Historia de dos funcionarios que jugaron a ser narcos y no entendieron los códigos

No es una historia nueva eso de ex funcionarios de gobierno que terminarán en cortes estadounidenses por cargos de narcotráfico. En el caso de México, podría uno referir al ex zar antidrogas que fue detenido en 1990 por colusión con el narcotráfico. El general Pérez Rebollo recibió del Cártel de Juárez la suma de 60 millones de dólares a cambio de enviar soldados a proteger y apoyar sus operaciones. O Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, extraditado a los Estados Unidos. Recibió del cártel de Juárez entre US$400 mil y 500 mil por cada cargamento de cocaína que atravesara Quintana Roo hacia EEUU. Fue gobernador entre 1993 y 1999 y durante su periodo se calcula que 200 toneladas cruzaron la frontera. La recurrencia del Cártel de Juárez en estos casos se debe a que comenzaban los primeros –y muy claros intentos– por parte de Amado Carillo (el Señor de los Cielos) por penetrar la burocracia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En Nigeria, Eme Zuru Ayortor, un político que pretendía un asiento en la Cámara Baja de su país, fue sorprendido en el aeropuerto de Lagos con dos kilos de cocaína. Los justificó como la fuente de ingresos de su campaña. Hay casos europeos. Cómo olvidar el de Andreas Zwickl, político alemán, acusado de tráfico de heroína luego de que la policía le encontrara 80 gramos de la sustancia y gran cantidad de dinero en su apartamento.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces y ya son más conocidas las consecuencias para las figuras de alto nivel político que deciden cruzar el Rubicón. No sólo se trata, por cuestiones de supervivencia, de respetar la máxima de que en los negocios chuecos hay que ser derecho. Tampoco se trata solamente de comprender que no hay salida alguna de ese mundo pues no se puede ser narco a tiempo parcial. A lo largo de mi vida he conocido personas que por razones de necesidad, frustración o de autoestima ingresaron a las filas de “la Maña”, como cariñosamente se le llama en México a la industria nacional que más empleos genera. Todos tenían algo claro: ingresar a este mundo no es una decisión vocacional cualquiera sino un acto de necesidad que en mejores condiciones, posiblemente jamás se hubiera contemplado. Lo que precisamente hace mucho más interesante el siguiente análisis: Baldetti y López Bonilla jugaron a ser narcos sin comprender todos los códigos importantes de esa subcultura criminal.

La cuestión de los pesos…

Primero lo primero. La acusación formal es la peor pesadilla de cualquier persona que se involucra en el crimen organizado. El terror que genera se debe a que, por lo general ( y esa fue la escuela dejada por Giuliani en la persecución contra la Cosa Nostra estadounidense) esas acusaciones no están sujetas a probar el delito inicial, sino todo lo contrario. Parten de un delito para el cual hay evidencia más que sustantiva (la cual trasciende simples testimonios de ”sapos” o ”arrepentidos” ) y por lo general sirven para ir agregando más delitos. Eso quiere decir en pocas palabras que el gobierno de los Estados Unidos tiene suficiente evidencia de reiteradas ocasiones en las que los imputados conspiraron para enviar cargamentos de cocaína desde Guatemala a Estados Unidos, poniendo la infraestructura del Estado guatemalteco al servicio del crimen organizado. Concretamente, las estructuras delictivas vinculadas a Marllory Chacón (operadora del Cártel de Sinaloa) y Jairo Orellana (cercano a los Zetas en sus mejores años).

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El lenguaje técnico de la acusación formal es interesante: ”5 kilos o más”. Puede parecer una acusación que hace énfasis en poco peso y por lo tanto, se podría pensar que la ganancia obtenida sería pequeña. Justificando así entonces, que López y Baldetti en realidad eran ”traquetos” de poca monta.

