Entregarse al juez para llamar a la consulta sobre Oxec

“No tengo miedo, confío en la justicia”. Así se expresaba el miércoles Bernardo Caal Xoc, maestro y activista de 45 años, minutos antes de presentarse ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, en Alta Verapaz. Llevaba desde el 30 de marzo con una orden de captura. El Ministerio Público le acusaba de estafa, argumentando que entre 2012 y 2013 no se presentó a trabajar en su puesto de la escuela rural de la aldea Semoch, en Santa María Cahabón.

A la misma hora en la que Caal se entregaba, el presidente, Jimmy Morales, hacía público en la capital una guía para reglamentar las consultas a las comunidades indígenas que vienen reflejadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por Guatemala en 1996. Puede parecer que ambos hechos, que transcurren en paralelo a 200 kilómetros de distancia, no tengan nada que ver. Pero lo tienen. Bernardo Caal Xoc es la persona que firma el amparo contra la construcción de la hidroeléctrica Oxec. Una apelación que provocó el fallo de la Corte de Constitucionalidad en el que obliga a celebrar una consulta sobre esta infraestructura en concreto, e insta al Congreso a aprobar un procedimiento para conocer la opinión de los afectados en las zonas donde esté previsto levantar grandes proyectos.

Si Caal no hubiese recurrido a la Corte, el Ministerio de Energía y Minas no estaría obligado a consultar a los vecinos sobre un proyecto que lleva funcionando desde 2015. Él piensa que, sin su participación en aquel amparo, tampoco se hubiese visto obligado a esconderse durante cuatro meses para evitar ser detenido por la policía.

Sobre el papel, los cargos contra Caal nada tienen que ver con la hidroeléctrica. Aunque durante la vista judicial, él reiteró ser víctima de una campaña de criminalización que se explica, precisamente, por ser uno de los líderes q'eqchi' contra la infraestructura.

Su acusación formal era de “estafa”. Entre el 6 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013 percibió Q104.000 por una labor como maestro que, según denuncia el fiscal, nunca realizó. Lo que Caal y sus abogados alegan es que durante todo ese tiempo sí que trabajó, pero como representante sindical de los 10 mil maestros de Alta Verapaz. Una circunstancia que el demandante, el exdirector de Educación en Alta Verapaz, Álvaro Xoy, debía conocer, ya que durante ese tiempo el sindicalista mantuvo reuniones con la administración en su función de dirigente gremial. Dicho de otro modo, es como si tu jefe te demanda por faltar al trabajo durante un período de tiempo en el que ha celebrado encuentros laborales contigo.

Las explicaciones de Caal convencieron al juez, aunque a medias. Descartó el delito de “estafa” pero mantuvo la acusación por “apropiación indebida”, otorgando un período de tres meses al Ministerio Público para investigar el caso.

El maestro y activista tampoco tendrá que entrar a prisión. Como medida sustitutiva, el magistrado le impuso una fianza de Q25 mil (a pagar en los próximos 15 días) y la obligación de firmar en el juzgado cada 30 días.

En el exterior del tribunal, decenas de personas aguardaban a Caal Xoc, a quien no habían visto en los meses que permaneció oculto. Algunos habían pasado hasta seis horas en la carretera para llegar hasta Cobán desde aldeas como Las Tres Cruces o Sepoc. “Estamos luchando por el río Oxec y el río Cahabón”, proclamó entre aplausos, nada más recuperar la libertad. Su salida del juzgado se convirtió en el primer acto llamando a participar en la consulta que las comunidades de Santa María Cahabón van a realizar sobre la hidroeléctrica Oxec. Porque esta historia no va del proceso judicial contra un sindicalista, sino de las consultas a las comunidades indígenas y los proyectos extractivistas.

Representantes de las 195 comunidades que conforman Santa María Cahabón están convocados a finales de julio para un encuentro en el que concretar los detalles y ratificar el 20 de agosto como fecha para preguntar a los vecinos de todo el municipio sobre la hidroeléctrica.

No son los únicos que se están moviendo. La consulta se ha convertido en una batalla por la legitimidad. Por una parte, el Ministerio de Energía y Minas, que ya está celebrando reuniones para establecer un calendario y preguntar a los residentes en las 11 aldeas más cercanas al proyecto. Por la otra, representantes de las 195 comunidades, que reivindican su derecho a expresar su opinión y creen que los movimientos del Estado son una maniobra que aparenta respeto por las comunidades pero que sirve para que todo siga igual.