Guatemala busca en México las herramientas para una nueva versión de la Ley de Aguas

La situación del agua en Guatemala es complicada desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico e incluso político. Por un lado, el país tiene más 90,000 millones de metros cúbicos de este recurso -el equivalente a entre 28 millones o 38 millones de piscinas olímpicas- el líquido suficiente para abastecer a los más de 14 millones de habitantes y solo aprovecha un 10%. El Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) estima que al menos el 90% de las fuentes utilizadas están contaminadas.

Pese a la disponibilidad, desde el año 2000 no ha aumentado significativamente el porcentaje de hogares que tienen acceso a fuentes de agua potable. Las comunidades urbanas y rurales dependen de la compra de pipas o del producto embotellado, lo que encarece y restringe su acceso a quienes no pueden pagar el servicio.

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La escasez de agua es un problema que afecta a los dos países, puede considerarse como un factor indirecto de la migración al poner en riesgo la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las familias, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Todo esto choca con la falta de regulación y en los múltiples intentos fallidos por aprobar una normativa manipulada por intereses particulares.

La entrevista se realizó en el marco del "Encuentro de intercambio de experiencias sobre la gestión y la cultura del agua", organizado por Mesoamérica sin Hambre, un programa de AMEXCID-FAO.

¿Cómo ha sido la relación entre México y Guatemala en la cuenca del Usumacinta?

En México (la cuenca) es un área protegida, no se pueden construir presas. Eso protege el régimen ecológico del río. Si bien es cierto que en épocas de escasez o sequía pueden bajar los niveles, es uno de los ríos más caudalosos del país. Esta protección ha garantizado el equilibrio ecológico hídrico de la zona. Tengo entendido que había algunos planes, en algún momento, de construir una presa binacional. Si eso se hiciera tendría que hacerse de la mano con Guatemala, con su opinión técnica y considerando todos los servicios ambientales que da el río, y que quizá no valga la pena construir por los efectos que pueda tener.

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¿Guatemala y México han tenido problemas en este tema?

Me parece que no, aunque no ha habido una relación estrecha. La cuenca no ha recibido mucha atención de ninguna de las dos partes. En el futuro, con el cambio climático que ya se siente, es muy probable que tengamos que sentarnos a conversar y acordar el manejo del agua para esta cuenca tan importante. Ya hay una comisión internacional de límites de aguas que pertenece al gobierno de México.

¿Qué calidad tiene el agua que recibe México de Guatemala?

No estoy enterado. A lo que sí tenemos que poner atención es al uso de fertilizantes y pesticidas. Está empeorando la calidad del agua de los grandes ríos. En el Usumacinta tenemos problemas de calidad que atribuyo al uso agrícola del suelo.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas trabaja mucho con EE.UU., pero no tanto con Guatemala.

Tiene que ver con el estrés hídrico en ambas regiones. En el norte de México hay un mayor estrés por la aridez y, además, hay un gran desarrollo agrícola en el lado norteamericano, con lo cual hay mayor presión sobre los recursos. En el lado sur tenemos más agua y la actividad económica no ha sido tan intensa, eso quita presión. Pero hay que atender el problema de manera conjunta y que sea un elemento de desarrollo para ambos países. La visión es utilizar al Usumacinta como una posibilidad para hermanar más a nuestros países. Esa es la visión que tenemos construir y debemos hacerlo de manera contundente.

¿Qué opinión tiene de las medidas que Guatemala ha tomado para contrarrestar la contaminación en las fuentes de agua, como la compra de una fórmula salina que limpiaría el agua del Lago Amatitlán o el uso de biobardas?

Quiero pensar que eso se debe, de alguna manera, a la falta de capacidades técnicas en nuestros países. En verdad estamos en una paradoja, vivimos en una zona del planeta en la que no escasea el agua pero no hay estrategias de saneamiento, Necesitamos detonar una estrategia de cultura del agua, de comunicación social hacia la ciudadanía. Necesitamos subir el tema del agua a los primeros temas de las agendas políticas de nuestros países. Se puede utilizar el agua como un elemento de desarrollo. Tengo mucha fe en el nuevo gobierno que entra en Guatemala porque hemos tenido conversaciones con algunas de las personas, traen la visión de recuperar y atender del agua. Lo celebro, y el IMTA habilita sus capacidades para compartir el conocimiento de manera generosa.

¿Guatemala pediría asesoría al IMTA?

Lo hemos estado conversando.

¿De qué tipo?

Técnica y quizá también para la ley general de aguas de Guatemala. La primera interacción es compartir qué ha pasado en México y tratar de ayudarles a recorrer una senda más rápida de lo que nos tocó a nosotros.

¿La falta de una ley de aguas en Guatemala que regule el acceso, uso y tratamiento ha generado conflictos a México?

De momento no. No tener un marco jurídico para el agua y para la administración de los recursos hídricos del país afecta primero en lo local. En garantizarles el acceso a agua de buena calidad, en cantidad. Debe ser vital para cualquier país tener un marco jurídico. Es un tema de seguridad nacional. El agua cruza con los alimentos y con la energía. Si hablamos de seguridad hídrica estamos asegurando también la seguridad alimentaria, energética, nacional.

¿Qué tiene que pasar para que un país quiera atender la problemática del cambio climático e incidir en los efectos?

Yo diría que ya está pasando. En el mundo ya hay evidencia clara de los efectos del cambio climático. Estamos viendo, por ejemplo, el caso del sargazo (algas marinas) en las costas de Quintana Roo, un fenómeno totalmente atípico que lleva tres años de recurrencia y que se genera por la alta cantidad de nutrientes que vienen del Amazonas. Esto se combina con el incremento de la temperatura en el océano y favorece estos florecimientos algales en las costas frente a la Amazonia que, por las corrientes naturales del océano, llegan hasta la costa de México en el Mar Caribe. Afectan la actividad turística de uno de los centros económicos más importantes de este país, que es Cancún.