A ver, veamos: un kilo de cocaína que en Colombia puede costar US$700.00 en el mercado estadounidense se vende a US$30,000 dólares en grandes ciudades. Y realizado al menudeo, alcanza los 120,000 dólares. No es poco dinero. Pero el peso que se consigna en la acusación es en realidad algo que está muy por encima ya del pesaje para poder probar sin lugar a dudas el intento de distribución. Me hace pensar que la evidencia es más que abrumadora. Las leyes estadounidenses son increíblemente draconianas. Por ejemplo, la posesión de 1 gramo de cocaína crea la presunción del intento de distribución. Luego, de 28 a 500 gramos genera 3 años de condena obligatoria y es un Class C Felony. Y así, conforme el peso aumenta. Esta acusación de ”5 kilos o más” es gravísima para un ex funcionario. En la legislación federal estadounidense de anti-narcóticos se estipula: “For more than 1 kilo of heroin, cocaine, ketamine (2000 tablets of ecstasy; 25,000 squares of LSD; 40k of cannabis), sentences can range from around 6 years (if you are a courier), to 11 years if you are in a ‘leading role’”.

Es decir, “las sentencias para más de un kilo de heroína, cocaína, ketamina (dos mil pastillas de éxtasis, 25 mil dosis de LSD, o 40 mil de cannabis) pueden variar de 6 años, si eres un correo, a 11 si ejerces un papel principal.”

En mi opinión , queda claro que los Estados Unidos no consideran a los imputados como narcotraficantes de fin de semana.

A quién se le ocurre…

En serio, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre jugar a narco? Parafraseando al apóstol Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad y para qué tanto problema?

Muchas veces, en mis recorridos por las ciudades ícono del norte de México, donde la cultura narco es ya parte constitutiva de dichos conglomerados para producir ese fenómeno de la “sociedad narca”, he podido notar cómo incluso los que ya están metidos en la “empresa” (otra forma cariñosa de llamarle a esta industria de brutal expansión en camino del pleno empleo) no reparan sancionar a quienes les gusta aparentar ser narcos. A veces para proteger a alguien que aprecias, y a veces, por una suerte de celo profesional que impele a marcar territorio entre el wannabe y el narco hecho y derecho.

Pero una cosa es cuando muchachos de la sierra o del casco urbano escuchan narco-corridos y brindan por “cuadrar la vueltica” y otra cosa muy distinta cuando políticos de alto nivel se apendejan. La diferencia entre la cleptocracia y el Estado-Mafioso es precisamente que en el primer caso se tiene muy claro que a pesar de la corrupción rampante no hay necesidad de coludir los procesos de Estado con el crimen organizado.

Es una frontera que no debe traspasarse.

López-Bonilla y Baldetti llevaron al Estado de Guatemala a la última frontera, esa donde el operador del narco tiene acceso directo al funcionario y donde el funcionario pone a disposición del operador principal la infraestructura del Estado. Y en última instancia es imposible distinguir al criminal de carrera del funcionario público.

¿Lo grave de todo esto? El Estado mismo, con su equipo, personal, territorio se transforma en una herramienta más del narcotráfico.

Imaginar que un ministro de Gobernación quiere jugar a ser narco estando en la oscuridad de la noche coordinando el aterrizaje de avionetas es simplemente un acto surrealista. O, encontrarse en una actividad oficial, disculparse un momento, recibir un celular distinto al propio y organizar el arribo de vehículos para descargar las avionetas. El estrés, la adrenalina, el morbo que el narco como actividad profesional produce es una de las situaciones más adictivas que hay en la vida, según me han explicado. Coordinar la ”vueltica” no es fácil, pero si el Estado la apoya, el negocio del narco es mucho más predecible. Posiblemente en la mentalidad de López-Bonilla así cómo en la mentalidad del ex Presidente Pérez Molina se asentó la idea en cuanto a que la única forma de mantener el ”problema del narco” bajo control era ejerciendo un control corporativo. Recuerdo muy bien el comentario de un alto funcionario del Partido Patriota horas después de haberse conocido el intento de asesinar a Jairo Estrada Orellana en plena zona 15 de la ciudad de Guatemala. Las palabras fueron: “que hagan negocio pero que no hagan desmadre”.

