En Sacapulas no quieren minas ni hidroeléctricas

“Yo quiero vivir más”, dice María Tojín Pú, de 13 años, para explicar su voto en contra. Mientras, Juan Immol, de 12, pone el énfasis en su sentido de pertenencia: “Nos quieren sacar de nuestra tierra”. María y Juan se incluyen entre las 27 mil 383 personas —de todas las edades— que rechazan las autorizaciones para que sean explotados diversos recursos naturales en Sacapulas.

El de ambos jóvenes se sumó a los 601 votos emitidos en 1er. Centro Río Blanco, una de las 108 poblaciones que participaron en la consulta organizada en todo el municipio por la Coordinadora de Comunidades en Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Ese viernes 20 de mayo se completó una fase más de la planificación que comenzó hace dos meses, el 9 de abril, cuando en una asamblea se decidió pedirles permiso a los sacapultecos para organizar la consulta comunitaria. El objetivo era saber si estaban de acuerdo o no con las licencias que el Gobierno ya habría otorgado a Cazadores de Sueños S.A. y Aventuras Mineras S.A., entre otras empresas, además de la autorización para construir una hidroeléctrica en el río Negro.

Aunque el rechazo fue abrumador, ahora habrá que esperar la resolución de la Corte de Constitucional (CC), pues el gobierno de Álvaro Colom pretende que esas consultas no tengan fuerza legal.

Masiva participación

Desde la noche del jueves 19 de mayo se respiraba distinto en Sacapulas. Entre las antañonas ceibas del parque central de la localidad, se observaban dos rótulos multicolores en vinil: “Agua y tierra para los pueblos, no para las empresas” y “Una misma situación, una misma resistencia”.

A unos metros, en un mapa de Quiché, se resaltaban las áreas en las que ya se han autorizado licencias o se está a punto de hacerlo para explotar minas o construir hidroeléctricas. A un lado, en una pared pintada con cal, era proyectado un documental que mostraba el proceso de la consulta, información del lugar y los discursos de algunos líderes comunitarios.

Al día siguiente, desde muy temprano, se puso en marcha la votación. Como en el resto de las 108 comunidades, en 1er. Centro Río Blanco se instalaron seis tipos de mesas para recibir los sufragios: hubo para niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos y ancianas. Al fondo se escuchaba música de los Tigres del Norte y K-paz de la Sierra.

En conjunto, después de cuatro horas, 27 mil 383 personas habían votado en contra: 8 mil 50 mujeres, 6 mil 646 hombres, 11 mil 256 niñas y niños y mil 431 jóvenes.

Desde la colonia

Entre el grupo de observadores se encontraba un hombre de 72 años, quien guardaba en un morral “documentos históricos” sobre Sacapulas, incluido un plan de construcción de hidroeléctricas elaborado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), según dijo.

La actividad minera no es ajena para la población sacapulteca, pues en la época colonial fue obligada a trabajar en las minas de sal negra, producto que era trasladado hasta la entonces capital de la Capitanía General de Guatemala para pagar el tributo a la corona española. En la época republicana, fueron los dictadores Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico Castañeda quienes reactivaron la actividad minera en esa región quichelense, relató el anciano, cuyo nombre es Javier Gurriarán, un antiguo sacerdote jesuita de origen español con décadas de vivir en el área.

En abril de 1997, durante el gobierno de Álvaro Arzú, las autoridades autorizaron a Explotaciones Cabrical, S.A. la producción de yeso en cuatro kilómetros cuadrados de 1er. Centro de Río Blanco. Esa empresa, se asegura, es representada por Estuardo Nanne Villagrán.

La explotación aún no ha comenzado. Sin embargo, cuando ello ocurra los vecinos del área temen que serán desalojados. Además, dicen que también serán afectadas Parraxtut, Paché, Tierra Colorada, La Montaña, Patzam, Chilmatón y Xilamatón, entre otras comunidades de Sacapulas, Cunén y Nebaj —en Quiché— y de Aguacatán —en Huehuetenango—. “Nos quieren sacar de aquí”, denuncia una mujer, “dicen que nos quieren llevar a vivir a Ixcán. Yo no quiero ir a vivir a allá. ¿Qué vamos a hacer”, se pregunta con preocupación.

De acuerdo con datos proporcionados por el INDE, el Gobierno ya autorizó la construcción de la hidroeléctrica Serchil, para la cual se tiene contemplada una presa con un muro de 140 metros de altura y 415 de longitud, con el objetivo de generar 135 megavatios de electricidad. El proyecto abarca zonas de Quiché, Totonicapán y Huehuetenango.