Gobiernos de todo el mundo toman medidas preventivas de mitigación y adaptación, estamos en la zona de convergencia intertropical. Somos afortunados porque estamos en una zona de mucha agua, pero la cantidad que nos sea dada será en muy poco tiempo. Nuestra infraestructura tiene que estar preparada para soportar ese almacenamiento y soportar que en las épocas que no la tengamos podamos hacer uso de la que logramos almacenar. Hay que cambiar la manera en la que estamos planificando la infraestructura y para no poner en riesgo a la población.

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¿El IMTA ha apoyado la creación de políticas públicas? ¿Cómo han funcionado a partir de esto?

El IMTA tiene 33 años. En el principio funcionó muy bien y, justamente, gran parte del marco jurídico y políticas publicas relativas al agua, se diseñaron en él. En los últimos 30 años, como resultado de un modelo neoliberal que imperó en nuestro país y que tenía como propósito poner el acento solamente en el beneficio económico, se abandonó en esa capacidad del Instituto. Hoy día queremos recuperarla, no solo a través de llevar el conocimiento a la mejor toma de decisiones, sino de comunicar la evidencia a los ciudadanos de tal manera que ellos puedan acompañar una decisión porque ellos entienden la evidencia científica, no porque el Gobierno se lo diga.

Como la ley de aguas...

Es la primera y la más importante. 

¿Qué motivó a México a aprobar una Ley de aguas en 1992?

Fue una necesidad que surgió a partir del crecimiento poblacional y el desarrollo económico. La ley de aguas nacionales nace de la necesidad de reglamentar las concesiones de agua para uso agrícola, industrial, publico, urbano. Poner orden. Hoy día nos damos cuenta de que ese arreglo ha sido insuficiente y que tiene vacíos legales que han generado inequidad.

¿Ha tenido una buena aceptación?

Estamos ahora creando una nueva ley general que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, y tenemos que garantizarlo. Estamos en un proceso de consulta con diversos grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hay uno liderado por la ciudadanía. La sociedad civil también está dando su opinión de cómo tendría que ser el entramado jurídico, y esa discusión es la que queremos habilitar en el IMTA. Creemos que se debe construir con la opinión de todos, empresarios, comunidades, científicos y tomadores de decisiones.

¿Hay en esta nueva iniciativa restricciones a la gran industria sobre cómo utilizar el agua?

Gran parte de los abusos surgen de vacíos legales y técnicos, no necesariamente son producto de la mala fe, no todos ¿Cómo podemos resolver de forma transparente y ética estos laberintos? Nos parece que la mejor manera de hacerlo es transparentando la información. Necesitamos medir los acuíferos, los ríos, la lluvia y tener un balance, pero con datos que nos permitan hacer un mejor manejo del agua en lo local. Posteriormente, necesitamos transparentar en tiempo real cuánto está consumiendo el empresario, la comunidad, saber qué volúmenes se utilizan y que esta información esté disponible al público. De esa manera, vamos a ver quién concentra el agua, con qué usos, y cuánto están pagando. 

Si transparentamos el diagnóstico creemos que se va a transparentar la construcción de acuerdos. Haciendo visible quién es quién en el uso del agua. 

¿Existen experiencias regionales exitosas en el manejo del agua?

Este año apoyamos en Bolivia la reconversión de cultivos para conservación de suelos y agua. De acuerdo con el tipo de cultivo que tengamos en una zona agrícola, podemos favorecer o empeorar la condición de humedad del suelo. Estamos empezando a trabajar con República Dominicana y con Haití en la generación de estrategias modernas para la cuantificación de la disponibilidad hídrica del país.

Queremos empezar a trabajar en la creación de un monitor regional de sequía de México hasta Colombia, la vemos como una meta de mediano plazo. En Panamá estamos en pláticas con el Gobierno para un sistema de monitoreo de lluvia en tiempo real. Para evitar inundaciones y desastres.

¿Cuál es la principal problemática que México tiene entorno al agua?

México es un país muy diverso también desde el cambio climático. Tenemos dos regímenes hidrológicos. El norte de México que se caracteriza por su aridez y por la escasez del agua, y el sur por una alta disponibilidad. Ahora bien, no solo es un tema de disponibilidad, es también sobre qué calidad de agua tenemos. Esto se relaciona con qué le hacemos al agua una vez que la utilizamos. Podemos estar bien en indicadores, pero si uno revisa de manera local qué tan bien ha funcionado la estrategia del pasado, nos damos cuenta que ha faltado una perspectiva multisectorial, que integre temas de salud, desigualdad y atención a las poblaciones indígenas en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

¿Hay alguna proyección de cómo estará México en 15-30 años?

Hay mucha incertidumbre en las proyecciones sobre la lluvia. La temperatura, está comprobado, va para arriba en todo el planeta. Todavía no tenemos el marco científico lo suficientemente robusto para decir: “México va a tener menos agua, Guatemala va a tener menos agua”. Esa es la verdad. Necesitamos más investigación. Lo que sabemos de la lluvia es que los eventos de tormenta y los huracanes van a ser más frecuentes y van a ser más intensos. Eso es una certeza. Muy probablemente nuestros países expuestos a estos fenómenos climáticos vayan a sufrir. Es probable que no tengamos mucha agua en todo el año pero que lleguen huracanes clase cinco. Toda el agua del año en tres días, para eso hay que prepararse.