Pero una cosa es que el Estado se haga de la vista gorda para no interferir (no decomisar, no arrestar, mover los puntos de registro) y otra, muy diferente, que ponga a disposición la infraestructura logística y operativa del Estado.

Los trataron como a nenes; se vieron como amateurs…

Aunque pueda verse como algo normal y esperado, las relaciones entre el Estado y los diferentes grupos del narcotráfico se construyen siempre sobre la desconfianza. Cualquier lector amateur sobre la dinámica actual del narco sabe muy bien que la moneda de cambio común en esa subcultura es la desconfianza y la paranoia. Si eso sucede incluso en los clanes de narcotráfico donde los matrimonios arreglados y la sangre son el puente de las alianzas, ¿cómo no va a serlo entre los representantes del Estado formal y los miembros de una forma de “Estado paralelo”?

En el narco de hoy, nada vale más que la certeza de tener siempre un as bajo la manga. Porque en esta sub-cultura hay una epidemia de arrepentidos, “sapos” y “dedos”. La mejor protección no es solamente purgar las estructuras sino tener la mejor evidencia para conseguir el mejor acuerdo judicial.

¿Acaso no pensaron los imputados –sobre todo López-Bonilla, quien conocía bien las mañas de la inteligencia militar– que sus acercamientos, mensajes, comunicaciones y conversaciones con el narco no dejarían evidencia?

Hoy en día cualquier narco sabe que termina en la cárcel o muerto. Pero si puede tener suficiente evidencia que incrimine a otros peces más gordos que él, puede perfectamente salvar el pellejo. Por eso es que los narcos de hoy colaboran con la DEA aunque sigan en el negocio: ofrecen nombres de rivales, rutas e información sobre autoridades corruptas. Y por eso mismo es que si un ministro de Gobernación y un vicepresidente comienzan a ser demasiado amistosos, el valor de tenerlos grabados no tiene precio al momento de un proceso judicial en cortes estadounidenses.

Los gringos no son amateurs en esto de montar procesos judiciales en materia de crimen organizado y narcoactividad. Los testimonios ante jueces federales son siempre sellados. Nadie puede influir ni interferir. Pero cuando un juzgado federal le otorga un buen arreglo a un imputado, eso quiere decir que la evidencia no sólo es buena, sino ha sido corroborada.

Es decir, la evidencia es abrumadora.

Lección Final. La parabóla del perro y los que juegan a narcos

¿Por qué un vicepresidente y un ministro de gobernación se metieron de narcos? Si somos honestos, debemos reconocer que en la región entera hay una práctica informal (pero institucionalizada ) por la cual funcionarios de seguridad de alto nivel juegan a sicarios, ejecutan extrajudicialmente, coordinan el trasiego y se toman fotos con reconocidos delincuentes. Todo sin la mayor cautela y preocupación.

¿Por qué? Es la misma complicada y existencial pregunta sobre la razón por la cual un perro se lame los testículos: pues, porque pueden. El sistema se lo permitió.

Pero así como disfrutaron de los placeres de ese submundo, les toca padecer las traiciones propias de esa sub-cultura.

Mientras los Estados Unidos tengan a su disposición narcotraficantes regionales con evidencia sustantiva y mientras haya políticos suficientemente estúpidos para pensar que esto es un juego de telenovela, esta será la historia de nunca acabar. Entretanto, las visas comienzan a ser canceladas, los expedientes comienzan a armarse y sólo se debe decidir si se canalizan a través de los actores de tutela internacional que hay en Guatemala o mediante su representación diplomática.

Lo paradigmático de todo es que Marllory Chacón, la Reina del Sur, fue en realidad la verdadera ”agente de inteligencia” que produjo y guardó evidencia para protegerse cuando el día de lluvia llegara. Evidencia que, hay que decir, debe poner a temblar –deben temblar– muchos otros miembros de las élites guatemaltecas que decidieron jugar a narcos o prestar sus servicios profesionales, empresas y conocimientos al servicio del mal.

Los testimonios del Jairo Orellana también serán vitales.

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Los testimonios de Marlon Monroy, “El Fantasma”, ya en Estados Unidos, deberían preocupar a la actual élite política.