Al momento en que esta construcción se inicie —según el documento “Información Pública Sobre Sacapulas”, distribuido por la Coordinadora de Comunidades en Resistencia— decenas de aldeas serán anegadas, otras se quedarán sin corriente y sembradíos de Sacapulas, San Pedro Jocopilas y Aguacatán se verán afectados, pues la concentración del río reducirá su caudal en un 90%. “Las verduras se van a poner más caras y la gente se va a quedar sin alimentos suficientes”, prevé un maestro de la localidad que solicita permanecer en el anonimato.

En 1er. Centro de Río Blanco hay personas que están seguras de que perderán sus tierras por la hidroeléctrica. Además, reconocen que la consulta comunitaria no tiene que ser acatada por autoridades y empresarios, pero están convencidas de que sí tiene validez en el municipio. “Por eso estamos luchando”, afirman.

Debido a esos temores, el alcalde de Sacapulas, Pedro Pú Tojín, ha girado tres acuerdos municipales en torno a la temática y con los cuales rechaza la minería y la hidroeléctrica. Cuenta que han sido elaborados en conjunto con los representantes de las 108 poblaciones.

Lo que dicen los estudios gubernamentales y privados

En el caso de una mina de yeso, el estudio de impacto ambiental "MEMO DAECA-80-09-99", la página 105 habla sobre una supuesta percepción sobre los proyectos de este tipo en otras comunidades hace una década: "Por experiencias en proyectos anteriores se sabe que los pobladores de las comunidades vecinas normalmente ven en la llegada de la empresa y la implementación del proyecto una solución a sus problemas comunitarios".

El estudio de impacto ambiental niega que esta actividad tenga efectos negativos que justificarían la negación de la licencia.  Menciona, por ejemplo, que el polvo que provocará las explosiones y podría afectar la salud de los pobladores, pero por ser estas actividades solamente momentáneas el efecto sería corto y no significativo.

Argumenta que los explosivos a utilizar en el suelo y el subsuelo se emplearán con altas medidas de seguridad, por lo que representa un peligro moderado para los pobladores. Justifica el uso de explosivos pues facilitará la extracción mineral y significará una mejor productividad y rentabilidad del proyecto.

Otro estudio para esta mina fue realizado por la empresa Geología Aplicada y Economía, con la participación de los Ingenieros Marlon Alonzo, Manolo Barillas, Luis Arturo Wug y el Biólogo Guillermo Zepeda.  El mismo fue presentado a la Comisión Nacional de Medio Ambiente por el Estuardo Nanne Villagrán y fue aprobado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente el 7 de septiembre de 1999.

En cuanto a la hidroeléctrica, contemplada en el Plan Maestro del INDE y sus consultores fue ratificada por el actual gobierno de Álvaro Colom, aunque aún no se conoce la empresa que la construirá.  Los estudios de factibilidad estuvieron a cargo del Consorcio TAMS/EBASCO/ICCA fueron elaborados entre 1990 y 1992, estos concluyeron en la factibilidad de Serchil.

El turno de la Corte de Constitucionalidad

El turno de la CC Hasta ahora, con la de Sacapulas se han llevado a cabo 58 consultas comunitarias. En todas, la población ha rechazado que sus tierras sean utilizadas para la extracción de minerales o para generar electricidad.

Para salirle al paso a ese tipo de manifestaciones, en febrero el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, divulgó su propuesta de “Reglamento para el proceso de consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” . En fondo, su objetivo, según dirigentes indígenas, es deslegitimar las consultas que se realicen y que, por lo tanto, no tengan mayor validez.

De momento, la aprobación del Reglamento está suspendida, pues la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, el 25 de mayo, otorgar un amparo provisional a Aura Chávez Ixcaquinc, quien representa a las comunidades que lo adversan.

Mientras tanto, los pobladores de Sacapulas continúan resistiéndose a la explotación industrial de sus tierras. Con ese fin, tienen previsto presentar en el Ministerio de Energía y Minas y el Congreso de la República las 27 mil 383 muestras de rechazo recogidas el 20 de mayo, en uno de los tendría que ser considerado relevante ejercicio de democracia.

* El miércoles 1 de junio se añadió a esta nota el contenido de estudios de impacto ambiental gubernamentales.