Dirección sólo para su manejo.

La batalla legal se ve próxima, ya que los trabajadores impugnarán las destituciones que contravienen el acuerdo colectivo, y la Secretaría buscará dejar ese acuerdo sin vigencia, con el argumento de que el Ministerio de Finanzas no tenía conocimiento de su existencia.

Bautista añadió que no es posible que el Estado reconozca a personas contratadas bajo el renglón 029 con prestaciones. “Va a llevar tiempo, pero les vamos a dejar el sindicato sin validez, al igual que su pacto colectivo”, aseguró.

Aun si los técnicos lograran ganar la lucha en los tribunales de Trabajo, el acuerdo interno que desmantela la DAP quedará vigente y que el mandatario ordene derogar el acuerdo 035-2009 parece improbable.

De no cambiar este panorama, la participación del Ejecutivo para reconstruir la memoria histórica habrá quedado sólo como un escueto intento de una administración y no una política de un Estado dispuesto a reconocer su pasado.